Antecedentes. La cuestión del Estatuto del Vino cobró rápida amplitud ya que enlazó: a) Con una vieja reivindicación, la de la autonomía municipal decrecida desde la implantación de las Diputaciones provinciales tras la II Guerra carlista. b) Con un malestar creciente desde la implantación de la II República, el originado por la subsistencia, en 1934, de las Comisiones Gestoras provinciales (CCGG) designadas, sin mediar elecciones provinciales, por los minoritarios partidos republicanos. Los ayuntamientos acusarían a las CCGG de no ser representativas y de apoyar al Gobierno Samper desatendiendo la defensa del régimen concertado vigente desde 1878.