El final del proceso de Argel provoca una vuelta a la situación anterior, a la cadencia de atentados y de operaciones policiales contra una ETA que ha puesto la mirada en el año 1992, en el que están previstos importantes acontecimientos en España: las Olimpiadas, en Barcelona, y la Exposición Universal, en Sevilla. Documentos que ETA va elaborando en los años previos ponen de manifiesto la importancia que se concede a esa fecha: se considera que el Gobierno español estará sometido a fuertes presiones internacionales para que no se produzcan incidentes con motivo de los acontecimientos del 92. ETA piensa que si desarrolla una campaña intensa de atentados con antelación, como complemento de las supuestas presiones internacionales, Madrid se verá obligado a entrar en una negociación.
Con esas expectativas, ETA inicia a finales de 1991 una campaña de atentados que alcanzará su máximo nivel en el primer trimestre del año emblemático, en buena parte por la actuación del comando Ekaitz, un grupo que opera a lo largo de la costa mediterránea, desde Barcelona a Sevilla. Sin embargo, los planes de la dirección de ETA se vienen abajo el 29 de marzo de 1992, día en el que la policía francesa, con información proporcionada por la Guardia Civil, lleva a cabo la captura de la Ejecutiva etarra en pleno ( colectivo Artapalo): José Luis Alvarez Santacristina "Txelis", Francisco Mugika Garmendia "Pakito" y José Arregi Erostarbe "Fitipaldi" son sorprendidos en un caserío de la localidad vasco francesa de Bidart cuando celebraban una reunión. Por primera vez en la historia de ETA, la cúpula de esta organización caía en manos de la policía al mismo tiempo. Además, por si la situación no fuera suficientemente grave, apenas dos meses después fueron capturados los miembros del segundo escalón que debían sustituir a los arrestados en Bidart.
Estas operaciones policiales se vieron complementadas con otras actuaciones realizadas en España que llevaron al desmantelamiento del grueso de los efectivos de ETA . El comando Ekaitz, el Vizcaya, el Mugarri, el Askatu, un grupo de extorsión, entre otros, fueron desarticulados en el primer semestre del año. Este conjunto de actuaciones policiales a ambos lados de la frontera provocó una crisis de moral en el seno de ETA, donde por primera vez se creía posible que la organización pudiera desaparecer por efecto de la acción policial, algo que hasta entonces se consideraba impensable. La crisis y el desconcierto internos se agudizaron cuando se conocieron unos documentos escritos por Etxebeste, Belén González e Ignacio Arakama en los que se cuestionaba la estrategia que había llevado la dirección de ETA capturada en Bidart durante las conversaciones de Argel.
La sensación de orfandad política, lo que en algunos documentos internos se denomina síndrome de Bidart, se extendió también al entorno social de ETA, aunque la Coordinadora Abertzale Socialista (KAS) asumió pronto un protagonismo notable encaminado a tapar el vacío de poder que dejó la crisis de ETA y a mantener viva la confianza en las armas. Para esto último elaboró un documento con el que se pretendía responder a los análisis que realizaban los deportados en Santo Domingo.
La respuesta a la crisis de ETA se organizó en una doble dirección: por un lado intentando un rearme ideológico, mediante una serie de debates internos en la izquierda abertzale, y por otro movilizando a las juventudes de KAS para involucrarlas en actividades de violencia callejera, en la llamada kale borroka. La implicación de estos sectores juveniles en actos de violencia había sido muy intensa desde 1990 a principios de 1992 dentro de la campaña desatada contra la autovía Navarra-Gipuzkoa (Autovía de Leizaran), pero el acuerdo alcanzado con las instituciones sobre el trazado a principios del último año había dejado sin objetivo inmediato a esos grupos.
