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Cajas de Ahorro en Vasconia

La C.A.P. de Guipúzcoa tuvo convenios de relación con el I.N.P. desde la creación de este organismo y, desde mucho antes, mantuvo fluidas relaciones con los hombres que posteriormente lo dirigirían y que trabajaban en el Instituto de Reformas Sociales. El I.N.P. (Véase Seguridad Social) cedió parte de sus atribuciones a las cajas para así abaratar la difusión de los seguros sociales gracias a la red de cajas existentes en España. Las especiales circunstancias que se daban en Gipuzkoa, debido a la autonomía económica que el Concierto proporcionaba, dieron a la C.A.P. una mayor importancia. La entrada en vigor del seguro obligatorio (R.D. 21-1-1921) introdujo nuevas circunstancias que obligaron a firmar un nuevo convenio. Siempre hubo ciertas suspicacias por parte del Consejo de la C.A.P. respecto a un organismo del Estado pese a que, hasta la llegada del franquismo, fue muy respetuoso con la autonomía de todas las Cajas, con un trato muy especial hacia la Caja de Pensiones catalana y la C.A.P. guipuzcoana. Esas suspicacias se agudizaron con la implantación del seguro obligatorio de vejez, que obligaba por ley a introducir una representación obrera en el Consejo, y que iba a mover una importante cantidad de dinero que necesitaba de un seguro y/o reaseguro. La Diputación Provincial, garante de los fondos de la Caja, adujo la nueva responsabilidad que iba a asumir para pedir un convenio diferente. Opuesto el Consejo a admitir una representación obrera, con una clase patronal poco proclive a este seguro y con el trasfondo de una oposición Provincia-Estado, en unos momentos en los que destacados miembros de la Diputación (Julián Elorza, Cesar Balmaseda e Ignacio Pérez Arregui) estaban detrás de un proyecto de Estatuto Vasco (Estornés, 1990: 173-177) que pedía la administración en exclusiva de los Seguros Sociales y que, hasta que llegase ese momento, pensaban que debían de estar bajo el control de la Diputación.

El resto de las Cajas provinciales de Álava, Bizkaia y Navarra hicieron un frente común con la de Gipuzkoa. Pero mientras que esta última paralizó completamente la propaganda y la afiliación (16-12-1921) las otras, que se habían creado precisamente para intervenir en la implantación de este seguro, siguieron hablando y trabajando al tiempo. En las negociaciones con el I.N.P. participaron destacadas personalidades de las cuatro Diputaciones y Cajas. Finalmente, la de Bizkaia, cuya Diputación estaba enfrentada con la guipuzcoana, firmó el convenio en 1923, Navarra en 1924, Álava en 1925 y Gipuzkoa, tras muchas y laboriosas discusiones, lo firmó en 1926, en unos momentos en los que se había llegado a un ventajoso acuerdo sobre el Concierto Económico y en el que la quiebra y suspensión de pagos de el Crédito de la Unión Minera (10-2-1925) había dejado a la Diputación de Bizkaia en una delicada situación que el Concierto ayudaba a solucionar. Quiebra que indirectamente afectó positivamente a las cajas vizcaínas. Tanto la vizcaína como la guipuzcoana tuvieron derecho a un representante en el Consejo del Patronato del I.N.P.. En el primer caso por el peso de su numerosa clase obrera y, en el segundo, por su tradición histórica en la implantación de los seguros sociales.

Si en el contencioso anterior habían sido las Diputaciones las celosas por su autonomía y el I.N.P. el que transigió hasta el límite de la ley, la Guerra Civil y la llegada de Franco al poder introdujo un cambio radical en el Instituto. Se miraba mal todo aquello que sonara a autonomismo -que se presuponía "separatista"- ni la historia de las cajas, ni su actuación se tuvieron en cuenta. En 1939 se estableció el Subsidio de Vejez, que amplió las bases y los beneficiarios del Seguro Obligatorio. El I.N.P. suspendió toda colaboración con las cajas españolas y únicamente las vasco navarras pudieron ser Delegaciones. La caja alavesa renunció, las de Navarra y Bizkaia firmaron nuevo convenio en 1940 y la de Gipuzkoa en 1941. Tras la promulgación de la Ley de 14 de diciembre de 1942, que estableció el Seguro Obligatorio de Enfermedad, el I.N.P. denunció los convenios existentes, informándoles que iba a abrir sus propias Delegaciones provinciales, no dando más posibilidad que colaborar por medio de sus sucursales en el cobro de cuotas. Las cajas de Navarra y Bizkaia renunciaron, la de Gipuzkoa mantuvo su condición de Delegación hasta 1943, y en 1945 firmó un nuevo convenio relativo a los seguros voluntarios e infantiles (Martínez, 1996: 474-507).

