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Inspección educativa en Euskal Herria

Información complementaria



La inspección educativa está incardinada en uno de los cometidos fundamentales del Gobierno, que es cumplir las leyes y hacerlas cumplir en el ámbito educativo. La vigilancia debida por parte del Estado está a cargo de los inspectores, ejerciendo las facultades y deberes que el ministerio les encomienda. Hay que recordar que la inspección es una función que se creó tardíamente y que va unida al desarrollo del Estado liberal y a la necesaria vigilancia y control de las actividades escolares por parte de las autoridades públicas.

No obstante, esta concepción centralista del sistema educativo, que en Francia se produce a finales del siglo XVIII y en el Estado español a mediados del siglo XIX, no supone que la vigilancia de las escuelas fuese desconocida en Euskal Herria. Así, en las Cortes de Navarra, a finales del siglo XVIII, se aprueban leyes que establecen la figura del Superintendente, a quien se rinde cuenta del control de los maestros y de las escuelas. Esta política se mantiene en la Junta Superior de Educación Navarra, entre 1828 y 1936, mientras tuvo el control de la actividad educativa del Reino de Navarra. Otro tanto ocurre en Gipuzkoa con el Plan para las Escuelas de 1824, donde se habla de las funciones del "veedor" de escuelas y de las Juntas de inspección. O también el caso de Iparralde en el que se regulaba que los inspectores que tuvieran que inspeccionar las escuelas del territorio vasco tenía que conocer el euskara, como ocurrirá más tarde en España. Por lo tanto, todo este desarrollo iba orientado a despojar a los ayuntamientos de las funciones de inspección, que resultaba tradicional.

La creación del cuerpo de inspectores en 1849, en el caso español, supuso un avance en el desarrollo de las funciones administrativas del control por parte del Estado. La inspección surge para hacer posible la necesidad de controlar, promover y vigilar la legislación en cada momento vigente. En este sentido se expresa el artículo 294 de la famosa ley Moyano de 1857: "El gobierno ejercerá su inspección y vigilancia sobre los establecimientos de instrucción, así públicos como privados". Este principio se irá regulando con la creación de los inspectores generales y provinciales. A lo largo del siglo XIX las reformas de la inspección se hicieron patentes, ante las críticas recibidas por parte del magisterio, que se consideraba el más perjudicado debido a las actividades de control más que pedagógica a la que estaban sometidos y donde el inspector es percibido como un agente gubernativo, que fiscaliza y juzga la actividad del magisterio. No obstante, hay que tener en cuenta que el número de inspectores era escaso, por lo menos uno en cada provincia, además de subinspectores- y de que la actividad que tenían que desarrollar era abundante, entre las labores puramente burocráticas y el régimen de visitas a las que estaban sometidos. Por otra parte, el hecho de que su dependencia y nombramiento fuese gubernativo, hacía de la inspección un blanco deseado de las políticas caciquistas de la época. De todo ello se desprende que la función inspectora ni podía alcanzar a todas las escuelas existentes, ni que su labor fuese pedagógica, sino más bien fiscalizadora.

A principios del siglo XX se hacía inaplazable una reforma en profundidad, en consonancia con las reformas que se estaban llevando acabo en las escuelas normales del magisterio, y en la enseñanza primaria. El ministro Romanones, desde el recién creado Ministerio de Instrucción Pública en 1900, insistirá en la misión fiscalizadora de la inspección sobre cuantos ejercen el magisterio. La tensión que se plantea en estos momentos en la inspección se sitúa en acentuar su función fiscalizadora o en la de favorecer la función educativa, para un cuerpo de inspectores que en 1905 era de 150 personas en todo el Estado. Hasta 1910 la inspección estaba vinculada a las Juntas provinciales, pero desde esa fecha dependerán directamente del Ministerio. La Dictadura de Primo de Rivera introdujo un nuevo cambio y los inspectores pasaron a colaborar con los delegados gubernamentales en las provincias. El franquismo volverá a mantener este modelo centralizado hasta que con el Estado de las Autonomías se recupere la cercanía administrativa, aunque el Estado se reserve la Alta Inspección. En este artículo nos vamos a referir a la Inspección en la segunda mitad del siglo XIX, pues a partir del siglo XX, el modelo imperante es el del Estado.

