Erakundeak

CONCIERTO ECÓNOMICO (HISTORIA)

La ley de 21 de julio de 1876 fue radical e intensísima para nuestra autonomía, pero no tanto que nos nivelara en todo y por todo a las demás regiones. Más que una ley abolitoria del régimen autónomo, vino a convertirse en ley reformadora, pues al extender a los habitantes de la provincia vascongada la obligación de acudir al servicio de las armas, cuando la ley los llame, y de contribuir en proporción a sus haberes a los gastos del Estado, reservó al Gobierno la autorización contenida en el art. 4.°, para que, dando en su día cuenta a las Cortes, y teniendo presente la ley del 19 de septiembre de 1837 y la del 16 de agosto de 1841 y el decreto del 29 de octubre del mismo año, proceda a acortar, con audiencia de las provincias de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia, si lo juzga oportuno, todas las reformas que en su antiguo régimen foral lo exijan, así el bienestar de los pueblos vascongados, como el buen gobierno y la seguridad de la nación. Esta fue la base legal en que el Gobierno apoyó su conducta para aplicar lenta y gradualmente la ley, sin que el cambio fuera tan brusco y la medida tan sensible.

Las nuevas Diputaciones de R.O., que no tenían los compromisos ni la significación que las forales, pudieron entrar en negociaciones con el gobierno para lograr cierto ensanche en las facultades administrativas que habían de ejercer las Corporaciones provinciales del territorio vascongado, mediante el encabezamiento de las contribuciones, cuya aplicación directamente por el Gobierno mayores trastornos podía originar. Estas negociaciones se establecieron, y de ellas nació el primer concierto económico y el régimen especial que vamos a estudiar. Son los conciertos económicos otorgados entre el Gobierno de la Nación Española y las Provincias Vascongadas, contratos válidamente estipulados entre los representantes respectivos, para regular el modo y forma de satisfacer a aquél las contribuciones que por virtud de la ley del 21 de julio de 1876 pudieran corresponder al país vascongado, confiriendo al propio tiempo a sus Diputaciones las facultades necesarias para llenar el fin propio y el especial objeto pactado. Ref. Vicario y Peña: Los Conciertos Económicos, Bilbao, 1902, t. I, pp. 2, 16-17, 19-20.
El concierto económico de 1878. (Álava, Gipuzkoa y Bizkaia). Disuelta la Diputación Foral de Guipúzcoa. el día 1 de diciembre de 1877, la comisión de señores jueces se encargó interinamente de la administración de la Provincia hasta que el día 10 del mismo mes y año insertó el señor Gobernador Civil en el Boletín Oficial una circular encaminada a publicar los nombres de los llamados a constituir la Diputación provincial. Una vez nombradas estas Diputaciones que no traían su origen del Fuero, se hacía preciso regular las condiciones en que ese nuevo régimen había de aplicarse al país. Y a tal fin, y al deseo del Gobierno de ir cumpliendo todo lo contenido en la Ley de julio de 1876, ya que no con la cooperación del mismo pueblo vasco, o de los representantes libre y foralmente elegidos por él, con la aquiescencia y la ayuda de las Diputaciones provinciales, las cuales, a su vez, entendieron que en aquellas circunstancias era temerario negarse a intervenir en la gestión de la cosa pública, y dar motivo a la intromisión de elementos extraños a nuestra tierra y desconocedores de sus hábitos, aspiraciones y sentimientos, obedeció el llamado concierto económico de 1878, contenido en el famoso Real Decreto dictado por la Presidencia del Consejo de Ministros en 28 de febrero de aquel año, y cuya parte dispositiva dice así:

Artículo 1.º Se fija el cupo de la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería que las Provincias Vascongadas han de satisfacer al Tesoro en cada uno de los ocho años económicos, que empezaran a contarse desde 1.° del próximo julio, en las cantidades siguientes: Álava. 540.000 pesetas; Guipúzcoa, 727.362, y Vizcaya, 846.718, sin perjuicio del que proceda asignarlas cuando se haya hecho la estadística territorial y pecuaria.

Artículo 2.° Se fija asimismo el cupo que por contribución industrial y de comercio han de satisfacer dichas provincias en cada uno de los ocho años expresados en el artículo anterior, en 43.194 Pesetas la de Álava, 54.798 la de Guipúzcoa, y 94.983 la de Vizcaya., sin perjuicio de las alteraciones que deban hacerse en este señalamiento cuando se conozcan los resultados del padrón industrial, que ha de formarse en cumplimiento de lo mandado por el artículo 9 º del Real Decreto de 13 de noviembre de 1 877.

Artículo 3.º Son computables al cupo de la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería: 1 º, las cantidades que desde dicho día 1.º de julio próximo deba satisfacer y satisfaga cada provincia a su respectivo clero parroquial y para el sostenimiento del culto, hasta que el Estado se haga cargó de ambas obligaciones, según se previno en el artículo ; 3.º del ya citado Real Decreto de 13 de noviembre de 1877; 2.º, el 40 por 100 en Álava, el 50 por 100 en Guipúzcoa y el 35 por 100 en Vizcaya del importe de dicho cupo por las exenciones locales y personales que el Gobierno puede otorgar por las causas determinadas en el párrafo cuarto, artículo 5.° de la ley de 21 de julio de 1876, y en virtud de la autorización concedida en el mismo artículo; y 3º, el 2,62 por 100 para gastos de recaudación sobre la cantidad que ha de satisfacer cada provincia, por la contribución de que se trate, deducida en cada año la que importa el abono que se les hace por las exenciones a que se contrae el párrafo anterior.

Artículo 4.º Son igualmente computables al cupo de la contribución industrial y de comercio: 1.°, el 60 por 100 en Álava, el 50 por 100 en Guipúzcoa. y el 75 Por 100 en Vizcaya del importe del referido cupo, por las exenciones locales y personales que asimismo puedan otorgarse por virtud de la autorización concedida en el artículo 5.° de la Ley antes citada; y 2.º el 3,40 Por 100 para gastos de recaudación sobre la cantidad que ha de satisfacer cada provincia por esta contribución, deducida en cada año la que importa el abono que se les hace por las exenciones a que se contrae el párrafo anterior.

Artículo 5.º También será de abono, con cargo al cupo de la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería, la suma que en cada año cueste al Estado el sostenimiento de 100 y 120 soldados de infantería, en equivalencia de igual número de hombres que respectivamente sostienen las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa con el carácter de Guardias provinciales a completa disposición del Gobierno. Dejará de hacerse este abono cuando la expresada fuerza sea sustituida por la Guardia Civil o por la de cualquier otro instituto armado que se encargue de prestar el servicio que "actualmente desempeña la de que se trata.

Artículo 6.º Las provincias vascongadas, además de los cupos ya señalados por las contribuciones de inmuebles, cultivo y ganadería, e industria y de comercio, satisfarán también al Estado en cada uno de los ocho años a que se contrae el artículo 1,º del presente decreto, las cantidades y por los conceptos que a continuación se expresan: Por la equivalencia del impuesto de Derechos reales y transmisión de bienes: Álava, 13.664 pesetas; Guipúzcoa, 17.295, y Vizcaya 21.312. Por la equivalencia de la renta del papel sellado con el recargo de 50 por roo que impuso la Ley de presupuestos de 11 de julio de 1877: Álava, 19.683 pesetas; Guipúzcoa, 24.940, y Vizcaya, 30.721. Por el impuesto de consumos y cereales: Álava, 83.289 pesetas; Guipúzcoa, 140.008, y Vizcaya, 144.167. Por el consumo sobre la sal: Álava: 80.794,50 pesetas; Guipúzcoa, 134.100,75, y Vizcaya, 139.180,50.

Artículo 7.º Desde el citado día 1.° de julio próximo, los descuentos sobre sueldos de empleados provinciales y municipales, y sobre honorarios de los Registradores de la Propiedad, se establecerán en las provincias vascongadas, y el Estado percibirá su importe en la misma forma y por iguales medios que los realiza en las demás provincias del Reino.

Artículo 8.º Los impuestos de cédulas personales minas, y sobre tarifas de viajeros y mercancías, así como el descuento de 25 por 100 sobre cargas de justicia, ya establecidos en las Provincias Vascongadas, seguirán realizándose como hasta aquí.

Artículo 9.° Cualquier otra contribución, renta o impuesto que las Leyes de presupuestos sucesivas establezcan, serán obligatorios a las provincias vascongadas, y la cantidad que les corresponda satisfacer al Estado, se hará efectiva por los medios que el Gobierno determine, oyendo previamente a las respectivas Diputaciones provinciales

Artículo 10.º Estas Corporaciones harán efectivos los cupos de las contribuciones, rentas e impuestos comprendidos en los artículos 1.°, 2.° y 6.° del presente Decreto por los medios autorizados para realizar el de la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería del corriente año económico, y por cualquier otro que el Gobierno les otorgue, en vista de las propuestas que las mismas Diputaciones le dirijan.

