Kontzeptua

La legislación educativa en la Comunidad Autónoma Vasca

1980-2010

Información complementaria



La política educativa desarrollada en la Comunidad Autónoma Vasca desde 1979 hasta la actualidad se ha movido, por un lado, entre los límites del marco constitucional y, por otro, en el desarrollo de las propias competencias en virtud del marco que supuso el Estatuto de Gernika.

La Constitución española de 1978, en su artículo 27, plantea las bases de una descentralización de la administración educativa y el Estatuto de Autonomía, en su artículo 16, establece que es "competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, sin perjuicio del artículo 27 de la Constitución y Leyes Orgánicas que lo desarrollen, de las facultades que atribuye al Estado el artículo 149.1.30 de la misma y de alta inspección necesaria para su cumplimiento y garantía". La Comunidad Autónoma Vasca recibió las competencias en materias de enseñanza en el primer bloque de transferencias, mediante RD 2808/1980 de 26 de septiembre, publicado en el BOE el 31 de diciembre.

Hay que recordar, asimismo, que el artículo 4.2 de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE de 1990), estableció que los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas, que están en manos del gobierno central, y que "en ningún caso requerirán más del 55% de los horarios escolares para las Comunidades Autónomas que tengan lengua oficial distinta del castellano, y del 65% para las que no la tengan".

En estos treinta años, uno de los objetivos fundamentales del sistema educativo en la Comunidad Autónoma ha sido euskaldunizar el sistema educativo vasco, especialmente el público que presentaba serias deficiencias en este campo en el momento de asumir las competencias educativas. En este sentido, se observará que muchas de las disposiciones del Gobierno Vasco han tenido como referencia este proceso que encaja, tanto con el marco constitucional como con el derecho a implantar un sistema que garantice el uso del euskara en todos los ámbitos de la administración y de la vida pública y, sobre todo, en el sistema educativo. No podemos olvidar el principio de cooficialidad del euskara, como lengua propia del País Vasco y que la Comunidad Autónoma tiene que garantizar el uso del castellano y el euskara, sin ningún tipo de discriminación.

A lo largo de estos años de autonomía se han sucedido gobiernos diferentes y la Consejería de Educación ha sido ocupada por Consejeros pertenecientes tanto al Partido Socialista, Partido Nacionalista Vasco como a Eusko Alkartasuna:

  1. 1978 - 1980 Santamaría Ansa, Karlos
  2. Mayo de 1980 - febrero de 1984 Etxenike Landaribar, Pedro Miguel
  3. Abril de 1984 - enero de 1985 Urrutia Elejalde, Juan
  4. Enero de 1985 - Marzo de 1987 Churruca Arellano, Juan
  5. Marzo de 1987 - febrero de 1991 Recalde Díez, José Ramón
  6. Febrero de 1991- septiembre de 1991 Oliveri Albisu, Inaxio
  7. Septiembre de 1991- enero de 1995 Buesa Blanco, Fernando
  8. Enero de 1995 - diciembre de 1998 Oliveri Albisu, Inaxio
  9. Enero de 1999- mayo de 2001 Oliveri Albisu, Inaxio
  10. Junio de 2001 - septiembre de 2001 Intxaurraga Mendibil, Sabin
  11. Septiembre de 2001 - junio de 2005 Iztueta Azkue, Anjeles
  12. Junio de 2005 - mayo de 2009 Campos Granados, José Antonio
  13. Mayo de 2009 - Celaá Diéguez, Isabel

Los retos a los que se ha tenido que enfrentar cada gobierno han sido completamente diferentes y no cabe duda de que, fruto del trabajo de todos, es la buena calidad del sistema educativo en la Comunidad Autónoma Vasca. Así, en el decenio de los ochenta, los primeros gobiernos trabajaron para buscar una cobertura legal para las ikastolas que, como una tercera red escolar, había estado funcionando hasta esa fecha. En este sentido, ya en 1980 se inicia un proceso de institucionalización a través de la titularidad oficial de las ikastolas. Las ikastolas eran centros públicos no estatales, a los que se les imponía una serie de condiciones: la cesión de uso y titularidad, la representación en los estamentos escolares y órganos de gobierno de las ikastolas, normas para la matriculación; profesorado por concurso-oposición; planificación de puestos escolares; sistema de control económico; programas y planes pedagógicos y la aceptación de las disposiciones del Departamento de Educación.

