Las instituciones públicas. Las instituciones públicas de administración o de gobierno. Diversas organizaciones de carácter estatal, que dependen directamente de los respectivos gobiernos centrales y desempeñan su función según modelos administrativos organizados jerárquicamente desde los Ministerios hasta la última instancia departamental o provincial, han ido gestionando, con desigual eficacia a lo largo del tiempo, las investigaciones sobre Prehistoria vasca y ejerciendo tutela sobre el patrimonio arqueológico.
Las carteras ministeriales relacionadas con la instrucción pública y enseñanza, con la cultura o la investigación han sido, en Francia y en España, las que -en diferentes etapas de estos últimos cien años- han asumido la responsabilidad de proteger los estudios de Prehistoria, normalmente a través de altos organismos de la cultura oficial o por delegaciones territoriales. Debe citarse concretamente a la «Real Academia de Bellas Artes de San Fernando», a la «Académie des Inscriptions et Belles Lettres», a la «Comission des Monuments Historiques», o a las «Comisiones Provinciales de Monumentos», como especialmente implicadas en estos temas de salvaguardia oficial de nuestra Prehistoria en la segunda mitad del siglo pasado y en las primeras décadas del presente.
Las Reales Academias Españolas de San Fernando y de la Historia, responsabilizadas de oficio en la catalogación de los monumentos artísticos e históricos, igual que la similar Académie des Inscriptions et Belles Lettres francesa, intentan recoger noticias de hallazgos, divulgarlos en sus publicaciones periódicas y organizar las concesiones de permisos de excavación (informándolas en su caso) en aquellas épocas en que se iniciaba la Ciencia prehistórica. El informe remitido en 1833 por el Alcalde de Salvatierra a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando sobre el recién descubierto dolmen de Aizkomendi o las noticias que va recogiendo el P. Fidel Fita en el «Boletín de la Real Academia de la Historia» sobre antigüedades vascas (p. ej. en 1908 sobre las cuevas de Aitzbitarte, o en 1911 sobre los dólmenes navarros) ilustran suficientemente, con su evidente buena intención pero también con su exigüidad, los alcances reales de aquella «política» oficial.
De hecho serán por estas mismas fechas las «Comisiones Provinciales de Monumentos Históricos y Artísticos») (creadas en 1844 y con reglamento desde 1865) quienes asuman de modo más efectivo por lo directo, aunque con desigual intensidad, y entre otras competencias, la promoción de la incipiente arqueología de campo en Guipúzcoa, Vizcaya, Álava y Navarra. Las Comisiones eran presididas por los respectivos gobernadores civiles e integraban a significados eruditos entre los que se hallan aquellos nombres pioneros de nuestra Prehistoria: tal es el caso de Ladislao de Velasco que coordinaba la Comisión de Álava a partir de 1867 o de J. Iturralde y Suit que era vicepresidente de la de Navarra en las dos últimas décadas de ese mismo siglo. El objetivo prioritario de aquellas Comisiones, la recogida y conservación de los restos «monumentales» del pasado, se ejercía habitualmente a través de la publicación de «Boletines» donde se informaba de los hallazgos, y de la constitución de incipientes colecciones públicas germen de los actuales museos provinciales. En el ejemplo de lo realizado por la Comisión de Navarra se expresa suficientemente, y por extensión, la especial vitalidad de esos organismos provinciales en las dos primeras décadas del siglo. La Comisión de Navarra fue quien alentó los trabajos de prospección dolménica de Iturralde y Suit y quien encargó, de 1913 a 1917, a T. de Aranzadi y F. de Ansoleaga la excavación de los monumentos del Aralar; en su Boletín, precisamente, se publicará, en 1911 (en dos entregas) la síntesis de Iturralde y Suit «Monumentos megalíticos de Navarra» y en 1915 la primera memoria de excavaciones arqueológicas de cinco dólmenes de Aralar por Aranzadi y Ansoleaga. De otro lado, se suceden en el Boletín numerosas noticias de exploraciones, hallazgos y adquisiciones (así, p. ej. en los volúmenes de 1910, 1911, 1919, 1923, 1926, 1927,...) que van constituyéndose en fondo de materiales de dominio público a partir de la creación de un museo «oficial» de Arqueología en la Cámara de Comptos de Pamplona, en 1910.
