II República I. El largo camino del Estatuto de las Comisiones Gestoras. En diciembre de 1931, el proceso autonómico vasco tuvo que volver a empezar para adecuarse a la nueva Constitución. Las izquierdas vascas siguieron interesadas en él y tomaron la iniciativa. A propuesta de ellas, el Gobierno Azaña promulgó el 8 de diciembre un decreto que establecía el procedimiento de elaboración del Estatuto vasco a través de cuatro trámites: redacción del proyecto a cargo de las Gestoras provinciales, aprobación del mismo por los ayuntamientos, por el pueblo vasco en referéndum y por las Cortes.
La cuestión previa de Estatuto único o Estatutos provinciales fue resuelta el 31 de enero de 1932 por los municipios vascos en favor del Estatuto único, si bien la unanimidad de los vizcaínos, guipuzcoanos y alaveses no se dio en Navarra, donde casi un tercio de los ayuntamientos no apoyó el Estatuto vasco-navarro. Esto obedecía al inicio del cambio de actitud del carlismo y a la oposición de una parte de las izquierdas en el Viejo Reino. El diputado radical-socialista Azarola consiguió que los quorums exigidos por la Constitución para la aprobación de los Estatutos se contabilizasen separadamente para Navarra.
A principios de 1932 tuvo lugar en Pamplona la reunificación de las tres ramas en que se hallaba dividido el movimiento tradicionalista: los jaimistas del conde de Rodezno, los integristas de Juan Olazábal y los mellistas de Víctor Pradera. Estos dos últimos eran enemigos del Estatuto vasco y contrarios a la alianza con el PNV. La Comunión Tradicionalista se negó a participar en la elaboración del proyecto de las Gestoras.
Éste fue redactado por una comisión compuesta por cuatro republicanos, tres socialistas, un nacionalista, un católico-fuerista y un independiente. Su texto procuró ajustarse a los límites constitucionales, por lo que sus facultades autonómicas eran inferiores a las de los proyectos de 1931 , pero era más democrático que éstos en algunos aspectos: no discriminaba políticamente a los inmigrantes, el sufragio era siempre directo...
En la primavera de 1932, las fuerzas políticas vascas se posicionaron ante el nuevo Estatuto. Los nacionalistas lo apoyaban incondicionalmente. Los republicanos y los socialistas, también, pero con menos entusiasmo, salvo en Navarra, donde la mayoría de las izquierdas se oponía a su inclusión en el Estatuto vasco. Las derechas católicas y tradicionalistas se hallaban divididas, siendo mayoritario su apoyo en las Vascongadas y su rechazo en Navarra, donde el influyente Diario de Navarra y muchos carlistas desarrollaron una intensa campaña de propaganda antiestatutista, utilizando la consigna de «Fueros sí, Estatuto no» y tachando a éste de ser ateo, caro y separatista.
El 19 de junio de 1932, la asamblea de ayuntamientos dio como resultado un respaldo casi unánime de los vizcaínos, guipuzcoanos y alaveses al Estatuto de las Gestoras y la defección de Navarra al no aprobarlo el 60 % de sus municipios. Blinkhorn ha constatado que tanto en los ayuntamientos de derechas como en los de izquierdas predominó la oposición al Estatuto. La única fuerza que lo defendió unánimemente fue el nacionalismo vasco, pero era muy débil en el Viejo Reino. Jimeno Jurío ha corroborado documentalmente lo que apuntaron el diario nacionalista La Voz de Navarra y Aguirre: que varios representantes navarros cambiaron en la asamblea de Pamplona el voto de sus municipios en perjuicio del Estatuto vasco, de modo que sin esas irregularidades la votación de 109 ayuntamientos a favor y 123 en contra (más 35 abstenidos) se hubiese invertido dando una ligera mayoría a los «síes» sobre los «noes». Ahora bien, contando las abstenciones, esa mayoría no hubiese sido absoluta y no hubiese alcanzado el elevado quorum constitucional necesario para aprobar el Estatuto en el referéndum.