El vacío creado por la crisis de ETA fue cubierto, en buena medida, por la activación de los grupos que habían llevado el peso de los ataques contra al autovía. Este hecho tendrá importantes repercusiones en los años posteriores. En primer lugar, porque la kale borroka se mantendrá como instrumento de violencia de forma permanente, incluso una vez superada la crisis de ETA. Además, porque facilitará la renovación generacional de ETA a partir de la segunda mitad de los noventa con jóvenes que han tenido su primer contacto con la violencia a través de estos grupos del cóctel molotov. La edad media de entrada en ETA a lo largo de los años ochenta y principios de los noventa se va haciendo cada vez más alta, lo que evidencia dificultades crecientes de esta organización para atraer a sectores juveniles. Sin embargo, el proceso comienza a invertirse a partir de 1995 como consecuencia del ingreso en ETA de jóvenes que se han socializado en la práctica de la violencia con los grupos que llevan a cabo la kale borroka.
El rearme ideológico de la izquierda abertzale se desarrolla a través de una sucesión de debates internos que se producen de forma paralela y intercomunicada en KAS, en HB y en la propia ETA y que se van a plasmar en la difusión del documento denominado Alternativa Democrática que ETA hace público en 1995, en el mismo comunicado en el que se asume el intento de asesinato del entonces jefe de la oposición, José María Aznar. El documento deja en segundo plano la estrategia de negociación que se venía manteniendo desde 1978 y aboga por una actuación conjunta de los nacionalistas para avanzar hacia la independencia creando situaciones de hecho al margen de la voluntad de los Estados.
Para llegar al punto de destino trazado en la Alternativa Democrática, ETA y su entorno optan por lo que llaman estrategia de "socialización del sufrimiento" que consiste en extender a la ciudadanía ajena al mundo de ETA la incomodidad y el miedo para provocar o bien su inhibición política o bien su adhesión a la causa de la izquierda abertzale. Se intenta conseguir estos efectos generalizando la violencia callejera y el acoso a toda manifestación pacifista o crítica con el terrorismo, que en 1993, con motivo del secuestro del ingeniero Julio Iglesias Zamora, había sido particularmente intensa. Esta práctica de intimidación se aplicó de forma generalizada a partir de 1995, a raíz del secuestro de José María Aldaya, mediante el acoso de cualquier muestra de apoyo al empresario, acoso que en ocasiones llegó a la agresión y la violencia física.
En segundo lugar, se trató de empujar al PNV para que esta formación cambiara su postura política y se acercara a los postulados de ETA que, con este propósito, asesinó a los ertzainas Joseba Goikoetxea y Montxo Doral y trató de atentar contra el consejero de Interior, Juan María Atutxa. La Ertzaintza fue objeto de especial persecución por parte de los grupos responsables de la violencia callejera que acosaron a los agentes de la policía autonómica con ataques a sus viviendas, a sus coches, a los negocios de sus familiares, etc. Dentro de la misma estrategia se encuadra el acoso sistemático dirigido contra los batzokis entre 1993 y 1997. El propósito de esta campaña era lograr que el PNV se desmarcara del Pacto de Ajuria Enea y se acercara a la izquierda abertzale, única forma con la que ETA veía posible acabar con el marco político vigente.
Además, ETA intenta acabar con la resistencia de la clase política no nacionalista por el procedimiento de atacar a los cargos públicos o personajes relevantes de los dos principales partidos españoles, el PSOE y el Partido Popular (PP). En esta orientación subyace la idea de que los ataques reiterados contra los miembros de las Fuerzas Armadas o los cuerpos de seguridad constituyen una guerra de desgaste que el Estado puede soportar indefinidamente. Por ello se decide atacar a quienes toman las decisiones políticas. Esta idea, reflejada en un documento interno de ETA de 1993, se materializa a partir de 1995 con el asesinato del presidente del P.P. de Gipuzkoa, Gregorio Ordóñez, en el atentado con coche bomba contra José María Aznar, el fallido atentado contra el Rey en Mallorca, los asesinatos del socialista Fernando Múgica o del catedrático Francisco Tomás y Valiente, entre otros.
