II República.
El País Vasco en los albores de la II República. Las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 que trajeron la II República dieron en Euskadi el triunfo a las candidaturas de las derechas y del PNV, que fueron por separado, en la mayoría de los ayuntamientos. Pero el Bloque de republicanos y socialistas (con Acción Nacionalista Vasca en Vizcaya) venció en los municipios más poblados: Bilbao y los centros industriales y mineros de su entorno, San Sebastián, Eibar, Irún y bastantes pueblos de la Ribera navarra. Vitoria y Pamplona estuvieron entre las pocas capitales de provincia con mayoría derechista, superando ligeramente a las izquierdas.
Estas se hicieron con el control de ambas ciudades al repetirse las elecciones el 31 de mayo, de modo que las cuatro capitales vascas contaron con alcaldes republicanos. La división, tradicional en Euskadi, entre los núcleos urbano-industriales, en manos de las izquierdas, y las comarcas rurales y semi-rurales, en poder del carlismo y del nacionalismo, se dio en abril de 1931 y caracterizó la vida política vasca en la República. La mayoría de Euskadi no era republicana y veía con recelo al nuevo régimen instaurado en España, temiendo que el anticlericalismo y la revolución social resquebrajasen el catolicismo y conservadurismo predominantes en Euskal Herria.
Hay que recordar que, a diferencia del catalanismo, el Partido Nacionalista Vasco no había asistido al Pacto de San Sebastián, había rechazado la invitación a integrarse en el Bloque republicano-socialista y no había contribuido al advenimiento de la República, si bien manifestó en seguida su acatamiento a ella. Este paso nunca lo dio el otro gran partido de las derechas vascas, la Comunión Tradicionalista o Carlista, que desde el principio se declaró enemigo de la República y se aprestó a subvertir por la fuerza este régimen laico y democrático.
La división de las fuerzas políticas vascas se reflejó el mismo 14 de abril, cuando por la mañana el Ayuntamiento republicano-socialista de Eibar era el primero de España en anunciar la llegada de la República y por la tarde el alcalde nacionalista de Getxo proclamaba «la República vasca vinculada en federación con la República española». Este gesto de Aguirre imitaba el realizado horas antes en Barcelona por Macià al proclamar la República catalana como Estado integrante de la Federación ibérica, pero no tuvo la eficacia práctica de éste. La diferencia principal entre Cataluña y Euskadi estribaba en que la Esquerra concordaba políticamente con la Conjunción republicano-socialista triunfante, y el PNV, no. Bastaron tres días para. comprobarlo: el 17 de abril, tres ministros del Gobierno provisional llegaban a un acuerdo con Maciá para sustituir la República catalana por la Generalidad, mientras las fuerzas de orden público abortaban el intento de alcaldes y concejales peneuvistas de restaurar las Juntas Generales de Vizcaya en Gernika.
Así pues, el Gobierno republicano negociaba con los nacionalistas catalanes de izquierdas y reprimía a los nacionalistas vascos de derechas, de los que no se fiaba y a los que no estaba dispuesto a conceder un organismo preautonómico común a los cuatro territorios vascos y semejante a la Generalidad de Cataluña, solicitado por el PNV y ANV.
En Euskadi no hubo unanimidad al abordar la cuestión autonómica en 1931. Se dio una dualidad de iniciativas autonómicas entre los ayuntamientos electos, apoyados por el PNV y las derechas, y las Diputaciones, regentadas por Comisiones Gestoras designadas por los gobernadores civiles y monopolizadas por los republicanos, el PSOE y ANV. En la primavera de 1931, las izquierdas actuaron a la defensiva mientras las fuerzas derechistas se volcaban en este tema. El movimiento de alcaldes por la autonomía, liderado por Aguirre, promovido por el PNV y secundado por carlistas y católicos independientes, aunó a la gran mayoría de los municipios vascos, aunque no a las capitales ni a las poblaciones importantes con mayoría izquierdista. Los alcaldes encargaron la redacción de un proyecto a la Sociedad de Estudios Vascos, que en mayo elaboró un Estatuto General del Estado Vasco. Su texto partía de una concepción federal, tanto de la República española como del País Vasco, y otorgaba a éste amplias competencias; pero adolecía de algunas carencias democráticas: no había una clara separación entre el poder ejecutivo y el legislativo, recurría al sufragio indirecto...
