Hubo oposición a que se ejecutara la ley recién promulgada. La Diputación vizcaina intentó celebrar Juntas Generales en Guernica, con forme a uso y costumbre. No se dio autorización a su celebración salvo si se reunían en Bilbao. Congregados en la villa los apoderados acordaron la declaración solemne de acudir a S. M. y a los altos poderes del Estado para solicitar la derogación de aquélla ley y que se concedieran un voto de confianza a la Diputación y autorización para que dentro del Fuero y de conformidad con la ley de 25 de octubre de 1839 gestionara y resolviese lo que estimase más conveniente. No se tuvo tampoco en cuenta la representación elevada por las Diputaciones reunidas en Vitoria en octubre del mismo año. El Corregidor declaraba en diciembre que el Gobierno no reconocía más fueros que los que fuesen compatibles con la ley de 21 de julio de 1876. En vista de que no había otro camino la Diputación vizcaína fue obligada a disolverse terminando así la última Diputación Foral el día 17 de marzo de 1877. Reemplazó el Gobernador a la Diputación por los jueces de Bilbao, Durango y Valmaseda, pero éstos convocaron a las Juntas Generales que eran la única autoridad en la materia, y el Gobernador los disolvió publicando un suplemento al Boletín Oficial el 26 de abril de 1877. El mismo nombró la primera Diputación provincial de Vizcaya. Los nuevos diputados sintieron gran repugnancia en aceptar los cargos, pero accedieron para evitar males mayores como lo explicaron en un manifiesto al país.