En la misma línea se encuadra la campaña de atentados contra concejales del Partido Popular que se inició en julio de 1997 con el secuestro y asesinato del edil de Ermua Miguel Ángel Blanco, unos días después de que la Guardia Civil hubiera liberado al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, que había estado secuestrado por ETA durante año y medio. El secuestro de Miguel Angel Blanco provocó en Vasconia una movilización multitudinaria sin precedentes contra ETA y HB, aunque no motivó el menor cambio en ETA que en los meses sucesivos siguió cometiendo atentados contra ediles del PP, dentro y fuera del País Vasco.
Sin embargo, la movilización provocada por los sucesos de Ermua sí que hizo mella en el nacionalismo institucional, que temió que aquel episodio pudiera provocar un cambio de mayoría social. Incluso, en las filas de ETA aparecieron focos de disidencia como el protagonizado por José Luis Alvarez Santacristina "Txelis", quien un mes después del asesinato de Blanco suscribía un documento en el que propugnaba el abandono de las armas. El mantenimiento de esta postura, que contaba con el aval de otros activistas destacados como José Luis Urrusolo "Kepa" y Rosario Pikabea o Miguel Angel Gil Cervera, motivó que un año más tarde ETA expulsara de sus filas a quien había sido su ideólogo y miembro de la Ejecutiva.
Tampoco HB fue ajena a la preocupación que suscitaron los episodios de junio del 97. De ello se derivó una serie de contactos con el PNV, a finales de 1997, que quedaron interrumpidos por el ingreso en prisión de la Mesa Nacional de HB por la condena impuesta por haber intentado ceder sus espacios de propaganda electoral en televisión para emitir un vídeo de ETA.
La condena, que sería anulada por el Tribunal Constitucional más tarde, fue el precedente de una nueva línea de persecución judicial protagonizada por el juez Baltasar Garzón a partir de 1998 que se caracterizó por una interpretación amplia de la idea de ETA englobando a las organizaciones de su entorno político. De esta manera, en 1998 se produjo la intervención y el cierre del diario Egin y el desmantelamiento de un grupo de empresas vinculadas por el juez a ETA y KAS, concebidos como una única organización. En el año 2000 se amplió la persecución a la organización Xaki, acusada por el juez de ser la estructura encargada de relaciones internacionales de ETA; después vino Ekin, considerada como la sucesora de KAS; los impulsores de la Fundación Zumalabe y Piztu, un proyecto de desobediencia civil; ya en el 2001 se aplicaron medidas similares contra Haika, la organización juvenil sucesora de Jarrai, que fue ilegalizada por el magistrado, y contra las Gestoras pro amnistía.
Con esas expectativas, ETA inicia a finales de 1991 una campaña de atentados que alcanzará su máximo nivel en el primer trimestre del año emblemático, en buena parte por la actuación del comando Ekaitz, un grupo que opera a lo largo de la costa mediterránea, desde Barcelona a Sevilla. Sin embargo, los planes de la dirección de ETA se vienen abajo el 29 de marzo de 1992, día en el que la policía francesa, con información proporcionada por la Guardia Civil, lleva a cabo la captura de la Ejecutiva etarra en pleno ( colectivo Artapalo): José Luis Alvarez Santacristina "Txelis", Francisco Mugika Garmendia "Pakito" y José Arregi Erostarbe "Fitipaldi" son sorprendidos en un caserío de la localidad vasco francesa de Bidart cuando celebraban una reunión. Por primera vez en la historia de ETA, la cúpula de esta organización caía en manos de la policía al mismo tiempo. Además, por si la situación no fuera suficientemente grave, apenas dos meses después fueron capturados los miembros del segundo escalón que debían sustituir a los arrestados en Bidart.
Estas operaciones policiales se vieron complementadas con otras actuaciones realizadas en España que llevaron al desmantelamiento del grueso de los efectivos de ETA . El comando Ekaitz, el Vizcaya, el Mugarri, el Askatu, un grupo de extorsión, entre otros, fueron desarticulados en el primer semestre del año. Este conjunto de actuaciones policiales a ambos lados de la frontera provocó una crisis de moral en el seno de ETA, donde por primera vez se creía posible que la organización pudiera desaparecer por efecto de la acción policial, algo que hasta entonces se consideraba impensable. La crisis y el desconcierto internos se agudizaron cuando se conocieron unos documentos escritos por Etxebeste, Belén González e Ignacio Arakama en los que se cuestionaba la estrategia que había llevado la dirección de ETA capturada en Bidart durante las conversaciones de Argel.
