Kontzeptua

ETA - Euskadi ta Askatasuna (2002ko bertsioa)

La muerte de Franco, ocurrida en 1975, abrió un titubeante proceso de transición política en España que empezó a consolidarse con hechos significativos a raíz de las primeras elecciones libres celebradas en 1977. Mientras la situación política se encaminaba hacia un marco democrático, en el seno de ETA se producen varios procesos que van a dar lugar a una organización mucho más fuerte y más activa que en etapas precedentes, configurando las características del grupo que ha subsistido hasta la actualidad.

Por un lado, se produce una serie de rupturas y conflictos en los que se van a ver involucradas las dos ramas de ETA existentes en 1977, la "militar" y la "político-militar". La discusión sobre la conveniencia de participar o no en las elecciones del 15 de junio de 1977 va a ocasionar el primer conflicto de envergadura en el seno de la izquierda abertzale. Es ahí dónde se perfilan dos posiciones que serán irreconciliables: por un lado se sitúa ETA m, contraria a participar en esas elecciones, y por otra ETA pm y Euskal Iraultzarako Alderdia (EIA), el partido nacido de los "polimilis", que opta por presentarse.

El motivo formal de la discusión del momento es la oportunidad de presentarse a esos comicios cuando todavía no han sido puestos en libertad todos los presos y se cuestiona el margen de libertad real existente para todas las expresiones políticas. Bajo este debate, sin embargo, subyace otra consideración de mayor calado pues con la participación se reconoce la virtualidad democrática del nuevo régimen. Los "polimilis" aceptan que, con las elecciones, cambia el grado de legitimidad del sistema al que se enfrentan, que estará avalando por el sufragio popular a partir de entonces. ETA militar se niega a efectuar este reconocimiento, al menos en lo que afecta al País Vasco. Esta actitud marcará su actuación futura.

Un segundo fenómeno propio de esa época es la disposición de centenares de jóvenes a enrolarse en cualquiera de las dos ramas de ETA o en los Comandos Autónomos Anticapitalistas, que van a surgir en 1978, y que proporcionarán la base humana necesaria para sostener un largo periodo de actividad. La participación de una buena parte de la juventud de la época en actos de violencia no es un fenómeno exclusivamente vasco porque se manifiesta también en la aparición de docenas de grupos efímeros en diferentes sitios de España y, con más peso, en otros países europeos. Sin embargo, la preexistencia en Euskadi de unas organizaciones armadas facilitará el encuadramiento de esos jóvenes y dará solidez y continuidad al fenómeno.

Para encuadrar a esta nueva militancia, ETA m desarrolla una estructura que había aprobado a principios de 1976 basada en la división de los activistas en dos aparatos de comandos, los "legales", aquéllos no fichados por la policía, y los "liberados" o clandestinos. Son organizados en células estancas, de forma que la captura de un comando "legal" no conduzca a la policía a la identificación de otros activistas que los del propio comando y, mucho menos, a los "liberados". Éstos, a su vez, son encuadrados en comandos que tienen asignada una demarcación territorial determinada en la que deben realizar campañas de atentados durante temporadas breves de tiempo, regresando a Francia al terminar cada una de ellas. La estructura ideada por ETA m, parecida a la aplicada en esos mismos años por el IRA, resulta muy útil para mitigar los efectos de la acción policial.

El impulso final de ETA m lo recibirá con la adhesión de los "comandos Bereziak" (especiales) procedentes de ETA pm, con cuya dirección mantenían graves diferencias desde 1976 y que habían conducido a que miembros de estos comandos secuestraran durante dos días al dirigente "polimili" Eduardo Moreno Bergaretxe, Pertur. El secuestro y asesinato del empresario Angel Berazadi enfrentó a los "bereziak", responsables directos del hecho, con la dirección de ETA pm. En mayo de 1977, los "bereziak" proclamaban su separación de ETA pm y en septiembre se formalizaba su integración en ETA militar.

La fusión de los "bereziak" con ETA m sería decisiva para consolidar a esta última rama con el aporte de decenas de militantes, mucho de ellos experimentados. ETA pm, siguiendo los pasos de EIA, el partido nacido de sus filas, se pronunció en 1979 a favor de la legalidad estatutaria, que le conduciría a una declaración de tregua en 1981. Un año más tarde, un sector de los "polimilis" se decidía por el abandono de la organización, mientras otros sectores continuaban durante un tiempo con las armas hasta que fueron eliminados policialmente o absorbidos por ETA m.