A consecuencia de la retirada de Navarra, éste no se celebró y se produjo la ruptura de la alianza entre nacionalistas y carlistas y de la minoría vasco-navarra en las Cortes. El PNV acusó de «traidores» a sus compañeros de coalición por considerarles responsables del fracaso del Estatuto en Navarra. Los tradicionalistas decían no necesitar el Estatuto, pues pronto entronizarían en Madrid a su pretendiente Alfonso Carlos y tendrían la restauración foral. Pero el golpe antirrepublicano del general Sanjurjo, apoyado por algunos carlistas y monárquicos vascos, fracasó en agosto de 1932, siendo condenado por el nacionalismo vasco. Aprovechando ese momento propicio para la República, el Gobierno Azaña logró que las Cortes aprobasen rápidamente el Estatuto de Cataluña, que fue promulgado el 15 de septiembre en San Sebastián, en honor a la ciudad del pacto de 1930. Allí Prieto dio un nuevo impulso autonómico al declarar que, aprobado el Estatuto catalán, el momento político era favorable para el vasco si se soslayaba el tema de Navarra y se redactaba un proyecto breve, sencillo y semejante al catalán, de forma que las Cortes Constituyentes no pudieran denegarlo.
Sin embargo, estos deseos del ministro socialista no se cumplieron, porque desde octubre de 1932 hasta el verano de 1933 se sucedieron fuertes enfrentamientos, a menudo violentos, entre nacionalistas y republicano-socialistas, sobre todo en Vizcaya. Los nuevos gobernadores civiles republicanos reprimieron con dureza al PNV. Un sector de éste se radicalizó y acentuó su antiespañolismo y su independentismo a través del semanario bilbaíno Jagi-Jagi, perseguido constantemente por el gobernador de Vizcaya. Buena parte de la izquierda se desinteresó del Estatuto por considerar que favorecía a su rival, el nacionalismo, y por no querer una autonomía gobernada por el PNV. Había que «republicanizar» a Euskadi antes de aprobar el Estatuto, porque para las izquierdas la consolidación del régimen republicano era más importante que la autonomía vasca. Por el contrario, algunos republicanos y Acción Nacionalista opinaban que la República sólo se asentaría en Euskadi gracias a la autonomía y que el retraso del Estatuto era la causa principal de la violencia política desatada.
La tensión religiosa reapareció en la primera mitad de 1933 con la aprobación por las Cortes de la ley de congregaciones, a la que se opusieron sin éxito los diputados nacionalistas, y con el intento de la mayoría republicano-socialista del Ayuntamiento de Bilbao de demoler el monumento al Sagrado Corazón, que unió en su contra a las derechas católicas. En estas condiciones de división y lucha entre las fuerzas políticas vascas, no resulta extraño que el proceso autonómico se paralizase o avanzase muy despacio.
Así, el nuevo proyecto elaborado por las Comisiones Gestoras en 1933, muy similar al del año anterior salvo la ausencia de Navarra, no fue sometido a los municipios hasta el 6 de agosto de 1933, cuando los enfrentamientos habían remitido bastante. En la asamblea de Vitoria, los vizcaínos y los guipuzcoanos reiteraron su unanimidad a favor del Estatuto, mientras que los alaveses lo aprobaron con el voto en contra de un tercio de sus ayuntamientos. Estos últimos eran casi todos de derechas y sobre ellos ejercía su poderosa influencia el diputado carlista y cacique de Álava José Luis Oriol, para quien desde el abandono de Navarra la autonomía era perjudicial para Álava al no poder competir con el poderío económico y demográfico de Vizcaya y Guipúzcoa. El tradicionalismo trataba de repetir el caso de Navarra en Álava, con lo cual el Estatuto vasco fracasaría definitivamente.