En este proceso de la llamada normalización, se creó el Euskal Ikastolen Erakundea (EIKE) Instituto Vasco de Ikastolas en 1983, como un organismo autónomo dentro del Departamento de Educación, que se establecía como un paso transitorio hacia la consolidación de la Escuela Pública Vasca. En 1986 el Tribunal Constitucional dictó una sentencia favorable a EIKE con vías de normalización jurídica de las ikastolas. Por otra parte, mediante el Decreto de 10 de junio de 1986 se aprobó el reglamento de Conciertos con las Ikastolas para el sostenimiento con fondos públicos de las ikastolas y centros de iniciativa social. Finalmente, y como pasos previos al diseño y la elaboración común de la Ley de la Escuela Pública Vasca, se aprobó la Ley de Confluencia de Ikastolas y la Escuela Pública (1988). En 1990 la Confederación de Ikastolas presentaba su propuesta para la normalización de las ikastolas.

En todo este proceso, y hasta la Ley de la Escuela Pública Vasca, subyacían dos planteamientos o dos modelos de cara a la normalización de la Escuela Pública Vasca:

  1. El Modelo estatal de Escuela Pública, regulado a través de la LODE, de carácter uniformizador, reglamentista y preocupado por la reserva de competencias y la homogeneización, más que por la especificidad y la singularidad; según el cual las Ikastolas, para su transformación en escuelas públicas, deberían integrarse o fusionarse en la actual escuela pública y según la normativa vigente
  2. El Modelo de Escuela Vasca, según la cual la Escuela Pública Vasca aparece como un paso de confluencia entre las Ikastolas y las Escuelas Transferidas de cara a la configuración de la futura Escuela Vasca. Ello suponía un período de acercamiento de ambos sistemas o redes hacia los principios derivados de un amplio consenso social y político sobre la Escuela Pública Vasca.

Como señalaba en su momento, el Vicelehendakari y Consejero de Educación, Universidades e Investigación, Fernando Buesa, tanto la Ley de la Escuela Pública Vasca como la Ley de Cuerpos Docentes, publicadas ambas en 1993, establecían un cuerpo normativo propio que permiten la configuración de una Escuela Pública Vasca más autónoma, de mayor calidad y con mayor capacidad de adaptación a las demandas de nuestra sociedad; también señalaba que eran fruto de un largo proceso, en búsqueda de un respaldo social más amplio encaminado a un sistema educativo de calidad y al servicio de la sociedad. La Ley de la Escuela Pública Vasca propuso el mayor grado de autonomía en la esfera de la organización, propiciando la participación de toda la comunidad educativa y buscando fórmulas de autoorganización. Esta ley propugna una escuela plural, bilingüe, democrática, al servicio de la sociedad vasca, enraizada social y culturalmente en su entorno, participativa, compensadora de las desigualdades e integradora de la diversidad.

Asimismo, clausuraba el tema de las redes escolares pues, como se señala en la introducción de la Ley, "responde a una decisión clave que es la de definir de un modo completo y definitivo dos redes escolares, la red pública y la red privada, con una consecuencia derivada de esta decisión que es la de terminar o concluir el proceso de confluencia de las ikastolas". Con ella se daba por concluido el proceso institucional con respecto a las redes escolares y al papel de las ikastolas, dando inicio a un proceso que, en su momento, se denominó de publificación por el cual las ikastolas tuvieron que decidir la permanencia como centro privado o concertado o incorporarse definitivamente a la red pública. Un conjunto importante de ikastolas, sobre todo en Gipuzkoa, optaron por una organización paralela manteniendo las señas de identidad que habían definido desde siempre a este tipo de centros educativos.

En el ámbito anterior de política educativa estaba centrado en encontrar un lugar de confluencia entre las tres redes escolares existentes. Sin embargo, existe otro tema relevante como el de cumplir el mandato constitucional, y fijado por el propio Estatuto de Gernika, relativo al papel del euskara en el sistema educativo. En este sentido, las normas que desarrollan este principio se establecieron ya desde la primera legislatura y, todavía, permanecen en vigor. Se trata de la Ley de Normalización y Uso del Euskara (Ley 10/1982 del 24 de noviembre) y los sucesivos decretos que la desarrollaron. No obstante, en el periodo del Consejo General Vasco, un Real Decreto de 1979, ya regulaba el uso de los diferentes idiomas en la Comunidad. La mencionada Ley de 1982, que no afectaba únicamente al sistema educativo, establecía claramente que todo ciudadano tiene derecho a conocer y usar las lenguas oficiales en la administración, medios de comunicación, etc.; reconocía, asimismo, su derecho a recibir enseñanza en ambas lenguas; planteaba que se crearán modelos lingüísticos, según la demanda de los padres y la situación de cada zona, con el objetivo de garantizar el uso práctico de ambas lenguas.

