Enzarzado en la guerra, el País Vasco conoció la abdicación del Monarca y la proclamación de la República. Nuevamente las diputaciones liberales aceptaron el nuevo giro político sin objeciones a pesar de su nula identificación con el republicanismo. Únicamente formularon la salvedad que había sido utilizada desde 1868 confirmando su aceptación de las nuevas autoridades y del cambio de Gobierno, pero supeditando todo ello al mantenimiento de los fueros.
En relación con la nueva organización que se planteaba para España el posicionamiento de las diputaciones de Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra fue favorable a la constitución de cada una de ellas en un cantón o estado federado propio, negándose a formar parte de un cantón vasco-navarro como se proponía en el proyecto de Constitución Federal.
De todos modos el hecho central y mediatizador de la vida vasca en este período no fueron los debates constitucionales sino la guerra civil que asolaba el país. Los liberales, atrincherados en las capitales, aguantaban los asaltos de los carlistas, deseosos, estos últimos, de conseguir el dominio de las ciudades para ser considerados con cierta atención por las potencias europeas, que se negaban al reconocimiento de la República Española.