Auñamendi Eusko EntziklopediaFund Bernardo Estornés Lasa

La transformación política, económica y social experimentada por Bizkaia entre 1877 y 1931 fue profunda. Durante este período experimentó un importante incremento demográfico derivado directamente de un gran desarrollo de las actividades industriales, de forma que entre una y otra fecha pasó a desempeñar un importante papel en la política y economía nacional.

El desarrollo económico, directamente ligado a la explotación intensa de las minas de hierro de la provincia y su aprovechamiento directo en las siderurgias creadas en los años 80, atrajo a un sinnúmero de emigrantes que formaron un proletariado industrial importante. Este desarrollo económico, protagonizado por un reducido número de familias, en muchas ocasiones emparentadas entre sí, generó unos grandes beneficios que se centraron precisamente en las grandes familias explotadoras y beneficiadas del negocio del hierro genéricamente contemplado (minas, navieras, siderurgias, talleres, etc.). Es la conocida oligarquía vizcaína. Entre uno y otro grupo, entre el emergente proletariado industrial y los propietarios de estas grandes empresas, se situó un grupo social, la otra burguesía, formada por unas emergentes clases medias, profesionales ligados al crecimiento económico (abogados, ingenieros, etc.), viejas familias comerciantes que no pudieron o no supieron mantenerse en su situación hegemónica tradicional, con posiciones políticas situadas, precisamente, entre la izquierda obrera y derecha dinástica, germen social del nacionalismo vasco.

El final de la Guerra Carlista trajo consigo el cambio en las polaridades políticas. Del tradicional enfrentamiento entre liberales y carlistas se pasó a una pugna política, dentro del régimen de la Restauración con un sufragio universal masculino desde 1890, trucado por el caciquismo generalizado, entre las pujantes fuerzas de izquierda obrera (socialistas) y las fuerzas dinásticas, ligadas a la derecha económica. Entre ambos polos de conflicto se situaron las también emergentes fuerzas del nacionalismo vasco, cuyo origen se encuentra precisamente en Bizkaia y nutrida por grupos descontentos de los nuevos cambios que había traído el formidable proceso de industrialización vivido por el viejo Señorío desde 1876.

En la inmediata posguerra los carlistas, aunque no perdieron su implantación en los niveles local y provincial, se retrajeron de la participación electoral, por lo que van a ser los prohombres del Fuerismo liberal local los que van a copar los puestos de representación en las Cortes. Como anomalía encontramos a un foralista intransigente como Sagarmínaga que, en medio del fracaso de la Unión Vascongada, logró un acta de Diputado. Los conservadores quedaron en la sombra debido a los efectos del descontento producido por la abolición foral personificada en la figura de Cánovas. Pero una vez consolidado el nuevo sistema de Concierto Económico van a protagonizar, junto con los liberales, la pugna electoral. De esta forma, desde 1890 aproximadamente, los grupos oligárquicos rompieron la bipolaridad vigente y relajaron las fidelidades partidistas tradicionales. Desde los primeros años del siglo XX, momento en que se comienza a consolidar un bloque de izquierdas (socialistas y republicanos) la desunión llegará a las filas de la derecha. En 1918, el gran triunfo electoral, tanto en elecciones generales como en provinciales, de los nacionalistas empujó a la unión de las fuerzas de derecha (Liga de Acción Monárquica de 1919) que junto con la izquierda formará otro grupo de confrontación de forma que desde aquí encontramos dos bloques, nacionalista y antinacionalista, que pugnarán por hacerse con los puestos políticos. Los carlistas, integristas y republicanos, fuerzas tradicionales, quedaron superadas por estas confrontaciones entre los bloques de izquierda/derecha desde 1890 hasta 1918 y desde aquí por la de nacionalistas/antinacionalistas. La hegemonía política de la poderosa burguesía monopolística vinculada al Estado y beneficiada por el régimen político del momento y el ascenso de la obra burguesía no monopolista y vinculada al nacionalismo, les dejaría en la marginación.