A partir de ese año se publicarían diversas órdenes y decretos relativos a la obtención del certificado de aptitud de conocimiento del euskara y, sobre todo, el Decreto 138/1983 sobre Regulación del Uso de las Lenguas oficiales en la Enseñanza No Universitaria, mediante el cual se plantea que el euskara y castellano serán materias obligatorias en la enseñanza, creando, en su momento, cuatro modelos, pero que en la práctica han resultado tres modelos (A, B y D), cuyo éxito ha variado a lo largo de estos años. El Capítulo 2 desarrolla la obligatoriedad de la enseñanza del euskara y del castellano en las enseñanzas no universitarias, y ordena al Gobierno la regulación de los modelos lingüísticos (Art. 16.2), siendo uno de los objetivos fundamentales "garantizar al alumnado la posibilidad real, en igualdad de condiciones, de poseer un conocimiento práctico suficiente de ambas lenguas oficiales al finalizar los estudios de enseñanza obligatoria" (Art. 17), y contempla medidas para la progresiva euskaldunización del profesorado (Art. 20). Definiéndose así los modelos lingüísticos para la estructura del sistema existente en aquel momento. Para Preescolar y EGB, la ley establece tres modelos posibles (A, B y D) y para BUP y COU dos (A y D):

MODELO A: Todas las materias -exceptuando el euskara- se impartirán básicamente en castellano. El euskara se impartirá como cualquiera de las otras materias comunes, dedicándose semanalmente las horas que establezca el Departamento de Educación. Cuando los alumnos hubieran adquirido una buena práctica en la utilización del euskara se podrán impartir en euskara algunos de los temas de otras materias.

MODELO B: Tanto la lengua castellana como el euskara se utilizarán para impartir las otras materias. La lengua castellana se utilizará, en principio, para materias tales como la lectura y la escritura y las matemáticas. El euskara, para las demás materias: las experiencias, plástica y dinámica. Además, el euskara y el castellano se trabajarán como materias de aprendizaje dedicándoseles por semana las horas que el Departamento de Educación establezca.

MODELO D: Todas las materias -exceptuando la lengua castellana- se impartirán básicamente en euskara, trabajándose éste también como materia de aprendizaje, dedicándosele para ello por semana las horas que establezca el Departamento de Educación. La lengua castellana se impartirá desde el inicio de la escolarización como cualquiera de las otras materias escolares.

Hoy por hoy podemos decir que, mientras los modelos A y D, al ser modelos monolingües, no han tenido problemas de interpretación de la norma, es decir, existen tal y como fueron definidos por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco, la situación es considerablemente diferente si analizamos lo ocurrido en el modelo B, ya que los centros educativos aplicaron la norma de manera diferente. Es decir, la realidad es que no ha habido un único modelo B, sino una gran diversidad de aplicaciones que han convivido bajo el rótulo de "modelo B". Las razones de ello han sido diversas: zona en la que está situado el centro, adecuación del profesorado para impartir ciertas asignaturas, etc.

Llevar a cabo todo este proceso de euskaldunización del sistema educativo supuso la preparación del cuerpo de profesores para responder a esta tarea. En unos casos, se hizo a través de la contratación de profesorado vascoparlante, y en otros, la puesta en marcha de programas de capacitación lingüística en euskara para el profesorado, y capacitarlo así para la impartición de diversas materias en esta lengua. En 1993 se aprobó el decreto relativo a los perfiles lingüísticos (PL) del profesorado, estableciendo dos perfiles básicos: PL1, que reconocía la capacidad de comunicarse en euskara, pero no docencia, y PL2, que reconocía al profesor como capaz para impartir clases de euskara y en euskara. En otro orden de cosas, desde 1983, se estableció el programa IRALE, dirigido a la formación del profesorado en euskara. Ese mismo año se aprobó la creación del instituto HABE, entre cuyas funciones cabe destacar la de alfabetizar y euskaldunizar a los adultos, la investigación pedagógica y la creación de centros para la enseñanza del euskara.