El paso siguiente del proceso autonómico era la celebración del referéndum sobre el Estatuto de las Gestoras. Los importantes cambios políticos acaecidos en septiembre y octubre de 1933 (fin del bienio azañista, disolución de las Cortes Constituyentes y convocatoria de elecciones) incidieron en la organización del plebiscito vasco, que quedó en manos de los Gobiernos de los radicales de Lerroux y Martínez Barrio. Estos pusieron fin a la política de confrontación con el nacionalismo y la sustituyeron por la colaboración con éste en el tema autonómico, hasta el punto de darse un extraño maridaje entre el PNV y el Partido Radical en octubre y noviembre de 1933. Atendiendo a los deseos del nacionalismo, el más interesado en el Estatuto, el Gobierno Martínez Barrio convocó el referéndum para el 5 de noviembre, dos semanas antes de las elecciones, proporcionando con ello una gran baza política al PNV, que rentabilizaría el presumible éxito del Estatuto en el plebiscito. El interés del Partido Radical consistía en facilitar la victoria electoral del PNV sobre el Bloque de izquierdas en la circunscripción de Bilbao. Martínez Barrio aguantó las presiones de sectores de la derecha y la izquierda, a los que no interesaba que el plebiscito autonómico precediese a los comicios legislativos, y mantuvo la fecha del referéndum. En vísperas de su celebración, las izquierdas bilbaínas y El Liberal, diario de Prieto, abogaron por la abstención en él arguyendo que no había garantías democráticas en su desarrollo, porque el Gobierno no había permitido su control por interventores nombrados por los partidos. El resultado del plebiscito, en el que por vez primera votaron las mujeres, dio una mayoría abrumadora a favor del Estatuto en Vizcaya y Guipúzcoa (votó más del 90 % del censo electoral y el 98 % de los votantes lo hizo afirmativamente), imposible de conseguir sin ayuda de procedimientos fraudulentos (así lo confirma el testimonio de algunos nacionalistas de la época). En cambio, el apoyo al Estatuto fue escaso en Álava, donde la suma de las abstenciones (41,5 %) y los «noes» (12 %) fue superior a los «síes» (46,5 %), debido a la intensa campaña abstencionista del carlismo, primera fuerza de la provincia, al sentimiento alavesista y al menor vasquismo de la zona sur.
Para aprobar los Estatutos, la Constitución republicana exigía que las dos terceras partes de los electores de la región votasen favorablemente el proyecto. Dado que la población de Vizcaya y de Guipúzcoa era mucho mayor que la de Álava, el conjunto de las tres provincias superó ampliamente la mayoría requerida: el 84 % del censo electoral votó «sí», el 3 % votó «no» y el 13 % se abstuvo. Ese quorum constitucional tan exorbitante fue el principal causante de la existencia de fraude en el referéndum, al que contribuyeron también la ausencia de interventores y el gran interés del nacionalismo vasco por sacar adelante el Estatuto de autonomía.
En Euskadi, las elecciones a Cortes, celebradas el 19 de noviembre de 1933, fueron muy distintas de las de 1931: la bipolarización había desaparecido y se había pasado a una lucha multipolar. Las derechas monárquico-tradicionalistas se presentaban unidas, el PNV en solitario y las izquierdas muy divididas, salvo en Vizcaya, donde Prieto logró mantener el Bloque republicano-socialista. El desgaste gubernamental y la fragmentación electoral, más que la introducción del sufragio femenino, fueron las causas principales de la grave derrota sufrida por las izquierdas, que en Euskadi sólo lograron dos diputados (Azaña y Prieto, por Bilbao). El PNV obtuvo el mayor triunfo electoral de toda su historia con doce escaños: seis en Vizcaya, cinco en Guipúzcoa y uno en Álava. La coalición derechista también mostró su fortaleza con diez diputados: uno en cada una de las Provincias Vascongadas y los siete de Navarra, su feudo.
En 1933, la tendencia del voto, favorable al centro-derecha, fue común a Euskadi y al resto del Estado, pero no los partidos vencedores: la CEDA y el Partido Radical, con los grupos más numerosos de las nuevas Cortes, sacaron un único diputado en todo el País Vasco, mientras que el PNV y la Comunión Tradicionalista sumaron dieciocho.