Este proyecto pudo haber sido el Estatuto común a todas las fuerzas vascas, pues fue bien recibido inicialmente. Pero pronto esto fue imposible por la introducción en él de enmiendas importantes y antagónicas por los grandes partidos de la izquierda (PSOE) y las derechas (PNV y Comunión Tradicionalista). Las modificaciones de estos últimos desnaturalizaron el Estatuto de la Sociedad de Estudios Vascos y dieron lugar a otro distinto: el famoso Estatuto de Estella, aprobado en dicha ciudad el 14 de junio por tres cuartas partes de los ayuntamientos vascos, pero que representaban a poco más de la mitad de la población de Euskadi. El Estatuto de Estella fue el proyecto autonómico de las derechas vascas y la base de su alianza electoral a las Cortes Constituyentes. Las izquierdas lo rechazaron y manifestaron que preferían que Euskadi no tuviese autonomía antes que aceptar tal Estatuto. Este tenía un carácter partidista e instrumental, porque sus principales promotores, peneuvistas y carlistas, lo consideraban un medio a utilizar en el camino hacia su meta política: la restauración de los Fueros, a la que no renunciaban. Las enmiendas que más le caracterizaron (el Concordato con el Vaticano y la privación del derecho de sufragio a los inmigrantes) respondían a los intereses de las derechas e iban en beneficio político de ellas. La polémica facultad concordataria, que dio el sello clerical al Estatuto de Estella, buscaba impedir la aplicación de la legislación laicista de la República, haciendo de Euskadi un oasis católico (el «Gibraltar vaticanista», denunciado por Prieto), y reflejaba la candente cuestión religiosa a comienzos del régimen republicano (con la quema de conventos y la expulsión de los monárquicos Segura, cardenal-primado de Toledo, y Múgica, obispo de Vitoria). El entrecruzamiento del problema religioso contribuyó al fracaso de la autonomía vasca en 1931, pues las izquierdas, mayoritarias en las Cortes Constituyentes, nunca aprobarían dicho Estatuto.
Fue un error del PNV, muy interesado en la autonomía, la inclusión de esa cláusula religiosa, que en manos de los carlistas se convertía en un arma dirigida contra la República.
En junio de 1931, el País Vasco se dividió en dos grandes bloques electorales, enfrentados por las cuestiones religiosa y autonómica: el de derechas (PNV, Comunión Tradicionalista y católicos independientes), con la defensa de la Iglesia y del Estatuto de Estella como programa común, y el de izquierdas (PSOE y partidos republicanos, más ANV en Guipúzcoa), que buscaba consolidar el nuevo régimen en Euskadi y aceptaba el Estatuto de la Sociedad de Estudios Vascos con ligeras modificaciones aprobadas por las Comisiones Gestoras provinciales. Las elecciones a Cortes Constituyentes, celebradas el 28 de junio de 1931, fueron en el País Vasco muy diferentes del resto del Estado, donde las fuerzas republicano-socialistas «barrieron» a las derechas desorganizadas desde la caída de la Monarquía. Euskadi fue la única nacionalidad o región con victoria derechista. La campaña electoral reflejó la polarización de la sociedad vasca en torno a esas dos grandes coaliciones, fracasando dos pequeños partidos que se presentaron en solitario: el PCE y ANV en Vizcaya. Las derechas dieron a la consulta un carácter plebiscitario sobre su Estatuto de Estella. Como ganaron (con quince diputados frente a nueve de la izquierda), lo consideraron ratificado por el pueblo vasco sin necesidad de someterlo a referéndum.