La actividad de aquellas Comisiones languidece, por lo común, a partir de los años 20 asumiendo después las Diputaciones la promoción efectiva de la Arqueología provincial, mediante subvenciones de los trabajos de excavación y de la publicación de las memorias científicas correspondientes. Especialmente destacada es la actuación de la Diputación de Guipúzcoa que correrá con los gastos de las excavaciones dolménicas y de algunos yacimientos en cuevas (Ermittia, Urtiaga) por Aranzadi, Barandiarán y Eguren entre 1917 y 1936, y publicará una apretada serie de importantes monografías: en 1919 la memoria de la exploración de nueve dólmenes del Aralar guipuzcoano, en 1920 la de siete dólmenes de Ataun-Borunda, en 1921 la de ocho dólmenes de Altzania, en 1922 la de dieciséis dólmenes de Elosua-Plazentzia, y en 1923 la de cuatro dólmenes de Belabieta, que firman T. de Aranzadi, J. M. de Barandiarán y E. de Eguren; en 1924 la memoria de excavaciones de ocho dólmenes del Aralar y en 1928 la de los resultados de exploraciones prehistóricas en Guipúzcoa entre 1924 y 1927 (entre otras las de las cuevas de Ermittia y Arbil), firmadas ambas por T. de Aranzadi y E. de Eguren. La Diputación de Vizcaya, por su parte, había subvencionado con regularidad las excavaciones en cuevas de la provincia, antes de la guerra, por Aranzadi, Barandiarán y Eguren, corriendo además a su cargo la publicación de los resultados (en tres correctos volúmenes editados de Santimamiñe y Lumentxa, en los años. 1925, 1931 y 1935).
Inmediatamente después de las últimas guerras (la civil de España de 1936 a 1939 y la Segunda mundial para Francia) se va a producir una profunda reorganización de la gestión estatal de la Prehistoria. Las anteriores Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades y la Commission des Monuments Historiques, de nula presencia en nuestra arqueología, son sustituidas por otros organismos. En España, dentro de la Dirección General de Bellas Artes, se crean en 1940 unas Comisarías de Zona (comprendidas en las distintas Universidades) delegadas de la «Comisaría General de Excavaciones» y, a su vez, subdivididas en Comisarías provinciales y hasta locales, en tanto que el territorio francés queda organizado en «Circonscriptions d'Antiquités Préhistoriques et Historiques» (agrupando a varios Departamentos administrativos). Esos organismos se harán cargo de la concesión de los permisos de excavación y de su eventual supervisión y, en algunos casos, subvencionarán sus presupuestos y publicarán sus resultados en distintas series oficiales (antes en «Informes y Memorias» y a partir de mediada la década de los 50 en «Noticiario Arqueológico Hispánico» y en «Excavaciones Arqueológicas en España», para España; y en «Gallia» y, ahora, en «Gallia Préhistoire» para Francia).
