La Conferencia de Bilbao en 1793: primer proyecto de unión entre las tres provincias bascongadas e institucionalización de las Conferencias. En las Juntas Generales de Gipuzkoa celebradas en Elgoibar en 1791 decidieron nombrar una comisión para entrevistarse con Juan Baustista Eguía, veedor de hierro en Cádiz. El informe proponía a las autoridades la conveniencia de negociar sobre este tema con el Señorío de Bizkaia, al menos una vez al año.
Las Juntas Generales de Gipuzkoa comisionaron a Joaquín Barroeta Sarauz Aldama y a Pedro Martín Larrumbide para la realización de sus propósitos. Por otro lado, había surgido el tema de la conversión de los Vales Reales con los "sobrantes de propios y arbitrios" de los pueblos, lo cual creó cierta inquietud en las provincias vascas; la Diputación de Gipuzkoa transmitió su preocupación a Álava y Bizkaia. Simón Bernardo de Zamácola convocó una Conferencia de las tres provincias para el 26 de noviembre de 1792 en la posada de Otxandio, pero finalmente se pospuso. Sin embargo, se celebraron en Bilbao el 30 y 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre de 1793. Es preciso recordar que España y Francia se habían declarado la guerra en el mes de marzo y el País Vasco era escenario bélico privilegiado. Véase REVOLUCIÓN FRANCESA .
El orden del día de las Conferencias, según nos manifiesta Prudencio María Verástegui, era "tratar del veedor de fierro en Cádiz, de establecer para lo sucesivo iguales Juntas anuales, de los medios legítimos de recobrar nuestros fueros y derechos, de aclarar algunos artículos que pueden interrumpir nuestra armoniosa correspondencia; y en fin de todo aquello que se considere ser de interés común de las tres. El recargo de derechos sobre nuestro frutos y manufacturas y los medios de afianzar más nuestra recíproca amistad son los artículos que interesan a nuestras poblaciones"(29). Esta Conferencia contaba con unos objetivos ciertamente ambiciosos y novedosos en relación con la tradición político-institucional vigente, ya que trataba de institucionalizar sólidamente una instancia común de dirección política.
Unos años antes, en 1787, se había creado en Madrid la Junta Suprema de Estado, "organismo colegiado del Rey con sus ministros". Este organismo es el antecedente inmediato del futuro Consejo de Ministros inaugurado por Fernando VII el 19 de noviembre de 1823, en plena revancha absolutista. Por lo tanto, no debe extrañarnos que las Juntas Generales de las tres provincias trataran de fundar una Junta permanente común, tal y como se había consolidado en el seno de la R.S.B.A.P., para poder exponer y debatir sus problemas internos, y para tratar los referidos a las relaciones bilaterales con los organismos de gobierno de la Monarquía.
Los comisionados que se reunieron en 1793 fueron nombrados por las respectivas Juntas Generales. El acta es una excelente síntesis de los problemas y preocupaciones con las que se enfrentaban los dirigentes y gobernantes de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava a fines del siglo XVIII.
En el primer párrafo expusieron su "deseo de conservar sus Fueros, Franquezas y Libertades" ante las novedades introducidas en los últimos años. A renglón seguido aparecen los temas relacionados con el hierro, el veedor de hierro en Cádiz, la exportación de mineral de hierro, la prohibición que impedía la libre circulación del dinero, los géneros extranjeros y los impuestos con los que eran cargados los productos de la protoindustria vasca en las aduanas. Les preocupaba "mejorar la Constitución del País y consolidar la Hermandad que desean perpetuar". En Francia se había proclamado la nueva Constitución, mientras que la elite dirigente vasca, que en términos sociales estaba representaba por una aristocracia rentista fundida con frecuencia con la burguesía comercial de las urbes y pretendía perfeccionar la constitución histórica, de manera que el edificio social no sufriese quebranto ni revolución, sino reforma, pudiendo conservar su protagonismo político y su dirección política.
El primer acuerdo que tomaron los representantes de las "comunidades" consistió en la convocatoria de Juntas entre comisionados de los tres territorios, en el mes de mayo, antes de la celebración de las respectivas Juntas Generales ordinarias de cada provincia. Se regularon las convocatorias, e incluso se solicitó un impuesto ("medio real de vellón en cada quintal de todo el fierro que se embarque"), para hacer frente a los gastos que generaba el primer "funcionario" de la nueva estructura. La creación de un impuesto es la señal inequívoca por la cual el nuevo organismo aspira a consolidarse como una institución de representación permanente. Incluso acordaron establecer una acción colectiva conjunta en Madrid entre los tres agentes que operaban en nombre de cada una de las "comunidades".