Artículo 11.º En consecuencia de lo acordado en el precedente artículo, las Diputación provinciales vascongadas responderán en todo tiempo al Estado del importe de las cuotas que deban satisfacer.( "El ingreso y formalización de las mismas cuotas lo verificarán en la respectiva Administración económica por cuartas parto, dentro de los diez primeros días del mes siguiente al del vencimiento de cada trimestre, quedando sujetas dichas Corporaciones, si retrasaran el cumplimiento de esta obligación, a los procedimientos de apremio establecidos o que se establezcan, contra los deudores al Estado.

Artículo 12.º. Las señaladas en los artículos : 1.º, 2.º y 6.°, así como los impuestos a que se contraen el 7.º y 8.° del presente Decreto, quedan desde luego sometidos a las alteraciones que las Leyes sucesivas de presupuestos introduzcan en las bases de su imposición, y serán, por tanto, rectificadas, cuando llegue el caso, las cantidades que los determinan en la proporción correspondiente.

Artículo 13.° El Estado dejará de percibir en las provincias vascongadas donde 1.º de julio próximo los derechos procesales que vienen estas satisfaciendo. Los avecindados en dichas provincias podrán representar en papel blanco ante los Tribunales y Autoridades constituidas dentro de su respectiva demarcación, así como realizar en el mismo todos los actos políticos, civiles y administrativos que se refieren a la vida pública y privada de los ciudadanos; pero sin que esto se extienda en manera alguna a los actos y representaciones que tengan lugar fuera de aquellas provincias.

Artículo 14.º La renta de tabacos quedará establecida en las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, desde el 1.° de julio del año actual, como lo está en las demás de la Monarquía.

Artículo 15.° Desde el mismo día cesará la elaboración y venta de tabacos en rama y manufacturados que vienen ejerciendo los particulares, y el Estado se hará cargo, para utilizarlas en sus fábricas, de todas las existencias que de ambos artículos hubiere en las expendedurías y fábricas de particulares y en los almacenes de las Diputaciones provinciales al finalizar el 30 de junio próximo, aplicando a este caso las reglas y los procedimientos del Real Decreto e Instrucción de 20 de marzo de 1875.

Artículo 16.º El Estado indemnizará a los expendedores, fabricantes y almacenistas de tabacos en rama y elaborados con arreglo a 10 establecido en los artículos 2.°, 3.°, 4.° y 6.° del Decreto antes citado.

Artículo 17.° Por el Ministerio de Hacienda se expedirán las órdenes necesarias para que tenga puntual y exacto cumplimiento lo mandado en este Decreto, del cual dará el Gobierno cuenta a las Cortes oportunamente.

Este Decreto que, a no considerar más que los términos en que está redactado, parecía llamado a tener únicamente un valor circunstancial, fue, por el contrario, el que sirvió de base a los que con posterioridad se han dictado para fijar los cupos con que Álava, Guipúzcoa. y Vizcaya han de contribuir al erario público por determinados tributos, y aun para reconocer las facultades de que en la esfera administrativa han de gozar las respectivas Diputaciones.
Disposiciones complementarias del Real Decreto de 1878: 1878, 1879, 1880, 1882.

Real Orden de junio de 1878. Como complemento de ese Real Decreto, puede estimarse una Real Orden expedida por la Presidencia del Consejo de Ministros en 8 de junio del propio año de 1878, y por la cual se dispuso que fueran ejecutivos los acuerdos de las Diputaciones y Comisiones provinciales, incluso en lo relativo a creación de arbitrios y medios de cubrir los Ayuntamientos sus presupuestos, si después de comunicados al Gobernador de la Provincia, éste no se oponía en el término de tercero día; que en el caso de oposición del Gobernador, se elevara el asunto a la Presidencia del Consejo de Ministros; que los Ayuntamientos remitiesen sus presupuestos a la Diputación, y ésta los pasara al Gobernador, al sólo efecto de que esta autoridad comprobase si se hallan consignados todos los gastos obligatorios, y si los ingresos se ajustan a lo aprobado por la Diputación; y que estas Corporaciones obligaran a los Ayuntamientos a rendir sus cuentas en un período que no excediese de noventa días después de terminado cada ejercicio. Cuando se dictó esta Real Orden, todavía continuaba el país sometido a un régimen de excepción, y privado de las garantías constitucionales.

Real Decreto del 4 de noviembre de 1879. Esta situación duró hasta el 4 de noviembre de 1870, en que por la Presidencia del Consejo de Ministros, desempeñada a la sazón por el General don Arsenio Martínez de Campos, se expidió un Real Decreto, cuyo artículo primero venía a declarar que quedaban restablecidas esas garantías en todo su vigor en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, y que el Gobierno renunciaba, respecto de esas provincias, a las facultades extraordinarias y discrecionales que le fueron conferidas por el artículo 6.° de la Ley de 21 de julio de 1876. El artículo segundo disponía que "las Diputaciones que hoy existen en esas provincias continuarán en el desempeño de sus funciones hasta la época en que tenga lugar la primera renovación de las demás del Reino, ajustándose en un todo para esta renovación a la ley provincial vigente de 2 de octubre de 1877, verificándose en la primera vez la elección de la totalidad de los individuos que han de constituir la nueva Corporación".

Circular del 9 de octubre de 1880. No bien se había efectuado la renovación de las Corporaciones provinciales, en la forma señalada por el artículo que acabamos de recordar, se dictó por el Ministro de la Gobernación, que lo era el señor Romero Robledo, una circular dirigida con fecha 9 de octubre de 1880 a los Gobernadores civiles de Álava, Guipúzcoa. y Vizcaya, y tan abiertamente opuesta a las atribuciones especiales que se habían reconocido hasta entonces a las Diputaciones hermanas, que de admitirse el criterio sustentado en la circular, había que tener por derogada la Real Orden de 8 de junio de 1878, y por derogadas también cuantas disposiciones habían emanado de los Poderes públicos, favorables al mantenimiento de esas facultades. He aquí el texto de esa famosa Circular literalmente reproducido:

"Natural es la duda que V. S. expresa en la consulta que ha elevado a este Ministerio sobre cuáles son las relaciones de la autoridad gubernativa con las Corporaciones populares de esas provincias, y las disposiciones legales que marcan el círculo de sus atribuciones y las facultades que a aquellas entidades administrativas corresponden."
"El Gobierno, sintiendo la necesidad de aclarar el estado legal sobre tan importante asunto, ha esperado que las Diputaciones tomaran su origen en la elección popular, y dejaran de existir las actuales Diputaciones creadas de un modo anormal por la exigencia de las circunstancias."
"Publicada la ley de 21 de julio, el Gobierno quedó autorizado por su articulo 4·° para introducir en el régimen local de aquellas provincias, de acuerdo con sus Diputaciones, las reformas que creyese necesarias para armonizar el bienestar de los pueblos vascongados y el buen gobierno y la seguridad de la Nación, recibiendo por el artículo 6 º todas las facultades extraordinarias y discrecionales para cumplir aquella disposición, como las demás comprendidas en otros artículos de la Ley y que no son objeto de esta circular."
"A virtud de estas facultades extraordinarias, y por circunstancias que son harto conocidas, el Gobierno de S. M. mantuvo en aquellas provincias el estado excepcional y unas Corporaciones excepcionalmente formadas, sin llegar a hacer uso de las expresadas facultades para el objeto de convenir ninguna reforma definitiva de las que habían sido comprendidas en la autorización del articulo 4.°, "En esta situación, el Ministerio que antecedió al actual, oyendo el deseo de aquellas provincias de entrar en un régimen normal, dictó el decreto de 4 de noviembre de 1879; y considerando realizadas las modificaciones económicas y gubernativas que fueron el principal objeto de la Ley de 21 de julio, en las tres provincias, renunció en el artículo 1.° a las facultades extraordinarias del artículo 6.° de la Ley."
"Esa renuncia hace imposible que el Gobierno pueda usar de aquellas facultades con relación al régimen provincial y municipal de las Provincias Vascongadas. Podrían acaso dichas facultades ser necesarias todavía; pero el examen de este punto corresponde al Poder legislativo, único que nuevamente puede conceder al ejecutivo las facultades extraordinarias de que éste se desprendió. Mientras tanto el Gobierno de S. M., el más obligado al cumplimiento de las leyes, tiene que aplicar en esas provincias, como en todas, las leyes provincial y municipal en toda su extensión, quedando derogadas cuantas disposiciones transitorias se hubieren dictado que se opongan a esta medida; y especialmente la R. O. de 8 de junio de 1878, dictada por exigencia de las circunstancias y para acudir a necesidades de momento, siquiera fuese de un modo transitorio y en defecto de un régimen general que, a no haber llegado el presente caso, hubiera podido ser adoptado para la administración de las tres provincias, dando en su día cuenta a las Cortes."
"En virtud de estas consideraciones, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado disponer que cuide V. S. con el mayor celo de que las leyes provincial y municipal vigentes sean aplicadas en toda su integridad en la provincia de su mando, debiendo V. S. por su parte usar de cuantas facultades se conceden por las mismas a los Gobernadores civiles."