Paralelamente a aquellos organismos de la Administración Central, las Diputaciones de Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra reanudan, después de la guerra española, su presencia en la promoción de la Prehistoria provincial. Normalmente su acción fue de subvención económica de los trabajos de campo o de apoyo de organismos provinciales nuevos (tal las llamadas Juntas o Consejos de Cultura o las Instituciones) o de gestión y promoción de las colecciones públicas o, en casos más excepcionales, de restauración y protección de los monumentos. Es evidente que no existió un modelo de comportamiento homogéneo entre las cuatro Diputaciones pues eran distintas sus posibilidades presupuestarias (y hasta sus regímenes de hacienda pública) y también varios, y con excesivos altibajos, los planteamientos de su política cultural. Sin poder formular aquí una caracterización muy precisa de lo planteado y hecho en aquel difícil período de dilatada postguerra se debe señalar cierta tendencia al «oficialismo» en la gestión de la Arqueología a través de la contratación de equipos de profesionales, de reconocido prestigio ciertamente, aunque ignorantes de las características y necesidades de las investigaciones de la Prehistoria del lugar. Así, es de justicia decirlo, se continuaba en parte el proceso genérico de los trabajos de campo y de las publicaciones sobre Arqueología vasca, pero se interrumpían de hecho unas líneas de trabajos ya consolidados (en lo paleolítico o lo dolménico, por ejemplo) para afrontar otros ámbitos (así la Protohistoria o la romanización) peor conocidos. Por otro lado, se produjeron evidentes discontinuidades en los desarrollos de los programas establecidos pues era difícil a aquellos hombres importantes de la Arqueología española compaginar los tiempos reservados al trabajo contratado en estas provincias con el oficio desempeñado habitualmente en otros lugares del Estado (Universidades, Museos, Centros de investigación). La situación habrá de ir cambiando con el tiempo, ya a partir de los comienzos de los años 50, cuando se produzca la vuelta del exilio de J. M. de Barandiarán y vayan apareciendo en cada provincia especialistas de distintas procedencias (antiguos discípulos de J. M. de Barandiarán o colaboradores suyos, prospectores locales, investigadores relacionados con los Museos correspondientes). Y con ello, y en un período de tiempo no demasiado dilatado, la multiplicación de equipos eficientes de investigación arqueológica «privados», que acabarán asumiendo y protagonizando, en la mayoría de los casos, las Juntas de Cultura y las otras instituciones de las Diputaciones. Apuntar ahora brevemente lo sucedido en Vizcaya por esos años sirve de modelo bastante aproximado de lo que fue la Arqueología «oficial» en Álava o en Navarra en esas dos décadas (1939-1960). En 1942 la recién creada Junta de Cultura de la Diputación de Vizcaya encomendó al equipo formado por B. Taracena y A. Fernández Avilés la tarea de reemprender las excavaciones en esa provincia. Fruto de ello fue el trabajo, en el mismo 1942, en el castro protohistórico de Navarniz y, luego, en el yacimiento de la cueva de Ginerradi o Peña Forua. De lo realizado se publicó sólo la memoria de Navarniz, en 1945, a expensas de aquella Junta de Cultura, añadiéndose ahí varias páginas de revisión bibliográfica y de notas sobre hallazgos de las Edades del Bronce y del Hierro, junto a un planteamiento teórico, bastante doctrinal, sobre la protohistoria vasca y sus elementos (lingüísticos, antropológicos y culturales). La misma Junta publicó en 1943 el volumen de monografía de cavernas y simas de la provincia, por A. Ferrer. Luego, durante una docena de años, se produce una detención casi total en la actividad arqueológica. En 1958, la Diputación de Vizcaya creó un «Servicio de Investigaciones Arqueológicas», encomendado a la Junta del Patronato del Museo Arqueológico de Bilbao. Por él se encauzarán las excavaciones que J. M. de Barandiarán realizará en el Señorío durante los años inmediatos, mediante su subvención y el cuidado de editar sus resultados. Ese Servicio publicará en estos años sendos fascículos dedicados a las campañas de excavaciones de Sagastigorri, de Kurtzia y primera y segunda de Atxeta, editadas respectivamente en 1959, 1960 y 1961. La Diputación vizcaína, a través de ese Servicio, que gestiona el entonces responsable del Museo Arqueológico M. Grande, estará presente y fomentará en el paso de década de los 50 a los 60 diversas actuaciones de interés para la Prehistoria provincial: la edición de la revista «Kobie» y el apoyo a su directo responsable, el Grupo Espeleológico Vizcaíno; la publicación de algunos catálogos (así el de cuevas con yacimiento por E. Nolte en 1963); la intervención en el Patronato del Museo de Vizcaya y, como propietaria, en la gestión de cara al turismo de la cueva de Santimamiñe. Como se señaló, el ejemplo aducido a lo vizcaíno puede utilizarse para entender la orientación de las investigaciones por aquellos años en las otras provincias.
