Tras los contactos de P.N.V. y H.B. en los meses posteriores a los sucesos de Ermua, en enero de 1998 fue E.T.A. la que tomó la iniciativa de ponerse en contacto con el P.N.V.. Ese primer paso tuvo continuidad con otras gestiones que llevaron, en el verano de ese mismo año, a la redacción de un documento suscrito por E.T.A., P.N.V. y Eusko Alkartasuna (E.A.) en el que los firmantes se comprometían a crear "una institución única y soberana" que abarcase a la Comunidad Autónoma Vasca, Navarra y el País Vasco francés. Los dos partidos se comprometían a romper todos sus acuerdos con el P.P. y el P.S.O.E., que eran tildados de "fuerzas cuyo objetivo es la destrucción de Euskal Herria", mientras E.T.A. proclamaría una tregua, anunciada como indefinida, aunque la previsión inicial real era de cuatro meses.
Aparte de sellar este acuerdo, los dos partidos presentaron unas puntualizaciones, no aceptadas por E.T.A., en las que dejaban abierta una puerta a posibles pactos con otras fuerzas, si la estabilidad de las instituciones lo requería, y se precisaba que la tregua suponía el respeto a los "derechos humanos individuales".
Este documento, cuya condición de pacto negaron luego P.N.V. y E.A. argumentando que E.T.A. no había aceptado sus puntualizaciones y por tanto no se había ratificado el compromiso, motivó la decisión de E.T.A. de anunciar una tregua el 16 septiembre de 1998. Unos días antes, en la localidad navarra de Estella, un grupo de partidos (P.N.V., E.A., H.B. e Izquierda Unida ( I.U.), entre otros), sindicatos Eusko Langilleen Alkartasuna (E.L.A.) y Langile Abertzaleen Batzordea (L.A.B.) y algunas organizaciones sociales suscribieron la Declaración de Lizarra que invocaba el modelo de negociación que se había desarrollado en Irlanda como procedimiento aplicable en el conflicto vasco.
E.T.A. interrumpió sus atentados, pero no cesaron las actuaciones de los grupos protagonistas de la violencia callejera que durante el año de la tregua intensificaron sus ataques contra los adversarios ideológicos, los militantes y cargos públicos del P.P., el Partido Socialista de Euskadi (P.S.E.), intelectuales críticos y miembros de otras organizaciones sociales constitucionalistas que nacieron al calor de los sucesos del verano del 97 como el Foro Ermua o la plataforma "Basta Ya".
La situación política generada a finales del 98 condujo a un cambio de alianzas en las instituciones vascas. Terminó la etapa de los pactos de P.N.V. y E.A. con los socialistas y se culminaron acuerdos con Euskal Herritarrok, nombre de la plataforma electoral que había sustituido a Herri Batasuna en las elecciones autonómicas de octubre de 1998. Estas nuevas alianzas, que se extendieron desde el Gobierno vasco a los ayuntamientos, dieron lugar a la creación de Udalbiltza, una asamblea de electos municipales que pretendía ser la "primera institución nacional vasca". En este contexto, el P.N.V. adoptó, en su Asamblea General de enero de 2000, un giro soberanista que venía tras un periodo de cuestionamiento de la validez del Estatuto. El sindicato E.L.A., que en 1995 había iniciado un proceso de acercamiento a la central abertzale L.A.B., había sido precursor de este tipo de orientación.
Los acuerdos entre nacionalistas y la intensificación del acoso de la violencia callejera contra los no nacionalistas motivó un acercamiento en la práctica entre P.P. y P.S.E. y un aumento de la tensión social en Euskadi, hasta el punto de que algunos analistas llegaron a advertir del riesgo de que se produjera una fractura de la sociedad en dos comunidades.
A pesar de los pasos dados por P.N.V. y E.A., E.T.A. no se mostró satisfecha con el ritmo político que marcaban estas dos formaciones políticas y a principios de julio de 1999 les comunicó su intención de romper la tregua porque no habían aceptado su exigencia de promover unas elecciones para la constitución de un Parlamento de Euskal Herria, que conllevaba la abstención de estas formaciones políticas en las elecciones generales previstas para el año 2000. P.N.V. y E.A. rechazaron este planteamiento que fue calificado de "fantasía de laboratorio", según el acta de la reunión elaborada por E.T.A..