El efecto que esta circular produjo en el País Vasco fue de asombro. No obstante lo prevenido en ella, la aplicación íntegra de las leyes provincial y municipal no se llevó a cabo en Guipúzcoa y Álava, aunque no dejaron de surgir uno y otro día cuestiones delicadas entre las respectivas Diputaciones y los Gobernadores civiles, nacidas de aquella misma indeterminación, difícil y expuesta a conflictos, en que se vivía. La de Vizcaya, más herida que nadie por la referida circular, por lo mismo que sólo en Vizcaya fue donde se extremó la aplicación de lo que en ella se prevenía, nombró una Comisión de su seno que acudiese ante los Poderes públicos y expusiera respetuosamente la necesidad de revocar una disposición como la de 9 de octubre de 1880, que pugnaba abiertamente, no sólo con la Real Orden de 8 de junio de 1878 y el Real Decreto de 28 de febrero del mismo año, si no hasta con el espíritu y letra de la ley de 21 de julio de 1876, y con las manifestaciones autorizadas que desde el banco del Gobierno se hicieron durante su discusión para fijar su sentido y alcance. A pesar de las diferentes gestiones que se hicieron para obtener lo que pedía la Diputación de Vizcaya, apoyada por las de Guipúzcoa y álava, y a pesar también de que elementos extraños al país y muy allegados al Ministerio que se formó en febrero de 1881, declararon, como el señor Rute en el Congreso de los Diputados, que la tantas veces mencionada Circular fue un acto de despecho y una ilegalidad, pasaban los días y los meses sin que la tan anhelada derogación se obtuviese, aun después de haber informado en tal sentido la Dirección general de Administración local. Presentóse en esto a las Cortes un proyecto de ley provincial, y se aprovechó esta oportunidad para procurar la confirmación de las facultades especiales de las Diputaciones de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, y obtener por ese modo indirecto la derogación de la tantas veces recordada Circular de 9 de octubre de 1880.

Ley provincial del 29 de octubre de 1882. Fruto de estas negociaciones fue la disposición 4.ª transitoria que se consignó en la Ley provincial de 29 de octubre de 1882, y que copiada a la letra dice así: "Mientras subsista el concierto económico, consignado en Real Decreto de 28 de febrero de 1878, y las Diputaciones de las Provincias Vascongadas hayan de cumplir las obligaciones que les imponen los artículos 10 y 11 del mismo, se consideran investidas dichas Corporaciones, no sólo de las atribuciones consignadas en los capítulos 6 y 10 de la presente, sino de las que con posterioridad a dicho convenio han venido ejercitando en el orden económico para hacerlo efectivo". Las Diputaciones de Guipúzcoa y Álava felicitaron a los Diputados y Senadores vascongados por haber logrado la aprobación de la referida disposición 4.ª transitoria de la ley provincial, porque entendieron que con ella quedaba de hecho derogada la Circular de 9 de octubre de 1880, y restablecidas las facultades de que las Corporaciones provinciales de este país habían venido usando desde la promulgación del Real Decreto de 28 de febrero de 1878 y de la Real Orden de 8 de junio del mismo año, que fue su consecuencia.
Las tres Diputaciones hermanas aúnan sus esfuerzos. Aproximábase en tanto, la expiración del plazo de ocho años concedido por el expresado Real Decreto de 28 de febrero de 1878 para el concierto económico que entonces se ajustó entre el Gobierno de S. M. y las Diputaciones de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Estas Corporaciones practicaron diversos estudios con objeto de recabar de los altos Poderes del Estado las mayores ventajas posibles en bien del país que representaban. Se reunieron en conferencias para acordar la línea de conducta que habían de observar, y con alguna ligera modificación aprobaron unas bases que había redactado la de Guipúzcoa, asesorada por los que en las Diputaciones forales habían ocupado el honroso puesto de Diputado general. Esas bases se encaminaban a alcanzar de los Poderes públicos una situación más estable y menos precaria que la que a la sazón tenían las Corporaciones provinciales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya.

La fórmula que en definitiva se aceptó en las conferencias celebradas por las Diputaciones hermanas en Vitoria los días 14 y 15 de diciembre de 1885 venía a ser la siguiente:

"Las Provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya serán administradas con arreglo a sus usos y costumbres por las Autoridades y Juntas generales que anteriormente tenían y con las facultades necesarias para el cumplimiento de los nuevos servicios y obligaciones que a dichas provincias se imponen por los artículos 2.° y 3.° de la Ley de 21 de julio de 1876, o sea, para el pago del encabezamiento de las contribuciones del Estado, y los relativos al servicio militar".

Antes de que las Diputaciones fuesen llamadas a conferenciar con el Gobierno acerca de estas cuestiones de tan grande interés para el país, ocurrió la muerte de don Alfonso XII, acaecida en noviembre de 1885. Y los hombres que se encargaron entonces del Gobierno, bajo la regencia de doña María Cristina de Hansburgo, se limitaron a obtener de las Cortes la autorización legislativa necesaria para prorrogar por un año más el concierto económico en las mismas condiciones en que se hallaba ajustado. Esta autorización, que consignó en Ley de 12 de enero de 1886, no hacía más que prolongar la interinidad en que se venía viviendo y de la cual era forzoso salir. El Ministro de la Gobernación señor González, a quien visitaron los Comisionados que fueron a conferenciar con el de Hacienda señor Camacho, para la prórroga del concierto económico, les manifestó que el Gobierno, introduciendo las modificaciones que exigiese el aumento de riqueza, no anularía las facultades administrativas de las Diputaciones vascongadas. Y el mismo señor Camacho con quien celebraron una entrevista los Diputados y Senadores del país para tratar de la prórroga del concierto, manifestó, en conversación con ellos, que no tenía inconveniente en abordar la cuestión, siempre que cada provincia negocie por separado lo que a cada una corresponde, empezando por Vizcaya, es decir, que se trataba de romper aquella unión en que estribaba toda la fuerza de que podían disponer las Diputaciones hermanas al presentarse ante el Gobierno. Así llegó la época de acudir nuevamente a los Poderes públicos para tratar de la situación en que había de quedar el país el 30 de junio de 1887.
Primera revisión del Concierto Económico: 1887. Cuando vino ese momento, desempeñaba el Ministerio de Hacienda el señor López Puigcerver, y con él hubieron de conferenciar los comisionados de las Diputaciones de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, los cuales desde el primer instante advirtieron que sus gestiones habían de ser muy laboriosas y difíciles. Notábase en el Ministro una marcada tendencia a segregar del concierto determinados impuestos que habían estado incluidos en él, a fin de recaudarlos directamente. Se logró, con todo, que el Sr. López Puigcerver desistiese de su empeño, y se llegó a convenir con él en los términos en que había de prorrogarse el concierto. El Ministro ofreció con este motivo confirmar las atribuciones especiales de las Diputaciones Vasconagadas, y hacerlo constar así en un artículo de la Ley de Presupuestos que había de ser aprobada por las Cortes.

Una vez obtenida la prórroga del concierto económico, quisieron los Comisionados lograr la aprobación de las bases que llevaban acordadas para garantizar la autonomía administrativa de las Diputaciones y Ayuntamientos del país, mediante la vuelta a la tradición foral, en cuanto eso fuera posible, y cupiera conciliarlo con el nuevo estado de cosas creado por la Ley de 21 de julio de 1876. Visitaron con este objeto al señor León y Castillo, Ministro de la Gobernación, pero desde la primera entrevista comprendieron la absoluta imposibilidad de obtener, ni siquiera por asomo, lo que pretendían. El Ministro se encastilló en una rotunda negativa, y no permitió ni que se concibiesen siquiera remotas esperanzas de que, para la realización de las obligaciones impuestas por el concierto económico, se diese a las Diputaciones vascongadas cierto carácter foral. En vista de esta actitud resuelta del Ministro, que coincidía con la de la mayoría de los hombres políticos de Madrid, los Comisionados regresaron al país; y el Ministro de Hacienda incluyó en el proyecto de Ley de Presupuestos que para el año económico de 1887-88 presentó a la aprobación de las Cortes el concierto que había convenido con los representantes de las Diputaciones hermanas. Ese concierto figura con el n.° 14 en el articulado de la Ley de Presupuestos que lleva la fecha de 29 de junio de 1887.