Avanzada la década de los cincuenta, se aprecia un notable incremento de las prospecciones e investigaciones de campo por parte de grupos locales o regionales, a veces de inspiración espontánea y lo más a menudo decantándose en torno a José Miguel de Barandiarán. En muy poco tiempo, la mayor parte de esos grupos privados irán consiguiendo la tutela de las entidades públicas, en los Servicios de Cultura y de Investigación de las Diputaciones donde se insertan y cuyo protagonismo acabarán asumiendo. Es éste un fenómeno generalizado de integración y potenciación de la iniciativa privada en cauces públicos.
En 1981, y con el inicio de la nueva organización del Estado español en Entes Autonómicos, se produjo la total transferencia de las competencias sobre gestión y control del patrimonio arqueológico a la Comunidad Autónoma de Euskadi. La situación de «autogestión» de lo prehistórico en Guipúzcoa, Álava y Vizcaya, se ha extendido, en 1983, a la recién creada Comunidad de Navarra. De lo ya realizado en este orden de cosas en la nueva situación administrativa es de destacar la incipiente cooperación económica del Gobierno Vasco en la subvención de algunas pocas excavaciones o a la publicación de resultados: Gobierno Vasco y Diputación Foral de Vizcaya van corriendo con los gastos de las excavaciones de Arenaza: la ayuda económica del Gobierno Vasco y de la Diputación Foral de Guipúzcoa han contribuido a la edición de la Carta Arqueológica de Guipúzcoa (en 1982, dentro del volumen 34 de la revista «Munibe»); el mismo Gobierno Autónomo ha realizado la exposición itinerante-didáctica «150.000 años de Prehistoria vasca». Ultimamente, la gestión del patrimonio arqueológico (permisos, subvención y control de las excavaciones,...) ha sido administrativamente reorganizada. Culminado el proceso de trasferencias en la C. F. de Navarra, se ha constituido en 1985 su Consejo de Cultura en cuyo seno se articula una Comisión Técnica de Arqueología encargada de aquellas funciones. En la C. A. de Euskadi la Ley de Territorios Históricos ha producido una reestructuración -a nivel provincial- de responsabilidades, a través de una Junta Asesora de Arqueología (organizada en abril de 1986 y diciembre de 1987). La Ley General del Patrimonio, de 1986, pretende regular todas las materias afectas a lo arqueológico en el ámbito estatal.
Las carteras ministeriales relacionadas con la instrucción pública y enseñanza, con la cultura o la investigación han sido, en Francia y en España, las que -en diferentes etapas de estos últimos cien años- han asumido la responsabilidad de proteger los estudios de Prehistoria, normalmente a través de altos organismos de la cultura oficial o por delegaciones territoriales. Debe citarse concretamente a la «Real Academia de Bellas Artes de San Fernando», a la «Académie des Inscriptions et Belles Lettres», a la «Comission des Monuments Historiques», o a las «Comisiones Provinciales de Monumentos», como especialmente implicadas en estos temas de salvaguardia oficial de nuestra Prehistoria en la segunda mitad del siglo pasado y en las primeras décadas del presente.
Las Reales Academias Españolas de San Fernando y de la Historia, responsabilizadas de oficio en la catalogación de los monumentos artísticos e históricos, igual que la similar Académie des Inscriptions et Belles Lettres francesa, intentan recoger noticias de hallazgos, divulgarlos en sus publicaciones periódicas y organizar las concesiones de permisos de excavación (informándolas en su caso) en aquellas épocas en que se iniciaba la Ciencia prehistórica. El informe remitido en 1833 por el Alcalde de Salvatierra a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando sobre el recién descubierto dolmen de Aizkomendi o las noticias que va recogiendo el P. Fidel Fita en el «Boletín de la Real Academia de la Historia» sobre antigüedades vascas (p. ej. en 1908 sobre las cuevas de Aitzbitarte, o en 1911 sobre los dólmenes navarros) ilustran suficientemente, con su evidente buena intención pero también con su exigüidad, los alcances reales de aquella «política» oficial.
