El proceso de democratización política que se inicia en el Estado español a partir de mediados de los años setenta del siglo XX constituye el contexto histórico y político del nacimiento del Estado autonómico como forma de Estado.
Una de las peculiaridades de ese proceso de democratización en el contexto europeo (Portugal y Grecia en los setenta y los Estados de Europa Central y Oriental en los noventa también tuvieron sus procesos de transición) es la yuxtaposición de un proceso de transición política de una dictadura a la democracia con la institucionalización de los conflictos etnoterritoriales.
La contribución del nacionalismo periférico para el proceso de transición política y para la configuración del modelo de Estado resultante es indudable. De las fuerzas políticas vascas y catalanas vinieron impulsos esenciales para la transformación de las estructuras territoriales. Los partidarios activos de una clara ruptura con el sistema político autoritario disponían sólo en el País Vasco y en Cataluña de un respaldo masivo de la población. La institucionalización postfranquista de los conflictos territoriales se correspondió con el equilibro relativo de fuerzas entre las fuerzas reformistas del régimen y la oposición democrática al franquismo. Al nacionalismo centralista de Estado, que era la ideología dominante de las derechas conservadoras y autoritarias, se enfrentaban los nacionalismos étnicos en la periferia con proyectos de distinto signo, autonomistas, federales e independentistas. La izquierda española, anteriormente afín a las posiciones federales y multinacionales de los nacionalismos periféricos, se reconvirtió aceleradamente a una versión revisada del Estado-nación tradicional que hacía posible la descentralización política y la autonomía cultural de las nacionalidades.
La situación de empate entre derechas e izquierdas, entre reformistas y rupturistas, tuvo considerables consecuencias en materia autonómica. El resultado fue lo que acabaría denominándose "Estado autonómico", un intento singular de combinar a través de la llamada "reforma pactada" dos concepciones del Estado contradictorias. El pacto territorial consistió en el abandono del modelo históricamente dominante del Estado-nación unitario y centralista y en la renuncia a la idea de una federación multinacional, objetivo de una parte de la izquierda española y de los nacionalismos periféricos. Una vez que el bloque de las derechas y el de las izquierdas se pusieron de acuerdo en la reforma, podían invocar a su favor el mayoritario respaldo democrático del pacto, aunque las fuerzas políticas vascas y catalanas de signo nacionalista y progresista hubieran demandado y confiado en una reforma más amplia de las estructuras del Estado. Por importante que fuera el cambio del sistema político, quedará en las fuerzas políticas periféricas la sensación de que, tanto en el proceso como en el resultado, sus aspiraciones o expectativas no quedaron suficientemente atendidas, y lamentarán la ocasión perdida, a la muerte del dictador, para establecer unas bases más sólidas para arreglar la cuestión de las nacionalidades.
La naturaleza del Estado autonómico como forma de Estado es el resultado de la yuxtaposición de tres campos de fuerzas: las tensiones entre centralismo y federalismo, entre homogeneidad y diferenciación, y entre una concepción de España como nación única e indivisible y el reconocimiento de su carácter plurinacional.