Apenas un mes antes de que E.T.A. anunciara a sus interlocutores la decisión de romper la tregua se había hecho público que sus representantes habían mantenido un contacto con los enviados del presidente del Gobierno José María Aznar. E.T.A., que en un documento interno había señalado que "el Gobierno español no es ni actor ni destinatario, el Gobierno francés tampoco, pero sin duda alguna, la tregua les concierne directamente", mantuvo un canal de intercambio de comunicaciones a través del entonces obispo de Zamora, Juan María Uriarte. Este canal sirvió para concertar la cita que se celebró el 19 de mayo, en Suiza, con asistencia del secretario general de la Presidencia, Javier Zarzalejos, del secretario de Estado para la Seguridad, Ricardo Martí Fluxá, y del asesor de Aznar, Pedro Arriola. Enfrente tuvieron a los responsables del "aparato político" de E.T.A. Mikel Albizu Iriarte, Vicente Goikoetxea y Belén González. También estuvo presente el mediador, monseñor Uriarte.
La celebración del encuentro, que se mantuvo en secreto hasta que el Gobierno reconoció su existencia el 7 de junio, no registró más acuerdo que el de volver a reunirse a finales de julio. Sin embargo, la decisión de romper la tregua por sus desacuerdos con P.N.V. y E.A. impidió que hubiera un segundo encuentro y E.T.A. fue escenificando la ruptura de forma paulatina. El día 25 de julio el Gobierno recibió una comunicación de E.T.A. en la que se anunciaba la suspensión del encuentro previsto. Un mes más tarde, el 26 de agosto, E.T.A. difundía un comunicado en el que se aludía indirectamente a razones de seguridad y a que el intermediario, el obispo de Zamora, monseñor Uriarte, podía estar "quemado". En otro nuevo comunicado, del 28 de agosto, E.T.A. criticaba abiertamente a sectores del P.N.V..
Dado que ni P.N.V. ni E.A. variaron su postura sobre los planteamientos hechos por E.T.A. durante el verano, la ruptura de la tregua se hizo oficial el 28 de noviembre. La declaración que oficializaba la ruptura era plenamente coherente con el proceso que se ha descrito: se hacían duras críticas a P.N.V. y a E.A., sobre quienes se descargaba la responsabilidad de la situación. El Gobierno de José María Aznar apenas merecía un papel de segundo orden en el reparto de culpas.
La ruptura efectiva se consumó el 21 de enero de 2000 con el asesinato en Madrid de un teniente coronel del Ejército, al que pronto siguieron otras víctimas como el dirigente socialista Fernando Buesa, el columnista José Luis López de Lacalle o el concejal del P.P. en Durango Jesús María Pedrosa. El fin de la tregua supuso también el final del acuerdo parlamentario del Gobierno vasco con Euskal Herritarrok y el comienzo de una etapa de inestabilidad por la falta de apoyo suficiente del Ejecutivo en la cámara. En el verano de ese año, E.T.A. inició una dura ofensiva de atentados contra toda clase de cargos públicos del P.P. y contra dirigentes del P.S.O.E. con el objetivo de aislar a P.N.V.-E.A. y forzar a estos partidos a entenderse de nuevo con E.T.A.. La nómina de objetivos se amplió en enero de 2001 con la inclusión de los concejales socialistas entre las víctimas de E.T.A. como respuesta al Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo que el P.S.O.E. y el P.P. habían firmado poco después de que fuera asesinado en Barcelona el ex ministro de Sanidad Ernest Lluch.
La estrategia de E.T.A. hasta la celebración de las elecciones autonómicas del 13 de mayo de 2001 está orientada a impedir que P.N.V. y E.A. puedan buscar un entendimiento con los socialistas y para ello recurre al asesinato de los adversarios políticos de los nacionalistas a fin de acentuar las tensiones. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo E.T.A. percibe que no avanza en su estrategia y empieza a incluir entre sus objetivos a personas del entorno nacionalista a fin de acercar la presión a las cúpulas de P.N.V. y de E.A. En este sentido es interpretable el asesinato el empresario José María Korta, próximo al P.N.V., y la vuelta, a partir de marzo de 2001, de los atentados contra agentes de la Ertzaintza de forma indiscriminada, por el mero hecho de formar parte de la policía vasca.
Las elecciones de mayo de 2001, con un trasvase de más de 80.000 votos de E.H. hacia P.N.V.-EA, trastocan la estrategia de E.T.A. al comprobar que, un año y medio después de rota la tregua, no ha logrado hacer que P.N.V.-EA dieran marcha atrás y al esfumarse la esperanza de poder condicionar al nuevo Gobierno Vasco con los escaños de Batasuna ( ex H.B.) al perder esta formación siete de los catorce parlamentarios que tenía en la cámara. E.T.A. reconoció el descalabro en el boletín interno "Zutabe" del mes de junio admitiendo que los resultados echaban por tierra "la estrategia llevada a cabo en los últimos tres años por la izquierda abertzale y facilitando la huida de votos a P.N.V.?E.A.". El 2001 se cerraba con esta crisis de una E.T.A. que no podía mantener su estrategia de arrastrar a P.N.V. y E.A. como había pretendido en los años anteriores, y que volvía a hacer guiños a la posibilidad de una negociación con los Estados español y francés.
