Concepto

Testamento Hil-Buruko

El artículo 29 de la Ley 3/1992, de 1 de julio, del Derecho Civil Foral del País Vasco (en adelante, LDCF), dispone para Bizkaia que, además de las formas de testar reguladas por la legislación civil general, "se admite en el territorio aforado el testamento hil-buruko". Éste constituye, por tanto, una forma especial de testar propia del Derecho vizcaíno, la cual se caracteriza, en esencia, por el dato de no ser necesaria la intervención de Notario en el acto de su otorgamiento: quien se halle en peligro inminente de muerte puede hacer testamento hil-buruko simplemente ante tres testigos, bien por escrito, bien de palabra (art. 31 LDCF).

El testamento hil-buruko es un testamento abierto o nuncupativo, términos con los que, en Derecho civil, se designa a aquellas modalidades testamentarias en las que los sujetos intervinientes (los testigos y, en su caso, el Notario autorizante) conocen el contenido de la última voluntad del causante, pues éste la manifiesta "abiertamente" ante ellos. Por el contrario, se habla de testamento cerrado cuando dicho contenido queda oculto o secreto al recogerse en una cubierta sellada, que es la que el testador presenta ante el fedatario público y los testigos en el momento del otorgamiento.

Conviene advertir que el Derecho vizcaíno no es el único ordenamiento en el que se regula un testamento de esta índole: una figura prácticamente idéntica al testamento hil-buruko es el testamento en peligro de muerte previsto en el artículo 700 del Código civil español, si bien este precepto exige, para su válido otorgamiento, la concurrencia de un mayor número de testigos; en concreto, cinco. Pero también presentan una naturaleza muy similar el testamento ante párroco y el testamento ante testigos contemplados, respectivamente, en las leyes 189 y 190 del Fuero Nuevo navarro (en adelante, FN): la persona que se encuentre en peligro inminente de muerte y no pueda obtener la presencia de un Notario puede hacer testamento ante el párroco del lugar (u otro clérigo ordenado de presbítero) y dos testigos o, a falta de párroco, ante tres1.

1Por su parte, y aunque sin hacer alusión expresa a la concurrencia de "peligro de muerte", la Compilación de Derecho civil de Aragón de 1967 y el Código de Sucesiones de Cataluña de 1991 también regulaban una modalidad singular de testamento abierto ante capellán o párroco y sin intervención de Notario (artículos 91 a 93 de la primera y 117 a 119 del segundo). Sin embargo, estas especies testamentarias han sido suprimidas por leyes posteriores; así, en el caso de Aragón, por la Ley 1/1999, de 24 de febrero, de Sucesiones por causa de muerte, y, en el de Cataluña, por la Ley 10/2008, de 10 de julio, del libro cuarto del Código civil catalán, relativo a las sucesiones.

La doctrina vizcaína suele ubicar el origen del testamento hil-buruko en el capítulo CXXVII (o CXXVIII, según la edición que se maneje) del Fuero Viejo de 1452 y en la ley IV, título XXI del Fuero Nuevo de 1526, que regulaban, en efecto, el testamento hecho "sin escrivano". Ambas normas, apelando al carácter montañoso de Bizkaia y a la distancia existente entre sus moradores, establecían que toda persona que habitara en "los tales logares de montanna" podía "hacer testamento, y postrimera voluntad", ante "dos omes buenos e una muger". Ha de subrayarse que la especialidad de estos dos preceptos no se cifraba tanto en la posibilidad de otorgar testamento exclusivamente ante testigos y sin necesidad de "escrivano", ya que ésta era una opción igualmente admitida, con carácter general, por el Derecho supletorio aplicable en la Tierra Llana vizcaína, es decir, por el Derecho castellano: la ley I, título XIX del Ordenamiento de Alcalá de 1348 (que más adelante se convertiría en la ley I, título XVIII, libro X de la Novísima Recopilación de 1567) permitía otorgar testamento nuncupativo en cualquiera de las dos siguientes maneras: ora ante escribano público y tres testigos, ora sin él y ante cinco testigos; incluso admitía con carácter extraordinario, para el caso de que no pudieran ser habidos ni escribano ni los dichos cinco testigos, que se hiciese testamento abierto únicamente ante tres2. La singularidad de las citadas leyes vizcaínas residía, antes bien, en la admisión de la mujer como testigo testamentario, posibilidad totalmente proscrita por el ordenamiento castellano al seguir fielmente, en este punto, los dictados del Derecho romano: la mujer no puede "asistir como testigo en los testamentos, aunque puede serlo en las demás cosas, porque los testigos del testamento representaban entre los Romanos la asamblea o junta del pueblo, que era la única que podía hacer leyes, cuales eran los testamentos: ley 17, título 16, Partida 3ª, y ley 1ª, título 1º, Partida 6ª"3. Evidentemente, la dificultad de encontrar en lugares apartados testigos en número suficiente debió de impulsar el levantamiento, por parte de los redactores de los fueros vizcaínos, de aquella absurda e irracional prohibición.

