El Estatuto de Autonomía ha demostrado su validez como instrumento eficaz para recuperar la identidad vasca, pero no ha sido capaz de resolver algunas de las reivindicaciones tradicionales del País Vasco. En el ámbito positivo cabe destacar que se han puesto las bases necesarias para permitir una recuperación de la lengua y la cultura vascas. También ofrece importantes competencias en materia educativa. Existen un Parlamento y un Gobierno vascos con amplias competencias para desarrollar una política institucional propia, siempre dentro del marco global diseñado por la Constitución española, y una administración pública propia con capacidad de decisión muy amplia. La Comunidad Autónoma vasca tiene un "spending power" relativamente amplio que le permite establecer una planificación global de la economía vasca, dentro del doble límite de la economía española y de los condicionantes derivados de la economía internacional.
Todavía restan, no obstante, cuestiones pendientes de muy variado orden, y cuya solución depende de condicionantes muy diversos. Se trata de problemas de gran calado y que afectan al propio espíritu de la autonomía vasca, más que al contenido material de sus competencias. Se trata de problemas derivados del no reconocimiento de Euskadi como entidad nacional propia, o problemas relativos a la integridad territorial. Un último grupo de problemas de no menor entidad es el relativo a la interpretación y aplicación del Estatuto de Autonomía.
A pesar de la aprobación del Estatuto, la relación entre el Estado y la Comunidad Autónoma sigue siendo muy conflictiva, como lo manifiesta las numerosas veces que el Tribunal Constitucional ha tenido que intervenir para resolver conflictos de competencias. Existe una mutua desconfianza entre ambas administraciones, la cual se expresa, por parte estatal en un intento continuado de recortar las competencias vascas, y por parte vasca, en una posición reivindicativa permanente. A pesar del tiempo transcurrido todavía quedan por transferir importantes competencias que, de acuerdo con la Constitución y el Estatuto corresponden a la Comunidad Autónoma.
Ello ha traído como consecuencia el que por parte del Gobierno Vasco y de las fuerzas políticas que lo componen se haya planteado en varias ocasiones la necesidad de proceder a una reforma en profundidad del actual texto estatutario. Tales proyectos de reforma se han concretado en la aprobación por parte del Gobierno Vasco, en Octubre de 2003, de una Propuesta de Estatuto Político para Euskadi, popularmente conocida como "Plan Ibarretxe". La Propuesta Ibarretxe fue aprobada por mayoría absoluta en el Parlamento Vasco el 30 de Diciembre de 2004 y posteriormente remitida a las Cortes Generales donde fue rechazada con fecha de febrero de 2005.
Posteriormente, el mes de septiembre de 2007, el Lehendakari Ibarretxe volvió a plantear, de nuevo, en el Pleno de política general celebrado en el Parlamento Vasco, la necesidad de establecer un Pacto Político entre Euskadi y España. A tal efecto, presentó una nueva propuesta con el fin de lograr "la solución del conflicto vasco". La citada propuesta debía ser aprobada o rechazada directamente por los ciudadanos vascos, a través de una consulta popular a celebrar en octubre de 2008. La propuesta de consulta planteada por el Lehendakari fue aprobada por el Parlamento vasco en Junio de 2008, pero rechazada por el Gobierno español, el cual la impugnó ante el Tribunal Constitucional. El citado Tribunal la declaró contraria a la Constitución española en Sentencia dictada en Septiembre de 2008.