Concept

Estado

El Estado es aquella entidad que se constituye cuando un pueblo se organiza jurídicamente en un territorio dado, bajo la autoridad de un gobierno. El Estado tiene tres dimensiones: es un ordenamiento jurídico territorial originario; es también un aparato político, es decir, un gobierno que ejerce un poder soberano sobre un pueblo asentado en un territorio; y, finalmente, el Estado es una comunidad, en tanto en cuanto surge cuando un pueblo se organiza jurídicamente. Esta es la definición que nos ofrece la teoría del Estado clásica.1

El principal fundamento del Estado es el pueblo o la comunidad política. No en vano, el Estado no es sino una determinada forma de organizarse jurídicamente un pueblo. Será el propio Estado el que conforme a su legislación decidirá quién forma parte de ese pueblo como ciudadano del Estado y bajo qué condiciones se adquiere la nacionalidad.

La unión comunitaria de ese pueblo puede adoptar una sola identidad nacional, como en el Estado-nación, o bien ese pueblo puede reunir diversas naciones, como ocurre en los Estados plurinacionales. De todas maneras, el objetivo colectivo, no siempre alcanzado, de los pueblos unidos por un vínculo nacional suele ser la consecución de un ordenamiento jurídico-territorial originario, un Estado, que afiance el vínculo nacional preexistente. Del mismo modo, los pueblos que ya han conseguido un Estado, utilizarán todos sus recursos jurídicos y políticos para que el pueblo, sus miembros, se sientan partícipes de una sola nación. Así, la relación entre Estado y nación es a menudo una conjunción de impotencias: la de las naciones sin Estado, y la de los Estados que no pueden convertirse en verdaderos Estados-naciones.

El segundo elemento esencial del Estado es el territorio. Para que un pueblo o nación pueda constituirse en Estado, debe contar con un soporte físico: el suelo que necesita para aparecer como sujeto independiente dueño de su destino, el suelo que define los límites de su potestad y permite definir un espacio de negación a la influencia de otras potestades. Cuando hablamos de suelo, de territorio del Estado sujeto a su soberanía, nos referimos también al espacio territorial subterráneo, a los mares territoriales y al espacio atmosférico existente sobre todos ellos. La seguridad del Estado y la explotación de sus riquezas mineras o naturales dependen en gran medida de la definición precisa de esta dimensión territorial.2 No obstante, gran parte de los retos planteados al Estado contemporáneo -crisis ecológica y contaminación ambiental, redes informáticas globales, cambio climático, etc-, ponen en cuestión los conceptos clásicos de exclusión territorial.

Como excepción y durante breves periodos de tiempo, en situaciones de guerra y bajo el reconocimiento de otros Estados, es concebible la existencia de Estados que hayan perdido su territorio, pero tal situación, en el supuesto de mantenerse en el tiempo, es insostenible. Del mismo modo, aun gozando de un territorio relativamente estable, si el Estado no puede garantizar su capacidad de gobierno con eficacia, nos encontraremos ante un "Estado fallido".3

Por ello, el tercer elemento constitutivo del Estado es la potestad pública suprema, la soberanía. El Estado es un ordenamiento jurídico originario. Esa es la característica que lo define en comparación con otros ordenamientos jurídicos cuyo eficacia no es originaria, sino derivada. El poder soberano del Estado supone la potestad suprema y originaria de gobierno sobre los ordenamientos que lo integran: por eso, una colonia, un Estado federado en un Estado federal o una comunidad autónoma no son "Estados", en tanto en cuanto su poder es un poder derivado y no originario. Además, desde un punto de vista jurídico, es imprescindible la personificación del Estado, la imputación de su voluntad a una unidad de decisión, a un sujeto único e invariable.

La capacidad material de gobierno no depende de la fuente de legitimación del poder estatal: la justificación ideológica de ese poder puede ser trascendente o sobrenatural, tradicional, carismática, proveniente de la conquista por la fuerza o democrática, en cualquier caso, el Estado gozará de la misma potestad o reivindicará del mismo modo la legitimidad de su capacidad de gobierno. En este sentido, el Estado es un puro aparato político, independientemente de su legitimidad añadida.

En esta línea, es imprescindible dar cuenta de la aproximación sociológica clásica que Max Weber hace al fenómeno estatal: "El Estado sería aquella organización y comunidad humana que en un territorio dado reivindica con éxito el monopolio de la violencia, gozando así de la capacidad para fijar y establecer el orden legal que se va aplicar en dicho territorio".4

Los acercamientos sociológicos y jurídicos se combinan en las visiones politológicas, que parten de una visión realista, en tanto en cuanto ponen en cuestión la supremacía abstracta del poder soberano del Estado. Y es que más allá del aspecto jurídico formal, es indudable que muchos Estados no disfrutan de todas aquellas notas materiales de la soberanía. Del mismo modo, la más somera mirada al ámbito internacional nos muestra claramente que no puede ponerse al mismo nivel la potestad material de todos los Estados.5

Como nos recuerda M. Duverger, los Estados, en comparación con otras estructuras políticas, "tienen una organización más perfeccionada, una capacidad de sancionar y una fuerza material mayores". Nada más, pero también nada menos. Ese es posiblemente el acercamiento más prudente a la cuestión en un mundo contemporáneo cada vez más complejo. Es un punto de vista que, como luego veremos, engarza perfectamente con las más recientes visiones politológicas, las que defienden una visión reticular de la política.