Véase a continuación su texto literal:

"Artículo 14º Las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya contribuirán en lo sucesivo con arreglo al siguiente estado:
"Por inmuebles, cultivo y ganadería: Álava, 575.000 Pesetas: Guip., 789.254: Vizcaya, 905.008.- Totales, 2.269.262."
"Por industrial y de comercio: Álava, 58.194: Guipúzcoa, 229.139: Vizcaya, 323.178: Totales, 610.511."
"Por derechos reales y transmisión de bienes: Álava, 15·030.-Guipúzcoa, 60.564.-Vizcaya, 95.512: Totales, 171.106."
"Por papel sellado: Álava, 21.651: Guipúzcoa, 24.552: Vizcaya, 33.793·- Totales, 79.996."
"Por consumos: Álava, 207.000 Guipúzcoa, 478.175 Vizcaya, 573.732: Totales, 1.258.907."
"Total: Álava, 876.875 Guipúzcoa., 1.581.684: Vizcaya, 1.931.223: Total, 4.389.782."
"Serán compensables con los respectivos cupos las cantidades que a continuación se expresan:
"Por recaudación a razón de 2,62 por 100 y 0,47 por rectificación de amillaramientos, o sean 3,09 sobre la cifra de inmuebles, cultivo y ganadería: Álava, 17.767,50: Guipúzcoa, 24.387,90.-Vizcaya, 27.964,70: Totales, 70.120,10."
"Por premio de cobranza y recaudación de 3,75 sobre la cifra de la industrial: Álava, 2.182,27: Guipúzcoa, 8.592,70.-Vizcaya, 12.119,10: Totales, 22.894,07."
"Por sostenimiento de Miqueletes y Miñones: Álava, 0,000: Guipúzcoa, 41.185: Vizcaya, 36.500. Totales, 77.685."
"Por intereses y amortización del capital invertido en la construcción de carreteras de carácter general y conservación de las mismas ínterin estos servicios se hallan a cargo de las provincias: Álava, 327.293,23 Guipúzcoa, 523.851,40: Vizcaya, 567.990,20: Totales, 1.419.134,83."
"Total: Álava, 347·243·-Guipúzcoa, 598.017.-Vizcaya, 644.574.- Total, 1.589.834."
"Las Diputaciones provinciales responderán en todo tiempo al Estado del importe total de los cupos que cada provincia debe satisfacer."
"El ingreso y formalización de las cantidades que deberán abonar las expresadas provincias se verificará en la respectiva Delegación de Hacienda por cuartas partes, dentro del mes siguiente al vencimiento de cada trimestre, quedando sujetas dichas Corporaciones, si retrasaran el cumplimiento de esta obligación, a los procedimientos de apremio establecidos o que se establezcan contra deudores del Estado."
"Los descuentos sobre sueldos de empleados provinciales y municipales, honorarios de los Registradores de la Propiedad, cédulas personales, minas, tarifas de viajeros y mercancías, y descuento de 25 por 100 sobre cargas de justicia, seguirán realizándose como hasta aquí."
"Cualquiera otra contribución, renta o impuesto que las Leyes de presupuestos sucesivas establezcan, obligarán también a las provincias referidas en la cantidad que les corresponda satisfacer al Estado y se harán efectivas en la forma que el Gobierno determine, oyendo previamente a las respectivas Diputaciones provinciales." "Las cuotas señaladas en el cuadro del párrafo primero podrán modificarse, oyendo a las Diputaciones, por alteraciones sensibles en la riqueza de las provincias, o en las bases de imposición consignadas en los presupuestos del Estado, en la proporción que corresponda a aquellas alteraciones."
"Para el cumplimiento de las obligaciones anteriormente consignadas, las Diputaciones de las tres provincias se consideran investidas, no sólo de las atribuciones establecidas en la Ley provincial, sino de las que con posterioridad al Real Decreto de 28 de febrero de 1878 han venido ejercitando."

La nota distintiva de esta disposición fue que por ella se daba carácter de permanencia al régimen de los conciertos, al fijar por tiempo indefinido los cupos que habían de satisfacer las Diputaciones hermanas, y al determinar que para su alteración sería preciso oírlas, y ajustarse además a las modificaciones que hubiese habido en la riqueza de las mismas Provincias, o en las bases de imposición consignadas en los presupuestos del Estado.
Ataques al régimen privativo del Concierto: Real Orden de 1891. No parece propio de una reseña como ésta detallar las diferentes resoluciones que por aquellos años y en casos particulares se dictaron por el Gobierno a propósito de las facultades reconocidas a las Diputaciones de este país. Tales conciertos parciales no eran ni significaban otra cosa que la aplicación de lo dispuesto en uno de los párrafos del artículo 14 de la Ley de Presupuestos de 29 de junio de 1887. Ni las facultades de las Diputaciones, ni el régimen del país experimentaban por ello la más leve modificación El respeto al régimen especial del país que se muestra en la Real Orden de 1890, aparece totalmente alejado de otra Real Orden del Ministerio de la Gobernación que lleva la fecha 1.° de diciembre de 1890, y por la cual se ordenó al Gobernador civil de Guipúzcoa que prestara su aprobación a un presupuesto extraordinario formulado por el Ayuntamiento de San Sebastián. Inmediatamente comenzaron las Diputaciones hermanas a trabajar con ahínco a fin de obtener la derogación de esa Real Orden, que significaba un desconocimiento manifiesto de las facultades reconocidas a las Corporaciones populares de nuestro país.

Entablaron con tal objeto un recurso colectivo; y como resultado de sus gestiones se dictó, en 8 de agosto de 1891, otra Real Orden. Por más que esta Real Orden, en su parte dispositiva, vino a reconocer las facultades que las Diputaciones . de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya habían venido ejerciendo en materia de aprobación de presupuestos y cuentas municipales, y que de hecho les habían sido negadas por la R. O. de 1.° de septiembre de 1890, cuya revocación pretendían, se hacían en su preámbulo tales manifestaciones, dirigidas especialmente a menoscabar e ir cercenando poco a poco las facultades económico-administrativas de que aquéllas gozaban, que la de Álava se creyó en el caso de indicar a sus hermanas la conveniencia de elevar un recurso colectivo en el que se solicitase del Gobierno la declaración de que la Real Orden de 8 de agosto de 1891 no quiso introducir modificación alguna respecto a las atribuciones puramente administrativas que de derecho y hecho venían ejercitando las Corporaciones provinciales y municipales del País Vasco, tanto en virtud de lo consignado en la Ley de 21 de julio de 1876, cuanto por las disposiciones orgánicas o reglamentarias que para su ejecución y cumplimiento se dictaron con anterioridad al Real Decreto de 4 de noviembre de 1879, como así bien por lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de presupuestos de 29 de junio de 1887.
Génesis de una doctrina concertataria. No se llegó a elevar el recurso que pretendía la Diputación de Álava; pero como la doctrina en que se basó su acuerdo es la que en lo sucesivo ha venido a prevalecer cuando se ha tratado de estas cuestiones relacionadas con el régimen especial de nuestro país, conviene recoger algunas de las ideas fundamentales en que basa el informe de los señores don Benito Guinea, don Tomás Salazar y don Eliodoro Ramírez de Olano, que es el que, aprobado por la Corporación, fue adoptado por ésta como resolución suya.

Declárase ante todo en este dictamen que "al querer suponer que estas provincias se preocupan solamente de la cuantía y manera de tributar, se padece un grave error, pues su constante aspiración es la de administrarse por sus organismos propios, con verdadero espíritu descentralizador y autónomo. Se estudian luego los antecedentes, la letra, el espíritu y el alcance de la Ley de 21 de julio de 1876, y después de dar por reproducidas las protestas que respecto de ella se causaron por las Juntas generales de noviembre de 1877, se recuerda que, según declaró el propio señor Cánovas del Castillo, a la sazón Jefe del Gobierno, se reservaba en esa ley "aquello que sin dañar los intereses generales del país, aquello que sin contrariar las obligaciones que a todos los españoles les imponen los preceptos constitucionales, pueda mantener en aquellas provincias el espíritu administrativo en que indudablemente han sido superiores hasta ahora a otras de la nación; espíritu que es de deplorar que en otras muchas no exista, y que después de todo sería absurdo destruir cuando es y debe ser aspiración de todos nosotros, por medio de las costumbres, irlo llevando y aplicando a todas las demás provincias, sin distinción, de la nación española".

Deducen de aquí los firmantes del dictamen "que la ley de 21 de julio de 1876 no es por completo abolitoria de nuestro venerando régimen foral, pues si bien por ella se conculcaron legítimos y por todos conceptos respetabilísimos derechos de estas Provincias Vascongadas, sin embargo se limita "a hacer extensivos a los habitantes de las mismas los deberes de acudir al servicio de las armas y de contribuir a los gastos del Estado, autorizando por lo demás al Gobierno, no para abolir ni para derogar, sino simplemente para introducir las reformas que en nuestro antiguo régimen foral exigiesen, así el bienestar de los pueblos vascongados, como el buen gobierno y la seguridad de la Nación".

Examinada la ley de 21 de julio de 1876, se examinan igualmente en el referido informe diferentes disposiciones dictadas por el Gobierno con posterioridad acerca del régimen especial del país vascongado; y de ese estudio "se deduce lógicamente que las Diputaciones Vascongadas se hallan investidas en el orden administrativo de cuantas facultades ejercían las Diputaciones y Juntas forales, en todo aquello que no les han sido mermadas por preceptos terminantes emanados del Poder legislativo".

