Depuración y control social en la posguerra. Pero las actuaciones represivas puestas en marcha por el Franquismo no se detuvieron en lo que hemos mencionado, sino que se extendieron por todos los estamentos de la sociedad. Los prisioneros de la Guerra Civil, una vez puestos en libertad, estaban expuestos a sufrir detenciones periódicas o a ser inhabilitados para determinados puestos de trabajo, lo que en no pocos casos, obligaba a la emigración. Pero en el caso de Tolosa, debemos mencionar dos grupos que experimentaron el rigor represivo del régimen; nos referimos al clero y a los profesionales de la Enseñanza.
La cuestión del clero ya no debe sorprender a nadie. Dieciséis fueron los clérigos fusilados por los franquistas y otros muchos los encarcelados y sancionados. Entre el clero tolosarra podemos mencionar al menos cuatro clérigos a los que el Gobierno Civil de Gipuzkoa pensaba sancionar. Dos de ellos -Francisco Las Heras y Miguel Apezteguía- en 1937 se encontraban detenidos en la cárcel de Tolosa, mientras que un tercero, Juan J. Sesé opta por huir hacia Bizkaia, de donde pasó al exilio. Si a esto unimos la muerte de Ariztimuño podemos afirmar que, en proporción, el clero de la villa papelera fue uno de los sectores sociales más afectados por la represión franquista, pese a que pueda parecer una paradoja. En el conjunto del Arciprestazgo de Tolosa se pretendió sancionar a un total de 21 sacerdotes de los cuales fueron desterrados cuatro y otros seis fueron detenidos durante algún tiempo.
Otro de los sectores más afectados por la depuración de la posguerra fue el del Magisterio. De un total de quince maestros nacionales que ejercían en Tolosa cuatro son sancionados y uno, Tomás Ortiz, separado definitivamente del servicio al encontrarse ausente de la localidad. Al parecer Tomás Ortiz era miembro de la dirección de Izquierda Republicana en Tolosa. Para apreciar con claridad el intenso control social al que se ve sometida la población de la villa papelera durante la inmediata posguerra podemos detenernos en el caso de Pablo Arrizabalaga, maestro de la localidad. La guerra la sorprende en Zegama, lugar donde pasaba las vacaciones y donde es detenido durante un día acusado de ser nacionalista. Sin embargo es puesto en libertad y, según informa el alcalde de Tolosa -el tradicionalista Fidel Azurza- se reintegra a su puesto al comenzar el curso escolar. Sin embargo, a finales de 1936 da comienzo su expediente de depuración, en el que es acusado por los diferentes informantes, de ser nacionalista y haber votado en las elecciones a esta candidatura. Los informes remitidos desde Zegama van en la misma dirección , señalando que figuraba como "socio de la Eusko Echea (sic) de esta localidad, estando por tanto considerado como nacionalista" (AGA-Educación, leg.190). Esto supone que se formulen cargos en su contra a los que responde que su pertenencia al batzoki se debía "más a tener un punto de reunión con mis amigos que por ideología" y aunque reconoce haber votado a los nacionalistas señala que "no he querido votar separatismo" (AGA-Educación, leg. 190). El maestro es detenido nuevamente, esta vez tres meses y medio, sin que sepamos si las autoridades militares le imponen alguna sanción. Su expediente se resuelve finalmente en 1939 siendo inhabilitado durante dos años para ejercer el Magisterio, que la Comisión D eleva a cinco en el caso de que ejerza en el País Vasco o en Cataluña.
Igualmente llamativo es el caso de la maestra Mª Luisa Olano, que "por presión de su marido, destacado izquierdista de Tolosa" (AGA-Educación, leg.192) permaneció en Francia hasta julio de 1937. Esto, siguiendo la lógica de la Comisión D, le supuso la separación definitiva del servicio al encontrarse ausente pero, en 1940, tras haberse trasladado a Haro la citada maestra, pide la revisión de su expediente. En el mismo se pueden apreciar los informes contradictorios del párroco, quien en 1936 afirmaba que la expedientada "parecía simpatizar con el ideario de su marido que milita en Izquierda Republicana". El mismo clérigo, en octubre de 1940, afirmaba que "se sabe que durante el laicismo hizo bendecir a calladas, con gran riesgo para su persona, las escuelas que ella regentaba" (AGA-Educación, 192). A la vista de los nuevos informes la Comisión Superior Dictaminadora de Examen de Penas, en noviembre de 1941, decide confirmar a la maestra en cuestión pero inhabilitándola para cargos directivos y decretado la pérdida de los haberes no percibidos. La otra maestra sancionada lo es por haber pertenecido a Emakume Abertzale Batza y se le impone un traslado dentro del País Vasco y tres meses sin sueldo (AGA-Educación, leg.192).