El impulso de los carlistas e integristas lo tomaron los nacionalistas, que tuvieron su origen precisamente en Bilbao y Bizkaia donde durante gran parte de este período tuvieron casi su único núcleo importante. El nacionalismo vasco, fundado por Sabino Arana, comenzó como una mezcla de sociedad política y partido político. Su primer éxito electoral lo logró en 1898 con la entrada del propio Arana en la Diputación vizcaína. Desde su muerte, en 1903, el nacionalismo vasco tuvo una política sinuosa y a veces contradictoria por la pugna de los grupos más radicales y los más moderados, concentrados en torno a la figura de Ramón de la Sota y Llano, que fueron en última instancia los que consiguieron los triunfos electorales en 1917-1918. Sin embargo también tuvo que sufrir una escisión aberriana, en 1921, el mismo año que la de socialistas y comunistas. Si nos fijamos en el cuadro superior también veremos la importancia de determinados personajes, sobre todo en distritos alejados de la capital, que consiguieron la representación de un mismo distrito en un número apreciable de elecciones (el Marqués de Casa Torre en Durango, o José Acillona en Markina. Juan Tomás Gandarias en Gernika o Benigno Chávarri en Balmaseda). El distrito de Bilbao fue mucho más disputado y la alternancia fue mayor, con un importante peso republicano y socialista. También destaca el gran triunfo electoral del PNV en 1917-18, que se corresponde con el triunfo en Gipuzkoa y Álava, tanto en las elecciones generales como en las provinciales, de forma que Ramón de la Sota y Aburto, hijo de Ramón de la Sota y Llano, llegó a la presidencia de la Diputación vizcaína. Los Diputados por Bizkaia también eran personajes muy relacionados con el grupo de Sota, de forma que más que un triunfo del PNV marca un triunfo personal del grupo de Ramón de la Sota.

Pero más allá de toda consideración, lo que los resultados electorales muestran es el paso de una sociedad decimonónica tradicional a una sociedad de masas, de partidos políticos organizados, frente a los partidos de notables que configuran la actividad política a fines del XIX. La sociedad decimonónica tradicional cambió a una sociedad de participación social, con una red de medios de transporte y de comunicación que facilitaban el ir y venir de ideas, mercancías y personas, nuevos medios de relación social, deportes, cine o toros. Este aumento de participación social también tuvo su correlato en la participación en la política. Los partidos políticos se tuvieron que organizar y buscar la afiliación del ciudadano en lugar de ser meras oficinas electorales de notables locales.

El desarrollo económico, con la formación de cada vez más empresas y la creciente contratación de mano de obra también conllevó la organización de fuerzas sindicales, sobre todo el desarrollo de la UGT y, ya en el siglo XX, del sindicato nacionalista, Solidaridad de Obreros Vascos. Ambos mantuvieron una pugna tanto entre sí como contra las ambiciones de los propietarios. A ellos se unieron los sindicatos católicos que gozaron de una cierta protección patronal. Dentro del campo sindical destaca la figura del introductor del socialismo en Bizkaia, Facundo Perezagua, que desde unos orígenes humildes consiguió formar un fuerte sindicato. Desde 1890, año de la primera gran huelga general en Bizkaia tomó una postura de confrontación con los patronos, sobre todo los mineros hasta 1910. Desde aquí comenzó una fase de cierta colaboración provocada por la aproximación entre Republicanos y Socialistas y acentuada con el desplazamiento de Parezagua por Indalecio Prieto en el control del socialismo vizcaíno, rota en comienzos de los años 20, aunque volvió a reinar una cierta paz social con la llegada de la Dictadura primorriverista, en la que es bien sabido colaboró tangencialmente la UGT.

Solidaridad de Obreros Vascos-Eusko Langileen Alkartasuna, fundado en 1911, además de un intento de los nacionalistas de asociar a los obreros frente a los inmigrantes, a los maketos, vieja aspiración aranista, también lo fue de oponerse a los éxitos de la Conjunción Republicano-Socialista y al monopolio de la lucha obrera llevado a cabo hasta entonces por UGT. En principio, pues, se formó más para liberar al obrero vasco del látigo opresor del socialismo que de los patronos. El desarrollo del sindicalismo nacionalista, paralelo a lo ocurrido con el propio partido, tuvo su epicentro en Bizkaia, sobre todo en Bilbao. En vísperas del golpe de Estado de Primo de Rivera tenía casi tantos afiliados que UGT, quizás no tanto por éxitos propios como por la debilidad y pérdida de afiliados que desde 1921 sufrió la UGT por la defección comunista. En cuanto a su composición, en principio tuvo una importante representación de obreros especializados y artesanos por cuenta propia, pero desde la Primera Guerra Mundial su perfil pasó a ser más interprofesional contando con muchos afiliados entre los obreros industriales de las grandes industrias de la márgen izquierda. Capítulo aparte serían los trabajadores de Euskalduna, el astilleros del grupo Sota, desde cuya dirección se impulsó -cuando no se impuso- la afiliación al sindicato nacionalista, que se veía beneficiado en la política sindical del astilleros con la estrecha colaboración de su dirección y, sobre todo, de su presidente Ramón de la Sota.