Desde la filosofía política, en la tensión constante entre teoría y ideología política, existe una larga tradición en la reflexión sobre la naturaleza del Estado, siempre dependiente de la necesidad de su justificación histórica. En este sentido, la fundamentación ideológica del Estado moderno es deudora de las doctrinas contractualistas desarrolladas en occidente a partir del siglo XVII. El contractualismo defiende que el fundamento del poder político legítimo es el acuerdo expreso o tácito entre los individuos, contrato que conduce a la constitución, tanto de la propia sociedad, como del Estado, una vez abandonado el Estado de naturaleza. Se pueden situar en esta corriente autores fundamentales en el pensamiento político como J. Althusius (1557-1683), T. Hobbes (1588-1679), B. Spinoza (1632-1677), S. Pufendorf (1632-1694), J. Locke (1632-1704), J.J. Rousseau (1712-1778), o el mismo I. Kant (1724-1804).

En opinión de Thomas Hobbes, el Estado (civitas) es una persona cuya voluntad, proveniente del pacto común, debe ser tomada como voluntad de todos. Así, el Estado puede disponer de las fuerzas y recursos particulares con la finalidad de lograr la defensa común y la paz. Según Hobbes, habida cuenta de la esencia humana malvada y egoísta en el Estado de naturaleza, es el Estado el único que puede garantizar que no se produzca una destrucción mutua. Esta es la justificación más adecuada para el Estado absolutista, primer Estado moderno.

Sin embargo, para John Locke, la naturaleza humana no es tan perversa, y la función del Estado será la de preservar los derechos naturales que a todos nos corresponden. El Estado es un pacto social, mediante el cual los individuos acordamos el respeto mutuo de los derechos naturales -vida, libertad y propiedad-, de modo tal, que mediante ese compromiso, quedan garantizados para todos. El Estado, como resultado y garante al tiempo de ese pacto, debe guardar y hacer guardar ese ámbito de derechos y libertades individuales. Esa es su principal función. Ésta es, sin duda, la base ideológica del Estado liberal, base en la que descansan todas aquellas expresiones del liberalismo político: El Estado mínimo o Estado-policía, la no intervención estatal en la sociedad civil, o incluso, el derecho de resistencia frente a los excesos del poder político... La libertad individual se coloca en una posición preeminente, por encima de igualdad.

La aportación de J.J. Rousseau subraya el origen popular del poder político: la voluntad del Estado, la ley, es expresión de la voluntad general. Pero tal voluntad general no es la voluntad mayoritaria derivada de la mera suma de las voluntades particulares de todos, es algo más, tiene una naturaleza ética, en tanto en cuanto es expresión del interés general. La obra de Rousseau está en el origen del Estado democrático, la igualdad política y la soberanía popular.

La explicación de las visiones más totalizadoras del Estado moderno a lo largo del siglo XIX y parte del XX depende directamente del trabajo teórico de G.W.F. Hegel: "ante el derecho y la sociedad civil, el Estado es la forma suprema de organización política, la expresión más perfecta de la acción moral, donde la libertad de elección conduce a la unidad de la voluntad racional, poniendo las diferentes partes de la sociedad bajo el bienestar común."

Para el marxismo, el Estado es un instrumento por medio del cual una clase social asegura su dominación sobre otras clases. A lo largo de la historia, el Estado es el representante de la clase dominante que ha logrado identificarse con la sociedad en su conjunto: en el mundo antiguo, imperó el Estado de los propietarios esclavistas, en la edad media, el de la nobleza feudal, en el capitalismo, es el Estado burgués la forma de dominación vigente. En todos los casos, el Estado, entendido como instrumento de represión, es la fórmula adecuada para asegurar la supremacía económica de la clase dominante.

Como escribieron K. Marx y F. Engels en el Manifiesto Comunista, la clase sojuzgada en el capitalismo debe tomar el Estado como instrumento de clase, estableciendo la dictadura del proletariado. Su objetivo final, sería la abolición de las clases en la sociedad comunista, de forma que, a falta de Estado, el gobierno sobre las personas sería sustituido por la administración de las cosas.

De forma prácticamente coetánea, se desarrollaron las doctrinas anarquistas sobre el Estado, de la mano de autores como J. Proudhon, M. Bakunin, y P. Kropotkin. El anarquismo proclama la necesidad de destruir el Estado si se desea realmente acabar con la explotación, no sólo al final del proceso emancipador como defiende el marxismo. En palabras de Mijail Bakunin: "el Estado es la expresión de todos los sacrificios individuales. A consecuencia de su origen abstracto y violento, debe coartar la libertad continuamente en nombre de un falsedad como "el bien del pueblo", que sólo representa los intereses de la clase dominante. Así, el Estado nos aparece como la negación y destrucción inevitables de todas las libertades e intereses, sean individuales o colectivos".6

V.I. Lenin complementó la doctrina marxista con su visión estratégica, conectando la conceptualización política del Estado con la praxis revolucionaria que el proletariado debía realizar para conquistarlo.

A. Gramsci, por su parte, criticó la excesiva importancia concedida en el marxismo clásico al aparato represivo del Estado, subrayando la relevancia de la dirección hegemónica y el consenso en orden a mantener invariadas las relaciones sociales vigentes. En su opinión, la dirección del desarrollo histórico corresponde a la sociedad civil, por lo que ella misma es ya "Estado".

Tras la segunda guerra mundial, en el ámbito del postmarxismo occidental es preciso citar a autores como N. Poulantzas. En su opinión, el Estado, aun siendo relativamente autónomo, asegura de modo complejo pero no menos evidente el desenvolvimiento de la sociedad capitalista, y, por tanto, los intereses de la clase capitalista. La represión no es el único instrumento, ni siquiera el principal. El Estado ofrece un espacio para las alianzas interclasistas, como ha ocurrido en el Estado del bienestar. Así, por medio de estos consensos limitados, se defienden con mayor eficacia los intereses de los sectores clasistas más fuertes.