El triunfo electoral de las derechas vascas no fue abrumador, pues las izquierdas obtuvieron el 44 % de los votos y vencieron en las cuatro capitales, los municipios industriales de Vizcaya y Guipúzcoa y los agrarios de la Rioja alavesa y la Ribera navarra. El País Vasco era de mayoría derechista y no republicana, pero la implantación de la izquierda no era desdeñable. En esa situación de bipolarización política de la opinión pública, la consecución de la autonomía vasca era una tarea muy difícil, máxime con la flagrante discordancia política existente entre Euskadi y el conjunto de España.
El fracaso del Estatuto de Estella en las Cortes Constituyentes. Al abrirse las Cortes en julio, los quince diputados de derechas (seis del PNV, cinco carlistas y cuatro católicos) formaron la minoría vasco-navarra, con el compromiso común de defender la religión, la reintegración foral y el Estatuto de Estella. Como los nueve diputados vascos de izquierdas no constituyeron un grupo parlamentario propio sino que se diluyeron en los grupos republicanos y el socialista, Euskadi fue identificada con la minoría vasco-navarra y su autonomía, con el Estatuto preconizado por ésta. Esto no le favoreció, pues la mayoría de la Cámara era contraria a dicha minoría por su impronta clerical y derechista, que sólo conectaba con los diputados agrarios castellanos, pese a ser éstos unitaristas y enemigos de las autonomías.
Tampoco beneficiaba nada al Estatuto vasco la situación de Euskadi en el verano de 1931, definida como «clima de guerra civil» por algunos diputados republicanos. La violencia política fue frecuente en esos meses y dejó un reguero de muertos y heridos en choques armados entre grupos rivales. La tensión religiosa creció de nuevo con la detención del vicario de Vitoria en la frontera de Irún portando documentos comprometedores del cardenal Segura al obispo Múgica, desterrado en Francia. Muchos católicos peregrinaban al pueblo guipuzcoano de Ezkioga, donde se decía que se aparecía la Virgen, que fue conocida como «la Virgen del Estatuto» de Estella. El 22 de agosto, el Gobierno republicano suspendió casi toda la prensa nacionalista y derechista del País Vasco por sus virulentos ataques contra él y sus llamamientos a la insurrección armada contra la República. Monárquicos y carlistas conspiraban con algunos militares, y el PNV no era ajeno a ello, aunque sus contactos no pasaron de meras conversaciones (la entrevista de Aguirre con el general Orgaz). En este ambiente belicoso no tenía ninguna posibilidad de éxito el Estatuto de Estella, que fue entregado por los alcaldes vascos al presidente del Gobierno, Alcalá Zamora, el 22 de septiembre.
Tres días después murió en las Cortes al aprobarse el título I de la Constitución, que establecía el marco autonómico y taponaba dicho Estatuto por su manifiesta inconstitucionalidad. La mayoría parlamentaria rechazó todas las enmiendas presentadas por los diputados vasconavarros para salvar su Estatuto, en especial las referentes a las relaciones Iglesia/Estado y al Concordato vasco. Sin embargo, no abandonaron las Cortes y siguieron participando en el debate constitucional hasta que la aprobación del polémico artículo 26 sobre las órdenes religiosas provocó su retirada junto con los restantes parlamentarios de derechas, en octubre.
Quedaba así claro que su interés primordial, por encima del Estatuto, era la defensa de la Iglesia católica frente al laicismo republicano. Los diputados vasco-navarros estuvieron ausentes de la votación final de la Constitución el 9 de diciembre de 1931. Al día siguiente se reintegraron a las Cortes y los nacionalistas votaron a Alcalá Zamora para la Presidencia de la República, mientras los carlistas se abstuvieron. Era la primera divergencia importante entre los dos partidos que formaban esa minoría parlamentaria. Comenzaba a abrirse una brecha entre ellos, que se iría agrandando hasta culminar en su ruptura en el verano de 1932, causada por el tema autonómico. El logro del Estatuto era un objetivo fundamental para el PNV, pero no para la Comunión Tradicionalista desde que perdió toda connotación clerical y antirrepublicana.