Y haciéndose cargo de aquella aserción estampada en la parte expositiva de la Real Orden de 8 de agosto de 1891, de que "tan sólo puede reconocerse a estas provincias un régimen distinto, en la medida indispensable para que el concierto económico pudiera ser cumplido, del que establece para las demás provincias, siquiera sea precario y subordinándolo a una contingencia ajena a la ley orgánica", se dice en el tantas veces recordado dictamen de los señores Guinea, Salazar y Ramírez Olano: "De todo lo expuesto se deduce con evidencia que la Real Orden en cuestión niega a las Diputaciones y Ayuntamientos vascongados toda clase de atribuciones especiales en el orden puramente administrativo, y que si bien reconoce algunas en el económico- administrativo, es subordinándolas a la subsistencia del mal llamado concierto económico, y como, según queda demostrado, la ley de 21 de julio de 1876, en relación con la Real Orden de 29 de octubre de 1841, confirma la administración especial de este país, y por tanto reconoce que las Diputaciones provinciales deben ejercer las funciones que venían desempeñando las Diputaciones y Juntas forales, atribuciones que desde que cesaron los organismos forales, por cierto en esta Provincia, sin que así lo dispusiera un Real decreto o una Real orden, sino simplemente por una orden del Gobernador autorizado por el Gobierno, han venido ejercitando sin interrupción alguna, tanto las Diputaciones provinciales interinas como las de elección popular, pudiendo citar entre otras las relativas a beneficencia, vías públicas y materia forestal; atribuciones que han ejercido con consentimiento del Gobierno, que en varias resoluciones así lo ha reconocido, y de sus delegados, los Gobernadores civiles, que con su aquiescencia y beneplácito han contribuido a robustecer el derecho establecido".

Este es el criterio con que posteriormente han venido apreciándose las cuestiones que se rozan con el régimen especial de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, pues se tiene por cierto -y se pueden invocar diferentes declaraciones y decretos de los altos Poderes del Estado en apoyo de esta tesis- que corresponden a las Diputaciones de hoy todas las atribuciones y facultades que pertenecían a los organismos forales y que no hayan sido expresamente derogadas. Cada vez que se han modificado los cupos con que las Diputaciones hermanas contribuyen a las cargas del Erario público, por el sistema llamado de conciertos económicos, se ha afianzado ese criterio, pues siempre se ha consignado, en un artículo, que las Diputaciones expresadas continuarán investidas de las facultades especiales que han venido ejerciendo.
Segunda revisión del Concierto Económico: 1894. En 1893 fueron convocadas las Diputaciones vascongadas para que conferenciaran con el Ministro a propósito de esa cuestión tan importante. Desde luego advirtieron los Comisionados designados al efecto que lo único que pretendía el Gobierno era aumentar considerablemente la cuota que satisfacían Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Por lo demás se observó una diferencia muy marcada con relación al concierto de 1887 a 1888. Así como entonces mostraba el Ministerio afán decidido y resuelto de reservar al Estado la administración y recaudación directa de determinados impuestos, ahora, por el contrario, presentábase dispuesto, no sólo a encabezar los incluidos antes en el concierto sino aun otros que cobraba directamente la Hacienda pública. El resultado de todas esas conferencias entre el Ministro y la representación de las Diputaciones hermanas, quedó consignado en un Real Decreto expedido con fecha 1.° de febrero de 1894. No hay para qué copiar en su integridad la parte dispositiva del expresado Real Decreto. Únicamente haremos una excepción con los artículos 10 11 y 14, cuyo texto es como sigue:

"Artículo 10.° Cualquiera otra nueva contribución, renta o impuesto que establezcan las leyes sucesivas y que no tengan relación con los encabezados, obligarán también a las Provincias referidas en la cantidad que les corresponda satisfacer al Estado, y se harán efectivas en la forma que el Gobierno determine, oyendo previamente a las respectivas Diputaciones provinciales. Del mismo modo, si las leyes sucesivas suprimieran alguna contribución, renta o impuesto de los encabezados, se dejará de satisfacer el cupo correspondiente, a no ser que al suprimirse un impuesto se establezca otro en equivalencia, representando la misma cuantía, en cuyo caso no se hará alteración alguna."
"Artículo 11.º. Las cuotas señaladas serán inalterables hasta 1 º de julio de 1906, y pasada esta fecha, podrán modificarse con sujeción a lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley de presupuestos vigente, oyendo como en él se determima, a las Diputaciones provinciales, salvo lo establecido en los artículos 6.° y 10.°"
"Artículo 14.º Las Diputaciones provinciales de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, continuarán investidas, así en el orden administrativo, como en el económico, de todas las atribuciones que vienen ejerciendo"

Por estos artículos queda establecido de un modo categórico que los cupos encabezados serán inalterables hasta 1.° de julio de 1906; que si se estableciera una nueva tributación en equivalencia de una de las concertadas que se suprimiese, tampoco se hará alteración alguna en el cupo respectivo; que si esa contribución no tuviese relación con las antes existentes, obligará también al País Vasco, pero que para hacerla efectiva, el Gobierno oirá previamente a las Diputaciones; y que éstas seguirán gozando de las atribuciones que han venido ejerciendo, no sólo en el orden económico, sino también en el administrativo. A poco que se pare la atención en estas cláusulas, desde luego se echa de ver que la posición de las Diputaciones se va consolidando, y que la especialidad del régimen a que se ajustan queda cada vez más caracterizada.
Revisión y atmósfera política. La firma de los nuevos acuerdos fue precedida por una serie de acontecimientos que hicieron precaria la postura del partido liberal tanto en Vizcaya -provincia más afectada- como en la persona de su líder más destacado, Sagasta. La agitación foral ganó rápidamente a las cuatro provincias concertadas, en cuyas capitales se desarrollaron, entre 1893 y 1894, diversos incidentes y ruidosas manifestaciones populares favorables a la restitución de los fueros, tales como la sanrrocada de Guernica y la gamazada navarra, que costó la cartera al ministro de finanzas Gamazo. La firma del concierto, que preveía un notable aumento contributivo, no ayudó en absoluto a apaciguar los ánimos. S. de Arana denunció el carácter oligárquico del convenio que hacía recaer el peso de la fiscalidad sobre el consumo de las clases más necesitadas, mientras industriales y grandes propietarios Vizcaíno conservaban las manos libres para seguir enriqueciéndose. "De esta forma -comenta J. C. Larronde- la clase burguesa, principal beneficiaria de este acuerdo económico, gozaba de un sistema ventajoso para ella, ya que le daba cierta autonomía respecto al poder central al mismo tiempo que facilidades para desarrollarse y mantener su dominación sobre las clases populares". Es en el concierto, pues, y no en la supresión de los fueros donde hay que ver la clave de la industrialización del País Vasco. Pero el concierto era algo más que este instrumento de la clase capitalista bilbaína; significó, sin ningún género de dudas, la persistencia del régimen foral en lo referente al sistema administrativo provincial, la última migaja de soberanía, y como tal, aunque criticado en cuanto a contenido, fue defendido por Arana y sus partidarios -los futuros nacionalistas vascos-, como institucionalización de un derecho. Se trataba, pues, de defender, un continente, no un contenido.
Recargos ajenos a la última legislación concertual: 1898, 1899, 1900, 1904.

Donativo de 1898. No tardaron las mismas Diputaciones de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya en verse obligadas a solicitar otra vez de los altos Poderes del Estado que respetaran las cláusulas establecidas en el concierto económico a la sazón vigente. Con motivo de los recargos señalados a los impuestos que se venían pagando, a fin de hacer frente a los cuantiosos gastos que habían ocasionado a España las guerras coloniales y la que tuvo que sostener con los Estados Unidos de Norteamérica, el Ministerio, sin fijarse en que, según el concierto económico de 1894, eran inalterables hasta 1906 las cifras allí fijadas, llamó a las expresadas Diputaciones a convenir acerca de las sumas que por esos recargos habían de satisfacer. Se presentaron los delegados de las Diputaciones al Ministro, y declararon noblemente que los sentimientos patrióticos que les animaban eran suficiente estímulo para que acudiesen en auxilio del Tesoro público en las críticas circunstancias que atravesaba España; pero que querían hacerlo generosa y espontáneamente, y como donativo voluntario, no porque a ello estuviesen obligadas por las Leyes especiales que determinaban la manera de ser económica y administrativa de este país. El Ministro de Hacienda, que lo era el señor López Puigcerver, estimó justas las exigencias de las Diputaciones, y en su vista, y en virtud de las conferencias celebradas con los Comisionados de las mismas, expidió con fecha 1.° de agosto de 1898 una Real Orden

Disposición de 1899. Con posterioridad a esta disposición se dictó otra que venía a confirmar el régimen especial de este país en cuanto al nombramiento de empleados provinciales y municipales se refiere. Fue esa disposición la Real Orden de 10 de mayo de 1899, que declaró no ser aplicable en las Provincias Vascongadas y Navarra la legislación general sobre nombramiento de personal de archivos provinciales y municipales. Fundábase esta Real Orden en que, como excepción principal de su régimen tributario y administrativo, las Corporaciones del País Vasco estaban facultadas para la designación del personal que había de servir a sus órdenes, y libres de coda organización que tendiera a mermar las atribuciones que les estaban reconocidas.

