La Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, primera institución estable de unión y referencia común para la elite dirigente de las tres provincias bascongadas. La R.S.B.A.P. fundada en 1764-1765 fue la institución que más eficazmente contribuyó a la difusión del culto a la "nación bascongada". El primer artículo de la Sociedad evocaba nuevas preocupaciones: "El objeto de esta Sociedad es el de cultivar la inclinación y el gusto de la Nación Bascongada hacia las Ciencias, Bellas letras y Artes, corregir y pulir sus costumbres; desterrar el ocio, la ignorancia y sus funestas consecuencias, y estrechar más la unión de las tres Provincias Bascongadas de Alaba, Vizcaya y Guipúzcoa"(23) . De esta manera, la unión de las provincias o de las naciones, como también son calificadas, fue uno de los objetivos primordiales.
En 1765 se presentaron el Plan del discurso previo a la Historia Nacional de las tres Provincias de Guipúzcoa, Alava y Vizcaya, las Instrucciones para escribir la Historia Nacional y, por último, la Idea general de la Nación Bascongada y señaladamente de la Provincia de Guipúzcoa(24) .
Las Conferencias, organizadas a partir de 1775, pueden considerarse como la herencia política más destacada que logró transmitir la práctica científica y cultural de la Sociedad Bascongada. La dimensión Bascongada de sus asambleas ordinarias, con una periodicidad anual, contribuyó a difundir y cuajar entre la elite un sentimiento de pertenencia patriótica común. La patria en esos años significaba un sentimiento de pertenencia y adhesión local que, en este caso, se refería al territorio vascongado(25) . Véase NACIÓN . La Junta General anual de la Sociedad Bascongada también generó una intensa sociabilidad en el seno de las elites dirigentes y una opinión pública vascongada. La Sociedad Bascongada actuó en calidad de institución invitada y asesora de las Diputaciones en las Conferencias de 1775 y 1780 celebradas en Bergara y Mondragón.
Por último, conviene recordar que las tres Diputaciones financiaron diversas cátedras de la Universidad de Oñati, conviertiéndose ésta en una institución común de las tres desde 1780 hasta su desaparición en 1842.
En 1774 las Juntas de Gipuzkoa ("Congreso general de mis Pueblos", según reza el encabezamiento de la resolución), ante la decadencia que sufría la producción y venta del hierro y sus derivados, como consecuencia de la introducción del hierro extranjero, nombraron 6 comisionados "para que de inteligencia con los Cavalleros que V.S. (si le pareciere punto digno de a su atención) el Señorío de Bizcaya y villa de Oñate nombrasen, puedan hacer los recursos que les parezcan más conducentes al intento concurriendo a un tiempo nuestras representaciones a fin de que puedan tener mayor eficacia para conseguir y establecer la observancia de las reales Cédulas e inclinar el real animo de S.M."(26) . La resolución iba dirigida a la Diputación de Álava el 7 de julio de 1774 y sin duda puede considerarse como el punto de arranque de una renovada colaboración institucional entre Bizkaia, Gipuzkoa y Álava.
La iniciativa tuvo una respuesta inmediata. Lo cierto es que para el 10 de agosto de 1774 Álava había comisionado al Diputado General, Carlos Antonio Otazu y Moyúa, mientras que, por su parte, las Juntas Generales de Bizkaia comisionaron a Francisco Zumelzu, Enrique Arana, Fernando Cayetano Barrenechea, Vicente Ramón Larrínaga, todos ellos vecinos de Bilbao, así como a Pedro Franciso Abendaño y Juan Antonio Letona, vecinos de Igorre (Bizkaia). La villa de Oñati (Gipuzkoa), por su lado, nombró a Miguel Nicolás Sarría y Juan Xavier Plaza.
La "Junta Extraordinaria de las tres Provincias y villa de Oñate" comenzó en Bergara el 16 de mayo de 1775, en la sala de Juntas de la R.S.B.A.P..(27) También acudieron varios individuos de la R.S.B.A.P. en calidad de invitados. Esta Sociedad redactó de forma autónoma una representación en el mismo sentido que el resto de los comisionados. Las gestiones lograron casi inmediatamente su fruto porque el 28 de mayo de 1776 el Rey restableció la Real Cédula del 29 de abril de 1702. Una feliz colaboración que sin duda sirvió para corroborar la eficacia de la unión de las tres provincias.
Pero coetáneamente en el gobierno de la Monarquía se preparaba la aplicación de la nueva política arancelaria entre cuyas medidas se preveía el traslado de las aduanas.