En un lento proceso, entre 1905 y 1910, los obreros católicos también se organizaron, llegando a tener una cierta entidad aunque no llegaron a consolidarse por las contradicciones internas a la hora de llevar a cabo una verdadera acción sindical. También a resultas de la Revolución Rusa se hicieron notar los sindicalismos radicales anarquista (CNT) y comunista. La CNT tuvo su mejor momento entre 1919 y 1921 con una cierta implantación en la Ría bilbaína. Los comunistas, producto de una escisión socialista, entre los que encontramos al forjador del socialismo vizcaíno Facundo Perezagua, restó efectivos, tanto en el aspecto político como en el sindical, a los socialistas que sufrieron una fuerte crisis interna, aunque electoralmente la escisión comunista no tuvo efecto alguno.

Paralelamente a los sindicatos también se desarrollaron sociedades empresariales, en principio destinadas a proteger e impulsar los intereses patronales frente al gobierno para conseguir políticas ventajosas (medidas arancelarias), pero que desde la gran huelga general de 1890 también se emplearon a fondo para conseguir el apoyo institucional frente a las desmedidas para ellos ambiciones obreras. Ejemplo de ello tenemos la formación y desarrollo de la Liga Vizcaína de Productores, el Centro Industrial de Vizcaya, Círculo Minero Asociación de Patronos Mineros o la Asociación de navieros. La llegada al poder de Primo de Rivera en septiembre de 1923 supuso un apaciguamiento de la crispación social. Los comunistas, cenetistas y nacionalistas quedaron fuera de la ley. En el mundo sindical quedó sólo la UGT casi en situación de monopolio, solo parcialmente contrarrestada por la alianza entre el SOV y los sindicatos católicos para lograr puestos en los comités paritarios.

La labor de eliminación de la vieja política de la Dictadura tuvo su excepción en el País Vasco cuando las Diputaciones se libraron de ser disueltas en 1924. Sin embargo, las confrontaciones entre los grupos políticos locales y las directrices de Madrid en cuanto a su absorción por la Unión Patriótica llevaron al Gobierno a la disolución de las Diputaciones, y al nombramiento de nuevos diputados entre miembros de la Unión Patriótica y afines, en 1926. La crisis de la Dictadura comenzó en 1928, cada vez más cuestionada por los sectores que la habían apoyado hasta entonces o simplemente no se habían opuesto a ella (socialistas, intelectuales, clases medias, etc.). La derecha tradicional quedó inoperante a resultas de la nueva política de la Dictadura que le habría quitado sus resortes de control político. Los republicanos cada vez eran más y más activos e incorporaron a una nueva generación de activistas y a destacados miembros de los grupos monárquicos. En agosto de 1930, en medio de la descomposición de la Dictadura, los republicanos y catalanistas, con el apoyo implícito de socialistas y CNT, firmaron un acuerdo de implantación de la República (el Pacto de San Sebastián). Aunque sus iniciativas no tuvieron éxito puesto que la República llegó por medio de unas elecciones municipales.

Motor y consecuencia del desarrollo social constituye el fuerte crecimiento económico vivido entre 1876 y 1931 por la provincia. En 1876, aunque con claros antecedentes en el período de entreguerras con la constitución en 1841 de Santa Ana de Bolueta que instaló el primer alto horno de Bizkaia, o la constitución y concesión de líneas de ferrocarriles mineros como el de Triano, comenzó un proceso de exportación masiva de hierro a los mercados internacionales, sobre todo al británico. El desarrollo de la actividad industrial se superpuso a una actividad comercial que contaba con una larga tradición. El consiguiente aumento de población, causa y consecuencia del desarrollo económico, también fue patente. Los datos del censo no dejan lugar a dudas.

• Primera etapa: minería e industria

El origen de esta fiebre minera está en la extensión por Europa de un procedimiento de obtención directa de acero, el procedimiento Bessemer que tenía como requisito de utilización el aprovechamiento de hierro no fosforoso. Los únicos yacimientos europeos de tal mineral se encontraban en Suecia, lejanos a la costa y con dificultades de explotación, y el hierro vizcaíno y santanderino, explotado desde tiempo de los romanos por medios tradicionales, que se podía aprovechar en forma de cantera a cielo abierto por lo que no requería la construcción de costosas y complicadas galerías ni tampoco obligaba a la contratación de personal experto, salvo en puestos muy concretos (barrenistas). Pues bien, desde 1876 comenzó la exportación masiva de este hierro a los mercados siderúrgicos europeos y americanos. Pero para ello se tuvieron que poner a punto estructuras nuevas e inéditas en el país que variaron profundamente su paisaje físico, humano y social.