José Luis de la GRANJA
El País Vasco en los albores de la II República. Las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 que trajeron la II República dieron en Euskadi el triunfo a las candidaturas de las derechas y del PNV, que fueron por separado, en la mayoría de los ayuntamientos. Pero el Bloque de republicanos y socialistas (con Acción Nacionalista Vasca en Vizcaya) venció en los municipios más poblados: Bilbao y los centros industriales y mineros de su entorno, San Sebastián, Eibar, Irún y bastantes pueblos de la Ribera navarra. Vitoria y Pamplona estuvieron entre las pocas capitales de provincia con mayoría derechista, superando ligeramente a las izquierdas.
Estas se hicieron con el control de ambas ciudades al repetirse las elecciones el 31 de mayo, de modo que las cuatro capitales vascas contaron con alcaldes republicanos. La división, tradicional en Euskadi, entre los núcleos urbano-industriales, en manos de las izquierdas, y las comarcas rurales y semi-rurales, en poder del carlismo y del nacionalismo, se dio en abril de 1931 y caracterizó la vida política vasca en la República. La mayoría de Euskadi no era republicana y veía con recelo al nuevo régimen instaurado en España, temiendo que el anticlericalismo y la revolución social resquebrajasen el catolicismo y conservadurismo predominantes en Euskal Herria.
Hay que recordar que, a diferencia del catalanismo, el Partido Nacionalista Vasco no había asistido al Pacto de San Sebastián, había rechazado la invitación a integrarse en el Bloque republicano-socialista y no había contribuido al advenimiento de la República, si bien manifestó en seguida su acatamiento a ella. Este paso nunca lo dio el otro gran partido de las derechas vascas, la Comunión Tradicionalista o Carlista, que desde el principio se declaró enemigo de la República y se aprestó a subvertir por la fuerza este régimen laico y democrático.
La división de las fuerzas políticas vascas se reflejó el mismo 14 de abril, cuando por la mañana el Ayuntamiento republicano-socialista de Eibar era el primero de España en anunciar la llegada de la República y por la tarde el alcalde nacionalista de Getxo proclamaba «la República vasca vinculada en federación con la República española». Este gesto de Aguirre imitaba el realizado horas antes en Barcelona por Macià al proclamar la República catalana como Estado integrante de la Federación ibérica, pero no tuvo la eficacia práctica de éste. La diferencia principal entre Cataluña y Euskadi estribaba en que la Esquerra concordaba políticamente con la Conjunción republicano-socialista triunfante, y el PNV, no. Bastaron tres días para. comprobarlo: el 17 de abril, tres ministros del Gobierno provisional llegaban a un acuerdo con Maciá para sustituir la República catalana por la Generalidad, mientras las fuerzas de orden público abortaban el intento de alcaldes y concejales peneuvistas de restaurar las Juntas Generales de Vizcaya en Gernika.
Así pues, el Gobierno republicano negociaba con los nacionalistas catalanes de izquierdas y reprimía a los nacionalistas vascos de derechas, de los que no se fiaba y a los que no estaba dispuesto a conceder un organismo preautonómico común a los cuatro territorios vascos y semejante a la Generalidad de Cataluña, solicitado por el PNV y ANV.
En Euskadi no hubo unanimidad al abordar la cuestión autonómica en 1931. Se dio una dualidad de iniciativas autonómicas entre los ayuntamientos electos, apoyados por el PNV y las derechas, y las Diputaciones, regentadas por Comisiones Gestoras designadas por los gobernadores civiles y monopolizadas por los republicanos, el PSOE y ANV. En la primavera de 1931, las izquierdas actuaron a la defensiva mientras las fuerzas derechistas se volcaban en este tema. El movimiento de alcaldes por la autonomía, liderado por Aguirre, promovido por el PNV y secundado por carlistas y católicos independientes, aunó a la gran mayoría de los municipios vascos, aunque no a las capitales ni a las poblaciones importantes con mayoría izquierdista. Los alcaldes encargaron la redacción de un proyecto a la Sociedad de Estudios Vascos, que en mayo elaboró un Estatuto General del Estado Vasco. Su texto partía de una concepción federal, tanto de la República española como del País Vasco, y otorgaba a éste amplias competencias; pero adolecía de algunas carencias democráticas: no había una clara separación entre el poder ejecutivo y el legislativo, recurría al sufragio indirecto...
