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Cajas de Ahorro en Vasconia

La crisis del petróleo de 1973 se une con la que ocasiona la muerte de Franco en 1975 y con los primeros pasos de la transición democrática (Constitución Española, 1978; Estatuto de la Comunidad Autónoma del País Vasco, octubre, 1979; primer Gobierno Vasco, 1980; nuevo Concierto Económico, 1981; Gobierno Foral Navarro). La crisis económica produjo una escalada de la inflación, que se unió a la producida en la siderurgia vasca, que concluyó con un duro proceso de reconversión industrial, motivando un aumento del paro y de las jubilaciones anticipadas.

La llegada de la democracia devolvió el protagonismo económico a las Diputaciones, y creó una nueva autoridad (Gobierno Vasco, Gobierno Foral Navarro) lo que representó una especial importancia para estas cajas, que retomaron las anteriores relaciones institucionales con las autoridades provinciales y abrieron otras nuevas con los Gobiernos autonómicos. Los cambios legislativos permitirán a estas instituciones dedicarse al apoyo de la industria y el comercio de su zona de influencia, dedicando importantes recursos financieros a estos fines. Sobre todo, al disminuir los porcentajes de inversión obligatoria en fondos públicos españoles y en empresas del I.N.I. (1987).

Aunque la legislación reparte las competencias sobre cajas de ahorro entre el Estado y las Comunidades Autónomas, estas últimas pueden autorizar la creación de nuevas cajas, la fusión, disolución o liquidación de las existentes. Por lo que a las vascas se refiere, la Ley vasca de Cajas de Ahorro de 8 de noviembre de 1991, modificada por la Ley 3/2003 de 7 de Marzo, establece entre sus órganos de gobierno la Asamblea General integrada por cien personas: 43 elegidas por los impositores, 7 por las centrales sindicales de acuerdo con su representatividad; 30 por parte de los ayuntamientos, según su baremo de presencia; y 20 nombradas por las entidades fundadoras.