En otro orden de cosas, la Constitución española del 78 consagró el Estado social, aun cuando las garantías para la efectiva realización de los derechos sociales fueron muy débiles. A esta escasa exigibilidad jurídica de la "Constitución social" se une el hecho de que como contrapartida de su definitiva integración sistémica se produjo una auto contención en la movilización de las fuerzas sindicales principales, UGT y CC.OO., que asumieron un modelo neo-corporativo de corte elitista. Este proceso de produce en un contexto de crisis en el que el sistema capitalista iniciaba un desmantelamiento progresivo del Estado del bienestar, acentuado en las siguientes décadas de la mano de las doctrinas neoliberales. En este sentido, es muy relevante la influencia de los grupos de presión empresariales, liderados por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).
Por otra parte, la Constitución define España como un Estado democrático y de derecho en el que "la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado". (art. 1.2) Pero, al tiempo, toma una forma de gobierno, la monarquía parlamentaria (art. 1.3), que es una excepción en la Europa reconstruida tras la posguerra y que supone una continuidad tanto con la forma política adoptada por el Estado franquista a partir de 1947, Reino de España, como con la determinación sucesoria que Franco hizo en 1969 en la persona de Juan Carlos I de Borbón. Una vez aparcada la reivindicación republicana de los principales partidos socialistas y comunistas, la monarquía instaurada por Franco y restaurada para la democracia por la Constitución de 1978, quedó blindada al establecerse un procedimiento agravado de reforma constitucional en las cuestiones relativas a la Corona.
Así, el rey ostenta la jefatura del Estado, es símbolo de su unidad y permanencia, y asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, aunque como rey constitucional está sujeto a la Constitución y a las leyes, y todos sus actos deben estar refrendados (art. 56). El poder material o la reserva de poder que pudiera corresponder al monarca es una cuestión debatida en la doctrina, habida cuenta del excepcional y controvertido papel que el Rey Juan Carlos ha jugado en algunos momentos de la historia reciente, como en la tentativa de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.