De hecho serán por estas mismas fechas las «Comisiones Provinciales de Monumentos Históricos y Artísticos») (creadas en 1844 y con reglamento desde 1865) quienes asuman de modo más efectivo por lo directo, aunque con desigual intensidad, y entre otras competencias, la promoción de la incipiente arqueología de campo en Guipúzcoa, Vizcaya, Álava y Navarra. Las Comisiones eran presididas por los respectivos gobernadores civiles e integraban a significados eruditos entre los que se hallan aquellos nombres pioneros de nuestra Prehistoria: tal es el caso de Ladislao de Velasco que coordinaba la Comisión de Álava a partir de 1867 o de J. Iturralde y Suit que era vicepresidente de la de Navarra en las dos últimas décadas de ese mismo siglo. El objetivo prioritario de aquellas Comisiones, la recogida y conservación de los restos «monumentales» del pasado, se ejercía habitualmente a través de la publicación de «Boletines» donde se informaba de los hallazgos, y de la constitución de incipientes colecciones públicas germen de los actuales museos provinciales. En el ejemplo de lo realizado por la Comisión de Navarra se expresa suficientemente, y por extensión, la especial vitalidad de esos organismos provinciales en las dos primeras décadas del siglo. La Comisión de Navarra fue quien alentó los trabajos de prospección dolménica de Iturralde y Suit y quien encargó, de 1913 a 1917, a T. de Aranzadi y F. de Ansoleaga la excavación de los monumentos del Aralar; en su Boletín, precisamente, se publicará, en 1911 (en dos entregas) la síntesis de Iturralde y Suit «Monumentos megalíticos de Navarra» y en 1915 la primera memoria de excavaciones arqueológicas de cinco dólmenes de Aralar por Aranzadi y Ansoleaga. De otro lado, se suceden en el Boletín numerosas noticias de exploraciones, hallazgos y adquisiciones (así, p. ej. en los volúmenes de 1910, 1911, 1919, 1923, 1926, 1927,...) que van constituyéndose en fondo de materiales de dominio público a partir de la creación de un museo «oficial» de Arqueología en la Cámara de Comptos de Pamplona, en 1910.
La actividad de aquellas Comisiones languidece, por lo común, a partir de los años 20 asumiendo después las Diputaciones la promoción efectiva de la Arqueología provincial, mediante subvenciones de los trabajos de excavación y de la publicación de las memorias científicas correspondientes. Especialmente destacada es la actuación de la Diputación de Guipúzcoa que correrá con los gastos de las excavaciones dolménicas y de algunos yacimientos en cuevas (Ermittia, Urtiaga) por Aranzadi, Barandiarán y Eguren entre 1917 y 1936, y publicará una apretada serie de importantes monografías: en 1919 la memoria de la exploración de nueve dólmenes del Aralar guipuzcoano, en 1920 la de siete dólmenes de Ataun-Borunda, en 1921 la de ocho dólmenes de Altzania, en 1922 la de dieciséis dólmenes de Elosua-Plazentzia, y en 1923 la de cuatro dólmenes de Belabieta, que firman T. de Aranzadi, J. M. de Barandiarán y E. de Eguren; en 1924 la memoria de excavaciones de ocho dólmenes del Aralar y en 1928 la de los resultados de exploraciones prehistóricas en Guipúzcoa entre 1924 y 1927 (entre otras las de las cuevas de Ermittia y Arbil), firmadas ambas por T. de Aranzadi y E. de Eguren. La Diputación de Vizcaya, por su parte, había subvencionado con regularidad las excavaciones en cuevas de la provincia, antes de la guerra, por Aranzadi, Barandiarán y Eguren, corriendo además a su cargo la publicación de los resultados (en tres correctos volúmenes editados de Santimamiñe y Lumentxa, en los años. 1925, 1931 y 1935).