El resultado de esta suma de factores -disponibilidad de efectivos humanos, reestructuración organizativa, aporte de experiencia de los "bereziak" y rechazo al nuevo marco político- fue una intensificación de la violencia muy por encima de la que se había producido en etapas anteriores. Así, por ejemplo, entre 1960 y 1977, ETA había asesinado a 75 personas, cifra que iba a quedar superada en 1979 con 80 víctimas mortales sólo en ese año. Mientras en 1977 se habían registrado casi 80 atentados, al año siguiente la cifra ascendía a 261. La cifra de muertos en atentados desde 1978 a 2001, ambos incluidos, asciende a 772.

La inestabilidad derivada de la presencia del terrorismo se sumó en el País Vasco durante la transición a la existencia de las tensiones políticas normales en un escenario caracterizado por una intensa agitación social con abundantes movilizaciones ciudadanas en defensa de la amnistía, la ikurriña, el euskera, la autonomía, etc. Desde el poder se respondió a menudo con graves actuaciones represivas desmesuradas que dieron lugar a un rosario de muertes que exacerbaron todavía más los conflictos. Episodios como los del 3 de marzo de 1976, en los que la policía provocó la muerte de cinco obreros en Vitoria, los Sanfermines de 1978, el rosario de muertes causadas en controles o al disolver manifestaciones se grabaron en la retina de una buena parte de la población alimentando la desconfianza hacia el proceso político en marcha. En ese contexto de agitación se desarrolló el activismo etarra de finales de los setenta y principios de los ochenta, que desbordó todas las previsiones y se convirtió en un fenómeno desestabilizador.

ETA se encontraba con una gran capacidad de cometer atentados pero su planteamiento de abstenerse en las elecciones de junio de 1977 había sido ignorado por la ciudadanía, por lo que políticamente había perdido su principal apuesta. El naciente sistema democrático y partidos tradicionales como el Euskal Iraultzarako Alderdia ( EIA)y los socialistas habían obtenido un importante respaldo y legitimidad en las urnas. Esta situación de ambivalencia, le llevó a ETA, en febrero de 1978, a abandonar formalmente la estrategia insurreccionalista y a plantear una propuesta de negociación que partía del supuesto de que ETA no podía derrotar al Gobierno, ni éste a la organización terrorista. Sin embargo, ETA no se plantea una negociación real, entendida como una renuncia de ambas partes a sus posiciones iniciales para buscar un punto de encuentro, sino que la negociación es la fórmula por la que el Gobierno acepta íntegros sus planteamientos.

En la declaración de febrero de 1978 ETA formula la exigencia de que se acepte la Alternativa KAS ( Koordinadora Abertzale Sozialista), que incluía el derecho de autodeterminación y la integración de Navarra, como condición para una negociación con el Estado. No contemplaba discutir el contenido de la Alternativa sino la forma de su aplicación. "Los cinco puntos mínimos [de la Alternativa KAS] por su misma naturaleza no son negociables, sino a lo sumo concretizables entre el Gobierno español y ETA", aclara esta organización de forma rotunda en un "Zutabe" de junio de 1980.

El rechazo a las instituciones que se van configurando a partir de 1977 lleva a ETA a enfrentarse primero a la Constitución y un año más tarde al Estatuto mediante intensas campañas de atentados que se desarrollan en la fase previa a la elaboración y aprobación de estos dos textos legales. ETA no acepta ni uno ni otro documento y justifica su actividad armada de los años posteriores como un combate contra las consecuencias políticas del marco legal configurado por la Constitución y el Estatuto.

Para llegar a la negociación con el Estado, ETA pone en marcha desde finales de los setenta todo su potencial de violencia, consciente de la capacidad de desestabilización que tenía en el sistema democrático. ETA busca un enfrentamiento directo con el Estado atacando de forma sistemática a los miembros de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad. Análisis de ETA , realizados por José Miguel Beñaran, "Argala", meses antes de su asesinato en diciembre de 1978, no consideraban posible un golpe de Estado militar. Según este punto de vista, las contradicciones que provocaban los atentados contra las Fuerzas Armadas se resolverían mediante una cesión del Gobierno ante las demandas de ETA.

