La Inquisición frente al libro. No sólo fue la censura real un handicap enorme para el desarrollo del libro en el antiguo régimen, sino que desde que el papa Sixto V concedió una bula (1 de noviembre de 1478) a los Reyes Católicos para la constitución del «Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición» y les confirió la potestad para el nombramiento de inquisidores, esta institución se transformó en cancerbero de la unidad religiosa y de la ortodoxia del pensamiento durante tres siglos. La Inquisición española actuaba a través de los tribunales locales y de los comisarios o «familiares». Las condenas de los libros se realizaban en los «Edictos de Fe», en los que además de incluir las obras prohibidas desde el edicto anterior se invitaba a denunciar a las personas que «hayan tenido o tengan libros de la secta y opinión del dicho Martín Lutero u otros herejes, o el Alcorán, u otros de la secta de Mahoma, o biblias en romance, u otros cualesquiera de los reprobados por las censuras y catálogos de la Inquisición». El primer índice español se publicó en 1547, doce años antes que el primer índice romano, y el último en 1790 reinando Carlos IV. Los principales índices del siglo XVI datan de 1547, 1551, 1554, 1559 (todos ellos preparados por el inquisidor general Valdés), 1583 y 1584. En el siglo XVII aparecieron cinco índices: 1612, 1632, 1640, 1667 y 1669. En el siglo XVIII se publicaron tan sólo tres índices: 1707, 1747 y 1790. A esta serie de índices habría que sumar los apéndices y algunos índices menores publicados por los tribunales de la Inquisición de las diferentes ciudades españolas. Entre las obras literarias que sufrieron los rigores de esta institución están las «Novelas» de Boccacio, que fueron prohibidas, el «Arte de amar» de Ovidio que fue expurgado, «La Celestina» que a pesar de las varias denuncias al Santo Oficio por su carácter inmoral y la procacidad de estilo no sufrió más que algunas tachaduras hasta su total prohibición en 1793, «El Lazarillo de Tormes» que fue prohibido por el índice de 1559 y autorizado -una vez expurgado- en 1573, de «El Quijote» se suprimió la frase «las obras de caridad que se hacen flojamente, no tienen mérito ni valen nada» (2.ª parte, capítulo 36), etc. A pesar del celo inquisitorial, se fue deteriorando el control del libro, sobre todo a lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII. En primer lugar, por el escaso interés de algunos comisarios que se ocupaban más de cobrar derechos que de inspeccionar; Marcelin Defourneaux cuenta la denuncia del comisario de la Inquisición de Fuenterrabía contra los ministros del tribunal de Logroño en Irún -en particular contra el notario Juan Nabarte- que enviaba a su criado para cobrar los derechos a transportistas y carreteros, sin inspeccionar los libros ni inventariarlos. Por las licencias colectivas para leer y tener en las bibliotecas libros prohibidos, que habían sido concedidas a algunas sociedades y reales academias, como la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País ( 1766), que se reunía desde mediados de siglo en Azcoitia. Porque el negocio de los libros prohibidos era muy lucrativo y de él se beneficiaban los libreros, en especialidad los de nacionalidad extranjera. Por el propio proceso de la censura inquisitorial que actuaba sobre el libro impreso y tenía un dilatadísimo proceso de censura y condena. Estas y otras causas más hacían que el propio Carlos IV en una real orden de 1802 reconociera esta situación: «el zelo infatigable de los ministros del Santo Oficio no alcanza a contener los irreparables perjuicios que causa a la religión y al estado la lectura de malos libros; porque la multitud de los que se introducen en los reynos extranjeros y la codicia insaciable de los libreros hace poco menos que inútiles sus tareas en este importante punto».