En Euskal Herria el modelo de la inspección centralista se va a imponer, pues se entiende en la mentalidad de liberal del siglo XIX que esa función es eficaz para el desarrollo de las políticas públicas. No obstante, y debido a la vigencia de los fueros, las diputaciones de Gipuzkoa, Bizkaia y Álava protestaron por las previsibles consecuencias de la aplicación de la Ley Moyano de 1857 que suponía el establecimiento de un inspector por provincia. Los diputados vascos solicitaban que, ya que tenían que pagarlo, preferían uno para los tres territorios. Así se aceptó por parte del Ministerio en 1859, a través de un Real Decreto de reforma. No obstante, a partir de 1860 ya observamos inspecciones de las escuelas de los territorios por parte de un inspector diferente en cada una de ellas.

Estos inspectores entraron en servicio de forma inmediata, si nos atenemos a las visitas de inspección realizadas en 1859 y 1860 en Álava, en 1860 en Gipuzkoa y en Bizkaia en 1861. Hasta el sexenio revolucionario, las visitas efectuadas por los inspectores serán frecuentes: en 1862 (Álava y Gipuzkoa), 1866 (Álava, Gipuzkoa y Bizkaia), 1867 (Bizkaia) y 1868 (Bizkaia y Gipuzkoa). Entre 1869 y 1877 no se realizó ningún tipo de visitas a las escuelas, debido a las circunstancias de guerra civil por las que atravesaba el País en esa época. No hace falta recordar las dificultades de estas visitas de inspección por ejemplo en el territorio de Gipuzkoa, donde el inspector se trasladaba a caballo, para recorrer las escuelas de pueblos inaccesibles. La labor de la inspección no se ceñía únicamente a vigilar su situación, sino a posibilitar la introducción de métodos nuevos de enseñanza. Además recogía datos que favorecían la confección de una estadística sobre datos relativos al magisterio, material escolar, libros de texto, asistencia de alumnos, métodos de enseñanza, etc. Estos informes se remitían al Rectorado de Valladolid, para el caso de las Provincias Vascongadas, o al de Zaragoza para Navarra.

Bizkaia es el territorio histórico que más tarde organizó las visitas de inspección, pues hasta 1866 no será visitada en la forma y detención preceptiva. El inspector Narciso Ramírez Vas, aconseja la utilización de los textos aprobados por el Gobierno. En cuanto a la utilización del castellano en las escuelas se invita a los maestros a: "principiar cuando los niños comprendan regularmente el castellano, por cuya razón las secciones se ocuparán, en este ejercicio todo el tiempo que se destine a gramática". Estas recomendaciones se realizan sobre todo al profesorado de los pueblos situados en zonas rurales, tanto en la costa como en el interior: Kortezubi, Arteaga, Ea, Lekeitio, Murelaga, Yurreta, Yruna, Mañaria, Abadiano, Apatamonasterio, Elorrio, Axpe, Arrieta, Rigoitia, Múgica, Urduliz, Plencia, Gorliz, Lumo, etc. Comparadas estas recomendaciones sobre el castellano, con las que dará el inspector de Gipuzkoa, en el caso de Bizkaia puede afirmarse que la represión sobre el euskara no fue tan perseverante.

El estado general de las escuelas era, por lo general, satisfactorio en la mayoría de los pueblos visitados por el inspector. Durante la vigencia carlista fueron pocas las oportunidades que tuvo la inspección de conectar con los maestros, ya que las labores de inspección las asumían las respectivas Juntas provinciales carlistas con sede en Tolosa y Durango.

Desde 1877 hasta 1899 la inspección estuvo a cargo de Joaquín Núñez Loscos, nacido en 1835 en Crivillen, provincia de Teruel. La labor desarrollada por este inspector fue ampliamente reconocida por todos en la provincia, desde las juntas locales hasta la diputación provincial y el gobernador civil de la misma, que en 1878 solicitará la Cruz de Carlos III, dadas las cualidades demostradas por su celo y laboriosidad. Debido a su iniciativa se crearon varias escuelas, se modificaron distritos escolares y arreglo de edificios. La Diputación llegó incluso a aumentarle considerablemente el sueldo en merecida justicia a su labor, labor con la que no sólo estaban agradecidas las autoridades, sino también los maestros que, en 1893, le tributaron un homenaje de gratitud.