A lo largo de la historia, la filosofía política ha ofrecido justificación ideológica para distintos modelos de Estado.

1Biscarretti di Ruffia. P. (1973): Derecho Constitucional. Tecnos. Madrid.

2En las últimas décadas del siglo XX, esos espacios de soberanía estatal han adquirido una gran importancia, ya porque han surgido oportunidades tecnológicas para aprovechar determinados recursos energéticos o mineros, ya porque el relativo agotamiento de ciertos recursos, como la pesca, los han convertido en más preciados si cabe. Desde el surgimiento de las Zonas Económicas Exclusivas (ZEE), la soberanía estatal en determinados ámbitos ha pasado de las antiguas tres o doce millas, a las actuales doscientas.

3La teorización sobre el Estado fallido ha sido elaborada por el think tank norteamericano "Fund for Peace" La revista Foreign Policy publica anualmente una lista que evalúa la eficacia estatal basada en los siguientes criterios: presión demográffica, movimientos amplios de población, desarrollo desequilibrado y crisis económica, déficit de legitimidad del Estado, degeneración de los servicios públicos, violación de derechos y libertades, autonomía de los cuerpos de seguridad, fragmentación de las élites, y amenaza exterior. El año 2009, Somalia, Zimbabwe y Sudan lideran esa lista. De todos modos, estas categorías son en ocasiones instrumentos discursivos que el neo-imperialismo utiliza para justificar intervenciones exteriores. Vilanova, P. (2009) ¿"Estados de facto" versus "fallidos o frágiles"?: unas notas acerca de la dificultad teórica para establecer nuevas tipologías. Relaciones internacionales: Revista académica cuatrimestral de publicación electrónica, ISSN 1699-3950, Nº. 10, 2009

4Weber. M (1921, 1998) El político y el científico. Alianza, Madrid.

5Krasner distingue varios tipos de soberanía, con la finalidad de conocer con mayor precisión las distintas situaciones de poder subyacentes a la forma jurídica soberana más abstracta: la soberanía interna, que se refiere a la organización de la autoridad publica y a su capacidad de control en el ámbito interno; la soberanía interdependiente, o la relativa a la capacidad para controlar los movimientos transfronterizos; la soberanía legal-internacional, referida al reconocimiento mutuo entre los Estados ya constituidos, y, finalmente, la soberanía westfaliana, o la capacidad de exclusión respecto a los poderes políticos externos. En el mundo contemporáneo, más allá de los conceptos abstractos, es difícil que un Estado goce con plenitud de todas y cada una de las formas citadas de soberanía. Krasner, S.D. (2001): Soberanía, hipocresía organizada. Paidos. Barcelona.

6Bakunin, M. (1978): Escritos de filosofía política. Compilación de G.P. Maximoff. Vol.1. Alianza. Madrid.

La clasificación de las distintas formas estatales pueden realizarse siguiendo diversos criterios. El régimen político de un país está compuesto, al menos, por un modelo de Estado, una forma de Estado y una forma de gobierno.

En primer lugar, los modelos de Estado se distinguen en función de las bases ideológicas sobre las que el Estado se sustenta. Si atendemos al conjunto de argumentos que el Estado ha utilizado para legitimar su poder desde el final de la edad media, podemos establecer la siguiente tipología:

El Estado absolutista (s. XV-XVIII).

Es una evolución de las monarquías limitadas medievales y, en cierta forma, el final del proceso histórico de construcción estatal. Todo el poder del Estado está en manos del monarca absoluto, que identifica su poder personal con el del Estado, aun siendo su fuente de legitimación transcendental, en tanto en cuanto el monarca aparece ungido por la mano divina. La definición más acertada es quizás la recogida en una frase atribuida a Luis XIV, monarca absoluto francés: L'etat c'est moi. Dios, el rey, y los súbditos, sin poder mediador alguno. Este modelo de Estado terminó con la revolución burguesa, aun cuando en el espacio europeo, el zarismo ruso se mantuvo en parámetros similares hasta el siglo XX.

El Estado de derecho, primero liberal (s. XIX), luego demo-liberal (s. XIX-XX) y, finalmente, social (s. XX en adelante).

Tras las revoluciones burguesas, el Estado se estructura conforme a la voluntad democrática de la comunidad política, y auto-limitará su poder con la división de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Así mismo, proclamando el imperio de la ley y la legalidad de la administración, pondrá toda su actividad bajo el control de la legalidad y la garantía de los derechos y libertades individuales. Sin embargo, bajo este paraguas ideológico la realidad política ha sido muy cambiante, sobre todo en cuanto al origen democrático del poder y el respeto a los derechos de la ciudadanía. En la primera fase, en el modelo liberal oligárquico inicial el fundamento democrático del Estado de derecho era muy débil, dado que el sufragio estaba muy restringido. En el modelo demo-liberal, la progresiva ampliación del derecho de sufragio activo y pasivo, culminó al final de la época con el reconocimiento del sufragio universal.

A partir de la segunda década del siglo XX, se abrió un profundo debate ideológico en los Estados occidentales entre tres grandes modelos de Estado.

Por un lado, en el universo ideológico marxista, el Estado socialista se estaba convirtiendo en un modelo de referencia en toda Europa, siguiendo el paradigma del Estado establecido en la Unión Soviética tras la revolución de 1917.

Por otro lado, a partir de los años veinte, surgió el modelo de Estado fascista y nacional-socialista en Italia y Alemania, respectivamente, como fórmulas autocráticas que pretendían salvaguardar los fundamentos del sistema capitalista frente al embate socialista en una situación de debilidad de los modelos demo-liberales.