La sensación de orfandad política, lo que en algunos documentos internos se denomina síndrome de Bidart, se extendió también al entorno social de ETA, aunque la Coordinadora Abertzale Socialista (KAS) asumió pronto un protagonismo notable encaminado a tapar el vacío de poder que dejó la crisis de ETA y a mantener viva la confianza en las armas. Para esto último elaboró un documento con el que se pretendía responder a los análisis que realizaban los deportados en Santo Domingo.
La respuesta a la crisis de ETA se organizó en una doble dirección: por un lado intentando un rearme ideológico, mediante una serie de debates internos en la izquierda abertzale, y por otro movilizando a las juventudes de KAS para involucrarlas en actividades de violencia callejera, en la llamada kale borroka. La implicación de estos sectores juveniles en actos de violencia había sido muy intensa desde 1990 a principios de 1992 dentro de la campaña desatada contra la autovía Navarra-Gipuzkoa (Autovía de Leizaran), pero el acuerdo alcanzado con las instituciones sobre el trazado a principios del último año había dejado sin objetivo inmediato a esos grupos.
El vacío creado por la crisis de ETA fue cubierto, en buena medida, por la activación de los grupos que habían llevado el peso de los ataques contra al autovía. Este hecho tendrá importantes repercusiones en los años posteriores. En primer lugar, porque la kale borroka se mantendrá como instrumento de violencia de forma permanente, incluso una vez superada la crisis de ETA. Además, porque facilitará la renovación generacional de ETA a partir de la segunda mitad de los noventa con jóvenes que han tenido su primer contacto con la violencia a través de estos grupos del cóctel molotov. La edad media de entrada en ETA a lo largo de los años ochenta y principios de los noventa se va haciendo cada vez más alta, lo que evidencia dificultades crecientes de esta organización para atraer a sectores juveniles. Sin embargo, el proceso comienza a invertirse a partir de 1995 como consecuencia del ingreso en ETA de jóvenes que se han socializado en la práctica de la violencia con los grupos que llevan a cabo la kale borroka.
El rearme ideológico de la izquierda abertzale se desarrolla a través de una sucesión de debates internos que se producen de forma paralela y intercomunicada en KAS, en HB y en la propia ETA y que se van a plasmar en la difusión del documento denominado Alternativa Democrática que ETA hace público en 1995, en el mismo comunicado en el que se asume el intento de asesinato del entonces jefe de la oposición, José María Aznar. El documento deja en segundo plano la estrategia de negociación que se venía manteniendo desde 1978 y aboga por una actuación conjunta de los nacionalistas para avanzar hacia la independencia creando situaciones de hecho al margen de la voluntad de los Estados.
Para llegar al punto de destino trazado en la Alternativa Democrática, ETA y su entorno optan por lo que llaman estrategia de "socialización del sufrimiento" que consiste en extender a la ciudadanía ajena al mundo de ETA la incomodidad y el miedo para provocar o bien su inhibición política o bien su adhesión a la causa de la izquierda abertzale. Se intenta conseguir estos efectos generalizando la violencia callejera y el acoso a toda manifestación pacifista o crítica con el terrorismo, que en 1993, con motivo del secuestro del ingeniero Julio Iglesias Zamora, había sido particularmente intensa. Esta práctica de intimidación se aplicó de forma generalizada a partir de 1995, a raíz del secuestro de José María Aldaya, mediante el acoso de cualquier muestra de apoyo al empresario, acoso que en ocasiones llegó a la agresión y la violencia física.