A la ampliación de la línea del Ferrocarril de Triano, se unieron la construcción de otros como el de la Orconera o la Franco Belga, ambas explotadoras de criaderos propiedad de notables locales (Ybarra) que no eran más que sociedades constituidas por siderurgias europeas para contratar el mineral barato, con participación de capital local a los que se pagaba un canon por tonelada extraída. Además se tuvieron que poner a punto sistemas de transporte que permitieran el acarreo masivo de mineral desde los filones a la cercana Ría bilbaína. En unos casos fueron iniciativas privadas (tranvías aéreos, terraplenes, cadenas sin fin), en otros ferrocarriles públicos (Triano propiedad de la Diputación vizcaína) o privados (Galdames, Orconera, Franco Belga) y la construcción de cargaderos en la ría para la descarga definitiva del mineral en los barcos, para lo que fue menester, además, encauzar la Ría al completo y, sobre todo, eliminar la barra de arena de Portugalete, que limitaba de forma importante la entrada y salida de los buques, además de obligar, por problemas de calado, a no cargar hasta el máximo sus bodegas. Esta labor, junto con la construcción de espigones de protección en el Abra bilbaína, la emprendió la Junta de Obras del Puerto desde los años 80 con resultados espectaculares.

Alrededor del negocio minero se estableció todo un sistema empresarial (propietarios, explotadores en arrendamiento, comisionistas, transportistas, agentes de aduanas, etc.) que culminó con la construcción de las grandes siderurgias vizcaínas, alrededor de los tres grupos familiares y empresariales principales (Ybarra, Chávarri y Martínez Rivas) que o remozaron o construyeron altos hornos nuevos en la ría para beneficiarse del hierro de sus propias minas con el carbón británico que venía como flete de retorno en los barcos que salían de aquí con hierro en sus bodegas. Estas fábricas de hierro, Altos Hornos de Bilbao de los Ybarra y la Vizcaya de los Chávarri, en 1902, se fusionaron junto con otra fábrica de hojalata (la Iberia) en la emblemática Altos Hornos de Vizcaya. Para explotar el mineral, transformarlo en las nuevas siderurgias o exportarlo hacía falta mano de obra, sobre todo de las provincias limítrofes, norte de Castilla, Galicia o León. Esta mano de obra no sólo consistía en simples peones para acarrear el mineral sino además pequeños comerciantes, clases medias modestas, que generaron también un mayor consumo, lo que hacía necesario una mayor oferta de bienes y servicios.

En todo este entramado económico tuvieron papel importante los bancos. Desde el primero de la plaza, el Banco de Bilbao, fundado con las medidas liberalizadoras del sector bancario de mediados de siglo XIX, entre cuyos accionistas encontramos a lo más conspicuo de la oligarquía vizcaína, hasta, a fines de siglo la organización de nuevos bancos, mucho más dedicados a la inversión en las nuevas actividades como el Banco de Comercio -pronto fusionado con el de Bilbao-, el Crédito de la Unión Minera y, sobre todo, el Banco de Vizcaya muy relacionado con una segunda etapa de la industrialización, ya con inversiones más diversificadas en nuevos sectores, como el eléctrico.

• Segunda etapa: nuevos sectores y exportación de capital

La gran movilización de capitales involucrados en el negocio minero desbordó pronta y ampliamente el estrecho margen de su actuación. Al principio fueron talleres de transformados metálicos conformados como Sociedades Anónimas o no (Aurrerá, Talleres de Deusto, Talleres de Zorroza, Eduardo K.L. Earle, la Basconia, Echevarría, etc.).