Finalmente, como evolución de ese último modelo de Estado de derecho, se abría paso un nuevo Estado democrático, el Estado social, con ejemplos tales como la república de Weimar alemana (1919-1933), o la Segunda República Española (1931-1939), ambas destruidas por el fascismo.

Esta pugna ideológica se resolvió en parte al finalizar la II guerra mundial. Postergado el Estado fascista, salvo ejemplos residuales como el español o el portugués, fueron los modelos socialistas y los sociales de derecho los que sobrevivieron a la contienda. El modelo socialista soviético se convirtió en la referencia dominante en el este de Europa, mientras en los países occidentales triunfaba el Estado social o del bienestar, basado en dos premisas: la intervención estatal en la economía y la garantía de un bienestar mínimo para toda la ciudadanía, de la mano de una política fiscal adecuada. Los Estados escandinavos se convirtieron en el paradigma de este modelo. A lo largo de los años cincuenta, El modelo socialista de Estado desarrolló diversas variantes, en países como China, Yugoslavia o Cuba.

El Estado social fue revisando progresivamente sus presupuestos al compás del debilitamiento de la alternativa socialista. A finales del siglo XX, con la práctica desaparición de los Estados socialistas en el ámbito europeo, las doctrinas neoliberales se convirtieron en dominantes en los Estados más avanzados, sin que ello haya supuesto la total desaparición del modelo social. Es más, los periodos de crisis económica de principios del siglo XXI y la necesidad de hacer frente a los desajustes creados por la globalización, han reactivado las políticas intervencionistas del Estado, dando la razón a las teorías neo-marxistas más recientes.

Por otro lado, en el mundo menos desarrollado, los modelos de Estado son más complejos. Muchos Estados han adoptado como modelo de referencia el Estado democrático de derecho, aunque en ocasiones difícilmente se cumplen los requisitos mínimos exigibles. En otros casos, los Estados se fundamentan ideológicamente en instituciones tradicionales, cuasi-absolutistas, religiosas o tribales. Las potencias occidentales han reactivado un intervencionismo neo-imperialista que trata de establecer un estándar político a nivel global.

En lo que se refiere a las formas de Estado, son tres los criterios de clasificación más utilizados.

En primer lugar, teniendo en cuenta el tipo de jefatura del Estado, habría que distinguir las formas monárquicas de las republicanas. La monarquía es un residuo de la formación histórica del Estado, y se acepta como excepción en los países democráticos. En aquellos países que han evolucionado democráticamente, la forma monárquica, para no desaparecer se fue adaptando a lo largo del siglo XIX, hasta terminar siendo una monarquía constitucional parlamentaria. Es la única forma de convertir en aceptable democráticamente una jefatura del Estado no elegida por el pueblo. Al faltarle legitimidad democrática directa, la corona sólo puede asumir una jefatura del Estado formal, simbólica, sin poder político material. Estos son los Estados europeos que mantienen la forma monárquica a comienzos del siglo XXI: Bélgica, Gran Bretaña, Dinamarca, España, Países Bajos, Liechtenstein, Luxemburgo, Mónaco, Noruega y Suecia.

En las repúblicas, la jefatura del Estado es elegida directamente por la ciudadanía, si la forma de gobierno es presidencialista, como en los EE.UU, o indirectamente, a través de la cámara legislativa, como sucede en las repúblicas parlamentarias, como en el caso de Alemania e Italia.

En segundo lugar, en función de la elegibilidad de los aparatos políticos estatales, distinguiríamos los Estados democráticos y autocráticos. En la primera forma, la comunidad política no toma parte en la formación de las estructuras estatales y el control político sobre los gobernantes suele ser débil. En la clasificación de Linz, esta forma de Estado puede adoptar contenidos autoritarios o totalitarios. En este segundo caso, la movilización ideológica es mucho más fuerte, la arbitrariedad estatal desata el terror y la garantía de los derechos y libertades brilla por su ausencia: la Alemania nacionalsocialista y el régimen estalinista son citados como ejemplos de Estado total. En los Estados autoritarios, sin embargo, el objetivo estatal es la desmovilización social, y a menudo se apelará a fuentes de legitimación tradicionales, guardando una apariencia de legalidad.

El tercer criterio para clasificar las distintas formas de Estado es el reparto territorial del poder político. Son tres los principios en juego: el reconocimiento de las demandas colectivas de las distintas comunidades -pueblos o naciones- del Estado, la eficacia de la organización administrativa junto con el principio de subsidiariedad7, y, en tercer lugar, la necesidad de mantener una cierta igualdad entre los ciudadanos del Estado. El primer principio nos conduciría al reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado. El segundo trae consigo la descentralización de las decisiones políticas, la transferencia de competencias desde la administración central a otras instancias territoriales, y, finalmente, el tercer principio, el de la salvaguarda de la igualdad, tira hacia la uniformización del estatus de las instancias territoriales. En los procesos de descentralización modernos, son los dos últimos principios los dominantes: la descentralización administrativa y la igualación jurídica. Al Estado le cuesta reconocer la personalidad política de las comunidades que lo integran.

Según este criterio territorial, se pueden distinguir los Estados unitarios y los compuestos. En las formas de Estado unitarias, el poder tiene un centro de imputación originario, y todos los centros de poder administrativo o político territoriales derivan de ese centro: estos Estados unitarios pueden estar centralizados, con una mayor o menor concentración del poder, como en Francia, o descentralizados, con un cierto reconocimiento político de las unidades territoriales, como en los Estados regionales, Italia, o autonómicos, España.