Los acuerdos de 1793 representan la carta fundacional del sistema de las Conferencias, y en las sucesivas actas serían la fuente de referencia y de autoridad. El carácter programático, pero también de acción de gobierno común, quedó patente en los compromisos que contrajeron cada una de las delegaciones de provincia. Las Conferencias acordaban una periodicidad anual y se constituían en Junta.
En 1794 se produjo la ofensiva de los ejércitos de la Convención Francesa y los intentos de pacto con el invasor desde un sector de la nobleza que había inspirado los acuerdos de Conferencias de 1793. Pese a la proclamación de independencia de Guipúzcoa (30), fue administrada como un país conquistado. Mientras tanto, la Junta de Merindades de Bizkaia, después del desplome de las defensas en la frontera española y de la estabilización del frente en la línea del Deba, consecuente con los acuerdos suscritos el año anterior, propuso una unión para la organización de la defensa de las tres provincias y la villa de Oñati.
Sin embargo, los representantes de Álava, en la reunión celebrada el 6 de diciembre de 1794 en Vitoria, respondieron que "solamente exigía el que se acordase entre ella y el Señorío (sin perder de vista el socorro de Gipuzkoa) un recíproco servicio para el caso de verse invadida cualquiera de las dos contratantes y que esto fuese según el numero de gentes que tenían en sus términos"(31).
Finalizada la Guerra de la Convención en 1795, cada provincia se disponía a restablecer la normalidad administrativa y política.
En primer lugar, debían liquidar la enorme deuda que habían acumulado durante la guerra, ya que, según se establecía en el Fuero, en caso de invasión las provincias asumían los gastos de defensa. En Bizkaia se firmó un acuerdo entre el Señorío y el Consulado por el que se establecía un sistema fiscal que gravaba los productos de consumo y tráfico (1796).
La Diputación extraordinaria de Gipuzkoa, el 14 de diciembre de 1796, estimó la utilidad de las Conferencias y la Junta General de Gipuzkoa reunida el siguiente año en Azpeitia acordó impulsar la Junta de comisionados de las tres provincias, para lo cual nombraron 5 comisionados. José Soroa, Diputado General de Gipuzkoa, el 28 de julio del mismo año se dirigió a Bizkaia y Álava pensando en "el bien que resultaría a las tres Provincias exentas en general y a cada una de ellas en particular de que se pusiesen en planta las Conferencias anuales entre los comisionados de ellas con arreglo a los capítulos preliminares formados en Bilbao el día 2 de noviembre de 1793"(32). El Diputado General de Álava, Hortuño Aguirre, apoyó la idea y asumió su responsabilidad, ya que le correspondía por turno la convocatoria de la mencionada Conferencia. Sin embargo, los Diputados Generales de Bizkaia respondieron que lo comunicarían a la Junta General, lo cual significaba el aplazamiento de la Conferencia al menos un año, ya que la Junta General debía celebrarse en julio de 1798. Los Diputados de Bizkaia se extrañaron de que la Junta General de Gipuzkoa hubiera propuesto que se le suprimiese a Bizkaia la facultad para la introducción de tabaco por mar. Además, las discrepancias entre las provincias se extendían a otras materias, tales como los impuestos sobre la vena y otros artículos de consumo que se introducían desde los puertos de Bizkaia.
Los Diputados Generales de Gipuzkoa y Álava mostraron una profunda decepción por la actitud de los Diputados Generales de Bizkaia. El 12 de septiembre de 1797 José Soroa, Diputado General de Gipuzkoa, escribía al de Álava lo siguiente: "de que tan poco aprecio va haciendo el Señorío poniéndonos en necesidad de que se rompan los apreciables vínculos de nuestra hermandad con él y que sufran los naturales de las tres comunidades las fatales consecuencias que pudiera acarrearles esta desunión". Por su lado, los Diputados Generales de Bizkaia manifestaban: "últimamente me parece haber dado siempre a V.S. (dirigiéndose a Gipuzkoa) pruebas de que deseo continuar la buena correspondencia y armonía que nos conviene. No creo haber hecho cosa alguna opuesta a sus fueros y derechos al paso que yo he experimentado lo contrario, siendo así que lejos de ir contra los respectivos fueros, debiéramos contribuir a ampliarlos en lo posible conforme al espíritu e intención uniforme de los Comisionados". Pero las Juntas Generales de Bizkaia, el 14 de julio de 1798, acordaron "que no tenía por necesaria su anual celebración, pudiéndose acordar y promover los intereses comunes por medio de una correspondencia regular y seguida entre las respectivas Diputaciones". Por otra parte, permanecía el cuadro de arbitrios que acordaron años atrás. En resumen, esta decisión suponía la ruptura, ya que Bizkaia se negaba a participar en las Conferencias y en consecuencia se negaba a negociar el cobro de los impuestos a los habitantes de las provincias hermanas.
