Auñamendi Eusko EntziklopediaFund Bernardo Estornés Lasa

Recogemos la síntesis Les syndics généraux du Pays de Labourd de P. Yturbide (RIEV, 1910). A diferencia del baile y de su teniente, el síndico no era un oficial real. Era elegido por las comunidades siendo, pues, el representante de los habitantes de Lapurdi, y en cierto modo su defensor en contra de las pretensiones y acciones, a veces exageradas, de los funcionarios reales.

La primera vez que se hace referencia al síndico de Lapurdi es en 1273, a raíz del homenaje que, en nombre del país, ofrecen el síndico y el baile al rey de Inglaterra. Más tarde, en 1483, el baile y el síndico de Lapurdi se oponen conjuntamente a la ratificación en el Parlamento de ciertas cartas reales obtenidas por Juan III d'Espelette, y cuya confirmación solicitó éste. El síndico de Lapurdi es mencionado en 1513 a propósito de la reforma de los fueros del país. Pierre Mondot de la Marthonie, primer presidente del parlamento de Burdeos y comisario real para la redacción de los fueros en el senescalado de Las Lannes, se dirigió a Dax, en el mes de octubre de dicho año, convocando en sesión plenaria a todos los delegados del senescalado. El acta de esta reunión fue publicado por M. Puyau en la "Revue de Béarn, Navarre et Lannes" (año 1885, página 154). Vemos a un Dabarosne, síndico de Lapurdi, intervenir en la discusión quejándose de los bayoneses y de sus exorbitadas pretensiones. El nombre de este personaje nos da a entender que no era del país vasco, y posiblemente su misión era temporal y limitada. Varios síndicos posteriores parecen haber sido escogidos, igualmente, en relación con asuntos aislados y con un mandato temporal.

Es así que unos años más tarde, en 1551, un conflicto surgido entre bayoneses y Lapurdinos dio lugar a la nominación de un síndico, por parte de estos últimos, encargado de defender sus derechos ante todas las jurisdicciones. Este síndico fue Antoine Dithurbide, licenciado en derecho, y que era ya teniente de la bailía. Fue designado por acto de Echegoyen, notario en Ustaritz, y llevó el proceso ante el parlamento de Burdeos (Registros del Biltzar, 9 de marzo de 1764). Pero en esta época los procesos duraban mucho tiempo. El que nos ocupa se prolongó durante cincuenta y un años. Finalizó en 1603, y durante este largo período el síndico que representaba a Lapurdi tuvo que ser sustituido varias veces. Fue quizás la duración anormal de este proceso que ocasionó, indirectamente, la permanencia del síndico y fue probablemente este asunto el que acostumbró a los Lapurdinos a sustituir a su representante en cuanto el titular en ejercicio cesaba en sus funciones. Lo que es seguro es que a partir de 1603 los síndicos de Lapurdi se suceden regularmente.

Sus atribuciones van determinándose; van en aumento, poco a poco, y se generalizan de tal forma que la administración civil del país recae casi por completo en sus manos. Correspondían por un lado con los alcaldes de todas las parroquias y por otro lado con todos los funcionarios reales, sobre todo con el intendente de Guyena y el gobernador de Bayona. Eran los tesoreros del país, es decir que recaudaban las contribuciones impuestas a Lapurdi y las entregaban a los recaudadores generales. Finalmente tenían derecho a convocar al Biltzar de Ustaritz cada vez que lo juzgaban necesario. No hay más que leer el "Inventaire de Planthion", los registros del Biltzar conservados en los archivos de los Pirineos Atlánticos y los viejos registros municipales de nuestras alcaldías rurales, para hacerse una idea del número y la diversidad de los asuntos de los que se ocupaba el síndico: inmunidades y franquicias del país, arreglo de caminos, puentes y molinos, vigilancia de los gitanos, persecución de los vagabundos, procesos judiciales, epidemias, epizootias, malas cosechas, escasez de grano, penuria de animales, paso de tropas y de personajes importantes, etc. En tanto que tesorero del país, el síndico llevaba la contabilidad y manipulaba fondos considerables, puesto que recibía de cada municipio las sumas destinadas al pago de la contribución general y al de los gravámenes especiales de Lapurdi. Constantemente acosados por los recaudadores generales, por los intendentes, por los agentes del tesoro, que los responsabilizan de los retrasos de los pagos: amenazados sin cesar con la prisión por deudas, con diligencias en su contra, los síndicos soportaban todo esto, antes de que mermase lo que ellos denominaban la constitución y las franquicias del país.

En 1728, el síndico Hirriart se deja encarcelar y permanece en prisión hasta que los municipios pagan los retrasos debidos al estado. En 1735, a causa de los impuestos atrasados del año anterior, el intendente intima al síndico de Ségure a que le informe de cuáles son los municipios que deben los atrasos: el intendente quiere demandar directamente a los alcaldes y a los magistrados municipales de los municipios. El síndico se niega; ello hubiese comprometido los "privilegios" de Lapurdi. Le envían dos jinetes de la mariscalía a los que debe alojar y alimentar. El síndico no cede. Lo encarcelan, y finalmente el Biltzar ordena a los municipios que liquiden, lo antes posible, lo debido. Cuando murió el síndico Darrancette, en 1758, el país debía al tesoro cerca de 100.000 libras en concepto de impuestos atrasados. Pusieron un soldado en la casa de su sucesor, el síndico Délissalde. Este no podía entregar una suma tan importante. El intendente de la provincia mandó traerle ante él, le interrogó y resolvió la cuestión ordenando que el país tenía que pagar al estado de la siguiente manera: la tercera parte de la suma en un plazo de tres meses, otra tercera parte al cabo de seis, y la última en el término de un año. El Biltzar aceptó el pago, que fue fielmente abonado. Pero poco tiempo después, el déficit vuelve a repetirse. El 9 de marzo de 1764 el síndico informa al Biltzar que tiene en su casa, y desde hace siete meses, a dos soldados que le cuestan diez libras diarias. Pide un solo favor, que el país se haga cargo de este mantenimiento dispendioso. El Biltzar le concede satisfacción y ordena a las comunidades que se esfuercen en abonar al síndico las cuotas de las contribuciones.

Este espíritu de independencia por parte de los síndicos, esta entrega constante por defender las libertades locales, no podía sino desagradar a los oficiales reales de aquella época. Estos representaban un poder absoluto y al querer defenderlo, su tendencia era la de aumentar sus prerrogativas. Es por esto que asistimos, varias veces, a conflictos serios entre los síndicos de Lapurdi y los funcionarios del estado, como los de 1658 y 1697 pero los síndicos y el país consiguieron mantener sus derechos pese a todo.