El bloqueo del Estatuto en las Cortes. A finales de 1933 se abría una nueva etapa del proceso autonómico vasco. El Liberal de Bilbao vaticinó la muerte del Estatuto en las Cortes de mayoría radical-cedista por la oposición de las derechas unitaristas. En diciembre de 1933, la minoría nacionalista vasca dio su apoyo parlamentario al Gobierno Lerroux, manteniendo su entente cordial con el Partido Radical, que le era necesaria para el éxito del Estatuto en las Cortes, aunque no suficiente por el fuerte peso de las derechas en ellas. El 21 de diciembre, el Estatuto plebiscitado fue entregado en las Cortes. Inmediatamente se le planteó un grave problema: al día siguiente, el diputado Oriol presentó un escrito de una «Comunidad de ayuntamientos alaveses», que decía representar a la mayoría de la provincia, solicitando la exclusión de Alava del Estatuto vasco en base a su escasa votación en el referéndum. La cuestión alavesa fue planteada por Oriol, quien contó con la ayuda de las derechas españolas, en los primeros meses de 1934. Se discutió si Alava tenía o no voluntad de formar parte integrante de la región autónoma vasca; pero en el fondo se trataba de defender o rechazar el Estatuto. El debate parlamentario sirvió para decantar la posición de las fuerzas políticas: el autonomismo de los nacionalistas catalanes y vascos y de algunos republicanos, el antiautonomismo de las derechas monárquicas, tradicionalistas y católicas, y la actitud intermedia, favorable a las autonomías pero sin entusiasmo, del PSOE y la mayoría de los republicanos. Las Cortes rechazaron la propuesta de las derechas (la retirada automática de Alava del proceso estatuario), por sólo once votos de diferencia, y la propuesta del PNV (la permanencia de Alava sin ningún trámite más), por amplia mayoría de votos. Inopinadamente no votaron el dictamen mayoritario de la comisión de Estatutos, que suponía la celebración de un nuevo referéndum en Alava para decidir su continuación o su salida del Estatuto vasco. Dicha consulta nunca se llevó a cabo y las Cortes no dieron ninguna solución a esa cuestión previa. Paradójicamente, la comisión prosiguió la discusión del texto del Estatuto, hasta que se paralizó con la retirada de la minoría nacionalista vasca del Parlamento en solidaridad con la Generalidad de Cataluña por el conflicto de la ley de contratos de cultivo, en junio de 1934. Desde entonces, el Estatuto permaneció estancado en esas Cortes sin que su pleno volviese a debatirlo antes de su disolución en enero de 1936. La cuestión de Alava demostró al PNV que era imposible conseguir la autonomía vasca con una mayoría parlamentaria de centro-derecha, aun contando con el respaldo de los radicales de Lerroux. El acuerdo entre éstos y el PNV había dejado de interesar a ambas partes: a los Gobiernos radicales no les eran necesarios los votos de los doce diputados nacionalistas para su estabilidad parlamentaria, y al PNV no le bastaba el apoyo del Partido Radical para lograr aprobar en las Cortes el Estatuto, su objetivo político inmediato. Ello contribuyó a que su entente acabase en el verano de 1934, al mismo tiempo que el PNV iniciaba su aproximación a las izquierdas, por vez primera en su historia.
José Luis de la GRANJA
La cuestión previa de Estatuto único o Estatutos provinciales fue resuelta el 31 de enero de 1932 por los municipios vascos en favor del Estatuto único, si bien la unanimidad de los vizcaínos, guipuzcoanos y alaveses no se dio en Navarra, donde casi un tercio de los ayuntamientos no apoyó el Estatuto vasco-navarro. Esto obedecía al inicio del cambio de actitud del carlismo y a la oposición de una parte de las izquierdas en el Viejo Reino. El diputado radical-socialista Azarola consiguió que los quorums exigidos por la Constitución para la aprobación de los Estatutos se contabilizasen separadamente para Navarra.
A principios de 1932 tuvo lugar en Pamplona la reunificación de las tres ramas en que se hallaba dividido el movimiento tradicionalista: los jaimistas del conde de Rodezno, los integristas de Juan Olazábal y los mellistas de Víctor Pradera. Estos dos últimos eran enemigos del Estatuto vasco y contrarios a la alianza con el PNV. La Comunión Tradicionalista se negó a participar en la elaboración del proyecto de las Gestoras.
Éste fue redactado por una comisión compuesta por cuatro republicanos, tres socialistas, un nacionalista, un católico-fuerista y un independiente. Su texto procuró ajustarse a los límites constitucionales, por lo que sus facultades autonómicas eran inferiores a las de los proyectos de 1931 , pero era más democrático que éstos en algunos aspectos: no discriminaba políticamente a los inmigrantes, el sufragio era siempre directo...