Además de esa línea de enfrentamiento con el Estado, entre 1977 y 1982 ETA desarrolla una campaña de atentados terroristas encaminada a conseguir la paralización de la central nuclear de Lemóniz, lo que conseguirá tras cometer cientos de atentados y asesinar a los dos máximos responsables técnicos del proyecto. El éxito en la paralización de la central contribuyó a reafirmar en los miembros de la organización la confianza en el poder de las armas. En paralelo, en los primeros años de andadura del régimen democrático, los atentados de ETA buscan una tercera línea de actuación que conduce a extender el miedo en la sociedad vasca, atacando supuestos confidentes, adversarios ideológicos, etc.

Uno de los efectos de la violencia de ETA en el campo de la izquierda abertzale es provocar la aparición de una comunidad política de incondicionales para quienes la organización armada constituye la referencia principal. Ese sector social, representado institucionalmente por Herri Batasuna (HB), desarrollará sus propios valores, medios de comunicación específicos y unas pautas de comportamiento guiadas por la necesidad de arropar ETA. En la consolidación de este núcleo político y social aparentemente cerrado a toda influencia que no sea la que procede de la propia ETA ha pesado también la existencia de un terrorismo antiterrorista. En los años de la transición se producen decenas de atentados que tienen como objetivo aterrorizar a los sectores sociales más próximos a ETA Entre 1978 y 1981 se producen nada menos que 33 asesinatos cometidos por grupos como la Triple A, el Batallón Vasco Español, los Grupos Armados Españoles y otros similares. A esta cifra habría que añadir otros 28 muertos ocasionados entre 1983 y 1987 por un nuevo grupo, los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación).

Estos atentados provocan un cierre de filas y crean las condiciones para que el mensaje de que nada ha cambiado con respecto al franquismo tenga credibilidad en ese sector social que acata la actividad de ETA como mecanismo de defensa de una comunidad atacada. Hace, además, posible la realimentación del terrorismo de ETA desde las filas de un sector social insensible al sufrimiento que provoca la actividad etarra.

A mediados de los años ochenta el nivel de violencia de ETA empieza a descender como consecuencia de la modificación de algunas circunstancias que habían favorecido hasta entonces la actividad armada. Una de estas circunstancias es la paulatina implicación de Francia en la represión policial de ETA a partir de 1984 (el socialista Mitterrand había llegado al poder en 1981). En el trienio 1984-1986, una parte considerable del núcleo de activistas que viene dirigiendo ETA desde 1977 son detenidos en territorio francés y encarcelados o deportados a terceros países. La deportación desde Francia, que afectó a 63 presuntos miembros de ETA, no fue la única medida aplicada por París. En 1984 concedió las primeras extradiciones y en 1986 empezó a aplicar las entregas directas, de policía a policía, que afectarían a más de doscientos detenidos. A ello hay que añadir las condenas de larga duración aplicadas por los tribunales franceses a partir de 1985, el rechazo a conceder el estatuto de refugiado a los miembros de ETA, la prohibición de residencia en numerosos departamentos, los confinamientos y otras medidas administrativas y policiales que forzaron al grupo a hacerse mucho más clandestino y reducido, provocando una salida hacia países latinoamericanos de muchas personas que hasta entonces habían residido en el sur de Francia.

Al mismo tiempo, ante la sucesión de operaciones policiales que se desarrollan en España, ETA empieza a mostrar signos de desgaste tales como la incapacidad de renovar a sus comandos a la misma velocidad que emplea la policía en desarticularlos.

Estos dos factores mencionados -presión policial contra la cúpula y los activistas de ETA en Francia y contra sus comandos en España- conducen a una nueva etapa a partir de 1985 en la que el nivel de violencia es notablemente inferior a la anterior. Sin embargo, ETA responde tratando de compensar la reducción del número global de atentados con dos instrumentos: el traslado de la violencia de modo permanente a Madrid y Barcelona, cerca de donde considera que está el poder político, y la generalización de coches bomba con los que se llevan a cabo atentados mucho más espectaculares que en el pasado.

Antes de 1985 los principales atentados fuera de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra los había cometido un comando especial, el "Argala", formado por ciudadanos del País Vasco francés que estuvo operativo desde 1978 hasta 1990. Sin embargo, en el ecuador de los ochenta, ETA establece comandos permanentes en Madrid -donde ya había tenido algún grupo en los setenta- y en Barcelona. Con estos dos grupos va a realizar atentados de gran impacto, como los cometidos en la Plaza de la República Dominicana, de Madrid, donde murieron 12 guardias civiles, o en el centro comercial Hipercor, de Barcelona, en el que 21 civiles perdieron la vida.