Finalmente, otro de los aspectos que queremos destacar en la política educativa de este largo periodo es el relativo al Curriculum. Al poco tiempo de la aprobación de la LOGSE (1990), y siguiendo sus imperativos, el Gobierno Vasco aprobó en 1992 el Diseño Curricular Base fijando, entre otros, los contenidos de lengua y literatura vasca y castellana.

Al margen de estas líneas permanentes de los diferentes programas de gobierno y de acción legislativa, también la Consejería de Educación ha llevado a cabo dos ámbitos de acciones educativas que muestran las inquietudes y preocupaciones de los diversos consejeros y equipos de gobierno en relación con dos ámbitos importantes en la actualidad: la atención a lo que en su momento se denominaba como "Educación Especial", término que ha ido evolucionando a lo largo de los años, y los "Programas de Innovación Educativa". Por lo que respecta al primer ámbito, en estos años se puede observar una evolución desde las etapas previas al Gobierno Vasco y que parte, en la década de los setenta, con la constitución de los centros específicos entre 1970 y 1980, para posteriormente, de 1982 a 1988, elaborar diversos Planes de Educación Especial para el País Vasco y, finalmente, a partir de 1988, entrar en la etapa que el propio Gobierno denominó como "De la escuela uni-núcleo e integradora, a la escuela inclusiva". Esta evolución concuerda con las preocupaciones mostradas por la legislación internacional sobre personas con discapacidad. Así vemos cómo se da una evolución, incluso en los conceptos, pues si en las primeras normativas se hablaba de alumnos minusválidos, luego hará referencia a alumnos con necesidades educativas especiales y, finalmente, ya se optará por la integración escolar como paso imprescindible para la educación inclusiva.

En relación con el segundo ámbito, el Gobierno Vasco, recogiendo muchas de las aportaciones que, en el campo de la renovación pedagógica, se estaban llevando a cabo tanto dentro de la Escuela Pública, como en la red privada y en las ikastolas, promovió programas de innovación educativa. En todo este proceso anterior, dos elementos son destacables por su vinculación a la renovación pedagógica: por una parte, el papel jugado por las ikastolas y sus implicaciones en el profesorado, en la elaboración de material, en las innovaciones metodológicas en la enseñanza del euskara, etc.; y, por otra, la vinculación de una parte importante del profesorado con los movimientos de renovación pedagógica y la defensa de una escuela pública vasca.

Estos programas, en general, solían ser experimentales y estaban dirigidos, tanto a la formación del profesorado como a poner en práctica las innovaciones emanadas de las diferentes reformas educativas. Paulatinamente estos programas irán institucionalizándose, creando diferentes organismos e instituciones, que serán las encargadas de promover, coordinar e implementar esta política de innovación educativa. En este sentido, tanto dentro del Departamento de Educación como en los diferentes Territorios Históricos, se crearon los Centros de Apoyo y Recursos, en 1984, los COP en 1988 y, finalmente, los Berritzegune en 2001.

Otros programas estaban dirigidos a la formación del profesorado, como los IRAPREST, IRALE, GARATU, etc., y otros, resaltando unas líneas prioritarias dirigidas hacia una escuela inclusiva, las dimensiones socio-culturales, la normalización lingüística y multilingüismo, la Ciencia, Tecnología y Sociedad y la Calidad y mejora de los centros escolares, apoyando programas de educación intercultural, conocimientos y habilidades para la vida, Educación para la convivencia y la paz, Educación para la equidad en medio desfavorecido y Educación para superar las barreras de aprendizaje en las Necesidades Educativas Especiales. Por lo tanto, a lo largo de estos años se aprecia que la actividad legislativa del Gobierno Vasco ha intentado abarcar diversos ámbitos que afectan no solamente a los centros educativos, sino a la formación del profesorado y a la creación de un curriculum adecuado a las nuevas necesidades, surgidas tanto en el ámbito educativo como en la sociedad.

  • DÁVILA, Paulí (coord.). Enseñanza y educación en el País Vasco contemporáneo. Donostia: Erein, 2003.
  • EUSKO JAURLARITZA. Euskal Irakaskuntza: 10 urte. Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, 1990.
  • GOBIERNO VASCO. Departamento de Educación, Universidades e Investigación. [Fecha de consulta: 20 de febrero de 2012].