En la primavera de 1932, las fuerzas políticas vascas se posicionaron ante el nuevo Estatuto. Los nacionalistas lo apoyaban incondicionalmente. Los republicanos y los socialistas, también, pero con menos entusiasmo, salvo en Navarra, donde la mayoría de las izquierdas se oponía a su inclusión en el Estatuto vasco. Las derechas católicas y tradicionalistas se hallaban divididas, siendo mayoritario su apoyo en las Vascongadas y su rechazo en Navarra, donde el influyente Diario de Navarra y muchos carlistas desarrollaron una intensa campaña de propaganda antiestatutista, utilizando la consigna de «Fueros sí, Estatuto no» y tachando a éste de ser ateo, caro y separatista.
El 19 de junio de 1932, la asamblea de ayuntamientos dio como resultado un respaldo casi unánime de los vizcaínos, guipuzcoanos y alaveses al Estatuto de las Gestoras y la defección de Navarra al no aprobarlo el 60 % de sus municipios. Blinkhorn ha constatado que tanto en los ayuntamientos de derechas como en los de izquierdas predominó la oposición al Estatuto. La única fuerza que lo defendió unánimemente fue el nacionalismo vasco, pero era muy débil en el Viejo Reino. Jimeno Jurío ha corroborado documentalmente lo que apuntaron el diario nacionalista La Voz de Navarra y Aguirre: que varios representantes navarros cambiaron en la asamblea de Pamplona el voto de sus municipios en perjuicio del Estatuto vasco, de modo que sin esas irregularidades la votación de 109 ayuntamientos a favor y 123 en contra (más 35 abstenidos) se hubiese invertido dando una ligera mayoría a los «síes» sobre los «noes». Ahora bien, contando las abstenciones, esa mayoría no hubiese sido absoluta y no hubiese alcanzado el elevado quorum constitucional necesario para aprobar el Estatuto en el referéndum.
A consecuencia de la retirada de Navarra, éste no se celebró y se produjo la ruptura de la alianza entre nacionalistas y carlistas y de la minoría vasco-navarra en las Cortes. El PNV acusó de «traidores» a sus compañeros de coalición por considerarles responsables del fracaso del Estatuto en Navarra. Los tradicionalistas decían no necesitar el Estatuto, pues pronto entronizarían en Madrid a su pretendiente Alfonso Carlos y tendrían la restauración foral. Pero el golpe antirrepublicano del general Sanjurjo, apoyado por algunos carlistas y monárquicos vascos, fracasó en agosto de 1932, siendo condenado por el nacionalismo vasco. Aprovechando ese momento propicio para la República, el Gobierno Azaña logró que las Cortes aprobasen rápidamente el Estatuto de Cataluña, que fue promulgado el 15 de septiembre en San Sebastián, en honor a la ciudad del pacto de 1930. Allí Prieto dio un nuevo impulso autonómico al declarar que, aprobado el Estatuto catalán, el momento político era favorable para el vasco si se soslayaba el tema de Navarra y se redactaba un proyecto breve, sencillo y semejante al catalán, de forma que las Cortes Constituyentes no pudieran denegarlo.
Sin embargo, estos deseos del ministro socialista no se cumplieron, porque desde octubre de 1932 hasta el verano de 1933 se sucedieron fuertes enfrentamientos, a menudo violentos, entre nacionalistas y republicano-socialistas, sobre todo en Vizcaya. Los nuevos gobernadores civiles republicanos reprimieron con dureza al PNV. Un sector de éste se radicalizó y acentuó su antiespañolismo y su independentismo a través del semanario bilbaíno Jagi-Jagi, perseguido constantemente por el gobernador de Vizcaya. Buena parte de la izquierda se desinteresó del Estatuto por considerar que favorecía a su rival, el nacionalismo, y por no querer una autonomía gobernada por el PNV. Había que «republicanizar» a Euskadi antes de aprobar el Estatuto, porque para las izquierdas la consolidación del régimen republicano era más importante que la autonomía vasca. Por el contrario, algunos republicanos y Acción Nacionalista opinaban que la República sólo se asentaría en Euskadi gracias a la autonomía y que el retraso del Estatuto era la causa principal de la violencia política desatada.
La tensión religiosa reapareció en la primera mitad de 1933 con la aprobación por las Cortes de la ley de congregaciones, a la que se opusieron sin éxito los diputados nacionalistas, y con el intento de la mayoría republicano-socialista del Ayuntamiento de Bilbao de demoler el monumento al Sagrado Corazón, que unió en su contra a las derechas católicas. En estas condiciones de división y lucha entre las fuerzas políticas vascas, no resulta extraño que el proceso autonómico se paralizase o avanzase muy despacio.
