Los modos autoritarios y el poder ilimitado no sólo redundaron en perjuicio de las nacientes parcelas de democracia parlamentaria de este difícil comienzo de siglo sino que, como suele ocurrir, afectaron también a otros ámbitos. Durante esta ominosa década prosigue y se incrementa la batalla contra los fueros vascos, tanto en el terreno fiscal como en el de gobierno político y en el administrativo. En abril de 1824 la Diputación navarra accede a un contrafuero manifiesto, el envío de navarros al reemplazo del ejército, aun cuanto sustituidos por dinero. Pese a haber sido restablecidas en 1823 las Diputaciones forales, una RC del 17 de octubre de 1824 reserva al gobierno el nombramiento de alcaldes en Bizkaia. En 1825 el Consejo de Castilla inicia una fuerte ofensiva conminando al Señorío a incorporar las controvertidas e inaceptadas Ordenanzas de Chinchilla de 1487 al Fuero. Ese mismo año se pretende hacer efectivas las disposiciones generales sobre comercio de géneros ilícitos a la zona franca vascongada y se cierra el mercado español al hierro vizcaíno. Se dicta asimismo la ley de minas por la que las veneras pasaban a ser consideradas propiedad de la Corona y sus dueños meros concesionarios sometidos a una tributación específica. El aparato propagandístico paralelo produce una Gaceta de Bayona (1829-1830) fernandina liberal mientras "de orden del rey, nuestro señor". Tomás González Palencia publica (1829-1830) su Colección de cédulas, seleccionadas cuando no amañadas, por encargo de Calomarde. Los peores golpes son asestados a partir de 1829: supresión de la sobrecarta navarra (14 de mayo), exigencia del envío de las primeras quintas navarras (7 de diciembre), expediente reservado de Cavanillas (sin fecha pero localizable a finales de 1829), orden de no provisión de las vacantes de Comptos (1833). Puede decirse, para resumir, que durante estos diez años el proceso de centralización programado por el liberalismo se lleva a efecto casi en su totalidad, sin ninguna de sus ventajas y con todos sus inconvenientes.