En los Estados compuestos, el centro que representa la unidad del Estado, se conforme a partir de la confluencia de otros lugares políticos, aunque sea simbólicamente. Este es el caso, obviamente, de las estructuras confederales, pero también de los Estados federales, en los que los estados federados son "Estados", con un poder político originario, aunque depositado en la instancia federal soberana, de manera, en principio, definitiva. Sin embargo, esta filosofía ofrece una gran flexibilidad al acuerdo federal, de modo que puede constituirse una amplia variedad de sub-formas políticas: federaciones simétricas -basadas en la igualdad jurídico-política-, o asimétricas: federacies, Estados asociados, condominios...8

Finalmente, el tipo de régimen debe concretarse analizando las relaciones existentes entre el poder legislativo y el ejecutivo, dentro del aparato del Estado. Distinguiremos así las distintas formas de gobierno: presidencialistas, semi-presidencialistas y parlamentarias. En las primeras, la jefatura del Estado y del gobierno coincide en una sola persona, sede de un poder ejecutivo elegido por el pueblo. (EE.UU). En el segundo caso, junto con el jefe del Estado electo, existirá un presidente del gobierno que precisa de la confianza parlamentaria (Francia), y, finalmente, en la forma parlamentaria, una cámara electa será tanto la sede del poder legislativo, como el origen del poder ejecutivo. (España).

Normalmente existirá un cierta coherencia entre los modelos y las formas de Estado. En el constitucionalismo del siglo XXI, la tipología estatal que se ha convertido en el paradigma político más avanzado es la que responde a "un Estado social y democrático de derecho, con una estructura federal y un gobierno presidencialista o parlamentario, con tendencias presidencialistas."

7Es el principio que determina el momento de intervención de la Unión Europea en materias que no son de su competencia exclusiva. La Unión intervendrá, y no los Estados, cuando sea necesario porque los intereses en juego sean supranacionales, cuando su acción sea más eficaz, y la acción estatal no es suficiente. En otro caso, la competencia desciende hasta el nivel adecuado. Así el principio puede aplicarse desde otra perspectiva para reivindicar de hecho la competencia de las entidades menores: si lo puede hacer la institución más cercana, la competencia queda a ese nivel: en nuestro caso, la local. Sólo en casos necesarios pasaría al nivel territorial, autonómico o estatal... puede ser, en la práctica, un principio centralizador o descentralizador.

8Requejo. F. y Fossas, E. (Eds) (1999): Asimetría federal y Estado plurinacional. El debate sobre la acomodación de la diversidad en Canadá, Bélgica y España. Trotta. Madrid.

El análisis del desarrollo histórico del Estado nos remite ante todo a la propia arqueología del concepto. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del Estado?

Si nos estamos refiriendo a la comunidad política territorial soberana, o al instrumento de dominación política, debiéramos convenir que el debate sobre su origen carece de importancia. Como nos recuerda N. Bobbio, el Estado entendido como ordenamiento jurídico de una comunidad política, surge con la desaparición de las comunidades primitivas basadas en el parentesco, en el momento en el que la supervivencia en el ámbito interno y la defensa frente a la amenaza exterior, obliga a constituir comunidades más extensas que las existentes hasta aquel momento.9

Por ello, en el ámbito de la civilización occidental, las ciudades-Estado griegas (polis), la comunidad universal constituida por el imperio romano, el doble poder conformado por la iglesia y el imperio medievales, y, obviamente, los reinos territoriales formados al inicio de la edad moderna... Todos ellos, fueron de un modo u otro, Estado.10

Si es la asunción del término "Estado" lo que nos preocupa, la referencia principal pasa a ser Nicolás Maquiavelo. En efecto, en su obra "El Príncipe", publicada en 1513, se utilizó por primera vez la palabra stato en su acepción moderna, para describir la organización política general de un pueblo.11

En efecto, el punto de partida del propio Estado moderno, es, precisamente, la palabra stato, que venía a sustituir al concepto res publica, propio de la tradición greco-romana. Con el término "Estado", Maquiavelo pretende describir la forma política de una comunidad, sea ésta principado o república. Esta elaboración teórica tenía una finalidad práctica evidente: el maestro florentino deseaba proponer un instrumento teórico eficaz para la consecución de la unidad política de los territorios italianos bajo un solo poder, el de los Medici. Al parecer fue César Borgia el inspirador más o menos evidente de aquella obra, Sin embargo, además del duque italiano, probablemente, Maquiavelo contó con otro modelo apropiado: Fernando II de Aragón, el que luego sería rey de España con el sobrenombre de "el católico", que un año antes de la publicación de "El Príncipe" había conquistado el reino de Navarra, dando casi por concluida la unificación de los reinos ibéricos peninsulares bajo la égida de Castilla.12

Curiosamente, el reino de Navarra está indisolublemente unido no sólo al contenido del concepto estatal, como ocurre con otros reinos de la época, sino más estrechamente, también al de su formación histórica. En el mismo momento en el que el reino navarro perdía su independencia, se estaban formando los que luego conoceríamos como "Estados modernos", de la mano de la elaboración teórica y terminológica de Nicolás Maquiavelo.

De todos modos, más allá del término "Estado", si atendemos a la conformación de un Estado moderno fundamentado en la nueva doctrina de la soberanía, es necesaria una mayor precisión histórica. Ciertamente, las características de la forma política que hoy conocemos como "Estado" se van articulando a lo largo de los siglos XV y XVI hasta nuestros días en el seno de la cultura política europea occidental, junto con los distintos modelos de Estado a los que luego nos referiremos.

