Desde el punto de vista político, el EAPV constituyó una propuesta de solución, en clave jurídico-constitucional, de un grave contencioso histórico que ha afectado de modo importante las relaciones entre el País Vasco y el Estado, y que ha condicionado el propio desarrollo del sistema político español a lo largo de los dos últimos siglos. Desde el punto de vista jurídico, la Constitución española (CE) se abstiene de fijar un ámbito definido y rígido del contenido autonómico. Tal contenido debía ser concretado posteriormente en los textos de los diversos Estatutos de Autonomía.
El EAPV aparece condicionado por estos dos factores, a saber, el hecho de constituir el reflejo de un contencioso político de gran calado, y el carácter flexible de las normas constitucionales reguladoras del Estado autonómico. De ello se derivarán varias consecuencias.
La primera consecuencia es que el EAPV adopta de modo muy claro la línea de apurar hasta el límite las posibilidades que le proporcionaba la Constitución. Esta tendencia se manifiesta tanto en el aspecto de los principios, al incidir en el carácter "paccionado" del Estatuto, es decir, la consideración del Estatuto como el resultado de un pacto entre el País Vasco y España, como a la hora de asumir los poderes o competencias propias.
Una segunda consecuencia, directamente derivada de la anterior, es la indefinición manifestada en algunos preceptos clave del texto estatutario, indefinición voluntaria y consciente en cuanto expresión de la conflictiva y difusa relación Constitución-Estatuto. El objetivo primordial del Estatuto es el de dar salida a una situación problemática y controvertida, y en tal sentido se alcanzan importantes cotas de indecisión, e incluso de indeterminación voluntaria en los aspectos más conflictivos. Se opta por no afrontar determinadas cuestiones a la espera de que las mismas puedan abordarse más adelante. Debe hacerse notar que esta indefinición no sólo afecta a la relación Constitución-Estatuto, sino también al propio diseño interno de la Comunidad Autónoma (CAV), y muy particularmente a la relación Comunidad Autónoma-Territorios Históricos.
Una tercera consecuencia es la imprecisión jurídica del texto estatutario. El Estatuto es un documento jurídico deficiente desde el punto de vista formal y su falta de calidad técnica se manifiesta en no pocos de sus preceptos. Tal imprecisión jurídica constituye una consecuencia directa de la propia indefinición del Estatuto, y resulta en cierto modo lógica, dadas las circunstancias en que se procedió a su elaboración, y discusión. Debe tenerse en cuenta que el texto estatutario constituye la síntesis resultante de un duro y arduo proceso de negociación tanto entre las fuerzas políticas vascas, como, sobre todo, de éstas con el gobierno central.