En segundo lugar, se trató de empujar al PNV para que esta formación cambiara su postura política y se acercara a los postulados de ETA que, con este propósito, asesinó a los ertzainas Joseba Goikoetxea y Montxo Doral y trató de atentar contra el consejero de Interior, Juan María Atutxa. La Ertzaintza fue objeto de especial persecución por parte de los grupos responsables de la violencia callejera que acosaron a los agentes de la policía autonómica con ataques a sus viviendas, a sus coches, a los negocios de sus familiares, etc. Dentro de la misma estrategia se encuadra el acoso sistemático dirigido contra los batzokis entre 1993 y 1997. El propósito de esta campaña era lograr que el PNV se desmarcara del Pacto de Ajuria Enea y se acercara a la izquierda abertzale, única forma con la que ETA veía posible acabar con el marco político vigente.
Además, ETA intenta acabar con la resistencia de la clase política no nacionalista por el procedimiento de atacar a los cargos públicos o personajes relevantes de los dos principales partidos españoles, el PSOE y el Partido Popular (PP). En esta orientación subyace la idea de que los ataques reiterados contra los miembros de las Fuerzas Armadas o los cuerpos de seguridad constituyen una guerra de desgaste que el Estado puede soportar indefinidamente. Por ello se decide atacar a quienes toman las decisiones políticas. Esta idea, reflejada en un documento interno de ETA de 1993, se materializa a partir de 1995 con el asesinato del presidente del P.P. de Gipuzkoa, Gregorio Ordóñez, en el atentado con coche bomba contra José María Aznar, el fallido atentado contra el Rey en Mallorca, los asesinatos del socialista Fernando Múgica o del catedrático Francisco Tomás y Valiente, entre otros.
En la misma línea se encuadra la campaña de atentados contra concejales del Partido Popular que se inició en julio de 1997 con el secuestro y asesinato del edil de Ermua Miguel Ángel Blanco, unos días después de que la Guardia Civil hubiera liberado al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, que había estado secuestrado por ETA durante año y medio. El secuestro de Miguel Angel Blanco provocó en Vasconia una movilización multitudinaria sin precedentes contra ETA y HB, aunque no motivó el menor cambio en ETA que en los meses sucesivos siguió cometiendo atentados contra ediles del PP, dentro y fuera del País Vasco.
Sin embargo, la movilización provocada por los sucesos de Ermua sí que hizo mella en el nacionalismo institucional, que temió que aquel episodio pudiera provocar un cambio de mayoría social. Incluso, en las filas de ETA aparecieron focos de disidencia como el protagonizado por José Luis Alvarez Santacristina "Txelis", quien un mes después del asesinato de Blanco suscribía un documento en el que propugnaba el abandono de las armas. El mantenimiento de esta postura, que contaba con el aval de otros activistas destacados como José Luis Urrusolo "Kepa" y Rosario Pikabea o Miguel Angel Gil Cervera, motivó que un año más tarde ETA expulsara de sus filas a quien había sido su ideólogo y miembro de la Ejecutiva.
Tampoco HB fue ajena a la preocupación que suscitaron los episodios de junio del 97. De ello se derivó una serie de contactos con el PNV, a finales de 1997, que quedaron interrumpidos por el ingreso en prisión de la Mesa Nacional de HB por la condena impuesta por haber intentado ceder sus espacios de propaganda electoral en televisión para emitir un vídeo de ETA.
La condena, que sería anulada por el Tribunal Constitucional más tarde, fue el precedente de una nueva línea de persecución judicial protagonizada por el juez Baltasar Garzón a partir de 1998 que se caracterizó por una interpretación amplia de la idea de ETA englobando a las organizaciones de su entorno político. De esta manera, en 1998 se produjo la intervención y el cierre del diario Egin y el desmantelamiento de un grupo de empresas vinculadas por el juez a ETA y KAS, concebidos como una única organización. En el año 2000 se amplió la persecución a la organización Xaki, acusada por el juez de ser la estructura encargada de relaciones internacionales de ETA; después vino Ekin, considerada como la sucesora de KAS; los impulsores de la Fundación Zumalabe y Piztu, un proyecto de desobediencia civil; ya en el 2001 se aplicaron medidas similares contra Haika, la organización juvenil sucesora de Jarrai, que fue ilegalizada por el magistrado, y contra las Gestoras pro amnistía.