Sólo el transcurso del tiempo y la generalización y consolidación de la función pública notarial llevaron paulatinamente a considerar al testamento otorgado ante testigos como una modalidad excepcional a la que únicamente cabía recurrir en circunstancias excepcionales; es decir, la seguridad jurídica que la intervención de fedatario aportaba sólo debía ser sacrificada -y, correlativamente, el riesgo de posibles fraudes o abusos que su ausencia conllevaba sólo debía ser asumido- en caso de absoluta necesidad. ¿Y qué hipótesis más urgente o extrema, justificadora de la ausencia de Notario en el acto del otorgamiento, cabía imaginar que el peligro inminente de muerte del causante? De ahí, precisamente, el giro que en esta materia padecieran el ordenamiento vizcaíno y la legislación civil general, en los que dicho peligro de muerte pasó a contemplarse como requisito imprescindible en orden a la validez del testamento abierto hecho sólo ante testigos. Así lo vinieron a disponer, para las provincias y territorios sometidos a aquélla, el artículo 700 del Código civil español de 1889, y, para Bizkaia y su testamento hil-buruko, el artículo 14 de la Compilación de 1959.

En cambio, por lo que a Navarra respecta, la doctrina especializada destaca la antigüedad de la regulación de un testamento para varios supuestos de hallarse la persona en trance de muerte, pues ésta se contenía ya en varios Fueros locales -como los de Estella, Tudela, etc.-, en el Fuero General y en el Reducido. No se trataba sólo de un testamento otorgable ante párroco o clérigo, sino también de un testamento sin escribano y sin escritura, "con cabezaleros que darán testimonio de lo que el testador ordene", como estipulaba el Fuero Reducido. Ahora, las dudas de interpretación a que en esta materia condujeron las disposiciones del Fuero General llevaron a la promulgación, en el año 1604, de una ley de las Cortes de Pamplona en la que se vino a fijar el orden de preferencia de las formas testamentarias aceptadas: en primer lugar, el testamento ante escribano público asistido de dos testigos; en segundo, y a falta de escribano, el testamento debía otorgarse ante cura u otro clérigo acompañado igualmente de los dichos dos testigos; y, en fin, si tampoco hubiese clérigo, el testamento debía hacerse ante tres testigos, vecinos del lugar del otorgamiento y que no fuesen parientes ni criados de los herederos o de las personas interesadas (NAGORE YARNOZ).

2La observancia de aquellas reglas castellanas en el ámbito del Infanzonado viene implícitamente reconocida en las frases finales del capítulo CXXVII del Fuero Viejo.

("...e si el testador tal testamento feziere en logar poblado donde pueda auer mas testigos, fagalo por ante çinco testigos si los pudiere auer, los tres uarones y los dos mugeres o todos varones que sean de buena fama; e el tal testamento e mandas que en qualquier manera de las sobredichas fuere fecho uala, como si fuese fecho por ante escriuano publico; e si el testamento fuere fecho ante escriuano publico, aya tres testigos de buena fama e sean varones, etc.")

Y en las locuciones iniciales de la ley IV, título XXI del Nuevo:

("...que por quanto Vizcaya es tierra montañosa, y los Vecinos, e Moradores de ella moran desviados unos de otros; y al tiempo que alguno tiene necesidad de hacer Testamento, no puede haver copia de Escrivano público, ni de testigos, tantos quantos requiere el derecho...").

3Joaquín ESCRICHE (1876), voz "Mujer", en Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia, t. IV, Madrid, pp. 243 y 244. El autor alude al testamento calatis comitiis propio del viejo ius civile, que era el otorgado ante el pueblo reunido en los comicios.

