En este sentido, el sistema político consagrado por la constitución de 1978 es un claro reflejo de la constitución material existente en el momento en el que se produce la transición democrática, a partir de la muerte del dictador Francisco Franco en 1975. Una constitución material que a las lacras seculares -debilidad de la sociedad civil y de la burguesía progresista, tutela militar (el bunker)-, se sumaron el temor a la repetición de la guerra civil, auspiciado convenientemente por los medios de comunicación dominantes2, o el centralismo de las fuerzas de izquierda mayoritarias. La visión idílica de la transición y la glorificación del consenso entonces logrado contrasta con una visión más realista, que define al Estado español como una democracia delegativa, no plenamente consolidada.
El consenso de la transición, piedra basal del actual Estado español, se plasmó en un compromiso de renuncias mutuas, en el que los sectores antifranquistas aminoraron su reivindicaciones rupturistas iniciales -gobierno provisional y Cortes constituyentes inmediatas-, a cambio de lograr, al menos, una reforma que sin desalojar del poder a las élites franquistas abriera las puertas a un régimen democrático homologable con los entonces vigentes en Europa. La integración del Estado español en los dos organismos internacionales principales de su ámbito geográfico, OTAN y Unión Europea (1985/1986), es señal de que esa homologación se ha producido, aunque con cierto coste en términos de soberanía. Efectivamente, la integración del Estado en organismos supranacionales como la Unión Europea ha supuesto una mutación del marco de acción gubernamental de grandes proporciones. En todo caso, se ha pasado de una "independencia relativa" del Estado español a una "autonomía relativa".
Volviendo a la cuestión anterior, las limitaciones de aquel compromiso de la transición han pesado sobre la evolución posterior del régimen político y se encuentran en el origen de muchos de los contenciosos contemporáneos. Entre otros, el relativo a la cuestión nacional o a la recuperación de memoria histórica.
Así, el debate contemporáneo sobre la memoria de la guerra civil no es ajeno al hecho de que la contrapartida de la amnistía decretada para los presos antifranquistas fue la asunción general de la amnesia, no sólo acerca de los crímenes cometidos por el franquismo, o su ilegítimo origen, sino también respecto de la memoria de las víctimas de la dictadura.