De la competencia con los Bancos a la creación de la Federación de Cajas de Ahorro Vasco Navarras (www.fcavn.es) y la Confederación Española de Cajas de Ahorro Benéficas (www.ceca.es).

Las Cajas, que habían nacido para estimular y recoger el ahorro de los más humildes, vieron como sus mejores clientes estaban entre la clase media. Hombres y mujeres que podían ahorrar algo de dinero y que encontraron un lugar seguro donde ingresarlo con un interés atractivo. En los sustanciosos saldos que fueron acumulando las cajas, gracias a lo poco de muchos, está la razón de ser de la competencia que empezó a hacer la banca privada, que veía un importante filón de ahorradores que se les escapaba.

Hasta 1910, los bancos no mostraron un especial interés en ese tipo de clientela. En Gipuzkoa, bancos y cajas estuvieron aliados en muchas ocasiones y la oligarquía provincial alternaba en los Consejos de unos y otras, tratando de no hacerse la competencia. La llegada de algunos bancos extranjeros fue lo que cambió la situación al comenzar a establecer cuentas con un interés más alto que el concedido por los locales, lo que obligó a éstos a subir igualmente sus intereses. La implantación de estos bancos preocupó a banqueros, a empresarios y a gestores de las cajas, pues se ofrecían como intermediarios para invertir en el extranjero, lo que podía suponer una fuga del capital provincial y nacional. En ese momento actuaron juntos ante el enemigo exterior al que terminarían venciendo.

Pero la época de la competitividad había comenzado. La creación de la Caja Postal molestó a todas las cajas desde que empezó a gestarse, al abrir agencias en todas las capitales de provincia españolas (14-6-1919). El Banco de Bilbao fue el primero en establecer libretas de ahorro en 1910, lo que motivó las protestas de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Bilbao, aunque fue la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza la que elevó la protesta al Ministro de la Gobernación y la que sugirió organizar una acción conjunta. En 1914 se celebró una Asamblea de Cajas de Ahorro en Madrid, donde comenzaron a analizarse los problemas que esa situación planteaba. La C.A.P. de Guipúzcoa acudió, pero con orden expresa del Consejo de dejar "a salvo la autonomía absoluta del Establecimiento, que libre de extrañas tutelas e injerencias, ha sabido y sabe cumplir como la primera de España, la finalidad eminentemente social y benéfica que motivó su creación" (Martínez, 1996: 312), pues preocupaba que el apoyo de una legislación general sobre las Cajas de Ahorro limitara su autonomía, lo que terminaría ocurriendo pocos años después.

La creación de nuevos bancos, la pujanza de los vizcaínos y los madrileños, la apertura de agencias en las capitales y los pueblos más importantes, acentuó la competencia a partir de 1920. Las cajas se encontraban en desventaja porque, si no subían los intereses, perderían su mejor clientela, pero si lo hacían tendrían problemas, puesto que debían invertir con garantía de liquidez y de seguridad, lo que impedía hacer inversiones más rentables pero por eso mismo más peligrosas y, además, los créditos que concedían con fines sociales eran por propia necesidad a bajo interés.

La Ley de Ordenación Bancaria (29-12-1921) y la creación del Consejo Superior Bancario agudizaron las tensiones. Este Consejo pidió al Gobierno que limitara los beneficios que tenían las cajas pues a su entender se salían de sus fines al controlar un dinero que no creían fuese precisamente de los pobres. Mientras que éstas protestaban ante la apertura de libretas de ahorro a más alto intereses y sin límite de saldo, no gustándoles que las definieran como "libretas de ahorro", cuando el término "ahorro" lo consideraban de su propiedad. La pujanza de los bancos vascos fue lo que impulsó la unión de las cajas vasco navarras, amenazadas por los primeros, pero deseosas de no perder ninguno de los beneficios que tenían gracias a sus especiales condiciones económicas y políticas. Julián Elorza, Presidente de la Diputación de Gipuzkoa, propuso esa unión antes incluso de que estuvieran en funcionamiento todas las cajas provinciales (29-7-1921).

Fueron varias las reuniones celebradas entre las cajas españolas, las vasco navarras entonces en funcionamiento siempre intentaron solidarizarse con las primeras, pero teniendo presente cual era su punto de partida y su interés por conservar su autonomía. En 1917 la Caja Municipal de Vitoria propuso algún tipo de unión y, en 1923, la Caja Provincial de Ahorros y Préstamos de Álava elaboró un proyecto de Federación que cristalizaría el 25 de agosto de 1924, la C.A.M. de San Sebastián se incorporó en noviembre de ese año y la de Pamplona en 1925, con el fin de: "estrechar su unión, favorecerse mutuamente y estudiar los medios mejores de progreso y defensa de estas útiles Instituciones sociales" (Memoria de la CAP, 1924). Su domicilio social se estableció en la Caja de Ahorros de Vitoria.