De lo expuesto en el epígrafe anterior ya se colige que, a día de hoy, la forma ordinaria de otorgar testamento nuncupativo, tanto en Bizkaia como en Navarra, es la notarial. Sus respectivos ordenamientos parecen entender que, siendo el fin propio y natural de las solemnidades testamentarias garantizar la verdad legal de la última voluntad, éste queda mejor satisfecho con la presencia de un fedatario público. En este punto, hay que recordar que ni la LDCF ni el FN establecen un régimen singular para tal modalidad testamentaria, sino que, antes bien, remiten expresamente, en lo que hace a su regulación, a la legislación civil general (art. 29 de la primera y ley 188 del segundo). Luego en ambos territorios -incluido el Infanzonado vizcaíno- son de aplicación (a salvo alguna previsión particular relativa a los testigos que han de acompañar al Notario: véanse art. 30 LDCF y ley 188 FN) los artículos 694 a 699 y concordantes del Código civil, en los que se regula el testamento abierto notarial.

Por el contrario, el testamento hil-buruko, al igual que el otorgado en Navarra ante párroco y testigos o sólo ante éstos, tiene, frente al notarial, un carácter extraordinario, pues únicamente cabe recurrir a él cuando concurran determinadas circunstancias y siempre que se colmen ciertos requisitos (previstos, todos, en el art. 31 LDCF). A analizarlos se dedican las líneas siguientes, en las que, incidentalmente, también se abordan los contemplados en la legislación civil navarra (leyes 189 a 191):

Primero: es necesario que el testador se halle en peligro inminente de muerte, situación que no tiene por qué obedecer sólo a enfermedad, sino que puede deberse a otra causa, como un ataque o un accidente repentinos. Ahora, tratándose de aquella primera hipótesis, conviene tener en cuenta que la idea de la "inminencia" de la muerte excluye que pueda hacerse uso del testamento hil-buruko (o de sus equivalentes navarros) cuando el testador se halle simplemente enfermo, aun de gravedad: es preciso, además, tal y como afirma la jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación al artículo 700 del Código civil, que el testador se encuentre en una situación urgente, inmediata y extrema que haga temer un fatal y próximo desenlace (sentencia de 4 de octubre de 1957).

Segundo: en el caso del FN, únicamente se permite el recurso al testamento ante párroco cuando no sea posible obtener la presencia de Notario, mientras que el testamento ante testigos sólo puede otorgarse cuando no pueda recabarse a tiempo la intervención tanto de fedatario como de "Párroco u otro Clérigo ordenado de Presbítero" (ley 190). Sin embargo, dicha imposibilidad no debe entenderse en un sentido total o absoluto; es decir, para que el requisito quede colmado basta con que, según una apreciación razonable, se constate la existencia de un riesgo de que el testador fallezca o pierda sus facultades antes de que acudan el Notario o el mencionado párroco.

En cambio, el Fuero vizcaíno no impone semejante constricción respecto del testamento hil-buruko. ¿Cabría, así y todo, estimarla implícita en el artículo 31 LDCF, como si el empleo de esta especial forma de testar dependiera también de la imposibilidad de contar con la intervención de Notario?

En favor de la respuesta afirmativa cabría apelar, en primer lugar, a los antecedentes históricos, pues el artículo 14 de la Compilación de 1959 establecía que, para otorgar este testamento, era necesario que el testador se hallase "alejado de población y de la residencia de Notario público"; y, en segundo lugar, al mismo carácter extraordinario o excepcional del testamento hil-buruko: recuérdese que la modalidad preponderante en la mente del legislador vasco es la notarial. Precisamente tal argumento ha sido blandido por el Tribunal Supremo en relación al artículo 700 del Código civil para, no obstante su silencio, imponer añadidamente este requisito a la especie testamentaria en él prevista: el testamento otorgado en peligro de muerte ante cinco testigos del Derecho común sólo puede considerarse perfecto, válido y eficaz, cuando se pruebe que resultó imposible contar con la asistencia de Notario o cuando se pruebe, al menos, que no se prescindió de ella "de una manera discrecional o voluntaria, sino en función de la premura del tiempo disponible, de las circunstancias de alejamiento, de la dificultad en las comunicaciones, o de la no localización inmediata"; o sea, ha de justificarse "una conducta razonablemente explicativa, que será distinta en cada caso concreto" (sentencia de 27 de junio de 2000). En definitiva -y en expresión más lacónica-, ha de probarse "que no pudo encontrarse al Notario o que era difícil obtener su concurrencia" (sentencias de 10 de junio de 2005, 19 de diciembre de 1959, 3 de noviembre de 1962, 4 de octubre de 1957 y 12 de mayo de 1945). Para sostener esta conclusión el Tribunal Supremo apela, además, a las "pocas garantías de fiabilidad" que, precisamente por la ausencia de funcionario, presenta la modalidad prevista en el artículo 700 del Código, temor que aconseja la adopción de "fuertes cautelas (...) por los órganos judiciales, para evitar que en la práctica se extienda a situaciones que no correspondan con la que excepcionalmente contempla" la norma (otra vez, sentencia de 27 de junio de 2000).

