Hacia la Asamblea de Zumarraga. Una Comisión delegada permanente fue designada, en un clima de insurrección civil, para preparar el 24 la gran Asamblea de Comisiones intermunicipales a la que acudirían , además, parlamentarios vascos y catalanes. Dicha Asamblea se celebraría en Zumárraga el 2 de setiembre. El gabinete Samper es atacado no sólo por la izquierda y el nacionalismo vasco sino que es presionado por los monárquicos que le acusan de falta de energía, retirándose el apoyo del grupo agrario, el más fuerte de las Cortes. El día 28 se reunen en San Sebastián los diputados nacionalistas acordando acudir a la Asamblea. Lo mismo hace la Comisión delegada en Vitoria que establece el siguiente Orden del Día: a) Intangibilidad del Concierto Económico a base del restablecimiento de su principio fundamental, que consiste en que las leyes fiscales del Estado obliguen a los contribuyentes vascos a través de las corporaciones provinciales y no individuales. b) A este respecto se discutirá: el impuesto de utilidades, la posible implantación del Estatuto del vino, impuesto del lujo y de la renta, y todo lo relacionado con la autonomía municipal. Es en este momento cuando los socialistas, a instancias de la izquierda catalana y republicana, con Prieto a la cabeza, se alinean decidídamente con la rebelión a fin de combatir al Gobierno. Un grupo de ellos asalta el local de Acción Popular de Bilbao causando grandes destrozos. El 2 de setiembre, en medio de grandes incidentes repartidos por todo el país, se celebra la asamblea en Zumárraga bajo la presidencia de Prieto. La dimisión colectiva de todos los ayuntamientos implicados desencadena una crisis sin precedentes, con detenciones masivas de ediles, concejales nombrados gubernativamente,recibimiento de concejales liberados, etc. a lo largo de todo setiembre. El 29 acuerdan los diputados nacionalistas reintegrarse a las Cortes. La caída del gabinete Samper (1 de octubre) y el nombramiento de tres ministros de la CEDA abre ahora un decidido período revolucionario con huelga general, revolución de Asturias y proclamación de Estado catalán por Companys. El Estatuto del Vino no se aprobó pero la vida municipal vasca fue completamente anómala hasta que, tras las elecciones de 1936, alcaldes y concejales rebeldes fueron rehabilitados.