Florencio DOMÍNGUEZ IRIBARREN
Aparte de sellar este acuerdo, los dos partidos presentaron unas puntualizaciones, no aceptadas por E.T.A., en las que dejaban abierta una puerta a posibles pactos con otras fuerzas, si la estabilidad de las instituciones lo requería, y se precisaba que la tregua suponía el respeto a los "derechos humanos individuales".
Este documento, cuya condición de pacto negaron luego P.N.V. y E.A. argumentando que E.T.A. no había aceptado sus puntualizaciones y por tanto no se había ratificado el compromiso, motivó la decisión de E.T.A. de anunciar una tregua el 16 septiembre de 1998. Unos días antes, en la localidad navarra de Estella, un grupo de partidos (P.N.V., E.A., H.B. e Izquierda Unida ( I.U.), entre otros), sindicatos Eusko Langilleen Alkartasuna (E.L.A.) y Langile Abertzaleen Batzordea (L.A.B.) y algunas organizaciones sociales suscribieron la Declaración de Lizarra que invocaba el modelo de negociación que se había desarrollado en Irlanda como procedimiento aplicable en el conflicto vasco.
E.T.A. interrumpió sus atentados, pero no cesaron las actuaciones de los grupos protagonistas de la violencia callejera que durante el año de la tregua intensificaron sus ataques contra los adversarios ideológicos, los militantes y cargos públicos del P.P., el Partido Socialista de Euskadi (P.S.E.), intelectuales críticos y miembros de otras organizaciones sociales constitucionalistas que nacieron al calor de los sucesos del verano del 97 como el Foro Ermua o la plataforma "Basta Ya".
La situación política generada a finales del 98 condujo a un cambio de alianzas en las instituciones vascas. Terminó la etapa de los pactos de P.N.V. y E.A. con los socialistas y se culminaron acuerdos con Euskal Herritarrok, nombre de la plataforma electoral que había sustituido a Herri Batasuna en las elecciones autonómicas de octubre de 1998. Estas nuevas alianzas, que se extendieron desde el Gobierno vasco a los ayuntamientos, dieron lugar a la creación de Udalbiltza, una asamblea de electos municipales que pretendía ser la "primera institución nacional vasca". En este contexto, el P.N.V. adoptó, en su Asamblea General de enero de 2000, un giro soberanista que venía tras un periodo de cuestionamiento de la validez del Estatuto. El sindicato E.L.A., que en 1995 había iniciado un proceso de acercamiento a la central abertzale L.A.B., había sido precursor de este tipo de orientación.
Los acuerdos entre nacionalistas y la intensificación del acoso de la violencia callejera contra los no nacionalistas motivó un acercamiento en la práctica entre P.P. y P.S.E. y un aumento de la tensión social en Euskadi, hasta el punto de que algunos analistas llegaron a advertir del riesgo de que se produjera una fractura de la sociedad en dos comunidades.
A pesar de los pasos dados por P.N.V. y E.A., E.T.A. no se mostró satisfecha con el ritmo político que marcaban estas dos formaciones políticas y a principios de julio de 1999 les comunicó su intención de romper la tregua porque no habían aceptado su exigencia de promover unas elecciones para la constitución de un Parlamento de Euskal Herria, que conllevaba la abstención de estas formaciones políticas en las elecciones generales previstas para el año 2000. P.N.V. y E.A. rechazaron este planteamiento que fue calificado de "fantasía de laboratorio", según el acta de la reunión elaborada por E.T.A..
Apenas un mes antes de que E.T.A. anunciara a sus interlocutores la decisión de romper la tregua se había hecho público que sus representantes habían mantenido un contacto con los enviados del presidente del Gobierno José María Aznar. E.T.A., que en un documento interno había señalado que "el Gobierno español no es ni actor ni destinatario, el Gobierno francés tampoco, pero sin duda alguna, la tregua les concierne directamente", mantuvo un canal de intercambio de comunicaciones a través del entonces obispo de Zamora, Juan María Uriarte. Este canal sirvió para concertar la cita que se celebró el 19 de mayo, en Suiza, con asistencia del secretario general de la Presidencia, Javier Zarzalejos, del secretario de Estado para la Seguridad, Ricardo Martí Fluxá, y del asesor de Aznar, Pedro Arriola. Enfrente tuvieron a los responsables del "aparato político" de E.T.A. Mikel Albizu Iriarte, Vicente Goikoetxea y Belén González. También estuvo presente el mediador, monseñor Uriarte.