Sin embargo, la importación de semejante doctrina para el testamento hil-buruko no sería correcta, y ello, por dos básicas razones: primero, por el amplio lapso temporal previsto en el párrafo segundo del artículo 31 LDCF, en el que, como enseguida se verá, se prescribe la ineficacia de esta suerte testamentaria si pasasen dos meses desde que el testador hubiese salido del peligro de muerte: de donde se deduce, sensu inverso, que, no obstante haber superado el interesado el trance de la muerte, los efectos jurídicos del testamento hil-buruko se prolongan durante todo ese período de tiempo; y habrá que convenir en que dos meses son más que suficientes para recabar la intervención de algún fedatario público, por muy lejos que se halle el más próximo; segundo, porque la aplicación al testamento hil-buruko de la solución adoptada por el Tribunal Supremo en torno al artículo 700 del Código lo desnaturalizaría y lo convertiría en un remedio subsidiario del abierto notarial, contra la evidente intención del legislador vasco, quien, atendida la concurrencia de circunstancias excepcionales (peligro inminente de muerte), pretende conceder mayores facilidades ante la dificultad de otorgar testamento en forma ordinaria; así lo ha puesto de relieve nítidamente al suprimir la exigencia impuesta por la Compilación vizcaína de que el interesado se hallare alejado de población y de la residencia de fedatario público.

En resumidas cuentas, para que el testador pueda hacer uso del testamento hil-buruko es suficiente con que se dé el riesgo mortal, sin que exista la carga de llamar al Notario.

Tercero: el testamento hil-buruko ha de otorgarse ante tres testigos, los cuales, además de estar presentes en el momento mismo de manifestar el testador su voluntad, deben ser -aunque no lo diga expresamente el art. 31 LDCF- idóneos. En particular, carecen de aptitud para actuar como testigos en cualesquiera clases de testamentos -es decir, no son "idóneos"- los menores de edad, los ciegos y los totalmente sordos o mudos, los que no entiendan el idioma del testador y los que no estén en su sano juicio, según dispone el artículo 681 del Código civil, aplicable en la Tierra Llana4. Pero, además, tratándose de testamento abierto -y ya se sabe que el hil-buruko lo es-, tampoco pueden intervenir como testigos, a fin de evitar cualesquiera confabulaciones o tergiversaciones de la última voluntad, los herederos y legatarios en él instituidos, sus cónyuges, ni los parientes de aquéllos, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. De la prohibición sólo quedan excluidos los legatarios -y sus cónyuges o parientes- cuando el legado sea de algún objeto mueble o cantidad de poca importancia con relación al caudal hereditario (art. 682 del Código civil).

También en Navarra los testigos que actúen en el testamento ante párroco -en número de dos- o en el testamento otorgado exclusivamente ante ellos -en número de tres- han de ser idóneos. Además, se les impone el requisito complementario de ser "rogados", o sea, han debido ser expresamente requeridos al efecto (ley 185).

En todo caso, los testigos deberán conocer al testador -pues, si no, habrán de identificarlo- y procurarán asegurarse de que cuenta con la capacidad necesaria para otorgar testamento (art. 685.II del Código civil, vigente en el Infanzonado, y ley 186.I FN), esto es, deberán cerciorarse de que tiene catorce años cumplidos y que se halla en pleno uso de sus facultades mentales (art. 663 del Código y ley 184 FN). Este último aspecto reviste singular trascendencia en el testamento hil-buruko y sus equivalentes navarros, puesto que la circunstancia extrema en la que, por definición, se otorgan hace tanto más importante el acto de constatación del pleno vigor mental del testador.

