Accionariado. El capital social se fijaba en 1.500.000 pesos, cifra que no fue alcanzada ni siquiera en su mitad, tras cinco años que permaneció abierta la suscripción. Los Monarcas se convirtieron en los mayores accionistas al suscribir 200 acciones por un valor de 100.000 pesos. Es de advertir, no obstante, que no se efectuó el desembolso inmediato, sino que el importe de sus acciones fue con cargo a los derechos que los géneros de la Compañía debían satisfacer en la ciudad de Cádiz (que tenía el monopolio), antes de partir para Venezuela. La Provincia de Guipúzcoa adquirió 100 acciones para lo cual tomó dinero a censo. Otras instituciones como el Consulado donostiarra, el Ayuntamiento de San Sebastián y la Universidad de Oñate, fueron otras tantas accionistas de la RCGC. En cuanto a los particulares, destacaron los directores de la Compañía, ya que José Miguel de Vildósola, José de Lopeola y Juan Antonio de Claessens superaron con creces el número mínimo que debían poseer -16 acciones- para ostentar aquel cargo. A ellos siguieron, además de los otros dos directores -Ayerdi y Yunibarbia- otros hombres del Consulado donostiarra, numerosos guipuzcoanos y algunos navarros que por entonces residían en la Corte y que veían prosperar tanto su economía como su status social; tal es el caso de Juan Bautista de Iturralde, Juan de Goyeneche o Francisco de Aldecoa.