Con la llegada del Duque de Aosta para ser coronado como rey de España los carlistas añadían un elemento más a su propaganda antirrevolucionaria y detractora de la monarquía constitucional. Se oponían a un rey al que consideraban extranjero, hijo del carcelero del Papa y encarnación de todos los males del liberalismo y la sociedad moderna.
Tras los fracasos de las sublevaciones anteriores, los carlistas seguían considerando necesario un cambio radical en la gobernación de España. La llegada de Amadeo I y las irregularidades cometidas por el Gobierno Sagasta en las elecciones de abril de 1872 exacerbaron más sus ánimos y restaron argumentos a los tradicionalistas, encabezados por Cándido Nocedal, partidarios de la vía parlamentaria. En la primavera de 1872 se preparó el alzamiento de Vasconia y Cataluña. El 21 de abril comenzó el movimiento. En la frontera de Navarra se prepararon las primeras escaramuzas, en Gipuzkoa se levantaron algunas partidas, Álava no fue escenario de importantes combates, pero sí conoció movimientos de fuerzas, y en Bizkaia se extendió la sublevación por Arratia, Durango, Markina, Lekeitio, Gernika y Encartaciones. El día 2 de mayo entró en España Carlos VII por la frontera de Navarra, huyendo nuevamente a Francia tres días más tarde, tras la derrota sufrida en Oroquieta el día 4. A pesar de ello los sublevados en Bizkaia continuaron la lucha hasta finales del mes. A partir del 20 de mayo los jefes carlistas vizcaínos comenzaron a negociar con el general Serrano un acuerdo de paz en el que se concediese el indulto a los sublevados y se hiciese una velada llamada al mantenimiento de los poderes forales.
El acuerdo logrado en Amorebieta no fue del agrado de los liberales vascos, que consideraban pernicioso conceder nuevamente el perdón a los carlistas permitiéndoles de este modo preparar una nueva sublevación. Los liberales deseaban que se llevase a cabo un escarmiento eficaz con los seguidores de D. Carlos, a la vez que se les alejaba del control de los gobiernos municipales. En algunos sectores del carlismo tampoco fue aceptado el Convenio y los convenidos fueron tachados de traidores. A pesar de todo ello, lo obrado por Serrano fue aprobado y el perdón de los carlistas sublevados se materializó en un indulto.
El fracaso de la sublevación fue debido a la falta de algunos de los conjurados, que no acudieron a la lucha, a la carencia de armas y dinero para pertrechar a los alzados y al desastre sufrido en Oroquieta. Los carlistas que aceptaron el Convenio presentaban la sublevación como un levantamiento en favor de los Fueros. Las diputaciones liberales, por el contrario, lo describían como un movimiento clerical, que no tenía nada que ver con la defensa de las antiguas leyes vascas; y que en todo caso podía servir para poner en peligro su supervivencia. Obviamente, lo que no consiguió el Gobierno liberal fue evitar una nueva guerra.
En el País Vasco el ocaso del reinado de Amadeo I vino marcado por el renacimiento de la guerra. En realidad suponía el colofón a una dinámica de enfrentamiento entre dos bloques, que a su vez representaban dos concepciones diferenciadas de la sociedad, que paulatinamente se iban alejando para conducir al enfrentamiento armado. El comienzo de éste no resulta más que la consecuencia lógica y previsible de la ruptura del consenso social y progresivo distanciamiento entre liberales y carlistas.
A comienzos del mes de diciembre aparecieron las primeras gavillas carlistas por las montañas vascas y el día 18 se iniciaba oficialmente el movimiento en el País Vasco, recrudeciéndose gradualmente la guerra, que a partir de este momento se convirtió en el hecho central y determinante de la vida del País Vasco mediatizando toda la dinámica política, social y económica. La extensión de la misma llevó a los carlistas a dominar la gran mayoría de las tierras del País Vasco, exceptuando las capitales y el sur de las tierras vascas. En este territorio se desarrollo una administración estatal que contemplaba la creación de Secretarías de Despacho, un Tribunal Superior de Justicia y una administración al servicio del Monarca. Pero todo ello chocó con la voluntad de mantener su autonomía por parte de las diputaciones de las diferentes provincias, celosas defensoras del mantenimiento de las competencias forales.