Cuarto: únicamente cabe hablar de negocio jurídico testamentario si concurre, por parte del otorgante, un propósito serio y deliberado de otorgar su última disposición (art. 1953 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 -en adelante, LEC-), lo que significa que aquél no ha de limitarse a emitir meras manifestaciones previas o simples previsiones acerca de cómo testará en un futuro, sino que ha de expresar una voluntad inequívocamente testamentaria o, lo que es igual, rectamente dirigida a ordenar su sucesión; en definitiva, ha de poner en evidencia su resolución de testar. Esto es lo que quiere significar la ley 191 FN cuando, en su apartado primero, establece que el testamento ante párroco o ante testigos deberá redactarse por escrito "en el mismo acto o inmediatamente después que el testador haya declarado con palabras dispositivas su última voluntad".

Quinto: en lo que hace a su forma, recuérdese que, a tenor del artículo 31 LDCF, el testamento hil-buruko puede otorgarse tanto por escrito como de palabra, de modo que, aun cuando pueda reputarse conveniente, no es preciso que los testigos plasmen la última voluntad en documento alguno, guardándola en su memoria. Ahora, si decidieran recogerla en un escrito, sería suficiente con que en él reflejaran la disposición mortis causa del testador, sin necesidad, por tanto, de cumplir las rigurosas solemnidades que el Código civil español impone al testamento abierto notarial: así, no sería exigible la firma de aquél (aun pudiendo estamparla), ni tampoco la consignación de la hora y del lugar (imprescindible en el notarial), ni dación de fe (véase art. 696 del Código), etc. Sin embargo, acaso sí debiera reputarse elemento imprescindible la firma de los propios testigos, en la medida en que mediante ella manifiestan su conformidad con el contenido del documento y corroboran el ajuste entre éste y la última voluntad del testador.

Tal y como se ha visto en el punto anterior, el ordenamiento navarro es mucho más riguroso que el vizcaíno en este extremo, ya que la ley 191 FN (apartado primero) exige que el testamento ante párroco o ante testigos se recoja por escrito, ora en el mismo acto del otorgamiento, ora inmediatamente después de que el testador haya declarado su postrimera voluntad, con expresión, además, del día, mes y año (aunque no del lugar). De donde se deriva que la redacción del documento puede llevarse a cabo incluso una vez muerto el otorgante, siempre que no transcurra un tiempo excesivo entre el acto del otorgamiento y el momento de la escritura. Asimismo, es preciso que el testamento sea firmado por el testador y las personas que intervengan en el acto (párroco y testigos). Si cualquiera de ellas no supiera o no pudiera firmar, se consignará esta circunstancia en el mismo documento (ley 191.2). Como esta reducción a escrito es requisito de validez y sine qua non, el FN (ley 186.III) exige que en el testamento ante párroco al menos uno de los testigos sepa leer y escribir, imperativo que extiende a dos de los tres que han de participar en el testamento otorgado sólo ante ellos. Una vez concluido, el párroco, clérigo o, en su caso, los testigos deberán conservar el documento o requerir a Notario para su custodia (mediante acta de depósito: ley 191.3).

4El último apartado de aquel mismo precepto reputa igualmente inidóneos al "cónyuge o los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del Notario autorizante y quienes tengan con éste relación de trabajo". Mas comoquiera que en el testamento hil-buruko no existe, por definición, "Notario autorizante", la norma no le es de aplicación.

Tanto el artículo 31 LDCF, para el testamento hil-buruko, como la ley 191.4 FN, para los testamentos ante párroco o testigos, disponen que los mismos quedarán ineficaces si pasaren dos meses desde que el testador hubiese salido del peligro de muerte.