Este proyecto pudo haber sido el Estatuto común a todas las fuerzas vascas, pues fue bien recibido inicialmente. Pero pronto esto fue imposible por la introducción en él de enmiendas importantes y antagónicas por los grandes partidos de la izquierda (PSOE) y las derechas (PNV y Comunión Tradicionalista). Las modificaciones de estos últimos desnaturalizaron el Estatuto de la Sociedad de Estudios Vascos y dieron lugar a otro distinto: el famoso Estatuto de Estella, aprobado en dicha ciudad el 14 de junio por tres cuartas partes de los ayuntamientos vascos, pero que representaban a poco más de la mitad de la población de Euskadi. El Estatuto de Estella fue el proyecto autonómico de las derechas vascas y la base de su alianza electoral a las Cortes Constituyentes. Las izquierdas lo rechazaron y manifestaron que preferían que Euskadi no tuviese autonomía antes que aceptar tal Estatuto. Este tenía un carácter partidista e instrumental, porque sus principales promotores, peneuvistas y carlistas, lo consideraban un medio a utilizar en el camino hacia su meta política: la restauración de los Fueros, a la que no renunciaban. Las enmiendas que más le caracterizaron (el Concordato con el Vaticano y la privación del derecho de sufragio a los inmigrantes) respondían a los intereses de las derechas e iban en beneficio político de ellas. La polémica facultad concordataria, que dio el sello clerical al Estatuto de Estella, buscaba impedir la aplicación de la legislación laicista de la República, haciendo de Euskadi un oasis católico (el «Gibraltar vaticanista», denunciado por Prieto), y reflejaba la candente cuestión religiosa a comienzos del régimen republicano (con la quema de conventos y la expulsión de los monárquicos Segura, cardenal-primado de Toledo, y Múgica, obispo de Vitoria). El entrecruzamiento del problema religioso contribuyó al fracaso de la autonomía vasca en 1931, pues las izquierdas, mayoritarias en las Cortes Constituyentes, nunca aprobarían dicho Estatuto.
Fue un error del PNV, muy interesado en la autonomía, la inclusión de esa cláusula religiosa, que en manos de los carlistas se convertía en un arma dirigida contra la República.
En junio de 1931, el País Vasco se dividió en dos grandes bloques electorales, enfrentados por las cuestiones religiosa y autonómica: el de derechas (PNV, Comunión Tradicionalista y católicos independientes), con la defensa de la Iglesia y del Estatuto de Estella como programa común, y el de izquierdas (PSOE y partidos republicanos, más ANV en Guipúzcoa), que buscaba consolidar el nuevo régimen en Euskadi y aceptaba el Estatuto de la Sociedad de Estudios Vascos con ligeras modificaciones aprobadas por las Comisiones Gestoras provinciales. Las elecciones a Cortes Constituyentes, celebradas el 28 de junio de 1931, fueron en el País Vasco muy diferentes del resto del Estado, donde las fuerzas republicano-socialistas «barrieron» a las derechas desorganizadas desde la caída de la Monarquía. Euskadi fue la única nacionalidad o región con victoria derechista. La campaña electoral reflejó la polarización de la sociedad vasca en torno a esas dos grandes coaliciones, fracasando dos pequeños partidos que se presentaron en solitario: el PCE y ANV en Vizcaya. Las derechas dieron a la consulta un carácter plebiscitario sobre su Estatuto de Estella. Como ganaron (con quince diputados frente a nueve de la izquierda), lo consideraron ratificado por el pueblo vasco sin necesidad de someterlo a referéndum.