En 1778 Bilbao y San Sebastián quedaron excluidos de la lista de puertos de comercio libre y directo con América. Más adelante, por Real Órden de 17 de mayo de 1779, las provincias vascas se convirtieron en extranjeras a efectos comerciales e industriales; por lo tanto, los productos vascos, en su calidad de extranjeros, debían pagar los correspondientes recargos de extranjería para su exportación a las Indias o al interior de Castilla, porque según Muzquiz "aunque los Naturales de dichas Provincias son acreedores a los beneficios que se conceden en el reglamento de 12 de octubre de 1778, para que logren el fomento de sus fábricas industria y comercio, parece preciso proporcionarlo sin desatender a los reales intereses y sin perjudicar lo adelantamientos de las manufacturas de las otras provincias". Así pues, "el Señorío de acuerdo con Guipúzcoa y Alava y oyendo a la Sociedad de Amigos del País proponga el medio que sea practicable en las tres Provincias para la observancia del Reglamento de 12 de octubre de 1778", es decir, que debían inventarse un nuevo reglamento o unos nuevos capitulados, desde su condición de territorios extranjeros en España, a efectos económicos. La Real Orden comunicada por Muzquiz concluía de la siguiente manera: "Comunica esta Resolución al Señorío de Vizcaya, para que de acuerdo con Guipúzcoa y Álava diga a la Sociedad, y proponga el medio indicado al principio, debiendo tener presente la Resolución que tomó S.M. a Consulta del Consejo y comuniqué a V.S. en 2 de Abril del año próximo pasado, de que concedería la habilitación del Puerto de Bilbao para el comercio libre a Indias, cuando las Aduanas interiores de Vitoria, Orduña y Balmaseda se pasasen a la Costa del Mar de Vizcaya. Aranjuez 17 de mayo de 1779".
La reunión de Bergara, en 1775, puede ser considerada como la inaugural, pero la de Durango (1777) fundamenta la continuidad de las Conferencias. El acuerdo aparecía con la siguiente denominación: "Decreto de los caballeros de las tres Muy Nobles y Muy Leales Provincias Bascongadas como comisionados de éstas". Es decir, acordaron un decreto de instancia "Bascongada" y más tarde, en 1780 al término de las Conferencias de Mondragón, editaron otro decreto de las provincias Vascongadas.
No hemos encontrado el acta de la reunión celebrada en 1775 en Bergara correctamente firmada y rubricada por los asistentes, pero disponemos de un documento en copia que refleja sus acuerdos.
La Conferencia de Durango era de suma importancia, porque, con la creación del veedor de Cádiz para controlar las exportaciones de hierro, nació el primer funcionario dependiente de la institución común de las Conferencias: el veedor de Cádiz, que debía controlar e inspeccionar el hierro que se embarcaba en la ciudad gaditana con destino a América. El 9 de marzo de 1778 se publicó un anuncio en Cádiz en el que se difundía su labor de control en nombre de "las provincias de Guipúzcoa, Alava, Villa de Oñate y Señorío de Vizcaya". El abono del salario del veedor será el punto de fricción entre las provincias. El porcentaje de contribución de cada una de las tres provincias a los gastos comunes será motivo de debate permanente en las sucesivas Conferencias. Bizkaia y Gipuzkoa aportaban su cuota con cargo al presupuesto ordinario; sin embargo, Álava entendía que debían asumirlo los ferrones de la provincia como personas directamente beneficiadas por la acción del veedor. El comisionado de Bizkaia Enrique Arana se dirigió a los Diputados de Álava para que modificaran su visión, ya que el desarrollo de la industria del hierro fomentaba el resto de las actividades económicas, tales como el carboneo y el tráfico; además, "sería una lástima que este pequeño incidente sirviese de obstáculo a la implantación de un objetivo que debe ser de la atención de todo el País Vascongado y por cuyo logro tanto se ha trabajado". Evidentemente, traslucían dos formas de concebir la administración pública. En la elite de Bizkaia se percibía una visión moderna de la gestión político-administrativa y un intento de intervenir en el proceso económico desde las instituciones públicas. El mencionado comisionado de Bizkaia recordó y defendió la eficacia lograda por las Conferencias, ya que, en su opinión, "una Junta de los comisionados en que podrá hacerse más que en muchos meses por escrito"; 20 años más tarde, en otra coyuntura, esta idea fue refutada por el Diputado General de Bizkaia.
Le sigue la Conferencia de Mondragón de 1780, en la que debatieron en profundidad estos problemas, acordándose una estrategia de resistencia frente a cualquier cambio, pues la integridad del Fuero, en opinión de los dirigentes allí reunidos, era la fuente y garantía del bienestar económico y social. La Conferencia se reunió "para conferir y tratar sobre los cinco capítulos que con Real Orden de fecha de diez y siete de mayo de mil setecientos setenta y nuebe comunicó al Señorío de Vizcaya el Excmo. Señor D. Miguel de Muzquiz". En la mesa de la reunión se expusieron diversos informes evaluando las consecuencias económicas y políticas del reglamento. Prevalecieron las tesis de la nobleza titulada con bienes patrimoniales en tierras, según las cuales todo cambio en el sistema foral podría acarrear su desaparición y por ende su calidad de vida(28) .