La razón de tal plazo de caducidad debe ubicarse en las excepcionales circunstancias que acompañan al otorgamiento de estas disposiciones testamentarias, y en el hecho de que, si se les asignara un carácter permanente, se les estaría confiriendo una naturaleza ordinaria, cuando lo cierto es que revisten una índole especial: recuérdese que la forma "normal" de testar requiere en la mente del legislador la autorización de Notario, de manera que, una vez superado el trance extraordinario, debe volverse a la regla general sin que prevalezca la excepción. Por tanto, el testador que desee, en caso de supervivencia, evitar los efectos de la caducidad deberá otorgar nuevo testamento en forma ordinaria o común.

Como con acierto se ha sostenido para el Código civil español (pues su art. 703 viene a sentar una regla idéntica), "salir del peligro" significa que éste deja de ser inminente, aunque siga la enfermedad y a los pocos días retorne la inminencia, falleciendo luego el testador enfermo; de suerte que, si muriera algún día después de cumplirse el plazo de de los dos meses desde la mejoría (incluso a causa de una recaída), habría quedado ineficaz el testamento. La finalidad de estas formas especiales y la naturaleza del plazo de caducidad que establecen las normas que las regulan abonan la solución, con lo que no cabría hablar de posibles interrupciones en el cómputo de los dos meses. En cambio, la curación de la enfermedad que afectaba al testador no hace caducar, por sí sola, al testamento, y, entonces, valdrá aunque aquél fallezca por otra causa distinta de la enfermedad, siempre que ello acontezca antes de vencer el plazo (LACRUZ BERDEJO, GONZÁLEZ PORRAS).

Ha de advertirse, no obstante, que la regla de caducidad recién descrita cuenta con un importante matiz para el caso del testamento hil-buruko, pues, a tenor de lo prescrito en el párrafo tercero del artículo 31 LDCF, si el testador, al salir del peligro de muerte, hubiese quedado incapacitado para otorgar un nuevo testamento, valdrá el que hubiese hecho en semejante tesitura. La norma resulta atinada en la medida en que bien puede suceder que, habiendo superado el testador la grave situación de fallecimiento inminente, quede, a raíz de la enfermedad padecida, privado de razón, hipótesis en la que carecerá de capacidad para testar: el artículo 663.2º del Código civil (aplicable en el Infanzonado) prohíbe hacer testamento a quien "habitual o accidentalmente no se hallare en su cabal juicio". Ahora bien, si tal era el propósito de la norma foral, lo lógico habría sido que, seguidamente, estableciera un generoso lapso temporal para la adveración (o certificación) judicial5 del testamento, y que, para el cómputo del mismo, tomara como día inicial el de la salida del peligro de muerte o, mejor aún, el siguiente a aquel en que hubiera finado el antecitado plazo de dos meses desde que dicha salida se produjo. Sin embargo, nada de esto ocurre, puesto que el párrafo tercero del artículo 31 LDCF concluye diciendo que, en este caso, "el plazo de adveración será de tres meses contados desde su otorgamiento".

5Acerca de dicha adveración, consúltese el siguiente y último epígrafe de esta misma voz.

Para que el testamento hil-buruko vizcaíno y los testamentos ante párroco o ante testigos previstos en el FN devengan plenamente eficaces no basta con que el fallecimiento del testador acaezca dentro del plazo de dos meses contados desde que salió del peligro de muerte: es necesario, además, que se acuda al Tribunal competente para proceder a su adveración o "abonamiento", expediente judicial mediante el cual se certifica la autenticidad de la voluntad del testador y, consiguientemente, la del testamento mismo, elevándolo, a continuación, a documento público y fehaciente6. Tales diligencias se hacen precisas en tanto que el acto -al haber sido otorgado sin la presencia de funcionario que dé fe- carece de suficientes garantías: la ley adopta entonces una serie de precauciones que tienden a asegurar que el contenido del documento o la expresión verbal del testador es lo realmente querido por él (GONZÁLEZ PORRAS).

En el caso del hil-buruko, la presentación debe hacerse dentro de un plazo de tres meses a contar desde la muerte del interesado -o desde el otorgamiento, si, habiendo sobrevivido, hubiese quedado incapacitado para testar: art. 31.II y III LDCF-, mientras que el FN prevé un término más amplio (de año y día) computado también desde el óbito del testador (ley 191.5). Téngase en cuenta que estos plazos son perentorios, de modo que, una vez transcurridos, el testamento decae si no se ha procedido a su presentación. En cuanto al lapso de tres meses establecido en la LDCF, conviene subrayar que el mismo rige tanto para el testamento verbal como para el escrito. Sin embargo, acaso habría sido más conveniente que el legislador hubiese señalado un término diferente para cada hipótesis, ya que, tratándose de testamento oral, parece demasiado extenso: piénsese, en efecto, que el contenido de la disposición testamentaria quedará confiado, en estos casos, única y exclusivamente a la memoria de los testigos.