Inmediatamente después de las últimas guerras (la civil de España de 1936 a 1939 y la Segunda mundial para Francia) se va a producir una profunda reorganización de la gestión estatal de la Prehistoria. Las anteriores Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades y la Commission des Monuments Historiques, de nula presencia en nuestra arqueología, son sustituidas por otros organismos. En España, dentro de la Dirección General de Bellas Artes, se crean en 1940 unas Comisarías de Zona (comprendidas en las distintas Universidades) delegadas de la «Comisaría General de Excavaciones» y, a su vez, subdivididas en Comisarías provinciales y hasta locales, en tanto que el territorio francés queda organizado en «Circonscriptions d'Antiquités Préhistoriques et Historiques» (agrupando a varios Departamentos administrativos). Esos organismos se harán cargo de la concesión de los permisos de excavación y de su eventual supervisión y, en algunos casos, subvencionarán sus presupuestos y publicarán sus resultados en distintas series oficiales (antes en «Informes y Memorias» y a partir de mediada la década de los 50 en «Noticiario Arqueológico Hispánico» y en «Excavaciones Arqueológicas en España», para España; y en «Gallia» y, ahora, en «Gallia Préhistoire» para Francia).
Paralelamente a aquellos organismos de la Administración Central, las Diputaciones de Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra reanudan, después de la guerra española, su presencia en la promoción de la Prehistoria provincial. Normalmente su acción fue de subvención económica de los trabajos de campo o de apoyo de organismos provinciales nuevos (tal las llamadas Juntas o Consejos de Cultura o las Instituciones) o de gestión y promoción de las colecciones públicas o, en casos más excepcionales, de restauración y protección de los monumentos. Es evidente que no existió un modelo de comportamiento homogéneo entre las cuatro Diputaciones pues eran distintas sus posibilidades presupuestarias (y hasta sus regímenes de hacienda pública) y también varios, y con excesivos altibajos, los planteamientos de su política cultural. Sin poder formular aquí una caracterización muy precisa de lo planteado y hecho en aquel difícil período de dilatada postguerra se debe señalar cierta tendencia al «oficialismo» en la gestión de la Arqueología a través de la contratación de equipos de profesionales, de reconocido prestigio ciertamente, aunque ignorantes de las características y necesidades de las investigaciones de la Prehistoria del lugar. Así, es de justicia decirlo, se continuaba en parte el proceso genérico de los trabajos de campo y de las publicaciones sobre Arqueología vasca, pero se interrumpían de hecho unas líneas de trabajos ya consolidados (en lo paleolítico o lo dolménico, por ejemplo) para afrontar otros ámbitos (así la Protohistoria o la romanización) peor conocidos. Por otro lado, se produjeron evidentes discontinuidades en los desarrollos de los programas establecidos pues era difícil a aquellos hombres importantes de la Arqueología española compaginar los tiempos reservados al trabajo contratado en estas provincias con el oficio desempeñado habitualmente en otros lugares del Estado (Universidades, Museos, Centros de investigación). La situación habrá de ir cambiando con el tiempo, ya a partir de los comienzos de los años 50, cuando se produzca la vuelta del exilio de J. M. de Barandiarán y vayan apareciendo en cada provincia especialistas de distintas procedencias (antiguos discípulos de J. M. de Barandiarán o colaboradores suyos, prospectores locales, investigadores relacionados con los Museos correspondientes). Y con ello, y en un período de tiempo no demasiado dilatado, la multiplicación de equipos eficientes de investigación arqueológica «privados», que acabarán asumiendo y protagonizando, en la mayoría de los casos, las Juntas de Cultura y las otras instituciones de las Diputaciones. Apuntar ahora brevemente lo sucedido en Vizcaya por esos años sirve de modelo bastante aproximado de lo que fue la Arqueología «oficial» en Álava o en Navarra en esas dos décadas (1939-1960). En 1942 la recién creada Junta de Cultura de la Diputación de Vizcaya encomendó al equipo formado por B. Taracena y A. Fernández Avilés la tarea de reemprender las excavaciones en esa provincia. Fruto de ello fue el