En esa coyuntura el Diputado General de Álava Hortuño Aguirre, Marqués de Montehermoso, gestionó la convocatoria para el 11 de junio de 1799, a la que acudieron representantes de Gipuzkoa, pero no "la representación del M.N. y M.L. Señorío de Vizcaya como lo prometió en la últimas Conferencias"(33). En esta Conferencia recordaron la unión que ambas provincias suscribieron en 1688 y se dirigieron a los Diputados Generales de Bizkaia conminándoles a cumplir los compromisos contraídos en 1793. Ante la ambigua respuesta de Bizkaia, acordaron suspender el pago del salario del veedor de Cádiz y recargar "los géneros y efectos que pasan a su distrito (Bizkaia) desde estas Provincias". Es decir, iniciaron una estrategia de confrontación. Las Conferencias concluyeron con el firme propósito de convocarlas ajustándose al capitulado o compromiso aprobado en 1793.
Pero un factor externo va a crear las condiciones necesarias y servirá de excusa para recuperar la colaboración entre las tres hermanas: la creación por el gobierno de la Monarquía de la Junta de la Caja de Reducción de Vales Reales (deuda pública adquirida por comerciantes y nobleza)(34). La distribución que estableció la Junta preveía 1.697.500 reales a Bizkaia, 1.758.750 reales a Gipuzkoa, 1.043.750 reales a Álava.
La Junta de Merindades de Bizkaia del 9 de noviembre de 1799 acordó crear una comisión con Gipuzkoa y Álava para repartir los fondos de la Caja de Reducción y Consolidación del Crédito de los Vales Reales. El 13 y 14 de diciembre las tres comunidades celebraron una nueva Conferencia. Las diferencias de fondo subsistieron, pero se restableció de nuevo el organismo de las Conferencias como instancia de reunión y deliberación directa entre representantes de las tres Juntas Generales.
Sin embargo, el Corregidor de Gipuzkoa, Alfonso Durán, se opuso a la legalidad de acuerdo suscrito en 1799 entre Álava y Gipuzkoa, acontecimiento que desembocó en la legalización expresa de las Conferencias entre los representantes forales mediante la sanción real de las Conferencias en 1800, impulsado por el ministro Mariano Luis Urquijo.
Las Juntas Generales de Gipuzkoa comisionaron a Joaquín Barroeta Sarauz Aldama y a Pedro Martín Larrumbide para la realización de sus propósitos. Por otro lado, había surgido el tema de la conversión de los Vales Reales con los "sobrantes de propios y arbitrios" de los pueblos, lo cual creó cierta inquietud en las provincias vascas; la Diputación de Gipuzkoa transmitió su preocupación a Álava y Bizkaia. Simón Bernardo de Zamácola convocó una Conferencia de las tres provincias para el 26 de noviembre de 1792 en la posada de Otxandio, pero finalmente se pospuso. Sin embargo, se celebraron en Bilbao el 30 y 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre de 1793. Es preciso recordar que España y Francia se habían declarado la guerra en el mes de marzo y el País Vasco era escenario bélico privilegiado. Véase REVOLUCIÓN FRANCESA .
El orden del día de las Conferencias, según nos manifiesta Prudencio María Verástegui, era "tratar del veedor de fierro en Cádiz, de establecer para lo sucesivo iguales Juntas anuales, de los medios legítimos de recobrar nuestros fueros y derechos, de aclarar algunos artículos que pueden interrumpir nuestra armoniosa correspondencia; y en fin de todo aquello que se considere ser de interés común de las tres. El recargo de derechos sobre nuestro frutos y manufacturas y los medios de afianzar más nuestra recíproca amistad son los artículos que interesan a nuestras poblaciones"(29). Esta Conferencia contaba con unos objetivos ciertamente ambiciosos y novedosos en relación con la tradición político-institucional vigente, ya que trataba de institucionalizar sólidamente una instancia común de dirección política.
Unos años antes, en 1787, se había creado en Madrid la Junta Suprema de Estado, "organismo colegiado del Rey con sus ministros". Este organismo es el antecedente inmediato del futuro Consejo de Ministros inaugurado por Fernando VII el 19 de noviembre de 1823, en plena revancha absolutista. Por lo tanto, no debe extrañarnos que las Juntas Generales de las tres provincias trataran de fundar una Junta permanente común, tal y como se había consolidado en el seno de la R.S.B.A.P., para poder exponer y debatir sus problemas internos, y para tratar los referidos a las relaciones bilaterales con los organismos de gobierno de la Monarquía.