El órgano judicial ante el que ha de tramitarse este acto de jurisdicción voluntaria es, tanto en Bizkaia como en Navarra, el Juez de primera instancia del lugar del otorgamiento (art. 63.22ª LEC 1881 y ley 191.5 FN).

La adveración podrá solicitarla cualquier persona que acredite un interés legítimo (arts. 1943 y 1944 LEC 1881 y ley 191.5 FN) y, así, los favorecidos en el testamento (herederos y legatarios), el albacea (si lo hubiere), los herederos intestados, etc. Sin embargo, la persona que tuviere en su poder el testamento escrito ha de considerarse, no meramente legitimada para instar la adveración, sino obligada a ello, tal cual explícitamente dispone el FN.

Los trámites procesales que han de seguirse una vez solicitado el "abonamiento" aparecen regulados en los artículos 1943 a 1955 LEC 18817, a cuyo tenor, el Juez mandará comparecer a los testigos (y, en su caso, al párroco) a fin de examinar a todos y cada uno de ellos. Si de sus declaraciones resultara que el testador tuvo el propósito serio y deliberado de otorgar su última disposición, que los testigos oyeron simultáneamente de su boca todas las disposiciones que quería se tuviesen como su última voluntad y que fueron en el número exigido legalmente -además de idóneos-, "el Juez declarará testamento lo que de dichas declaraciones resulte [...] y mandará protocolizar el expediente" (art. 1953 LEC 1881). En cambio, el órgano judicial no tomará en consideración aquello en que no hubiera conformidad, mientras que, si la última voluntad se hubiese consignado por escrito, se tendrá como testamento lo que del documento resulte, siempre que los testigos estén conformes en que fue el mismo papel que se redactó (art. 1954).

Una vez adverado o "abonado", el Juez ordenará la protocolización del testamento. Ésta consiste en su inclusión en los registros (protocolos) del Notario correspondiente (véase art. 1955 LEC 1881), lo que le dota de eficacia como documento público, evita su destrucción o pérdida y le proporciona publicidad, ya en su existencia, ya en su contenido.

6Según indica la doctrina especializada, la palabra "abonamiento" empleada por el FN para referirse a este acto de jurisdicción voluntaria constituye una derivación de los vocablos "abonir" y "abonimiento", profusamente empleados en las fuentes históricas de Navarra y en el antiguo romance navarro (GARCÍA-GRANERO FERNÁNDEZ).

7Al tratarse de un procedimiento de jurisdicción voluntaria, es de aplicación esta antigua norma procesal, y no la LEC promulgada en el año 2000 (véase la disposición final decimoctava de esta última).

  • CELAYA IBARRA, A.: Derecho foral y autonómico vasco, tomo I, Derecho foral, Publicaciones Universidad de Deusto, Bilbao, 1993.
  • CELAYA IBARRA, A.: Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, dirigidos por Manuel Albaladejo y Silvia Díaz Alabart, tomo XXVI, Ley sobre el Derecho Civil Foral del País Vasco, EDERSA, Madrid, 1997.
  • ESCRICHE, J.: voz "Mujer", en Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia, t. IV, Madrid, 1876, pp. 243 y 244.
  • GALICIA AIZPURUA, G.: "Testamento en peligro inminente de muerte. Injustificada falta de intervención notarial y subsiguiente nulidad. Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de junio de 2005", Cuadernos Cívitas de Jurisprudencia Civil, nº 70, pp. 593 a 602. (También en Actualidad Jurídica Aranzadi, año XV, nº 693, 8 diciembre 2005.)
  • GARCÍA GRANERO-FERNÁNDEZ, J., y NAGORE YARNOZ, J.: Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, dirigidos por Manuel Albaladejo y Silvia Díaz Alabart, tomo XXXVII, vol. 1º: Leyes 148 a 252 de la Compilación o Fuero Nuevo de Navarra, EDERSA, Madrid, 1998.
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