El problema de las aduanas. La tradicional organización aduanera del País Vasco sufrió un sobresalto en tiempo de Felipe V. Un Real Decreto de 31 de agosto de 1717 ordenó el traslado de las aduanas a la frontera y puertos de mar. Caso de encontrar resistencia, el decreto amenazaba con trasladar el comercio de Bilbao a su eterno rival, Santander. Tanto en Navarra como en las «provincias exentas» -nombre que se aplica a las Vascongadas en el vocabulario hacendístico de la época-, el traslado de aduanas fue muy mal recibido, produciéndose en Vizcaya la «Matxinada», sublevación de los «matxines» o aldeanos contra los encargados de aduanas. El 16 de octubre de 1722 el gobierno ordenó la vuelta de las aduanas a su emplazamiento primitivo de Orduña, Valmaseda, Vitoria y la línea del Ebro, ya que el rendimiento económico de los nuevos puestos aduaneros era inferior todavía al de los viejos. Durante cien años el País Vasco continuó con su exención aduanera, pero cada vez más en precario. A lo largo del s. XVIII y la primera mitad del XIX los cada vez más numerosos intentos de traslado fracasaron. No obstante, entre la burguesía de las ciudades y en la Ribera navarra crecía el número de partidarios de una unión aduanera con Castilla. En 1820 el régimen constitucional estableció de nuevo las aduanas en la frontera, medida que fue anulada al finalizar el trienio liberal. La polémica sobre las aduanas arreció en los años siguientes. Cuando, en 1828, Fernando VII, a través del Virrey, hizo saber a las Cortes de Navarra que consideraba conveniente poner las aduanas en el Pirineo, por lo que «deseaba su Majestad que, penetradas las Cortes de esta novedad, propusieran dicha traslación», se enfrentaron en las Cortes dos tendencias: la que consideraba, por razones económicas, conveniente el traslado -Navarra, en su aislamiento, había visto su comercio e industria empobrecidos y la que se oponía a ello temiendo, por una parte, que el traslado de las aduanas favorecería la integración, tan perseguida por Madrid, de las instituciones civiles navarras en las castellanas, y por otra que la aplicación de los aranceles castellanos supondría un notorio encarecimiento de géneros de primera necesidad: cacao (del que se importaban 28.500 quintales), azúcar (6.000 quintales), bacalao (10.000 quintales), especias y tejidos. Por otra parte, las únicas mercancías que podían beneficiarse de la unión aduanera con Castilla serían los excedentes navarros de trigo (500.000 robos), vino (831.000 cántaros) y aceite (70.500 arrobas) que, además de ser mucho menos importantes que las importaciones del Reino, eran de exportación muy dudosa a Castilla y Aragón, excedentarios también en estos productos. Finalmente, las Cortes propusieron al gobierno el traslado de las aduanas por un período de prueba de seis años, pero en condiciones tales que Madrid no pudo aceptar el plan. En respuesta, el gobierno decretó, el 14 de mayo de 1829, que todas las reales órdenes de Castilla se llevasen a efecto en Navarra, sin que pudiera utilizarse el recurso de contrafuero. No se llevaron las aduanas a la frontera francesa, pero se dificultó el comercio interior de Navarra, en un intento -no logrado- de erradicar el contrabando. Todavía por estos años, no muy lejanos aún, se podían adquirir en Pamplona, durante las fiestas de San Fermín, toda clase de artículos franceses, a los que no sólo no se aplicaban los aranceles españoles, sino que por haber en la ciudad feria franca quedaban libres de los menguados derechos de tablas. Pero la primera guerra civil va a significar el final de la franquicia aduanera en Navarra y Vascongadas. Dos años después del Convenio de Vergara, un decreto del gobierno Espartero ordenó el traslado, a partir del 1 de enero de 1842, de las aduanas de la línea del Ebro a la frontera y puertos de mar [ver CARLISMO, LIBERALISMO]. La primitiva aduana de Irún se instaló en la calle San Marcial, al paso de las diligencias, y la alcaldía de sacas fue abolida [ver ADUANAS].