Un Decreto-Ley de 9 de abril de 1926 sobre entidades de ahorro y capitalización irritó a las cajas, muy especialmente a las vasco navarras, a las que obligaba a sufrir inspecciones exteriores a las Diputaciones y a invertir determinados porcentajes de sus fondos en valores del Estado. Representantes de las Diputaciones y de los Ayuntamientos acudieron a Madrid a entrevistarse con el ministro Aunós a quien pidieron quedar excluidos de esa normativa. Debido a las generalizadas protestas, se estableció una Junta Consultiva en 1928, que no gustó al Consejo Superior Bancario ni a la Asociación de Bancos y Banqueros del Norte de España. No se puede olvidar que lo mismo que eran los bancos vascos los más directos enemigos de las cajas vasco navarras, eran éstas sus principales competidoras, por la importancia de sus saldos (409,54 millones de pesetas a 31-12-1927, lo que suponía casi la cuarta parte de la totalidad del ahorro español, 2.318,13 millones de pesetas, incluido en él las 157 cajas restantes, la Postal de Ahorros y el que con esa denominación controlaban los bancos).

La Federación Vasco Navarra movilizó desde el momento de su creación al resto de las cajas, al pensar que solamente una organización similar al Consejo Superior Bancario podría hacer frente a la presión que los Bancos ejercían sobre el Gobierno, por lo que propuso organizar una Confederación Española de Cajas de Ahorro (C.E.C.A.). Aprovechando la reunión en Madrid a la que fueron convocadas todas las cajas para tratar el problema de la vivienda en marzo de 1927, se expuso ese proyecto que terminaría haciéndose realidad tras la R. O. de 24 de noviembre de 1928. Años más tarde, apoyaron la creación del Instituto de Crédito de las Cajas de Ahorro (1933) en el que, debido a la importancia de sus saldos, participaron con una respetable cantidad de dinero.

La puesta en marcha de la C.E.C.A., la competencia bancos-cajas y la legislación sobre el ahorro están íntimamente unidas y para las vasco navarras tuvo como consecuencia final el quedar bajo la legislación general, que no reconoció las facultades anteriores de las Diputaciones, quedando sometidas a la inspección y al control extra provincial. A cada cambio que se producía en la legislación llegaban las reclamaciones de los órganos provinciales pidiendo que las atribuciones que la ley concedía al Estado fueran cedidas a las Diputaciones, sin obtenerse el éxito deseado pese al apoyo y a la acción conjunta que hacían a través de la Federación Vasco Navarra de Cajas de Ahorros. Las tensiones entre los bancos y las cajas se mantuvieron durante la Dictadura de Primo de Rivera y la República con oscilaciones a favor de unos o de otras de acuerdo con las tendencias políticas de los Gobiernos de turno. Pero al iniciarse la Guerra Civil ya se habían delimitado una serie de normas que se mantendrían con el triunfo de Franco. La legislación indicaba claramente el programa de inversiones y de reservas al que deberían de atenerse; tuvieron que renunciar a las inversiones extranjeras (sobre todo la C.A.P. de Guipúzcoa); limitar y modificar la política de créditos a las instituciones fundadoras (Ayuntamientos y Diputaciones); participar en algunos fines sociales fuera de su ámbito geográfico, y dedicar los porcentajes señalados por la ley a determinadas labores sociales (construcción de viviendas 1943, 1956); quedar bajo el control del Ministerio de Hacienda en todo lo relacionado con sus "funciones económicas y bancarias" (Decreto 3-5-1935) y al de Trabajo en lo relacionado con su labor benéfica y social para, finalmente, pasar a depender en exclusividad del Ministerio de Hacienda; y sujetarse a tipos de interés unificados y aprobados por la autoridad competente.

A partir de este enfrentamiento todos los poderes públicos se dieron cuenta de la importancia económica que tenían estas instituciones de ahorro y, por esa misma razón, la sobresaliente tarea que podían realizar en su faceta social y lo interesante que eran estos fondos para cubrir las necesidades sociales que los poderes públicos no podían satisfacer (Martínez: 1996, pp. 306-327). El Decreto de 17-10-1947 y la O. M. De 26-10-1948 sirvieron para dejar marcadas las pautas por las que debía ir la Obra Social de las Cajas. Un 15% estaría dedicado a la Obra Social Nacional y del 85% restante, un 76,5% a la Obra Social Propia y un 8,5% a la Obra Social Libre.