Los rebeldes impugnaron primero una Junta a la que no precediera una declaración de respeto de los Fueros. Luego, allanado este problema por el Duque, interrumpieron la misma, tomaron el control de la asamblea e hicieron aprobar una serie de 24 decretos contra el sistema impositivo central, de los cuales, sólo uno se refería al estanco de la sal, lo cual confirma el carácter general de la protesta.
Después de esto, se abandonó toda esperanza de arreglo pacífico y en Madrid se pusieron los medios para hallar métodos más contundentes de acabar con el problema. Por fin, sabiendo la gran importancia del comercio vizcaíno no sólo en la ciudad sino también en el resto del territorio, la administración real decretó en marzo de 1633 que todas las mercancías que entraran en Vizcaya, tanto por tierra como por mar, fueran supervisadas por el veedor de comercio, so pena de confiscación de la mercancía. La supervisión no se pudo efectuar por haberse marchado el veedor pero las mercancías dejaron de afluir a Vizcaya, lo cual repercutió negativamente sobre la economía, en especial de las clases menos acomodadas. En mayo de 1633 la Diputación reabrió las negociaciones enviando un alto comisionado a Madrid y ofreciendo servicios y hombres a la Corona.