En aquel círculo de violencia y de turbulencia, era difícil que cualquier grupo social tuviera fuerza suficiente para imponer una solución de paz. Es posible que algunos grupos sociales de las villas afectados en sus bienes y rentas por el clima de hostilidades y mejor articulados para interesar a los Reyes en el problema, reunieran condiciones mejores para la búsqueda de soluciones. El poder real tenía las dos condiciones precisas para intervenir eficazmente, autoridad no discutida, y capacidad de movilización y utilización de fuerza. Por lo que concierne a las Juntas Generales, los Reyes decidieron debilitarlas acordando algunas medidas en el denominado Ordenamiento de Chinchilla de 1487. Por un lado prohibieron terminantemente a las Villas la asistencia a la asamblea, limitaron la celebración de Juntas de la Tierra Llana con prohibición de presencia de parientes mayores, y negaron por último el ejercicio del pase foral. Las sanciones a aplicar a las autoridades incumplidoras de Villas eran drásticas, pues perdían el cargo y los bienes y se les derribaban sus casas.