Los comisionados que se reunieron en 1793 fueron nombrados por las respectivas Juntas Generales. El acta es una excelente síntesis de los problemas y preocupaciones con las que se enfrentaban los dirigentes y gobernantes de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava a fines del siglo XVIII.
En el primer párrafo expusieron su "deseo de conservar sus Fueros, Franquezas y Libertades" ante las novedades introducidas en los últimos años. A renglón seguido aparecen los temas relacionados con el hierro, el veedor de hierro en Cádiz, la exportación de mineral de hierro, la prohibición que impedía la libre circulación del dinero, los géneros extranjeros y los impuestos con los que eran cargados los productos de la protoindustria vasca en las aduanas. Les preocupaba "mejorar la Constitución del País y consolidar la Hermandad que desean perpetuar". En Francia se había proclamado la nueva Constitución, mientras que la elite dirigente vasca, que en términos sociales estaba representaba por una aristocracia rentista fundida con frecuencia con la burguesía comercial de las urbes y pretendía perfeccionar la constitución histórica, de manera que el edificio social no sufriese quebranto ni revolución, sino reforma, pudiendo conservar su protagonismo político y su dirección política.
El primer acuerdo que tomaron los representantes de las "comunidades" consistió en la convocatoria de Juntas entre comisionados de los tres territorios, en el mes de mayo, antes de la celebración de las respectivas Juntas Generales ordinarias de cada provincia. Se regularon las convocatorias, e incluso se solicitó un impuesto ("medio real de vellón en cada quintal de todo el fierro que se embarque"), para hacer frente a los gastos que generaba el primer "funcionario" de la nueva estructura. La creación de un impuesto es la señal inequívoca por la cual el nuevo organismo aspira a consolidarse como una institución de representación permanente. Incluso acordaron establecer una acción colectiva conjunta en Madrid entre los tres agentes que operaban en nombre de cada una de las "comunidades".
Los acuerdos de 1793 representan la carta fundacional del sistema de las Conferencias, y en las sucesivas actas serían la fuente de referencia y de autoridad. El carácter programático, pero también de acción de gobierno común, quedó patente en los compromisos que contrajeron cada una de las delegaciones de provincia. Las Conferencias acordaban una periodicidad anual y se constituían en Junta.
En 1794 se produjo la ofensiva de los ejércitos de la Convención Francesa y los intentos de pacto con el invasor desde un sector de la nobleza que había inspirado los acuerdos de Conferencias de 1793. Pese a la proclamación de independencia de Guipúzcoa (30), fue administrada como un país conquistado. Mientras tanto, la Junta de Merindades de Bizkaia, después del desplome de las defensas en la frontera española y de la estabilización del frente en la línea del Deba, consecuente con los acuerdos suscritos el año anterior, propuso una unión para la organización de la defensa de las tres provincias y la villa de Oñati.
Sin embargo, los representantes de Álava, en la reunión celebrada el 6 de diciembre de 1794 en Vitoria, respondieron que "solamente exigía el que se acordase entre ella y el Señorío (sin perder de vista el socorro de Gipuzkoa) un recíproco servicio para el caso de verse invadida cualquiera de las dos contratantes y que esto fuese según el numero de gentes que tenían en sus términos"(31).
Finalizada la Guerra de la Convención en 1795, cada provincia se disponía a restablecer la normalidad administrativa y política.
En primer lugar, debían liquidar la enorme deuda que habían acumulado durante la guerra, ya que, según se establecía en el Fuero, en caso de invasión las provincias asumían los gastos de defensa. En Bizkaia se firmó un acuerdo entre el Señorío y el Consulado por el que se establecía un sistema fiscal que gravaba los productos de consumo y tráfico (1796).
