Desde la Edad Media, la alimentación de los habitantes de los territorios vascos estuvo basada en una especie de acuerdo tácito, lo que E.P. Thompson bautizó como "economía moral de los pobres": el pueblo llano aceptaba la capacidad de gobierno de los poderosos, quienes a cambio de ello debían garantizar el abastecimiento de aquellos. Tomando como base la teoría mercantilista, los estados durante el Antiguo Régimen establecían y controlaban las leyes de mercado, tratando de mantener la paz social, protegiendo los derechos de los consumidores. De esa forma, eran los ayuntamientos los que gestionaban el abastecimiento de sus vecinos y moradores. Los fueros vascos y las ordenanzas municipales regulaban todo lo relacionado con el abastecimiento, tanto la importación como la comercialización.
Dos sistemas fueron los más habituales. Por un lado, los representantes concejiles compraban alimentos en plazas cercanas y lejanas (vino, aceite y otros) y los almacenaban en las alhóndigas y almacenes municipales, para luego repartirlo entre las tiendas locales, que las vendían a precios justos. Por otro lado, a partir del siglo XV fue más habitual arrendar el abastecimiento de los productos. El domingo previo se anunciaba en la iglesia parroquial, tras la misa, junto a las condiciones de la subasta y del abastecimiento. El domingo siguiente, en la propia iglesia o en el ayuntamiento, se celebraba una subasta. Tras tres sesiones, en las que se quemaba un cirio que marcaba su duración, aquél que ofrecía mayor cantidad era quien se llevaba finalmente la subasta. El último paso era la redacción de la carta de pago y realizar el pago. Normalmente, el compromiso era anual. No sólo se arrendaba el abastecimiento, también la venta directa, para lo cual se realizaba asimismo una subasta: carnicerías, tabernas (vino, sidra, chacolí, aguardiente y mistela), aceite comestible, aceite de ballena o saín, pescado cecial y salado y trigo. A partir del siglo XVIII el arrendatario de la tienda y el abastecedor de los productos importados serán habitualmente la misma persona. Entre las condiciones impuestas, destacan dos por encima de las demás: en primer lugar, los acarreadores debían descargar en el ayuntamiento los productos que transportaban para los arrendatarios, para así garantizar la calidad y evitar el fraude; en segundo lugar, los precios de venta eran tasados, es decir, el concejo imponía al arrendatario y al vendedor el precio máximo, que no podía superar.
De todas formas, este sistema tuvo desde el principio dos enemigos principales: la especulación y el contrabando. Muchos arrendatarios especulaban con todos o parte de los alimentos de cada municipio, sin respetar las condiciones de subasta y las ordenanzas municipales: en vez de venderlos en el municipio -donde el beneficio era pequeño, puesto que los precios estaban tasados-, los sacaban proscrítamente y los vendían libremente en otros pueblos y regiones, obteniendo mayores beneficios. Esto exijía mayor infraestructura, mayores relaciones comerciales y mayores riesgos. El sistema perduró, a pesar de la especulación y el contrabando, al menos hasta el siglo XVIII. En el siglo XVIII, al tiempo que se iban imponiendo las teorías librecambistas y liberalizadoras, se fueron desintegrando las bases del sistema mercantilista y la "economía moral". La burguesía y los comerciantes trataron de erosionar un sistema que iba contra sus intereses. En el siglo XVIII, coincidiendo con el advenimiento de los Borbones, surgió el debate sobre el traslado de las aduanas a la costa. El hecho de que las aduanas estuviesen situadas en los límites con Navarra y Santander, en Orduña, Balmaseda y Vitoria, y no en el mar, protegió a los consumidores guipuzcoanos y vizcaínos, pero perjudicó a los comerciantes vascos, sobre todo cuando intentaron expandirse por los mercados peninsulares. Dicho debate -que en última instancia se convertiría en un debate sobre los fueros- y sus consecuencias provocaron la ruptura de la sociedad vasca y ciertos motines. En todas las machinadas que tuvieron lugar durante el siglo XVIII la especulación es un factor esencial: en la Machinada de las Aduanas de 1718, en la Machinada de la Carne de 1755 o en la Machinada de los Cereales de 1766. En este último caso, las reivindicaciones de los amotinados muestran claramente qué se escondía detrás. La mayor parte de los capítulos tienen relación con la libertad de uso de los comunales, el abastecimiento de alimentos y sus precios: venta de trigo, maíz, harina, pan, carne, pescado, leche, aguardiente, mistela, aceite y abadejo a precios tasados y justos; prohibición de extracción de los mismos; dignificación de los salarios; libertad en el corte de argoma, helecho y leña; libertad de pasto del ganado en los comunales o reparto de la cosecha local de castaña entre los vecinos. Por tanto, las reivindicaciones de los machinos suponían una lucha por su subsistencia y supervivencia.