Real Decreto de 1900. Así como fue preciso concertar entonces este impuesto sobre el alumbrado, que era de nueva creación, hubo que fijar también en 1900 cuáles eran, de las contribuciones incluidas en la Ley de presupuestos para el año económico de 1900, comúnmente conocida con la denominación de presupuestos de Villaverde, las que tenían relación con los cupos ya concertados, y cuáles eran las que no la tenían. Celebráronse para ello diversas conferencias entre el Ministro de Hacienda, que lo era el señor don Manuel Allende Salazar, y los Comisionados de las Diputaciones de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya; y las modificaciones que como consecuencia de todo ello se introdujeron en el concierto a la sazón vigente, quedaron consignadas en un Real Decreto de 25 de octubre de 1900, en cuyo preámbulo se declara lo siguiente:

"Había, no obstante, que partir del convenio de 1894, que declaró inalterables hasta 1.º de julio de 1906 los cupos de las contribuciones en él concertadas y entre las cuales figuran algunas recargadas con décimas adicionales por la vigente ley de presupuestos, el impuesto de derechos reales, y algunos conceptos comprendidos hoy en la contribución de utilidades y que proceden de la contribución industrial y de comercio, también concertada, por la cual, atento el Gobierno a respetar el derecho que por aquel concierto corresponde a las Provincias Vascongadas, fue reconocido que las repetidas décimas, así como el impuesto de derechos reales en la parte concerniente a concesiones administrativas y los conceptos procedentes de la contribución industrial, comprendidos hoy en la de utilidades, no podían afectar a dichas provincias, concatándose, en cumplimiento también del referido convenio, las nuevas líneas de ferrocarriles y las prolongadas desde 1894; pero reconociendo asimismo las referidas Diputaciones el derecho del Estado, y mediante indemnización a Vizcaya y Guipúzcoa, fue aceptado que la Hacienda se encargara de la administración directa del impuesto sobre los transportes por vía marítima, así como el de los ferrocarriles y tranvías mineros cuyo desarrollo es de gran importancia, y no convenía, por lo tanto limitar las utilidades del Tesoro a un cupo fijo invariable durante un determinado número de años."
"Respecto a la contribución sobre utilidades de la riqueza mobiliaria en cuanto se refiere a los conceptos de nueva implantación en nuestro sistema tributario, se ha reservado asimismo la Hacienda su administración y recaudación directa, lo cual es también altamente beneficioso para los intereses generales del país, por la misma razón del desarrollo creciente de las industrias a que afecta esta contribución."
"Pero entre todos los beneficios que se han conseguido para el Tesoro, y que sin menoscabo de los derechos que corresponden a las Provincias Vascongadas, constan en el adjunto proyecto de Real Decreto, figura en primer término una prescripción que tiende a evitar que a la sombra y amparo de los conciertos se establezcan Sociedades y Compañías que, ejerciendo sus respectivas industrias fuera del territorio de las Provincias Vascongadas, adquieran dentro de él su domicilio social. Impidese con esto que dichas sociedades eludan por indicado medio el pago de los tributos, pues las que en lo sucesivo se establezcan serán extrañas al concierto y estarán, por lo tanto, sujetas al pago de las contribuciones e impuestos que según su naturaleza les correspondan."
"Asimismo ha recabado la Hacienda el derecho de administrar directamente el impuesto de 1 por 1.000 sobre negociación de valores impuesto sobre el azúcar, naipe y achicoria, y sólo ha concertado las líneas de nueva construcción y las prolongadas desde 1894, Porque el concierto de dicho año así lo exigía, y el impuesto sobre casinos y círculos de recreo.

Nuevos impuestos de 1904. En 1904, y con motivo de la Ley que se dictó con fecha 19 de julio de aquel año estableciendo un impuesto especial de fabricación de alcoholes, y otro impuesto especial de consumo del alcohol, y suprimiendo en la tarifa de percepción del impuesto de consumos la partida Trigo y sus harinas, surgió una diferencia de apreciación entre el Gobierno y las Diputaciones de este país sobre si esos nuevos impuestos creados por la mencionada Ley tenían o no relación con los incluidos en el concierto económico. Las Diputaciones opinaban que existía esa relación, mientras era creencia del Gobierno que no la había. Por ello el Ministerio de Hacienda hacía una rebaja en los cupos concertados, por la parte correspondiente al impuesto de consumos sobre el trigo y sus harinas, y a la contribución de patentes y a la contribución industrial. Las Diputaciones, sin oponer la objeción más mínima a las cifras propuestas por la Hacienda pública, estimaban que esas cifras no debían aplicarse en el sentido en que las aplicaba el Gobierno, puesto que las concertadas en 1894 habían de ser inalterables hasta 1906, si no como compensación a lo que habían de percibir las mismas Diputaciones si recaudasen directamente el nuevo tributo especial sobre el alcohol creado por la Ley antes citada de 19 de julio; es decir, que la cuestión planteada no era por el huevo, si no por el fuero, para valernos de una frase ya consagrada por el uso. No obstante cuanto expusieron las Diputaciones en apoyo de sus tesis, el Gobierno no modificó su criterio. Y por Real Decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros que lleva la fecha de 29 de octubre de 1904 confirmó la Real Orden del Ministerio de Hacienda de 26 de septiembre anterior, pero, al confirmarla, hizo constar solemnemente:

"Primero. Que se declare subsistente en toda su integridad y plenitud de fuerza obligatoria el concierto basado en el Real Decreto de 1.° de febrero de 1894, tal como existía a la promulgación e implantación de la Ley de 19 de julio último." "Segundo. Que la Real Orden del Ministerio de Hacienda, fecha 26 de septiembre último, habrá de entender en el sentido de que no se alteran los cupos concertados, y que la cantidad total que por ella resulte asignada a cada una de las Provincias Vascongadas, le será abonada en cuenta como equivalencia de las percepciones fiscales alteradas por la nueva ley."
Tormentosos preparativos para el nuevo concierto. En 1894 debía de renovarse el concierto entre las Diputaciones vascas y el gobierno pero, a pesar de ser convocadas las primeras por R. O. del 14 de noviembre de 1905, no se llegó a hacerlo. El concierto fue prorrogado por un año. Al siguiente se convocó nuevamente a la comisión de representantes vascos. Era ministro de hacienda del gabinete liberal presidido por el marqués de la Vega de Armijo, el Sr. Navarro Reverter, conocido por su antiforalismo. La atmósfera fue tanto o más cargada que en la anterior renovación; a las campañas de prensa sucedieron las manifestaciones, conferencias, folletos, etc. Las negociaciones bordearon la ruptura en más de una ocasión y una ola de antiliberalismo volvió a enseñorearse del país.
Tercera revisión del Concierto: 1906. En la fecha previamente señalada, o sea en noviembre de 1906, se inauguraron las conferencias entre el Ministro de Hacienda y los Comisionados de las Diputaciones de Álava; Guipúzcoa y Vizcaya pasa llegar a un acuerdo sobre los cupos que éstas hubieran de satisfacer en lo sucesivo por los diversos tributos concertados y la duración que había de tener el convenio que se ajustase. Tras largas y laboriosas gestiones, el resultado de las conferencias celebradas se concretó en el Real Decreto de 13 de diciembre de 1906, suscrito por el Ministro don Juan Navarro- Reverter, quien hacía constar en el preámbulo de aquella disposición que se había "llegado felizmente a un acuerdo sobre las cifras de los cupos que pueden representar una equitativa proporcionalidad tributaria, así como sobre la duración del concierto, un poco mayor que la del que terminará en 31 del mes actual, si bien se divide, con prudente previsión, en dos períodos de un decenio cada uno". Y agregaba: "Conviene a la paz de los pueblos que no sean frecuentes las renovaciones de estos conciertos tributarios, y a este legítimo deseo de los representantes vascongados ha creído conveniente acceder el Gobierno de V. M. por considerar necesario el plazo solicitado para el mejor planteamiento y el útil desarrollo del nuevo régimen económico, que a semejanza de lo que ocurre con el resto de la nación, impone un mayor esfuerzo contributivo a las provincias vascas, bien justificado por la natural expansión de su riqueza, y todavía más por las nuevas cargas que desde hace algunos años sufren las demás de España". El aumento que por este decreto se introdujo en la cantidad total que por las contribuciones concertadas habían de satisfacer las Diputaciones de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava fue de 2.500.000 pesetas.