La Diputación extraordinaria de Gipuzkoa, el 14 de diciembre de 1796, estimó la utilidad de las Conferencias y la Junta General de Gipuzkoa reunida el siguiente año en Azpeitia acordó impulsar la Junta de comisionados de las tres provincias, para lo cual nombraron 5 comisionados. José Soroa, Diputado General de Gipuzkoa, el 28 de julio del mismo año se dirigió a Bizkaia y Álava pensando en "el bien que resultaría a las tres Provincias exentas en general y a cada una de ellas en particular de que se pusiesen en planta las Conferencias anuales entre los comisionados de ellas con arreglo a los capítulos preliminares formados en Bilbao el día 2 de noviembre de 1793"(32). El Diputado General de Álava, Hortuño Aguirre, apoyó la idea y asumió su responsabilidad, ya que le correspondía por turno la convocatoria de la mencionada Conferencia. Sin embargo, los Diputados Generales de Bizkaia respondieron que lo comunicarían a la Junta General, lo cual significaba el aplazamiento de la Conferencia al menos un año, ya que la Junta General debía celebrarse en julio de 1798. Los Diputados de Bizkaia se extrañaron de que la Junta General de Gipuzkoa hubiera propuesto que se le suprimiese a Bizkaia la facultad para la introducción de tabaco por mar. Además, las discrepancias entre las provincias se extendían a otras materias, tales como los impuestos sobre la vena y otros artículos de consumo que se introducían desde los puertos de Bizkaia.
Los Diputados Generales de Gipuzkoa y Álava mostraron una profunda decepción por la actitud de los Diputados Generales de Bizkaia. El 12 de septiembre de 1797 José Soroa, Diputado General de Gipuzkoa, escribía al de Álava lo siguiente: "de que tan poco aprecio va haciendo el Señorío poniéndonos en necesidad de que se rompan los apreciables vínculos de nuestra hermandad con él y que sufran los naturales de las tres comunidades las fatales consecuencias que pudiera acarrearles esta desunión". Por su lado, los Diputados Generales de Bizkaia manifestaban: "últimamente me parece haber dado siempre a V.S. (dirigiéndose a Gipuzkoa) pruebas de que deseo continuar la buena correspondencia y armonía que nos conviene. No creo haber hecho cosa alguna opuesta a sus fueros y derechos al paso que yo he experimentado lo contrario, siendo así que lejos de ir contra los respectivos fueros, debiéramos contribuir a ampliarlos en lo posible conforme al espíritu e intención uniforme de los Comisionados". Pero las Juntas Generales de Bizkaia, el 14 de julio de 1798, acordaron "que no tenía por necesaria su anual celebración, pudiéndose acordar y promover los intereses comunes por medio de una correspondencia regular y seguida entre las respectivas Diputaciones". Por otra parte, permanecía el cuadro de arbitrios que acordaron años atrás. En resumen, esta decisión suponía la ruptura, ya que Bizkaia se negaba a participar en las Conferencias y en consecuencia se negaba a negociar el cobro de los impuestos a los habitantes de las provincias hermanas.
En esa coyuntura el Diputado General de Álava Hortuño Aguirre, Marqués de Montehermoso, gestionó la convocatoria para el 11 de junio de 1799, a la que acudieron representantes de Gipuzkoa, pero no "la representación del M.N. y M.L. Señorío de Vizcaya como lo prometió en la últimas Conferencias"(33). En esta Conferencia recordaron la unión que ambas provincias suscribieron en 1688 y se dirigieron a los Diputados Generales de Bizkaia conminándoles a cumplir los compromisos contraídos en 1793. Ante la ambigua respuesta de Bizkaia, acordaron suspender el pago del salario del veedor de Cádiz y recargar "los géneros y efectos que pasan a su distrito (Bizkaia) desde estas Provincias". Es decir, iniciaron una estrategia de confrontación. Las Conferencias concluyeron con el firme propósito de convocarlas ajustándose al capitulado o compromiso aprobado en 1793.
Pero un factor externo va a crear las condiciones necesarias y servirá de excusa para recuperar la colaboración entre las tres hermanas: la creación por el gobierno de la Monarquía de la Junta de la Caja de Reducción de Vales Reales (deuda pública adquirida por comerciantes y nobleza)(34). La distribución que estableció la Junta preveía 1.697.500 reales a Bizkaia, 1.758.750 reales a Gipuzkoa, 1.043.750 reales a Álava.
La Junta de Merindades de Bizkaia del 9 de noviembre de 1799 acordó crear una comisión con Gipuzkoa y Álava para repartir los fondos de la Caja de Reducción y Consolidación del Crédito de los Vales Reales. El 13 y 14 de diciembre las tres comunidades celebraron una nueva Conferencia. Las diferencias de fondo subsistieron, pero se restableció de nuevo el organismo de las Conferencias como instancia de reunión y deliberación directa entre representantes de las tres Juntas Generales.
Sin embargo, el Corregidor de Gipuzkoa, Alfonso Durán, se opuso a la legalidad de acuerdo suscrito en 1799 entre Álava y Gipuzkoa, acontecimiento que desembocó en la legalización expresa de las Conferencias entre los representantes forales mediante la sanción real de las Conferencias en 1800, impulsado por el ministro Mariano Luis Urquijo.