Así, el nuevo proyecto elaborado por las Comisiones Gestoras en 1933, muy similar al del año anterior salvo la ausencia de Navarra, no fue sometido a los municipios hasta el 6 de agosto de 1933, cuando los enfrentamientos habían remitido bastante. En la asamblea de Vitoria, los vizcaínos y los guipuzcoanos reiteraron su unanimidad a favor del Estatuto, mientras que los alaveses lo aprobaron con el voto en contra de un tercio de sus ayuntamientos. Estos últimos eran casi todos de derechas y sobre ellos ejercía su poderosa influencia el diputado carlista y cacique de Álava José Luis Oriol, para quien desde el abandono de Navarra la autonomía era perjudicial para Álava al no poder competir con el poderío económico y demográfico de Vizcaya y Guipúzcoa. El tradicionalismo trataba de repetir el caso de Navarra en Álava, con lo cual el Estatuto vasco fracasaría definitivamente.
El paso siguiente del proceso autonómico era la celebración del referéndum sobre el Estatuto de las Gestoras. Los importantes cambios políticos acaecidos en septiembre y octubre de 1933 (fin del bienio azañista, disolución de las Cortes Constituyentes y convocatoria de elecciones) incidieron en la organización del plebiscito vasco, que quedó en manos de los Gobiernos de los radicales de Lerroux y Martínez Barrio. Estos pusieron fin a la política de confrontación con el nacionalismo y la sustituyeron por la colaboración con éste en el tema autonómico, hasta el punto de darse un extraño maridaje entre el PNV y el Partido Radical en octubre y noviembre de 1933. Atendiendo a los deseos del nacionalismo, el más interesado en el Estatuto, el Gobierno Martínez Barrio convocó el referéndum para el 5 de noviembre, dos semanas antes de las elecciones, proporcionando con ello una gran baza política al PNV, que rentabilizaría el presumible éxito del Estatuto en el plebiscito. El interés del Partido Radical consistía en facilitar la victoria electoral del PNV sobre el Bloque de izquierdas en la circunscripción de Bilbao. Martínez Barrio aguantó las presiones de sectores de la derecha y la izquierda, a los que no interesaba que el plebiscito autonómico precediese a los comicios legislativos, y mantuvo la fecha del referéndum. En vísperas de su celebración, las izquierdas bilbaínas y El Liberal, diario de Prieto, abogaron por la abstención en él arguyendo que no había garantías democráticas en su desarrollo, porque el Gobierno no había permitido su control por interventores nombrados por los partidos. El resultado del plebiscito, en el que por vez primera votaron las mujeres, dio una mayoría abrumadora a favor del Estatuto en Vizcaya y Guipúzcoa (votó más del 90 % del censo electoral y el 98 % de los votantes lo hizo afirmativamente), imposible de conseguir sin ayuda de procedimientos fraudulentos (así lo confirma el testimonio de algunos nacionalistas de la época). En cambio, el apoyo al Estatuto fue escaso en Álava, donde la suma de las abstenciones (41,5 %) y los «noes» (12 %) fue superior a los «síes» (46,5 %), debido a la intensa campaña abstencionista del carlismo, primera fuerza de la provincia, al sentimiento alavesista y al menor vasquismo de la zona sur.
Para aprobar los Estatutos, la Constitución republicana exigía que las dos terceras partes de los electores de la región votasen favorablemente el proyecto. Dado que la población de Vizcaya y de Guipúzcoa era mucho mayor que la de Álava, el conjunto de las tres provincias superó ampliamente la mayoría requerida: el 84 % del censo electoral votó «sí», el 3 % votó «no» y el 13 % se abstuvo. Ese quorum constitucional tan exorbitante fue el principal causante de la existencia de fraude en el referéndum, al que contribuyeron también la ausencia de interventores y el gran interés del nacionalismo vasco por sacar adelante el Estatuto de autonomía.