Por el artículo 4º del mismo Decreto se consideró comprendido en el concierto del cupo señalado por contribución industrial el impuesto a que se refieren los epígrafes 1.°, 2.°, 3.°, 4.° y 6.° de la tarifa 1.ª de la Ley de 27 de marzo de 1900, sobre utilidad de la riqueza mobiliaria, en cuanto se contraen a cargos ejercidos en las Provincias Vascongadas, dependientes de las Diputaciones, Ayuntamientos, Bancos, Sociedades, Compañías o cualquiera entidad constituida en dichas provincias, así como el párrafo 1.° del epígrafe 4.° y los epígrafes 5.° y 6.° de la tarifa 2.ª, y los epígrafes 1.º, 2.º, 3.º y 4º de la tarifa 3.ª de la misma Ley. Por el artículo 5.° se declararon comprendidos en los cupos señalados por el concepto de papel sellado los efectos siguientes: Papel timbrado común y judicial. Pólizas y otros documentos de Bolsa. Efectos de comercio. Timbres especiales móviles. Contratos de inquilinato. Espectáculos públicos. Papel de pagos al Estado, con excepción del destinado al pago de matrícula en los Establecimientos de Enseñanza oficial. Por el artículo 6.° se hacía constar que los cupos fijados por el impuesto de transportes comprendían en Guipúzcoa las siguientes líneas: Tranvía de San Sebastián a Pasajes y Rentería. Tranvía de Irún a Fuenterrabía. El articulo 7.º decía así: "Las cantidades concertadas por el concepto de asignación de las Empresas de ferrocarriles para gastos de inspección y vigilancia se entenderán sin perjuicio del derecho de la Hacienda a exigir de las Diputaciones el importe a que ascienden las liquidaciones anuales que por este concepto forma el Ministerio de Fomento." Merecen también transcribirse íntegramente, por su importancia, los artículos 8.º, 9.°, 11.°, 12.°, 13.° y 15.º Helos aquí:

"Artículo 8.º Las demás contribuciones e impuestos que no son objeto de concierto serán administradas y recaudadas directamente por la Hacienda pública en la forma que disponen sus respectivos reglamentos.

Artículo 9.° No se consideran comprendidas en este concierto, y por lo tanto quedarán sujetas a las contribuciones que según su naturaleza puedan afectarles, las Sociedades y Compañías que desde la promulgación de la Ley de 29 de marzo de 1900 se hayan constituido o se constituyan para explotar industrias fuera del territorio de las Provincias Vascongadas, aunque en éstas tengan establecido o establezcan su domicilio social.

Artículo 11.º Cualquiera otra nueva contribución, renta o impuesto que establezcan las leyes sucesivas y que no tengan relación con las encabezadas, obligarán también a las Diputaciones referidas en la cantidad que le corresponda satisfacer al Estado y se harán efectivas en la forma que el Gobierno determine, oyendo previamente a las mismas Diputaciones.
Del propio modo, si las leyes sucesivas suprimieran alguna contribución, renta o impuesto de los encabezados se dejará de satisfacer el cupo correspondiente, a no ser que al suprimirse un impuesto se establezca otro en equivalencia o se recarguen o transformen, para sustituir, los demás tributos ya establecidos, caso en el cual no se hará alteración alguna.

Artículo 12.° Las cuotas señaladas serán inalterables hasta 31 de diciembre de 1916, y desde esa fecha sufrirán aumento de 500.000 pesetas hasta 31 de diciembre de 1926. "Pasada esta fecha, podrán modificarse con sujeción a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley de 5 de agosto de 1893.

Artículo 13.º Para el día 31 de diciembre de 1916, las Diputaciones comunicarán al Gobierno la proporcionalidad con que cada una de ellas ha de contribuir por cada tributo al aumento total de las 500.000 pesetas referidas.

Artículo 15.° Las Diputaciones de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava continuarán investidas, así en el orden administrativo como en el económico, de todas las atribuciones que vienen ejerciendo.·
No obstante, no podrán adoptar disposición alguna tributaria que se halle en contradicción con los pactos internacionales, ajustados por España con las naciones extranjeras."

No parece que sea fuera de propósito poner de relieve la amplitud que reconoce este decreto a las facultades de las Diputaciones en cuanto a exacción de tributos se refiere, al no imponerles otro límite que el que viene marcado por los tratados que haya celebrado España con las Naciones extranjeras. Nunca hasta esa fecha, desde que se establecieron las Diputaciones provinciales, se había hecho por el Poder público una tan terminante declaración, . respecto a las facultades especiales que aquéllas se reconocen.
RO del 6 de marzo de 1919. Quisieron los comisionados de las mismas Diputaciones iniciar otra gestión encaminada a conseguir que el país se organizara en forma que recordase la tradición foral. Pero hubieron de aplazarla por circunstancias políticas. Siendo Presidente del Consejo de Ministros en los primeros meses del año de 1919 el señor Conde de Romanones, se nombró una Comisión extraparlamentaria y otra Comisión parlamentaria que, estudiando el problema de la organización de las diversas regiones de España, propusieran a las Cortes la solución más acertada del mismo. Por aquella misma época se dictó por el Ministerio de Hacienda un Real Decreto, expedido el 6 de marzo del mencionado año de 1919, y que tiene singular importancia para determinar la significación y el alcance del régimen de los conciertos.

"A propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo con Mi Consejo de Ministros, vengo a decretar lo siguiente:

Artículo 1.° Las cuestiones que surjan entre el Gobierno y la legítima representación de las Provincias Vascongadas, con motivo de la interpretación del vigente concierto económico contenido en el decreto-ley de 13 de diciembre de 1906 se resolverán siempre de acuerdo entre el Ministro de Hacienda y la representación de las Provincias, y cuando a él no pudiera llegarse, por expediente en que habrán de ser oídas con la mayor amplitud las representaciones vascongadas, quienes podrán evacuar la audiencia oralmente o por escrito. En el primer caso, se levantarán actas de lo que suceda y acuerde en las conferencias que celebren los representantes del Ministerio y de las Provincias, haciendo constar siempre en la última la determinación del trámite con o sin acuerdo. Cumplidos estos requisitos y oyendo siempre al Consejo de Estado en pleno, el Ministro de Hacienda dictará en definitiva la resolución que crea procedente. Contra ella cabe en su caso, para las Diputaciones, el recurso contencioso-administrativo.

Artículo 2º Ni la Administración ni las Diputaciones provinciales vascongadas podrán tomar por sí válidamente iniciativas que se refieran a la aplicación del concierto económico, y si las adoptasen, quedarán en suspenso mientras se subtancie el expediente por el procedimiento definido en el artículo anterior.
Dado en Palacio a seis de marzo de mil novecientos. diecinueve: ALFONSO. El Ministro de Hacienda interino, José Gómez Acebo."

Poco más de un año había transcurrido cuando hubo que aplicar las reglas del precedente Decreto con motivo de las dudas que habían surgido acerca del alcance del artículo 3.° del de 13 de diciembre de 1906, por el cual se fijaron los cupos del concierto económico vigente. Esas dudas se aclararon, interpretando el referido artículo con sujeción al principio de la territorialidad, o sea, como se decía en el preámbulo de la soberana diposición de 28 de julio de 1920, en que quedó consignada la fórmula que se aprobó: "Sociedad o Compañía, lo mismo nacional que extranjera, que opere en territorio aforado, es natural que quede sometida, en cuanto a utilidades de la riqueza mobiliaria e impuesto del Timbre, a la ley económica concertada que allí rige, condición que pierde en cuanto extiende su radio de acción más allá de las Provincias Vascongadas". Ref. Echegaray, Carmelo de: Compendio de las Instituciones Forales de Guipúzcoa, San Sebastián, 1924; pp. 362-369, 379-382, 395-399, 419.
Cuarta revisión del Concierto: 1925. Se puso en efecto dicha renovación por medio de R. D. del 9 de junio de 1925, en plena dictadura de Primo de Rivera, previéndose su vigencia para 25 años, divididos en lapsos de un lustro en los que los cupos aumentaran progresivamente de forma que partiendo de 40 millones de pesetas anuales se llegara, en 1951, a los 50. Esta renovación tuvo lugar año y medio antes de lo previsto; ello se debió a la bancarrota del Crédito de la Unión Minera que Primo de Rivera hizo solucionar mediante la emisión de un empréstito por la Diputación de Vizcaya; la revisión fue anticipada precipitadamente para ofrecer mayor seguridad económica frente a los bancos. Álava y Guipúzcoa se solidarizaron con la diputación hermana ante una medida que, como puede suponerse, resultó muy impopular en el país. Las negociaciones, pues, no fueron fáciles; en ellas cupo un papel preponderante a D. Horacio Echevarrieta, que logró hacer prevalecer su actitud frente a la del almirante Magaz, adversario del concierto. A la precipitación debida a la urgencia vino a sumarse la sustitución de los diputados comisionados por otros nuevos, acordes con el Régimen. Consecuencia de ello fueron dos innovaciones: redacción -que efectuaron las comisiones junto con Calvo Sotelo- de un reglamento que fijara el mecanismo de ejecución del convenio (R. D. del 24 de diciembre de 1926), y creación de un Jurado Mixto de Utilidades. La misión de esta última institución -provincial y central- era la de establecer las bases impositivas concernientes a los beneficios de la riqueza mobiliaria sobre las que debían de tributar directamente al Estado las empresas que operaban tanto dentro como fuera de las provincias concertadas. Quedaban así las provincias a merced de dicho jurado, o, en palabras del diputado Altolaguirre:

"El Jurado mixto es un arma que en un momento determinado y por simples impulsos de su conciencia puede desnivelar nuestros presupuestos provinciales".