Por esta razón, según Heller, no existiría propiamente "Estado" hasta el surgimiento del primer Estado moderno, el Estado absolutista, en tanto en cuanto:

"El Estado es una unidad de dominación, independiente en lo exterior e interior, que actúa de modo continuo, con medios de poder propios y claramente delimitado en lo personal y territorial."

Superadas las sujeciones y dependencias particulares y personales características del feudalismo, el Estado que hoy conocemos va construyéndose en un largo proceso histórico, con diversas etapas: un poder abstracto sobre territorios y súbditos, la posterior supremacía de un gobierno ad intra y ad extra (soberanía), la construcción teórica del imperio del derecho y la ley, la separación de los poderes del Estado, el origen democrático de los gobernantes, la formación de identidades colectivas homogéneas (naciones) que se convierten en referente comunitario del Estado, la garantía de los derechos y libertades o el compromiso del Estado con el bienestar general de la ciudadanía... Todas estas características del Estado democrático contemporáneo no han surgido de un día para otro, son el resultado de un largo y proceloso desarrollo histórico.

El modelo feudal que se instauró al final del imperio romano supuso la constitución de una multitud de señoríos jurisdiccionales basados en relaciones personales de servidumbre. Entre esos poderes jurisdiccionales, determinados reinos territoriales fueron fortaleciéndose, ayudados en muchas ocasiones por la relativa homogeneidad étnica de las poblaciones sobre las que se asentaban. Indudablemente, estos procesos de cristalización política son los antecedentes directos del Estado moderno.13

Es precisamente el camino que conduce desde los reinos territoriales al Estado moderno el que la teoría política contemporánea denomina proceso de "construcción estatal" (state building). Charles Tilly describe con precisión las características de este proceso histórico:

"La construcción estatal se produce a partir de la emergencia de un personal especializado (burocracia), el control sobre un territorio consolidado, la lealtad respecto a unas instituciones duraderas y permanentes con un Estado centralizado y autónomo que reivindica para sí el monopolio de la violencia sobre una población dada."

Estructuras de gobierno profesionalizadas y permanentes, distinción diáfana entre sociedad y gobernantes (precedente de la dicotomía moderna público/privado), sujeción territorial indubitada e instituciones centralizadas que asumen con éxito el monopolio e la violencia, despojando a los señoríos feudales. Estos son los elementos caracterizadores de ese nuevo Estado.

Esta construcción política precisa legitimar su poder mediante una nueva doctrina ideológica: la soberanía, o "el poder de un agente decisorio que detenta el derecho último de tomar decisiones y resolver conflictos de forma indiscutible en el seno de una jerarquía política dada, así como el discurso legitimador ligado a ese poder".14

¿Cómo se formó ese tipo de poder que posteriormente se identificó indisolublemente con el Estado? O dicho de otro modo, siendo el Estado un cuerpo político "artificial", cómo se va definiendo su alma inseparable y no menos "artificial", la soberanía?15

La soberanía del Estado se refleja en la supremacía y unidad de sus decisiones políticas. Carlos de Cabo nos recuerda que esas entidades que podemos llamar proto-Estados16 comenzaron a proclamar formal y fácticamente su supremacía y unidad tanto en el ámbito interno, ante sus propias comunidades políticas y señoríos feudales, como en el ámbito externo, frente a las tentativas de influencia provenientes de otros reinos, el imperio o la iglesia.

En palabras de Hinsley, "cuando se construye un Estado observamos que se ha producido un conflicto entre el principio de comunidad y el de dominación. Es decir, la lucha entre la continuidad de los viejos usos y costumbres de una comunidad determinada, por un lado, y las exigencias de una forma de gobierno que sólo puede provenir de un poder externo a la comunidad". Así, en cierto sentido, la construcción estatal es siempre fruto de una conquista, que es interna y externa al mismo tiempo.

El final del proceso, que es la constitución definitiva del Estado moderno, precisaría una absoluta identificación Estado-comunidad, en tanto ocurre tal cosa, estaríamos hablando de un "Estado segmentario"17: una combinación entre las formas administrativas del Estado central y la organización segmentada del poder de la sociedad. Por eso, la construcción estatal nunca concluye, es un proceso inacabado. El Estado como concepto nunca se cierra del todo, nunca alcanza su completud, salvo como pretensión, en el Estado totalitario.

No obstante, no debemos olvidar que esa pugna, además de interna (comunidad/Estado), es también una pugna entre proto-Estados con pretensiones concurrentes sobre la misma población y territorio. El proceso de construcción estatal ha sido todo menos pacífico.

Obviamente, todas estas reflexiones teóricas son perfectamente aplicables en nuestro país. No en vano, a lo largo de toda la edad media todos los reinos de la península ibérica se vieron enzarzados en un proceso de construcción estatal competitivo. Especialmente virulenta fue la pugna entre los reinos de Castilla y de Navarra, quizás porque en este caso el conflicto no era únicamente dinástico, subyacía un sustrato diferencial más profundo, en tanto en cuanto los componentes étnicos y culturales en cada uno de los casos eran bien distintos. A partir del siglo XII, los territorios vascos occidentales o marítimos, que previamente habían Estado encuadrados en el reino navarro, quedaron bajo la órbita castellana. El reino segmentario castellano, luego español, con la finalidad de asegurar la fidelidad de los territorios arrebatados al reino navarro, reconoció un cierto estatus político diferenciado que se plasmó posteriormente en el régimen foral. Este fue el destino de Navarra, una vez producida la conquista castellana en 1512. El reconocimiento del hecho diferencial vasco-navarro, por medio de la especialidad foral, no es sino expresión de ese Estado español segmentario, un Estado que no ha conseguido perfeccionar su proceso de construcción, ni estatal, ni nacional.18

Así, el reino de Navarra, analizado desde un punto de vista moderno fue un proto-Estado, una organización política que en un momento histórico clave no llegó a constituirse como Estado soberano. No tiene mucho sentido el debate acerca de si desapareció siendo Estado o no llegó jamás a serlo. Como en toda la Europa del final del medioevo, los reinos peninsulares y pirenaicos -Francia, Navarra, Castilla, Aragón...- estaban inmersos en una competencia feroz en pos de la supremacía y la unidad territorial. Y en la medida en que todos estaban implicados en esa tarea, todos eran "Estados", Estados germinales, sin perfeccionar... En cierto modo, es la misma situación la que viven los Estados actuales.