Será, aproximadamente, con el cambio de siglo cuando el capitalismo bilbaíno desborde ampliamente sus fronteras económicas y sectoriales para participar activamente en el capitalismo español. Se invirtieron recursos en nuevos monopolios, conseguidos también con la participación política en la Corte, como los explosivos, nuevas líneas de ferrocarril para acercar mercados como el de la Robla a León para traer carbón leonés a las fábricas vizcaínas, se conformó el cuasimonopolio papelero con la Papelera Española, la formación de una nueva industria química -también obligada por el desarrollo fabril- con fábricas de abonos, asfalto, etc. También se desarrolló, con la participación activa de personajes tales como Fernando de Ybarra, el establecimiento de eléctricas (Hidroeléctrica Ibérica) con prolongaciones en otras provincias (Electra del Viesgo). Desde la Guerra Mundial también aparecieron nuevos sectores de servicios tales como la publicidad, espectáculos (cines y teatros), etc. El continuo traer y llevar mineral también reforzó la actividad naviera en sus dos vertientes, de transporte de mercancías y la construcción de buques con astilleros como Euskalduna o el de Sestao de la Sociedad de Construcción Naval.

Todas estas actividades, en progresiva diversificación, fueron protagonizadas por los grandes grupos empresariales bilbaínos (Chávarri, Ybarra, Martínez Rivas o Sota) con diversidad de fortuna pero que muestran un dinamismo empresarial difícilmente comparable con lo ocurrido en ninguna otra parte de la geografía española. Estos grandes grupos empresariales, formados en muchas ocasiones como sociedades no anónimas (comunidades de bienes o limitadas), participaban en amplios y variados sectores. Los Chávarri, por ejemplo, además de su participación en la Vizcaya, y luego en Altos Hornos de Vizcaya, banca o en el negocio minero, también participaban en negocios tan variopintos como la explotación del puente de peaje frente al Ayuntamiento bilbaíno. Un caso particularmente reseñable es el del entramado forjado por Ramón de la Sota, propietario minero (de hierro y carbón en Santander -Dicido, Setares- y en Teruel), siderúrgico (Siderurgia del Mediterráneo), naviero (Sota y Aznar), de astilleros (Euskalduna), ferrocarril (Teruel a Sagunto) e incluso como comerciante particular que formaba un grupo de empresas que se proveían de bienes y clientela unas a otras. Otro grupo empresarial importante fue el encabezado por el republicano Horacio Echevarrieta que, además de minas, mantenía actividades tan variadas como la organización de astilleros en Cádiz, o la formación de un centro de recreo en el monte Artxanda, el Metro de Madrid o la prospección petrolífera, bajo la cobertura de una comunidad de bienes como era Echevarrieta y Larrínaga, con un capital de 50 millones de pesetas en 1923. Con todo ello queremos indicar que las pugnas políticas, que las hubo, no impedían que entre los distintos grupos económicos hubieran fluidas relaciones económicas y financieras.

No se puede dejar aparte la participación de la inversión extranjera en este desarrollo económico, fueran los entramados de siderurgias europeas de la Orconera o la Franco Belga, como químicas (Burt, Walton & Haywood, L'Air liquide), en transportes y electricidad (Tramwys et Electricité de Bilbao), etc. Pero hay que destacar que el dinamismo económico vizcaíno, si bien indisociable a la demanda extranjera de mineral, también fue endógeno en la medida en que los empresarios vizcaínos fueron capaces de aprovechar una coyuntura del mercado internacional de los minerales de hierro en su propio beneficio. Sus capitales fueron reinvertidos primero en la constitución de sociedades intermediarias o de acabado de los productos metálicos, para luego desbordarse sectorial y geográficamente. La importancia del mercado bursátil bilbaíno, el segundo tras Madrid y por encima del de Barcelona,y como plaza de inscripción de sociedades que tomó Bilbao fue debida tanto al sobrebeneficio que brindaba la vecindad vizcaína a las empresas, a la hora del pago de sus tributos, como al simple hecho de abundancia de capitales a invertir, porque un aspecto importante de todo este desarrollo fue el disfrute de una situación tributaria particular del País Vasco dentro del centralista Estado de la época. Nos referimos al Concierto Económico.

Un elemento importante en la explicación del fuerte desarrollo económico vivido por Bizkaia lo tenemos en el particular status tributario y administrativo que le favorecía el Concierto Económico. Por una parte la Diputación actuó directamente como un agente económico desde el momento en que le pertenecía el principal ferrocarril minero de la provincia, el de Triano, con el que sostuvo buena parte del presupuesto durante más de treinta años. Además, al establecer unos precios políticos en sus tarifas -alejadas del beneficio inmediato para el reparto de dividendos entre accionistas- obligó a los demás ferrocarriles, que sí estaban sujetos al principio de rentabilidad económica, a contener los precios, de forma y manera que los beneficios que deberían ir en su grueso a los intermediarios transportistas -extranjeros- lo fueron de forma tangencial, lo que incrementó el beneficio de los explotadores locales.