Así lo vieron y experimentaron los mismos a los que cupo participar en calidad de miembros de dichos jurados:

"Lo cierto es que en el Reglamento del Concierto, aprobado por R. D. de 24 de diciembre de 1926, con una muy desfavorable aplicación para nosotros del principio de la territorialidad para la Contribución de Utilidades en relación con la que se convino tan sólo unos meses más tarde en el Convenio Económico con Nav., se abrió una brecha en el sistema -reglamentación de los Jurados Mixtos de Utilidades y, sobre todo, redacción de los artículos 21 y 22- que a los que tuvimos que formar parte de dichos Jurados frente a los técnicos de la Hacienda del Estado, gente muy preparada y respaldada, nos trajo por la calle de la amargura durante una decena de años en los que aquella brecha inicial se fue convirtiendo en alarmante boquete. Es que el Concierto, desde aquella reglamentación, llevaba plomo en el ala". [Ezcurdia, Luis: Cuerpos armados forales. Los Miqueletes, Zarauz, 1968, pp. 131-132].
Derogación del Concierto para Guipúzcoa y Vizcaya: Decreto Ley de 23 de junio de 1937. La revisión de 1925 estuvo vigente hasta 1937, por lo que concierne a Guipúzcoa y Vizcaya, fieles al gobierno republicano. A la caída del frente vasco (Bilbao, 19 de junio, Santurce, 23 de junio) el gobierno nacional derogó el concierto en los términos siguientes:GOBIERNO DEL ESTADO DECRETO-LEY. El sistema concertado que en materia económica rige en las Provincias Vascongadas, entraña un notorio privilegio con relación al resto del territorio nacional sujeto al régimen común, no sólo por la amplísima autonomía de que gozan en este respecto las Diputaciones de dichas provincias, sino por el menor sacrificio con que el contribuyente atiende en ellas al levantamiento de las cargas públicas, tanto más sensible cuanto que de antiguo han sido manifiestas y frecuentes las evasiones de carácter fiscal realizadas al amparo de ese sistema, en prejuicio siempre del Estado.

Olvidando muchísimos de los favorecidos por el Concierto esta prodigalidad que les dispensó el Poder público, se alzaron en armas en Guipúzcoa y Vizcaya contra el Movimiento Nacional iniciado el 17 de julio último, correspondiendo así con la traición a aquella generosidad excepcional, sin que los constantes requerimientos realizados en nombre de España para hacerles desistir de su actitud, lograsen el efecto pretendido. No es, pues, admisible que subsista ese privilegio sin agravio para las restantes regiones que, con entusiasmo y sacrificio sin límites, cooperaron desde un principio al triunfo del Ejército, y sin mengua también de aquellas normas de elemental y obligada justicia en que ha de inspirarse el nuevo Estado.

Mientras la singularidad de régimen fiscal y administrativo sirvió en algunas provincias, como en la lealísima Navarra, para exaltar cada dio mis su sentimiento nacional y el fervor de su adhesión al común destino de la Patria, en otras, por el contrario, ha servido para realizar la más torpe política anti-española, circunstancia ésta que, al resultar ahora hasta la saciedad comprobada, no ya aconseja, sino que imperativamente obliga a poner término, en ellas, a un sistema que utilizaron como instrumento para causar daños tan graves.

Las mismas consideraciones imponen que el sistema vigente en la actualidad en la provincia de Álava, continúe subsistiendo, porque ella no participó en acto alguno de rebeldía y realizó por el contrario aportaciones valiosísimas a la Causa Nacional que no pueden ni deben ser olvidadas en estos momentos.

Finalmente, interesa hacer constar que, al promulgar esta disposición, se tiene muy presente que tanto en Guipúzcoa como en Vizcaya, existen españoles de acendrado patriotismo que antes y ahora sintieron vivamente la causa de España. Reconocido y proclamado así, nadie en definitiva podrá afirmar, con fundamento, que el equiparar unas provincias a la inmensa mayoría de las que integran la Nación sometiéndolas a idéntico régimen tributario, no obstante ser notorias las diferencias en su manera de proceder, sea acto de mera represalia y no medida de estricta justicia.

En su Virtud, DISPONGO: Artículo primero. Desde el día primero de julio próximo, la gestión y recaudación de todas las contribuciones, rentas e impuestos ordinarios y extraordinarios del Estado, se realizará en las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya, con arreglo al régimen común vigente y en la forma que establecen las disposiciones de la Hacienda pública que constituye la norma general de la Administración nacional. Queda, por tanto, sin efecto en aquellas provincias, desde la indicada fecha, el régimen concertado con sus Diputaciones que en materia económica estaba vigente en la actualidad.

Artículo segundo. Los servicios de carácter general que efectuaban las citadas Corporaciones en lugar del Estado y que deban subsistir, se cumplirán y costearán por éste de igual manera que viene haciéndolo en el testo del territorio español sujeto al régimen ordinario.

Artículo tercero. Las obligaciones provinciales en Guipúzcoa y Vizcaya, serán atendidas con los recursos de ese carácter que la legislación común reserva a las Diputaciones en general.

Artículo cuarto. El Concierto económico aprobado por Decreto de 9 de junio de 1925 y reglamentado por el de 24 de diciembre de 1926, subsistirá en toda su integridad para la provincia de Álava, continuando, por tanto, la Diputación de la misma investida de las facultades que aquél le reconoce.

Artículo quinto. Por la Junta Técnica del Estado se dictarán las instrucciones necesarias para el cumplimiento de esta disposición. El propio Organismo fijará, de acuerdo con las Diputaciones interesadas, las oportunas normas encaminadas a facilitar el tránsito de uno a otro régimen.

Artículo sexto. Quedan derogadas todas las disposiciones, cualquiera que sea su carácter, que se opongan a las contenidas en el presente Decreto-Ley. Dado en Burgos a veintitrés de junio de mil novecientos treinta y siete.

Francisco Franco.

Ref. "Boletín Oficial del Estado".-Burgos, 24 de junio de 1937. N º 247.
Revisión del Concierto por Álava: 29 de febrero de 1952. Un decreto del 28 de septiembre de 1951 dispuso la constitución en el Ministerio de Hacienda de una Comisión Mixta encargada de estudiar las bases de esta revisión que tuvo lugar el 29 de febrero de 1952. Se previó una duración de 25 años facilitándose el tránsito del sistema anterior al nuevo mediante el establecimiento del período de 10 años para alcanzar la cifra señalada como importe líquido del Concierto. Se estableció también un mecanismo de revisión automática que funcionaría cada cinco años. El art. 22 dispuso que, en caso de no llegarse a un acuerdo, arbitrara la cuestión el Ministro de Hacienda, previo informe de la Diputación y dictamen del Consejo de Estado. El conjunto de decretos dictados desde la finalización de la contienda puede consultarse cómodamente en el Manual sobre las peculiaridades de la provincia de Álava en relación con la administración local, haciendas locales y servicio de inspección y asesoramiento, editado en 1960 por la Diputación Foral de esta provincia.
Hacia el restablecimiento del Concierto Económico en Guipúzcoa y Vizcaya. Desde 1966, año en que el ayuntamiento de Tolosa desencadenó una campaña en pro de la derogación de este decreto-ley, a la que se adhirieron diversas instituciones encabezadas por la Diputación de Guipúzcoa, hasta el año que corre, cada vez son más frecuentes las llamadas al gobierno pidiendo el restablecimiento del Concierto para las dos provincias "castigadas". Un primer resultado positivo ha sido el decreto modificativo del preámbulo dictado el 6 de junio de 1968 tendente a limar las asperezas del mismo sin modificar, con ello, la parte dispositiva del decreto-ley originario. El 17 de febrero de 1972, los procuradores familiares por Vizcaya, Martín Fernández Palacios e Ignacio Satrústegui Aznar presentaron una enmienda solicitando la reinstauración del Concierto Económico en Guipúzcoa y Vizcaya dentro del proyecto de la primera ley de Régimen Local que, como se sabe, fue devuelto al Gobierno. Dos años después -21 de junio de 1974- esta reivindicación es nuevamente insertada, bajo forma de enmienda al segundo proyecto de Ley de Régimen Local, por ocho procuradores familiares vascos: Escudero y Zubiaga por Guipúzcoa, Ezponda y Les Floristán por Navarra, Fernández Palacios y Satrústegui por Vizcaya y Marco Tobar e Ibarra Landete por Álava. Dicha enmienda, rechazada en cortes füe apoyada por la inmensa mayoría de las corporaciones locales vascas.
El Convenio Económico navarro. Ver CONVENIO ECONÓMICO.

Ainhoa AROZAMENA AYALA