En enero de 1631 llegó a Bilbao una Pragmática del día 3 notificando el nuevo impuesto y las nuevas medidas: la confiscación de la sal de Vizcaya, el transporte de la sal a depósitos reales y el estanco de la misma, es decir, el monopolio regio de tal producto. En Bilbao reinaban ya la sorpresa y la indignación. La Diputación del Señorío solicitó la derogación de la disposición antiforal y envió, infructuosamente, una comisión negociadora -Juan Ortez de Velasco y Martín de Hormaechea- a la Corte. La orden fue mantenida con lo que se infringían abiertamente los Fueros jurados por Felipe IV, en especial el derecho de los vizcaínos a comerciar con entera libertad con una vasta serie de artículos de consumo local.
El encarecimiento en un 44 % de un producto esencial para la conservación del pescado y de la carne fue otra de las razones del descontento que, habiéndose primero manifestado sólo a nivel diplomático, se convertiría en septiembre de ese año en un motín popular.
En efecto, en las Juntas de Gernika del 24 de este mes una multitud de unos 1.500 hombres armados manifestó su enojo no sólo contra el impuesto sino también contra la aristocracia y los notables rurales, a los que consideraban culpables de la situación.
El corregidor presente, Lope de Morales, intimidado y amenazado, tuvo que suspender temporalmente la Pragmática en espera de que se pronunciase la Corona sobre nuevas apelaciones. Se aplicó, pues, una de las leyes del Fuero: el pase foral y que la orden fuera obedecida pero no cumplida.
Las cosas quedaron estables hasta la primavera de 1632, fecha en la que el Juez Mayor de Vizcaya llegó al Señorío con la intención de cobrar el donativo, contribución foral teóricamente voluntaria que abonaba, cada vez con mayor frecuencia, Vizcaya a la Corona. El funcionario recibió una mala acogida; una serie de pasquines aparecieron contra él y contra otros funcionarios locales y contra los colaboracionistas vizcaínos a los que se denominó traidores.