El triunfo electoral de las derechas vascas no fue abrumador, pues las izquierdas obtuvieron el 44 % de los votos y vencieron en las cuatro capitales, los municipios industriales de Vizcaya y Guipúzcoa y los agrarios de la Rioja alavesa y la Ribera navarra. El País Vasco era de mayoría derechista y no republicana, pero la implantación de la izquierda no era desdeñable. En esa situación de bipolarización política de la opinión pública, la consecución de la autonomía vasca era una tarea muy difícil, máxime con la flagrante discordancia política existente entre Euskadi y el conjunto de España.
El fracaso del Estatuto de Estella en las Cortes Constituyentes. Al abrirse las Cortes en julio, los quince diputados de derechas (seis del PNV, cinco carlistas y cuatro católicos) formaron la minoría vasco-navarra, con el compromiso común de defender la religión, la reintegración foral y el Estatuto de Estella. Como los nueve diputados vascos de izquierdas no constituyeron un grupo parlamentario propio sino que se diluyeron en los grupos republicanos y el socialista, Euskadi fue identificada con la minoría vasco-navarra y su autonomía, con el Estatuto preconizado por ésta. Esto no le favoreció, pues la mayoría de la Cámara era contraria a dicha minoría por su impronta clerical y derechista, que sólo conectaba con los diputados agrarios castellanos, pese a ser éstos unitaristas y enemigos de las autonomías.
Tampoco beneficiaba nada al Estatuto vasco la situación de Euskadi en el verano de 1931, definida como «clima de guerra civil» por algunos diputados republicanos. La violencia política fue frecuente en esos meses y dejó un reguero de muertos y heridos en choques armados entre grupos rivales. La tensión religiosa creció de nuevo con la detención del vicario de Vitoria en la frontera de Irún portando documentos comprometedores del cardenal Segura al obispo Múgica, desterrado en Francia. Muchos católicos peregrinaban al pueblo guipuzcoano de Ezkioga, donde se decía que se aparecía la Virgen, que fue conocida como «la Virgen del Estatuto» de Estella. El 22 de agosto, el Gobierno republicano suspendió casi toda la prensa nacionalista y derechista del País Vasco por sus virulentos ataques contra él y sus llamamientos a la insurrección armada contra la República. Monárquicos y carlistas conspiraban con algunos militares, y el PNV no era ajeno a ello, aunque sus contactos no pasaron de meras conversaciones (la entrevista de Aguirre con el general Orgaz). En este ambiente belicoso no tenía ninguna posibilidad de éxito el Estatuto de Estella, que fue entregado por los alcaldes vascos al presidente del Gobierno, Alcalá Zamora, el 22 de septiembre.
Tres días después murió en las Cortes al aprobarse el título I de la Constitución, que establecía el marco autonómico y taponaba dicho Estatuto por su manifiesta inconstitucionalidad. La mayoría parlamentaria rechazó todas las enmiendas presentadas por los diputados vasconavarros para salvar su Estatuto, en especial las referentes a las relaciones Iglesia/Estado y al Concordato vasco. Sin embargo, no abandonaron las Cortes y siguieron participando en el debate constitucional hasta que la aprobación del polémico artículo 26 sobre las órdenes religiosas provocó su retirada junto con los restantes parlamentarios de derechas, en octubre.
Quedaba así claro que su interés primordial, por encima del Estatuto, era la defensa de la Iglesia católica frente al laicismo republicano. Los diputados vasco-navarros estuvieron ausentes de la votación final de la Constitución el 9 de diciembre de 1931. Al día siguiente se reintegraron a las Cortes y los nacionalistas votaron a Alcalá Zamora para la Presidencia de la República, mientras los carlistas se abstuvieron. Era la primera divergencia importante entre los dos partidos que formaban esa minoría parlamentaria. Comenzaba a abrirse una brecha entre ellos, que se iría agrandando hasta culminar en su ruptura en el verano de 1932, causada por el tema autonómico. El logro del Estatuto era un objetivo fundamental para el PNV, pero no para la Comunión Tradicionalista desde que perdió toda connotación clerical y antirrepublicana.
José Luis de la GRANJA