Hoy en día, el Estado navarro sobrevive únicamente como proyecto político, y ciertos sectores del abertzalismo vasco reivindican la necesidad de retomar aquel proceso de construcción estatal fallido, como marco político más adecuado para la construcción nacional de Euskal Herria.19

9Bobbio, N. (1985): Estado, Gobierno y Sociedad. Por una Teoría general de la política. FCE. Mexico.

10Un autor imprescindible en la teoría del Estado contemporánea como Jellinek distinguió diversas formas históricas de Estado: los Estados orientales antiguos, el Estado helénico, el Estado romano, el medieval y el moderno. Así, desde este punto de vista, el Estado no nace en el siglo XV, es anterior. Jellinek, G. (1900, 2002): Teoría general del Estado. FCE. México.

11Los Estados y soberanías que han tenido y tienen autoridad sobre los hombres, fueron y son, o repúblicas o principados. Machiavelli, N. (1513, 1986)): Printzea. (Iñaki Azkunek itzulita). Elkar. Donostia.

12En ocasiones, la historia nos hace pequeños guiños. El recorrido histórico de ese reino de Navarra que algunos quisieran convertir en el germen de un futuro Estado Vasco, reunió a ambos personajes en un nudo trágico: el primer inspirador de la formación teórica del concepto "Estado", César Borgia, siendo jefe de las tropas navarras fue muerto en el sitio de Viana a manos de los soldados del rey Fernando el católico, segundo inspirador putativo del concepto estatal.

13Los entresijos de los procesos de construcción estatal y nacional pueden conocerse en una obra cercana: Letamendia, F. (1997): Juego de espejos. Conflictos nacionales centro-periferia. Trotta. Madrid.

14Miller, D. (1989): Enciclopedia del pensamiento político. Alianza. Madrid.

15Bergalli, R & Resta, E. (1996): Soberanía: un principio que se derrumba. Aspectos metodológicos y jurídico-políticos. Paidós. Barcelona.

16El término "proto-Estado" lo aplicamos a las realidades políticas que no son todavía Estado, pero están o estaban en camino de serlo. En este sentido, el reino de Navarra fue un proto-Estado que no llegó a al alcanzar la estatalidad plena típica de la modernidad. Sobre los procesos de construcción estatal: De Cabo Martín, C. (1988): Teoría histórica del Estado y del derecho constitucional. PPU. Madrid.

17 Recogido por Esteban Antxustegi, en su traducción de la obra de Hinsley. Antxustegi, E. (1999). Filosofia politikorako irakurketak II. (capítulo "Soberania"). UPV-EHU. Leioa. Texto originario: Hinsley, F.H: (1966): Sovereignity. C.A. Watts & Co Ltd. London. En castellano, (1972) El Concepto de soberanía. Labor. Barcelona.

18El antecedente teórico más claro de Hinsley está, como no podía ser de otro modo, en "El príncipe" de Maquiavelo, padre del Estado moderno: "DE QUÉ MANERA DEBEN GOBERNARSE LOS ESTADOS QUE, ANTES DE OCUPADOS POR UN NUEVO PRÍNCIPE, SE REGÍAN POR LEYES PROPIAS. Cuando el príncipe quiere conservar aquellos Estados que estaban habituados a vivir con su legislación propia y en régimen de república, es preciso que abrace una de estas tres resoluciones: o arruinarlos, o ir a vivir en ellos, o dejar al pueblo con su código tradicional, obligándole a pagarle una contribución anual y creando en el país un tribunal de corto número de miembros, que cuide de consolidar allí su poder. Al establecer este consejo consultivo, el príncipe, sabiendo que no puede subsistir sin su amistad y sin su dominación, tiene el mayor interés de fomentar su autoridad. Una ciudad acostumbrada a vivir libremente y que el príncipe quiere conservar, se contiene mucho más fácilmente por medio del influjo directo de sus propios ciudadanos que de cualquier otro modo." Una vez ocupadas las provincias vascas occidentales y finalmente conquistado el Reino de Navarra, los reyes de Castilla cumplieron fielmente las instrucciones del florentino. El sistema foral, los modelos de concierto económico o político, e, incluso, el modelo autonómico contemporáneo beben de las mismas fuentes teóricas: pluralidad más o menos tolerada en la unidad del Estado.

19La principal impulsora de esta reflexión política es la asociación Nabarralde. A través de un trabajo historiográfico muy relevante, además de reivindicar la historia del Estado navarro y su simbología, propone un proyecto político para el futuro que no es otro que la confluencia de la reivindicación abertzale histórica de la independencia nacional, con la recuperación de la perdida estatalidad del reino de Navarra. La imagen del Estado navarro histórico, apócrifa, procede de su archivo.