La cuestión del clero ya no debe sorprender a nadie. Dieciséis fueron los clérigos fusilados por los franquistas y otros muchos los encarcelados y sancionados. Entre el clero tolosarra podemos mencionar al menos cuatro clérigos a los que el Gobierno Civil de Gipuzkoa pensaba sancionar. Dos de ellos -Francisco Las Heras y Miguel Apezteguía- en 1937 se encontraban detenidos en la cárcel de Tolosa, mientras que un tercero, Juan J. Sesé opta por huir hacia Bizkaia, de donde pasó al exilio. Si a esto unimos la muerte de Ariztimuño podemos afirmar que, en proporción, el clero de la villa papelera fue uno de los sectores sociales más afectados por la represión franquista, pese a que pueda parecer una paradoja. En el conjunto del Arciprestazgo de Tolosa se pretendió sancionar a un total de 21 sacerdotes de los cuales fueron desterrados cuatro y otros seis fueron detenidos durante algún tiempo.
Otro de los sectores más afectados por la depuración de la posguerra fue el del Magisterio. De un total de quince maestros nacionales que ejercían en Tolosa cuatro son sancionados y uno, Tomás Ortiz, separado definitivamente del servicio al encontrarse ausente de la localidad. Al parecer Tomás Ortiz era miembro de la dirección de Izquierda Republicana en Tolosa. Para apreciar con claridad el intenso control social al que se ve sometida la población de la villa papelera durante la inmediata posguerra podemos detenernos en el caso de Pablo Arrizabalaga, maestro de la localidad. La guerra la sorprende en Zegama, lugar donde pasaba las vacaciones y donde es detenido durante un día acusado de ser nacionalista. Sin embargo es puesto en libertad y, según informa el alcalde de Tolosa -el tradicionalista Fidel Azurza- se reintegra a su puesto al comenzar el curso escolar. Sin embargo, a finales de 1936 da comienzo su expediente de depuración, en el que es acusado por los diferentes informantes, de ser nacionalista y haber votado en las elecciones a esta candidatura. Los informes remitidos desde Zegama van en la misma dirección , señalando que figuraba como "socio de la Eusko Echea (sic) de esta localidad, estando por tanto considerado como nacionalista" (AGA-Educación, leg.190). Esto supone que se formulen cargos en su contra a los que responde que su pertenencia al batzoki se debía "más a tener un punto de reunión con mis amigos que por ideología" y aunque reconoce haber votado a los nacionalistas señala que "no he querido votar separatismo" (AGA-Educación, leg. 190). El maestro es detenido nuevamente, esta vez tres meses y medio, sin que sepamos si las autoridades militares le imponen alguna sanción. Su expediente se resuelve finalmente en 1939 siendo inhabilitado durante dos años para ejercer el Magisterio, que la Comisión D eleva a cinco en el caso de que ejerza en el País Vasco o en Cataluña.
Igualmente llamativo es el caso de la maestra Mª Luisa Olano, que "por presión de su marido, destacado izquierdista de Tolosa" (AGA-Educación, leg.192) permaneció en Francia hasta julio de 1937. Esto, siguiendo la lógica de la Comisión D, le supuso la separación definitiva del servicio al encontrarse ausente pero, en 1940, tras haberse trasladado a Haro la citada maestra, pide la revisión de su expediente. En el mismo se pueden apreciar los informes contradictorios del párroco, quien en 1936 afirmaba que la expedientada "parecía simpatizar con el ideario de su marido que milita en Izquierda Republicana". El mismo clérigo, en octubre de 1940, afirmaba que "se sabe que durante el laicismo hizo bendecir a calladas, con gran riesgo para su persona, las escuelas que ella regentaba" (AGA-Educación, 192). A la vista de los nuevos informes la Comisión Superior Dictaminadora de Examen de Penas, en noviembre de 1941, decide confirmar a la maestra en cuestión pero inhabilitándola para cargos directivos y decretado la pérdida de los haberes no percibidos. La otra maestra sancionada lo es por haber pertenecido a Emakume Abertzale Batza y se le impone un traslado dentro del País Vasco y tres meses sin sueldo (AGA-Educación, leg.192).