La celebración del encuentro, que se mantuvo en secreto hasta que el Gobierno reconoció su existencia el 7 de junio, no registró más acuerdo que el de volver a reunirse a finales de julio. Sin embargo, la decisión de romper la tregua por sus desacuerdos con P.N.V. y E.A. impidió que hubiera un segundo encuentro y E.T.A. fue escenificando la ruptura de forma paulatina. El día 25 de julio el Gobierno recibió una comunicación de E.T.A. en la que se anunciaba la suspensión del encuentro previsto. Un mes más tarde, el 26 de agosto, E.T.A. difundía un comunicado en el que se aludía indirectamente a razones de seguridad y a que el intermediario, el obispo de Zamora, monseñor Uriarte, podía estar "quemado". En otro nuevo comunicado, del 28 de agosto, E.T.A. criticaba abiertamente a sectores del P.N.V..
Dado que ni P.N.V. ni E.A. variaron su postura sobre los planteamientos hechos por E.T.A. durante el verano, la ruptura de la tregua se hizo oficial el 28 de noviembre. La declaración que oficializaba la ruptura era plenamente coherente con el proceso que se ha descrito: se hacían duras críticas a P.N.V. y a E.A., sobre quienes se descargaba la responsabilidad de la situación. El Gobierno de José María Aznar apenas merecía un papel de segundo orden en el reparto de culpas.
La ruptura efectiva se consumó el 21 de enero de 2000 con el asesinato en Madrid de un teniente coronel del Ejército, al que pronto siguieron otras víctimas como el dirigente socialista Fernando Buesa, el columnista José Luis López de Lacalle o el concejal del P.P. en Durango Jesús María Pedrosa. El fin de la tregua supuso también el final del acuerdo parlamentario del Gobierno vasco con Euskal Herritarrok y el comienzo de una etapa de inestabilidad por la falta de apoyo suficiente del Ejecutivo en la cámara. En el verano de ese año, E.T.A. inició una dura ofensiva de atentados contra toda clase de cargos públicos del P.P. y contra dirigentes del P.S.O.E. con el objetivo de aislar a P.N.V.-E.A. y forzar a estos partidos a entenderse de nuevo con E.T.A.. La nómina de objetivos se amplió en enero de 2001 con la inclusión de los concejales socialistas entre las víctimas de E.T.A. como respuesta al Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo que el P.S.O.E. y el P.P. habían firmado poco después de que fuera asesinado en Barcelona el ex ministro de Sanidad Ernest Lluch.
La estrategia de E.T.A. hasta la celebración de las elecciones autonómicas del 13 de mayo de 2001 está orientada a impedir que P.N.V. y E.A. puedan buscar un entendimiento con los socialistas y para ello recurre al asesinato de los adversarios políticos de los nacionalistas a fin de acentuar las tensiones. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo E.T.A. percibe que no avanza en su estrategia y empieza a incluir entre sus objetivos a personas del entorno nacionalista a fin de acercar la presión a las cúpulas de P.N.V. y de E.A. En este sentido es interpretable el asesinato el empresario José María Korta, próximo al P.N.V., y la vuelta, a partir de marzo de 2001, de los atentados contra agentes de la Ertzaintza de forma indiscriminada, por el mero hecho de formar parte de la policía vasca.
Las elecciones de mayo de 2001, con un trasvase de más de 80.000 votos de E.H. hacia P.N.V.-EA, trastocan la estrategia de E.T.A. al comprobar que, un año y medio después de rota la tregua, no ha logrado hacer que P.N.V.-EA dieran marcha atrás y al esfumarse la esperanza de poder condicionar al nuevo Gobierno Vasco con los escaños de Batasuna ( ex H.B.) al perder esta formación siete de los catorce parlamentarios que tenía en la cámara. E.T.A. reconoció el descalabro en el boletín interno "Zutabe" del mes de junio admitiendo que los resultados echaban por tierra "la estrategia llevada a cabo en los últimos tres años por la izquierda abertzale y facilitando la huida de votos a P.N.V.?E.A.". El 2001 se cerraba con esta crisis de una E.T.A. que no podía mantener su estrategia de arrastrar a P.N.V. y E.A. como había pretendido en los años anteriores, y que volvía a hacer guiños a la posibilidad de una negociación con los Estados español y francés.
Florencio DOMÍNGUEZ IRIBARREN