Con estos recursos, más los provenientes de impuestos y arbitrios, la Diputación provincial, como heredera directa de la Foral disuelta en mayo de 1877, estableció una política impulsora de la actividad económica, sobre todo centrada en la construcción de infraestructuras de transporte (carreteras) y otras menos visibles pero también necesarias para el desarrollo social tales como fueron las dotaciones a la educación. Por ejemplo, la Escuela de Ingenieros de Bilbao contaba con una importante subvención anual de la Diputación. De este modo, los elementos infraestructurales del desarrollo industrial fueron financiados por manos públicas de forma decidida. La amplia autonomía administrativa de la Diputación permitió ejecutar obras de forma directa, sin permisos previos y engorrosos. Pero más importante es el desarrollo político que alcanza la Diputación provincial en comparación con el que pudo tener cualquier otra Diputación de régimen común.

Si el interés de las élites locales en controlar la administración provincial es evidente y obvia en todas las Diputaciones provinciales, que al fin y al cabo tenían entre sus funciones primordiales el desarrollo de la respectiva provincia, en el caso vizcaíno va a serlo todavía más. Al controlar la Diputación los presupuestos municipales, y sus arbitrios, además de establecer una política tributaria propia, aplicable a los principales tributos de la época (prácticamente todos salvo las rentas de aduanas y las Cédulas Personales, en este caso hasta 1927), los notables locales, la oligarquía vizcaína va a ser la primera interesada primero en que la Diputación no tenga problemas en el ejercicio de estas atribuciones, para lo que pondrá en funcionamiento sus resortes y amistades políticas en la Corte para evitarlo, y en segundo lugar se perfilará una presión fiscal muy clemente con los beneficios empresariales pues gravitará fundamentalmente, por lo menos hasta la primera década del siglo XX, sobre los arbitrios de consumo. Este fue el principal ataque que sufrió la Diputación, y el Concierto, por parte de las fuerzas de oposición de izquierdas, el abuso de arbitrios y contribuciones indirectas, además del exhaustivo control de la administración municipal, esfera en que los socialistas y republicanos tenían amplia representación. Sin embargo, será el incremento del cupo el que marque las principales novedades fiscales hasta la Guerra Civil.

Precisamente la baja fiscalidad empresarial, establecida sólo desde 1910 de forma tímida, es uno de los motivos de la inscripción y domicilio de variedad de empresas en Bilbao, cuando su negocio radicaba en otro lugar en la medida en que hasta tal fecha realmente estaban exentas del pago de cualquier impuesto sobre los beneficios y desde tal año lo estuvo en una cuantía muy inferior a la establecida en el resto del país por el Ministerio de Hacienda. Incluso se dio el caso, desde 1920 y en medio de una grave crisis naviera, de una competición entre las Diputaciones de Bizkaia y Gipuzkoa para atraer a las navieras. Tal es así que hubo navieras vizcaínas que variaron su domicilio social a lugares como Eibar para así reducir todavía más su fiscalidad. Este fue pues, el bajo nivel de gravosidad de los impuestos sobre los beneficios, otro elemento de incremento de los mismos para los empresarios vizcaínos, no diremos que el más importante pero uno más.

Aunque pueda parecer que la situación de las Diputaciones vascongadas fuera envidiable por el disfrute del Concierto, no hay que perder de vista que se partía de una posición previa, el Fuero, percibida como ideal. Prueba de ello la tenemos en que desde 1878 se aspirara intermitentemente a la reintegración foral. En 1885, con los preparativos de la renovación del Concierto de 1887, las Diputaciones comenzaron a elaborar proyectos de reintegración foral, más o menos encubierta. Pero una vez conseguida la renovación ventajosa del Concierto se volvieron a sus casas con un compromiso nebuloso en gestionar un Concierto Administrativo, compromiso no cumplido.

En 1904, con la modificación de la tributación de los alcoholes, hubo un grave contencioso. Fue la primera vez que se desencabezó un concepto tributario y, como preámbulo de la renovación de 1906, no pudo ser peor el resultado obtenido. Lo esencial del asunto se volvió a plantear en 1906. Moret, fugaz Presidente del Gobierno en medio de las negociaciones del Concierto, prometió discutir la reintegración foral con los comisionados vascongados. El problema de la reintegración foral quedó relegado hasta que se solucionara la inestable posición del Gobierno. En enero de 1907 llegó Maura al Gobierno, luego se esperó hasta la celebración de las elecciones a Diputaciones a Cortes y provinciales. En junio de 1907, apareció el proyecto de reforma administrativa de Maura, en el que las Diputaciones intentaron integrar su reivindicación foral. En el texto del proyecto se incluyó un artículo por el que las Diputaciones vascongadas y la navarra seguirían investidas de las atribuciones de que gozaban en cuanto diferían de los contenidos de la Ley de reforma.