trabajo, en el mismo 1942, en el castro protohistórico de Navarniz y, luego, en el yacimiento de la cueva de Ginerradi o Peña Forua. De lo realizado se publicó sólo la memoria de Navarniz, en 1945, a expensas de aquella Junta de Cultura, añadiéndose ahí varias páginas de revisión bibliográfica y de notas sobre hallazgos de las Edades del Bronce y del Hierro, junto a un planteamiento teórico, bastante doctrinal, sobre la protohistoria vasca y sus elementos (lingüísticos, antropológicos y culturales). La misma Junta publicó en 1943 el volumen de monografía de cavernas y simas de la provincia, por A. Ferrer. Luego, durante una docena de años, se produce una detención casi total en la actividad arqueológica. En 1958, la Diputación de Vizcaya creó un «Servicio de Investigaciones Arqueológicas», encomendado a la Junta del Patronato del Museo Arqueológico de Bilbao. Por él se encauzarán las excavaciones que J. M. de Barandiarán realizará en el Señorío durante los años inmediatos, mediante su subvención y el cuidado de editar sus resultados. Ese Servicio publicará en estos años sendos fascículos dedicados a las campañas de excavaciones de Sagastigorri, de Kurtzia y primera y segunda de Atxeta, editadas respectivamente en 1959, 1960 y 1961. La Diputación vizcaína, a través de ese Servicio, que gestiona el entonces responsable del Museo Arqueológico M. Grande, estará presente y fomentará en el paso de década de los 50 a los 60 diversas actuaciones de interés para la Prehistoria provincial: la edición de la revista «Kobie» y el apoyo a su directo responsable, el Grupo Espeleológico Vizcaíno; la publicación de algunos catálogos (así el de cuevas con yacimiento por E. Nolte en 1963); la intervención en el Patronato del Museo de Vizcaya y, como propietaria, en la gestión de cara al turismo de la cueva de Santimamiñe. Como se señaló, el ejemplo aducido a lo vizcaíno puede utilizarse para entender la orientación de las investigaciones por aquellos años en las otras provincias.
Avanzada la década de los cincuenta, se aprecia un notable incremento de las prospecciones e investigaciones de campo por parte de grupos locales o regionales, a veces de inspiración espontánea y lo más a menudo decantándose en torno a José Miguel de Barandiarán. En muy poco tiempo, la mayor parte de esos grupos privados irán consiguiendo la tutela de las entidades públicas, en los Servicios de Cultura y de Investigación de las Diputaciones donde se insertan y cuyo protagonismo acabarán asumiendo. Es éste un fenómeno generalizado de integración y potenciación de la iniciativa privada en cauces públicos.
En 1981, y con el inicio de la nueva organización del Estado español en Entes Autonómicos, se produjo la total transferencia de las competencias sobre gestión y control del patrimonio arqueológico a la Comunidad Autónoma de Euskadi. La situación de «autogestión» de lo prehistórico en Guipúzcoa, Álava y Vizcaya, se ha extendido, en 1983, a la recién creada Comunidad de Navarra. De lo ya realizado en este orden de cosas en la nueva situación administrativa es de destacar la incipiente cooperación económica del Gobierno Vasco en la subvención de algunas pocas excavaciones o a la publicación de resultados: Gobierno Vasco y Diputación Foral de Vizcaya van corriendo con los gastos de las excavaciones de Arenaza: la ayuda económica del Gobierno Vasco y de la Diputación Foral de Guipúzcoa han contribuido a la edición de la Carta Arqueológica de Guipúzcoa (en 1982, dentro del volumen 34 de la revista «Munibe»); el mismo Gobierno Autónomo ha realizado la exposición itinerante-didáctica «150.000 años de Prehistoria vasca». Ultimamente, la gestión del patrimonio arqueológico (permisos, subvención y control de las excavaciones,...) ha sido administrativamente reorganizada. Culminado el proceso de trasferencias en la C. F. de Navarra, se ha constituido en 1985 su Consejo de Cultura en cuyo seno se articula una Comisión Técnica de Arqueología encargada de aquellas funciones. En la C. A. de Euskadi la Ley de Territorios Históricos ha producido una reestructuración -a nivel provincial- de responsabilidades, a través de una Junta Asesora de Arqueología (organizada en abril de 1986 y diciembre de 1987). La Ley General del Patrimonio, de 1986, pretende regular todas las materias afectas a lo arqueológico en el ámbito estatal.