En Euskadi, las elecciones a Cortes, celebradas el 19 de noviembre de 1933, fueron muy distintas de las de 1931: la bipolarización había desaparecido y se había pasado a una lucha multipolar. Las derechas monárquico-tradicionalistas se presentaban unidas, el PNV en solitario y las izquierdas muy divididas, salvo en Vizcaya, donde Prieto logró mantener el Bloque republicano-socialista. El desgaste gubernamental y la fragmentación electoral, más que la introducción del sufragio femenino, fueron las causas principales de la grave derrota sufrida por las izquierdas, que en Euskadi sólo lograron dos diputados (Azaña y Prieto, por Bilbao). El PNV obtuvo el mayor triunfo electoral de toda su historia con doce escaños: seis en Vizcaya, cinco en Guipúzcoa y uno en Álava. La coalición derechista también mostró su fortaleza con diez diputados: uno en cada una de las Provincias Vascongadas y los siete de Navarra, su feudo.
En 1933, la tendencia del voto, favorable al centro-derecha, fue común a Euskadi y al resto del Estado, pero no los partidos vencedores: la CEDA y el Partido Radical, con los grupos más numerosos de las nuevas Cortes, sacaron un único diputado en todo el País Vasco, mientras que el PNV y la Comunión Tradicionalista sumaron dieciocho.
El bloqueo del Estatuto en las Cortes. A finales de 1933 se abría una nueva etapa del proceso autonómico vasco. El Liberal de Bilbao vaticinó la muerte del Estatuto en las Cortes de mayoría radical-cedista por la oposición de las derechas unitaristas. En diciembre de 1933, la minoría nacionalista vasca dio su apoyo parlamentario al Gobierno Lerroux, manteniendo su entente cordial con el Partido Radical, que le era necesaria para el éxito del Estatuto en las Cortes, aunque no suficiente por el fuerte peso de las derechas en ellas. El 21 de diciembre, el Estatuto plebiscitado fue entregado en las Cortes. Inmediatamente se le planteó un grave problema: al día siguiente, el diputado Oriol presentó un escrito de una «Comunidad de ayuntamientos alaveses», que decía representar a la mayoría de la provincia, solicitando la exclusión de Alava del Estatuto vasco en base a su escasa votación en el referéndum. La cuestión alavesa fue planteada por Oriol, quien contó con la ayuda de las derechas españolas, en los primeros meses de 1934. Se discutió si Alava tenía o no voluntad de formar parte integrante de la región autónoma vasca; pero en el fondo se trataba de defender o rechazar el Estatuto. El debate parlamentario sirvió para decantar la posición de las fuerzas políticas: el autonomismo de los nacionalistas catalanes y vascos y de algunos republicanos, el antiautonomismo de las derechas monárquicas, tradicionalistas y católicas, y la actitud intermedia, favorable a las autonomías pero sin entusiasmo, del PSOE y la mayoría de los republicanos. Las Cortes rechazaron la propuesta de las derechas (la retirada automática de Alava del proceso estatuario), por sólo once votos de diferencia, y la propuesta del PNV (la permanencia de Alava sin ningún trámite más), por amplia mayoría de votos. Inopinadamente no votaron el dictamen mayoritario de la comisión de Estatutos, que suponía la celebración de un nuevo referéndum en Alava para decidir su continuación o su salida del Estatuto vasco. Dicha consulta nunca se llevó a cabo y las Cortes no dieron ninguna solución a esa cuestión previa. Paradójicamente, la comisión prosiguió la discusión del texto del Estatuto, hasta que se paralizó con la retirada de la minoría nacionalista vasca del Parlamento en solidaridad con la Generalidad de Cataluña por el conflicto de la ley de contratos de cultivo, en junio de 1934. Desde entonces, el Estatuto permaneció estancado en esas Cortes sin que su pleno volviese a debatirlo antes de su disolución en enero de 1936. La cuestión de Alava demostró al PNV que era imposible conseguir la autonomía vasca con una mayoría parlamentaria de centro-derecha, aun contando con el respaldo de los radicales de Lerroux. El acuerdo entre éstos y el PNV había dejado de interesar a ambas partes: a los Gobiernos radicales no les eran necesarios los votos de los doce diputados nacionalistas para su estabilidad parlamentaria, y al PNV no le bastaba el apoyo del Partido Radical para lograr aprobar en las Cortes el Estatuto, su objetivo político inmediato. Ello contribuyó a que su entente acabase en el verano de 1934, al mismo tiempo que el PNV iniciaba su aproximación a las izquierdas, por vez primera en su historia.
José Luis de la GRANJA