En este contexto y en el de la guerra declarada entre España y la Convención Francesa debemos ubicar la celebración de la Conferencia de Bilbao, del 30 de agosto al 2 de septiembre en 1793.
En 1765 se presentaron el Plan del discurso previo a la Historia Nacional de las tres Provincias de Guipúzcoa, Alava y Vizcaya, las Instrucciones para escribir la Historia Nacional y, por último, la Idea general de la Nación Bascongada y señaladamente de la Provincia de Guipúzcoa(24) .
Las Conferencias, organizadas a partir de 1775, pueden considerarse como la herencia política más destacada que logró transmitir la práctica científica y cultural de la Sociedad Bascongada. La dimensión Bascongada de sus asambleas ordinarias, con una periodicidad anual, contribuyó a difundir y cuajar entre la elite un sentimiento de pertenencia patriótica común. La patria en esos años significaba un sentimiento de pertenencia y adhesión local que, en este caso, se refería al territorio vascongado(25) . Véase NACIÓN . La Junta General anual de la Sociedad Bascongada también generó una intensa sociabilidad en el seno de las elites dirigentes y una opinión pública vascongada. La Sociedad Bascongada actuó en calidad de institución invitada y asesora de las Diputaciones en las Conferencias de 1775 y 1780 celebradas en Bergara y Mondragón.
Por último, conviene recordar que las tres Diputaciones financiaron diversas cátedras de la Universidad de Oñati, conviertiéndose ésta en una institución común de las tres desde 1780 hasta su desaparición en 1842.
En 1774 las Juntas de Gipuzkoa ("Congreso general de mis Pueblos", según reza el encabezamiento de la resolución), ante la decadencia que sufría la producción y venta del hierro y sus derivados, como consecuencia de la introducción del hierro extranjero, nombraron 6 comisionados "para que de inteligencia con los Cavalleros que V.S. (si le pareciere punto digno de a su atención) el Señorío de Bizcaya y villa de Oñate nombrasen, puedan hacer los recursos que les parezcan más conducentes al intento concurriendo a un tiempo nuestras representaciones a fin de que puedan tener mayor eficacia para conseguir y establecer la observancia de las reales Cédulas e inclinar el real animo de S.M."(26) . La resolución iba dirigida a la Diputación de Álava el 7 de julio de 1774 y sin duda puede considerarse como el punto de arranque de una renovada colaboración institucional entre Bizkaia, Gipuzkoa y Álava.
La iniciativa tuvo una respuesta inmediata. Lo cierto es que para el 10 de agosto de 1774 Álava había comisionado al Diputado General, Carlos Antonio Otazu y Moyúa, mientras que, por su parte, las Juntas Generales de Bizkaia comisionaron a Francisco Zumelzu, Enrique Arana, Fernando Cayetano Barrenechea, Vicente Ramón Larrínaga, todos ellos vecinos de Bilbao, así como a Pedro Franciso Abendaño y Juan Antonio Letona, vecinos de Igorre (Bizkaia). La villa de Oñati (Gipuzkoa), por su lado, nombró a Miguel Nicolás Sarría y Juan Xavier Plaza.
La "Junta Extraordinaria de las tres Provincias y villa de Oñate" comenzó en Bergara el 16 de mayo de 1775, en la sala de Juntas de la R.S.B.A.P..(27) También acudieron varios individuos de la R.S.B.A.P. en calidad de invitados. Esta Sociedad redactó de forma autónoma una representación en el mismo sentido que el resto de los comisionados. Las gestiones lograron casi inmediatamente su fruto porque el 28 de mayo de 1776 el Rey restableció la Real Cédula del 29 de abril de 1702. Una feliz colaboración que sin duda sirvió para corroborar la eficacia de la unión de las tres provincias.
Pero coetáneamente en el gobierno de la Monarquía se preparaba la aplicación de la nueva política arancelaria entre cuyas medidas se preveía el traslado de las aduanas.