Frente a los nacionalistas, que exigían la vuelta a la situación previa a 1839, petición difícil de conseguir por lo que implicaba (la vuelta a las aduanas al interior, pase foral, etc.), los socialistas consideraban que los Fueros significaban la vuelta al control de la oligarquía rural, etc. Las corrientes genéricamente liberales reconocían la utilidad de la vuelta de ciertas instituciones forales, con las reformas pertinentes para amoldarlas a los nuevos tiempos. En cualquier caso la división de opiniones entre los grupos políticos, la prensa e incluso las Diputaciones hizo difícil presentar un proyecto de reintegración foral concreto. Maura no quiso ir más allá del respeto a las situaciones de hecho. El problema basilar era que, a los treinta años de la Ley de 1876, no se sabía muy bien qué era y cómo pedir la "reintegración foral". El final del Gobierno Maura en 1909, a resultas de la Semana Trágica, dio al traste con un intento nuevamente infructuoso de reintegración foral.

En 1917 se abrió otro período de reivindicación autonómica; con el telón de fondo de un Estado acosado. En marzo se renovaron las Diputaciones provinciales con triunfo nacionalista en Bizkaia y carlista en Álava y Gipuzkoa. El 16 de julio de 1917 se reunieron en Vitoria las Diputaciones vascongadas en pleno a instancia de la vizcaína. A ellas se unieron, a título personal, tres Diputados navarros. Los acuerdos propuestos y aprobados por unanimidad, fueron dos. El más importante fue solicitar de los Poderes públicos (en forma de un Mensaje al Gobierno), dentro de la unidad nacional, para ellas y para los Ayuntamientos, "una amplia autonomía que esté en consonancia con las constantes aspiraciones del País". Es importante destacar que se había abandonado el término de reintegración foral en beneficio del término autonomía. Quizás éste fuera más práctico, más neutro, más acorde con los tiempos, habida cuenta de los problemas que acarreaba el uso de los términos forales tradicionales. El Mensaje dirigido al Gobierno, en síntesis, venía a decir que aunque el Concierto salvaguardaba su régimen económico y administrativo, no era "suficiente esa autonomía para el desarrollo de la actividad y el esfuerzo de los moradores de esta tierra. Por eso, las Diputaciones, sin hacer dejación (...) de los derechos históricos (...), estiman que les es necesario ampliar la autonomía que disfrutan". Por todo ello se pedía al Gobierno que adoptara, o propusiera en las Cortes, previa audiencia a las Diputaciones, las disposiciones pertinentes para sus aspiraciones de mayor autonomía, sintetizada en una disposición general que diría, más o menos, que "reservándose para sí el Estado todo lo concerniente a Relaciones exteriores, Guerra, Marina, Deuda pública, Aduanas, Moneda, Pesas y Medidas y Correos, dejara al país mismo, representado por sus organismos forales, la dirección de todos los demás servicios públicos". Los términos del Mensaje agradaron a casi todos los grupos políticos, aunque estuvieran lejos de sus ideales. La alusión a la unidad de la patria alejó las sospechas de separatismo, la promesa de autonomía municipal halagó los oídos de los Ayuntamientos, la referencia a los "derechos históricos" satisfizo a los foralistas acérrimos. Ladislao de Zavala leyó el Mensaje al Presidente del Gobierno el 17 de diciembre de 1917, que le contestó con muy buenas palabras, con lo que el texto ingresó en el infinito número de papeles y expedientes desaparecidos en las entrañas de los Ministerios.

