II República. La proclamación de la II República, en abril de 1931, supuso un nuevo auge para las organizaciones obreras, con un salto cuantitativo y cualitativo, al contemplarse una mayor politización de la vida sindical, fruto sin duda de la madurez alcanzada por el movimiento obrero. La efervescencia política que acompañó a la aparición del nuevo régimen hizo aumentar considerablemente el porcentaje de sindicación (que en 1933 alcanzó al 32,48 % de la población activa de Vizcaya, al 30,77 % de la de Guipúzcoa, 18,70 % de la de Navarra y 1 1,06 % de la de Alava). Así, la UGT-favorecida por la presencia socialista en los primeros gobiernos de la República- llegó a tener unos 34.000 afiliados en Vizcaya en 1933, mientras que los solidarios alcanzaron, en las cuatro provincias, unos 37.000, cifras que por sí solas indican el peso de los sindicatos en la vida política de esos años. Estos dos sindicatos fueron los que experimentaron un mayor crecimiento, mejorando sustancialmente su organización y estructura interna (creación de Federaciones por industrias y de Federaciones provinciales, por ejemplo), sin olvidar a los comunistas, que crearon también, en esos años, su propia central sindical, la Confederación General del Trabajo Unitario, los llamados sindicatos rojos, que acabaron ingresando de nuevo en la UGT en 1935, y que tuvieron un peso notable en Vizcaya y Guipúzcoa, donde en mayo de 1931 protagonizaron una huelga que produjo graves altercados en Pasajes. Sin embargo, la conflictividad durante el primer bienio de la República, aunque muy superior a la de los años de la Dictadura, no fue especialmente grave. La aguda crisis de trabajo y la moderación del socialismo vasco (dirigido siempre por Prieto), confiado en el carácter reformista del régimen y en el protagonismo de los Jurados Mixtos para la resolución de los problemas laborales, explican esa relativa ausencia de conflictos. El cambio de gobierno republicano, en 1933, y la paralización de las reformas radicalizó las luchas sociales. La UGT abandonó su moderación y pasó a defender posturas revolucionarias, lo que le acercó a anarquistas y comunistas, con los que intentó llegar a un acuerdo de unidad obrera frente al peligro de la expansión fascista en España. La conflictividad laboral se disparó a partir de esa fecha, destacando el elevado número de huelgas generales de carácter político. En esa radicalización pesó también la postura de la organización patronal, reforzada también en esas fechas, y que opuso férrea resistencia a las reivindicaciones obreras. En estas condiciones, el movimiento obrero se radicalizó. Los sindicatos católicos, convertidos en Sindicatos Profesionales, perdieron prácticamente todo su peso (aunque conservaron su organización en Alava y en Navarra, donde también hubo un fuerte crecimiento ugetista, extendiéndose su organización por la zona de la Ribera y otros núcleos) en favor de los nacionalistas de Solidaridad, más reivindicativos. La fecha cumbre de esa conflictividad creciente fue el intento revolucionario de octubre de 1934 -primer intento serio de toma de poder por parte de los obreros- ampliamente seguido en Vizcaya y en Guipúzcoa, con duros enfrentamientos con las fuerzas del orden y el ejército que produjeron numerosas víctimas. A la convocatoria revolucionaria conjunta de socialiastas, anarquistas y comunistas, respondió también Solidaridad -pese a la negativa del PNV- cuyos afiliados participaron en la huelga. El fracaso de ésta y la fuerte represión posterior debilitó a los sindicatos, disminuyendo su actividad en los meses siguientes. La unidad obrera también quedó seriamente quebrada, produciéndose, incluso, fuertes disensiones en el seno del movimiento socialista que, en el País Vasco, retomó, mayoritariamente, la línea moderada de Indalecio Prieto. La victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936 volvió a cambiar la tendencia, viviéndose en los meses siguientes uno de los períodos de mayor conflictividad, con durísimos enfrentamientos entre sindicatos -que multiplicaron sus acciones reivindicativas laborales y políticas- y la patronal, que opuso una postura intransigente. El estallido de la Guerra Civil, en julio de 1936, obligó a los sindicatos a abandonar su política reivindicativa y sus afiliados -tanto nacionalistas como socialistas, anarquistas y comunistas engrosaron las trincheras en defensa de la República. Su derrota les obligó a pasar a la clandestinidad o al exilio, desapareciendo de la vida pública.
Félix LUENGO TEIXIDOR
Félix LUENGO TEIXIDOR