En 1778 Bilbao y San Sebastián quedaron excluidos de la lista de puertos de comercio libre y directo con América. Más adelante, por Real Órden de 17 de mayo de 1779, las provincias vascas se convirtieron en extranjeras a efectos comerciales e industriales; por lo tanto, los productos vascos, en su calidad de extranjeros, debían pagar los correspondientes recargos de extranjería para su exportación a las Indias o al interior de Castilla, porque según Muzquiz "aunque los Naturales de dichas Provincias son acreedores a los beneficios que se conceden en el reglamento de 12 de octubre de 1778, para que logren el fomento de sus fábricas industria y comercio, parece preciso proporcionarlo sin desatender a los reales intereses y sin perjudicar lo adelantamientos de las manufacturas de las otras provincias". Así pues, "el Señorío de acuerdo con Guipúzcoa y Alava y oyendo a la Sociedad de Amigos del País proponga el medio que sea practicable en las tres Provincias para la observancia del Reglamento de 12 de octubre de 1778", es decir, que debían inventarse un nuevo reglamento o unos nuevos capitulados, desde su condición de territorios extranjeros en España, a efectos económicos. La Real Orden comunicada por Muzquiz concluía de la siguiente manera: "Comunica esta Resolución al Señorío de Vizcaya, para que de acuerdo con Guipúzcoa y Álava diga a la Sociedad, y proponga el medio indicado al principio, debiendo tener presente la Resolución que tomó S.M. a Consulta del Consejo y comuniqué a V.S. en 2 de Abril del año próximo pasado, de que concedería la habilitación del Puerto de Bilbao para el comercio libre a Indias, cuando las Aduanas interiores de Vitoria, Orduña y Balmaseda se pasasen a la Costa del Mar de Vizcaya. Aranjuez 17 de mayo de 1779".
La reunión de Bergara, en 1775, puede ser considerada como la inaugural, pero la de Durango (1777) fundamenta la continuidad de las Conferencias. El acuerdo aparecía con la siguiente denominación: "Decreto de los caballeros de las tres Muy Nobles y Muy Leales Provincias Bascongadas como comisionados de éstas". Es decir, acordaron un decreto de instancia "Bascongada" y más tarde, en 1780 al término de las Conferencias de Mondragón, editaron otro decreto de las provincias Vascongadas.
No hemos encontrado el acta de la reunión celebrada en 1775 en Bergara correctamente firmada y rubricada por los asistentes, pero disponemos de un documento en copia que refleja sus acuerdos.
La Conferencia de Durango era de suma importancia, porque, con la creación del veedor de Cádiz para controlar las exportaciones de hierro, nació el primer funcionario dependiente de la institución común de las Conferencias: el veedor de Cádiz, que debía controlar e inspeccionar el hierro que se embarcaba en la ciudad gaditana con destino a América. El 9 de marzo de 1778 se publicó un anuncio en Cádiz en el que se difundía su labor de control en nombre de "las provincias de Guipúzcoa, Alava, Villa de Oñate y Señorío de Vizcaya". El abono del salario del veedor será el punto de fricción entre las provincias. El porcentaje de contribución de cada una de las tres provincias a los gastos comunes será motivo de debate permanente en las sucesivas Conferencias. Bizkaia y Gipuzkoa aportaban su cuota con cargo al presupuesto ordinario; sin embargo, Álava entendía que debían asumirlo los ferrones de la provincia como personas directamente beneficiadas por la acción del veedor. El comisionado de Bizkaia Enrique Arana se dirigió a los Diputados de Álava para que modificaran su visión, ya que el desarrollo de la industria del hierro fomentaba el resto de las actividades económicas, tales como el carboneo y el tráfico; además, "sería una lástima que este pequeño incidente sirviese de obstáculo a la implantación de un objetivo que debe ser de la atención de todo el País Vascongado y por cuyo logro tanto se ha trabajado". Evidentemente, traslucían dos formas de concebir la administración pública. En la elite de Bizkaia se percibía una visión moderna de la gestión político-administrativa y un intento de intervenir en el proceso económico desde las instituciones públicas. El mencionado comisionado de Bizkaia recordó y defendió la eficacia lograda por las Conferencias, ya que, en su opinión, "una Junta de los comisionados en que podrá hacerse más que en muchos meses por escrito"; 20 años más tarde, en otra coyuntura, esta idea fue refutada por el Diputado General de Bizkaia.
Le sigue la Conferencia de Mondragón de 1780, en la que debatieron en profundidad estos problemas, acordándose una estrategia de resistencia frente a cualquier cambio, pues la integridad del Fuero, en opinión de los dirigentes allí reunidos, era la fuente y garantía del bienestar económico y social. La Conferencia se reunió "para conferir y tratar sobre los cinco capítulos que con Real Orden de fecha de diez y siete de mayo de mil setecientos setenta y nuebe comunicó al Señorío de Vizcaya el Excmo. Señor D. Miguel de Muzquiz". En la mesa de la reunión se expusieron diversos informes evaluando las consecuencias económicas y políticas del reglamento. Prevalecieron las tesis de la nobleza titulada con bienes patrimoniales en tierras, según las cuales todo cambio en el sistema foral podría acarrear su desaparición y por ende su calidad de vida(28) .
En este contexto y en el de la guerra declarada entre España y la Convención Francesa debemos ubicar la celebración de la Conferencia de Bilbao, del 30 de agosto al 2 de septiembre en 1793.