Del resumen de las visitas de inspección efectuadas en 1860, por el inspector Julián de Ordozgoiti, se desprende que fueron un total de 177 las escuelas visitadas en Álava. La asistencia a las escuelas era mayor en la capital que en la provincia. El sistema de enseñanza, al igual que ocurre en Bizkaia y Gipuzkoa, era predominantemente el simultáneo, seguido del mixto según el tamaño de los grupos, aunque el sistema individual continúa aplicándose en pueblos pequeños. Los premios y castigos utilizados en las escuelas, según declaración de los maestros, tienen una gran variedad: cuadros de honor, retenciones, de rodillas, alabanza, billetes, avanzar puestos, leer máximas de moral, etc.

En ninguno de los informes emitidos por la inspección se hace consideración alguna sobre la utilización del castellano en las escuelas, aunque se insiste en la mayoría de ellas que se adopte, para la enseñanza de la gramática, el texto legal, es decir, la gramática de la Real Academia española.

La actividad del inspector de Navarra, Gorgonio Parra y Carazo, natural de Segovia, y que ocuparía el cargo entre 1875 y 1891, también debe ser destacada. En 1882 la Diputación lo designó para asistir al Congreso Pedagógico Nacional en Madrid. Este inspector, en 1886, confeccionó un mapa geográfico-estadístico-escolar, por el cual recibiría la Cruz de Caballero de Carlos III, así como premio en las exposiciones de Barcelona y París. Dicho mapa, de grandes dimensiones, se trata de una joya de precisión y detalle, donde figura la distribución de las escuelas por los pueblos de Navarra.

Las visitas de inspección en Gipuzkoa, realizadas por Juan María Eguren, desde 1860 hasta 1876 son destacables por su celo profesional, pero también por el ahínco en ejercer su autoridad, sobre todo con respecto al fomento del castellano en las escuelas de este territorio. Si la historia sobre la represión del euskara en las escuelas hubiese de encontrar a un culpable, Juan María de Eguren sería uno de los máximos responsables en esta labor, como se demuestra, no solamente a través de las advertencias continuas a los maestros sobre la utilización al máximo del castellano en las escuelas, sino también en su propia trayectoria vital y en su fecunda actividad en pro del aprendizaje del castellano: 16 años de intervención en la inspección de las escuelas de Gipuzkoa, es tiempo suficiente para que pueda desarrollarse toda una política a favor del castellano. Aunque, también es cierto que la elaboración por parte de este inspector de métodos de enseñanza del castellano a partir del euskara, favorecía un cierto bilingüismo escolar.

A pesar de la accidentada topografía de Gipuzkoa, este inspector recorre casi el 90% de las escuelas existentes en 1860 y en los siguientes años de su ejercicio. De sus informes se desprende que la asistencia de los alumnos a las escuelas, como era frecuente, solía decrecer en los meses de verano, debido a la necesidad de ayuda por parte de los niños y niñas en las tareas del campo. En este sentido el inspector insistirá a muchos maestros para que recuerden a los padres la necesidad de que sus hijos asistan a la escuela. El método adoptado en la mayoría de las escuelas era predominantemente el simultáneo, y en menor medida el mixto, (modificado por el mutuo en escuelas con gran asistencia de alumnos) o con el individual en las pequeñas escuelas rurales. El sistema de premios y castigos, utilizado por los maestros y maestras de Gipuzkoa parece que se ceñían tanto al Reglamento, como ocurría en los informes de los de Bizkaia y Álava.

No obstante, las advertencias más insistentes se refieren a la enseñanza del castellano (con la enseñanza bilingüe del catecismo en algunos casos, aunque en otros también indique que se enseñe el catecismo en castellano). El fomento del castellano que tantas veces advertirá a los maestros, es reforzado en muchos casos con la nota: "que sólo hable en castellano a los niños en la escuela", "que hable siempre a los niños en castellano".