En noviembre de 1918, con el fin de la Primera Guerra Mundial, el derrumbamiento del Imperio Austro-Húngaro y la caída de Maura se dio un nuevo impulso a las gestiones autonomistas. En estos momentos se veía la situación nacional e internacional muy propicia para conseguir la ansiada autonomía, tanto por catalanes como por vascos. Romanones, Presidente del Gobierno desde el 5 de diciembre de 1918, dictó un Real Decreto por el que se formó una Comisión extraparlamentaria para elaborar un proyecto de Ley sobre autonomía al Parlamento. Esta Comisión, formada el 27 de diciembre por treinta y tres personalidades, a su vez nombró una ponencia, formada por Sánchez de Toca, Maura, Rodrigáñez, Alcalá Zamora y Ruiz-Jiménez, que habría de elaborar un texto de la autonomía municipal y otro de la autonomía catalana. También se nombró una subponencia, formada por Orueta, Senante y Chalbaud para la redacción de un Estatuto vasco. La subponencia redactó un proyecto de autonomía, oyendo a las Diputaciones. El texto seguía la línea del Mensaje de un año antes con la insistencia de la reintegración foral. La articulación de ésta se haría por la derogación de las leyes de 19 de septiembre de 1837, 25 de octubre de 1839, y en general, cuantas leyes y disposiciones modificaran el régimen y funcionamientos de Ayuntamientos y Diputaciones vascongadas, por lo que se les reintegraba en sus atribuciones, dentro de la unidad de la nación. En su consecuencia quedaban restaurados (art. 2º) los organismos forales, adaptados de acuerdo con el Gobierno a las situaciones del momento. En el apartado segundo, ante la previsible negativa a la reintegración foral se establecían las bases de una solución autonómica. En tres (o seis) meses se reunirían los Ayuntamientos de las tres provincias para acordar la constitución de los organismos forales, adaptados o nuevos. Las facultades de las provincias alcanzarían al régimen municipal, enseñanza en todos sus grados, obras públicas, marina mercante (salvo el abanderamiento), reglamentación de la riqueza, beneficencia, sanidad e higiene, juego, bellas artes, orden público, estadística y prisiones; con libertad de nombrar y separar a su personal y reglamentar sus materias. Cada provincia tendría facultad de establecer su derecho público y privado, y la cooficialidad del castellano y del euskera. Las relaciones económicas se regularían por el Estado con las tres provincias, con base proporcional a los habitantes. Las provincias pagarían por las contribuciones de aduanas, tabacos, correos y telégrafos, monopolios, loterías y cuotas militares. Cada provincia pagaría un cupo al Estado con una base automática de proporcionalidad a aplicar en cada presupuesto anual. Respecto al servicio militar el reclutamiento lo harían las provincias, donde se instruirían y servirían los reclutas, salvo en caso de guerra.

El texto de la subponencia se presentó como voto particular porque el pleno de la Comisión extraparlamentaria utilizó de base otro proyecto presentado por Alba. En él se recogía la aspiración de vuelta de las instituciones forales, pero serían los Ayuntamientos los que determinarían su régimen, constitución y funcionamiento. El Gobierno ejercería una labor de alta inspección. En estas condiciones no extraña que las Diputaciones protestaran. Todas las expectativas levantadas por el proyecto se hundieron. La autoexclusión de los catalanes, que presentaron su propio Estatuto Catalán, y sobre todo el agudizamiento de la crisis social, que hizo desviar la atención gubernamental a la ola de huelgas de Cataluña, invalidaron el proyecto. Con el cierre de las Cortes a fines de febrero de 1919 la cuestión de la autonomía pasó a mejor momento. La dimisión de Romanones le dio la puntilla. Con la sustitución de Romanones por Maura, se acabó el único intento serio hecho por el régimen para hallar una solución autonómica al problema regional español. El romanonista Orueta escribió que "en ningún momento, desde 1876 (...), ha estado nuestro país más cerca de tener una autonomía que en aquél. (...) Fue casi un hecho". Este optimismo se puede explicar porque se veía que por lo menos había esperanzas mucho más fundadas que en intentonas anteriores. Sin embargo, lo que más preocupó a las Diputaciones en la última fase de todo el proceso fue la situación en que quedaría el Concierto. Si en la subponencia, aún con un cupo renovable anualmente, se contemplaba como parte sustancial de la autonomía y, por ley, definido y respetado, no sucedía igual con el dictamen de la Comisión parlamentaria pues el Estado, mediante una comisión mixta en la que tenía mayoría, podría modificar a su gusto los cupos. Con la llegada de la Dictadura de Primo de Rivera hubo diversos intentos de recuperar el testigo del movimiento autonomista, aunque no dieron resultado positivo, sobre todo, por la diferente postura de las Diputaciones de Bizkaia y Gipuzkoa. No será hasta la llegada de la II República en que se conseguirá de nuevo retomar el impulso autonomista, que culminará ya en plena Guerra Civil.

EAO