El tránsito a la contemporaneidad en Euskal Herria se gestó tras el impacto general de la revolución francesa de 1789, haciendo imparable la progresiva destrucción de las bases económicas y políticas que habían caracterizado a la sociedad vasca del Antiguo Régimen. En Iparralde, la dinámica revolucionaria, que nunca dejó de tener valedores en todos los estamentos sociales, se sintió de forma inmediata con la secuela de conflictos inherentes al ámbito religioso, la desaparición del sistema foral y la inclusión de los territorios vascos en el recién formado Departamento de Bajos Pirineos. Al saldo de represaliados, emigrados y masas de campesinos deportados, se añadió el empobrecimiento y los problemas económicos derivados del continuo ciclo bélico durante la época napoleónica.
En Hegoalde, la crisis del Antiguo Régimen y el triunfo final del liberalismo dieron también lugar a un largo ciclo de confrontación armada y ruina económica. Se inició éste con la declaración de guerra de la Convención girondina en 1793 a la monarquía borbónica española. La Alta Navarra y la costa guipuzcoana fueron escenario privilegiado de la misma. Hubo adhesiones favorables al nuevo régimen liberal que importaban los ejércitos revolucionarios, lo que mostraba la división ideológica entre las elites rurales y las urbanas donostiarras y bilbaínas. La revisión de los sistemas forales vascos pasaba así, por motivo de considerada deslealtad, a la agenda inmediata de los gobiernos de Carlos IV. Las nefandas consecuencias sociales de la guerra fueron perdurables y llenó de deudas, destrucción y miseria a amplios sectores de la población, que en ocasiones protagonizó motines y protestas populares.
En la Alta Navarra las destrucciones y el monto de las deudas contraídas dieron paso a un largo periodo de crisis hacendística municipal y de las economías familiares. Al creciente endeudamiento campesino y municipal se sumaron años de malas cosechas y, lo que fue peor, la invasión de los ejércitos napoleónicos imperiales en 1808. El territorio vasco quedó ocupado prácticamente durante toda la contienda, a la vez que recibía el influjo indirecto de los cambios que estaba produciendo el inicio de la revolución liberal burguesa plasmada en la labor legislativa de las Cortes de Cádiz.
La implantación del sistema constitucional gaditano reintensificó los conflictos que entre poder central y sistema foral se habían producido durante los reinados de la dinastía borbónica a lo largo del XVIII y a principios del XIX, desde la Carta otorgada de Bayona en 1808 hasta la conculcación del sistema foral en 1839. Las posiciones políticas a lo largo del primer tercio del XIX fueron haciéndose más nítidas. Ya antes de la conflagración carlista-liberal entre 1833 y 1839, sectores liberales vascos vislumbraron las posibilidades económicas que ofrecía la vinculación al sistema constitucional sin la desaparición radical de todos los fueros vascos. La experiencia política del Trienio Liberal fue ejemplarizante de cara al futuro de los sistemas forales. Luego, la derrota irreversible del carlismo implicó el acomodo de los fueros vascos al sistema político liberal, verificado legalmente con su confirmación y posterior modificación, inmediata en el caso navarro, bajo la primacía de la constitucionalidad vigente. La trascendencia de la ley de Confirmación de Fueros de 1839 fue y ha sido enorme para la historia contemporánea de Euskal Herria, debido a que quedó establecida de forma específica la superioridad política y jurídica de la unidad constitucional sobre la particularidad foral. La finalización del largo ciclo bélico fue también el de la sociedad estamental y de privilegios característicos de la economía señorial. La implantación del liberalismo político y capitalista fue desde entonces irreversible.
El inicio de la contemporaneidad no conllevó la vertebración territorial de Euskal Herria. La zona vasca continental quedó inserta en los dominios del estado centralista napoleónico y en el primer tercio de siglo vivió a tenor de la dinámica política francesa, las convulsiones revolucionarias, liberal en 1830 y democrática en 1848. Los vascos peninsulares tras una cruenta guerra civil, además del saldo de destrucciones materiales y de vidas humanas, endeudamiento, represión, deportación y exilio, fueron testigos del desbaratamiento de los sistemas forales y de la gestión de sus restos por sectores liberales nativos, en el marco del emergente Estado liberal español. Los liberales moderados representantes de la burguesía comercial y terrateniente vasca, lograda su ansiada integración en el nuevo marco político, accedieron a las posibilidades económicas que ofrecía el mercado español. En lo inmediato, sin embargo, la mayoría de la población iba a sufrir en sus propias carnes los efectos sociales y económicos inmediatos del sistema liberal capitalista: encarecimiento de la vida, aumento de la presión fiscal, desamortizaciones y, en Navarra, además, obligación de cumplimentar el servicio militar, el significativamente llamado "tributo de sangre".