El estado de la enseñanza, por lo general, en la provincia de Gipuzkoa si nos atenemos a los informes de las visitas de inspección de 1886, puede decirse que estaba en "buen estado", "no desmerece", es "satisfactorio", "no dejan que desear", "es brillante el estado de la enseñanza"; que "ha mejorado" o que los maestros demuestran "celo e interés por la enseñanza", calificaciones de este tipo que son las más usuales ofrecidas por el inspector Luis Santa María, que ejerció la inspección desde 1883 a 1888.

Con respecto a la introducción del castellano en las escuelas, las advertencias de los inspectores continuarán siendo insistentes, si bien con una salvedad: que la doctrina cristiana se enseña en vascuence. Por lo demás la fórmula casi estereotipada es: "que fomente la enseñanza del castellano a fin de que los niños entiendan lo que estudian y leen" o "que todas y cada una de las enseñanzas las dé y explique en castellano, a fin de que los niños tengan idea completa de lo que leen y estudian", "falta de instrucción de los niños en lengua castellana", "que para facilitar tanto el lenguaje castellano como la ortografía aprendan las reglas de la gramática", o esta otra alabanza a una maestra de San Sebastián: "los alumnos han adelantado bastante en el castellano".

En el primer tercio del siglo XX el Gobierno irá ampliando las plantillas de la inspección, creando plazas de auxiliares y la Inspección femenina. Las corporaciones municipales, a la vista de esta política solicitaron del gobierno la creación de plazas dependientes de los Ayuntamientos para ejercer la función inspectora, ante la necesidad cada vez más apremiante de vigilar y crear más escuelas. En este sentido, se manifestarían los Alcaldes de Vitoria, San Sebastián y Bilbao reunidos en Bilbao, en 1913, con motivo de celebrar la conferencia sobre el pago de las necesidades de primera enseñanza. Allí afirman que "a fin de que las escuelas no queden desatendidas y huérfanas de inspección, dadas las deficientes condiciones en que se realiza la del Estado", se les posibilite establecer una inspección municipal para las escuelas que estaban a su cargo. Los Ayuntamientos de las capitales de las provincias vascongadas dirigirán dicho escrito al Ministerio solicitando lo acordado en la mentada reunión, siendo atendida su petición, de acuerdo con la normativa aprobada en 1913.

De la misma forma, aunque por motivos diferentes, se dirigió al Ministerio la Diputación Foral y Provincial de Navarra para solicitar el establecimiento de una plaza de inspector municipal, el 27 de agosto de 1914 de acuerdo ya con la nueva disposición del R.D. de 5 de mayo de 1913 por el cual se establecía la inspección Municipal, aunque para que el nombramiento se llevase a efecto se requería autorización por parte del Ministerio. Así con fecha 20 de noviembre de 1914 se autorizaría la inspección municipal en Navarra.

Con esta normativa, el ayuntamiento de San Sebastián, por ejemplo, descargaba de la Junta Local de las tareas de inspección y vigilancia que hasta entonces venía ejerciendo, sin que pudiesen entrar en competencia con los inspectores profesionales, según estipula la misma disposición. También Bilbao poseerá un inspector municipal de primera enseñanza, además, el inspector jefe, otro de zona y una inspectora. A partir de este momento las provincias vascas conseguían organizar la inspección de acuerdo a una división territorial, adecuada a cada uno de los territorios. De esta forma la eficacia inspectora quedará garantizada para el futuro que, a pesar de los cambios políticos, no serán sustanciales hasta después del franquismo.

Además de esta inspección municipal, las diputaciones de Gipuzkoa y Bizkaia mantuvieron su propia inspección provincial para controlar las denominadas escuelas rurales (en los pueblos guipuzcoanos, durante la Segunda Republica), a cargo de Josefina Oloriz y de barriada (en las zonas rurales de Bizkaia desde 1923) y que fueron inspeccionadas por Luis Elizalde.

  • DÁVILA, Paulí. La política educativa y la enseñanza primaria en el País Vasco, 1860-1930. San Sebastián: Ibaeta Pedagogía, 1995.