A mediados del siglo XVII, con la firma de la paz de Westfalia que puso fin a la guerra de los treinta años, se fijaron con relativa estabilidad y proyección en el tiempo, los límites de los Estados europeos modernos. Partiendo de las elaboraciones teóricas de autores como Bodino y Hobbes, el nuevo concepto de soberanía se adaptó a las necesidades de los nuevos Estados. La soberanía es esa potestad que la sociedad otorga por siempre y de forma irreversible al monarca, con el único límite de la ley natural o divina, convenientemente interpretada por una iglesia con la que los monarcas tenían buen cuidado de aliarse. Ese es el Estado moderno.

Partiendo de la sistematización westfaliana, y siguiendo el modelo de Estado absolutista francés, del que provenía, la dinastía borbónica hizo un primer intento de hacer desaparecer la naturaleza segmentaria del Estado español en cuanto llegó al trono, a principios del siglo XVIII. Los territorios bajo influencia aragonesa perdieron sus fueros, no así los territorios del sur de Euskal Herria. Pero la modernidad, como nos recuerda Zizek respecto a todo proceso revolucionario20, tuvo una segunda etapa que cerró el ciclo de la construcción estatal. Junto con la Ilustración y la revolución burguesa, lo que había sido "construcción estatal" (state building) se convirtió rápidamente en "construcción nacional" (nation building).

La revolución burguesa, sustituyendo la legitimación divina de los Estados/reinos absolutos, sentó a un dios civil en aquel trono vacío: la nación.

La construcción estatal impulsada por la primera fase del sistema capitalista, necesitaba una cierta homogeneidad comunitaria para dar el siguiente salto cualitativo en la acumulación. Así, el nacionalismo, la ideología desarrollada al servicio de la construcción nacional, impulsó la unificación simbólica (y, obviamente, también política y económica) de las comunidades estatales, tratando de hacer desaparecer las especificidades comunitarias procedentes del Estado segmentario: más allá de los debates dinásticos, eso es precisamente lo que estaba en juego en las guerras carlistas del siglo XX. En su aspecto formal, la construcción estatal española concluyó el año 1841, cuando Navarra perdió su condición de reino, a pesar de que la provincia recién creada mantuvo algunas de sus especificidades jurídicas.

Sin embargo, el proceso de construcción nacional que seguidamente debió dotar de contenido comunitario el proyecto estatal español ha sido especialmente débil. No ha logrado que la identificación nacional española sea hegemónica en todo el territorio del Estado. Espoleados por la pérdida progresiva de los residuos jurídico-políticos -fueros- de una estatalidad perdida en el tiempo, casi mítica, se formaron nuevos agentes nacionalistas periféricos. El nuevo eje de conflicto (cleavage) nacional, como no podía ser de otro modo, determinó la creación de agentes que se reivindicaban como nacionalistas tanto en el centro como en la periferia, por lo que el proceso de construcción nacional se hizo necesariamente competitivo, especialmente en los territorios con mayor personalidad cultural, en ambos extremos de la cordillera pirenaica: Cataluña y Euskal Herria. El Estado español deseaba y necesitaba una nación que no acababa de lograr, las naciones vasca y catalana, luego gallega, necesitaban un Estado, que no han logrado por el momento.

20Según Zizek, en todos las revoluciones suelen producirse dos etapas cuya sucesión en el tiempo determina el perfeccionamiento del episodio revolucionario: la Asamblea nacional de 1789 y la Convención de 1792, el momento menchevique y el bolchevique... Zizek, S (2004): Repetir Lenin. Akal. Madrid.

Del mismo modo que el recorrido histórico de la formación del Estado-nación se comprende por la necesidad que el liberalismo tenía de constituir mercados unificados, a partir de mediados del siglo XX, con el Estado social en crisis permanente, la conexión entre Estado y nación ha adquirido nuevos contenidos. La solidaridad facilitada por la existencia de una comunidad nacional, y el reparto equilibrado de recursos que el Estado debe garantizar aparecen indisolublemente unidos.

Autores como Miller han argumentan que al Estado del bienestar le conviene la nación. Una nación pequeña y manejable.21

Como decía el propio Tucídides, sólo la asamblea de un pequeño Estado libre puede hablar de un "nosotros", de la solidaridad que puede garantizar el bienestar común. Así mismo, según esta perspectiva y desde el punto de vista simétrico, para desarrollar la identidad cultural de la nación, sobre la que se fundamenta un sentido de justicia distributiva compartido, puede ser conveniente, gozar de un Estado, y de sus instrumentos jurídicos. Ambas argumentaciones apelan a la oportunidad de revisar la actual correlación entre las naciones y los Estados realmente existentes.

Sin embargo, el discurso hegemónico proveniente de los Estados vigentes es muy distinto. Según este discurso, puede ser conveniente proteger a las naciones sin Estado en tanto en cuanto sedes de alguna cultura particular, pero su reivindicación política -soberanía/Estado- no tendría sentido en un mundo globalizado. Así, no siendo conveniente ampliar la lista de Estados existentes, las tentativas de construcción nacional deben ser conducidas al ámbito privado: al espacio de las comunidades particulares sin proyección política significativa. Al espacio que puede tolerar el multiculturalismo liberal. Los Estados realmente existentes no serían idealmente sino gestores cuasi neutrales de un espacio multicultural. La pretensión de crear nuevos Estados fútil cuando no peligrosa.

Esta argumento de la futilidad del Estado tiene dos variantes:22

  • Sinsentido de los nuevos Estados en un mundo globalizado
  • Aun teniendo un Estado, ¿para qué puede utilizarse legítimamente?

21Miller, D. (1997): Sobre la nacionalidad. Paidós. Barcelona.

22Como afirma Hirschmann, en la retórica de la intransigencia, la que defiende el statu quo, son tres los argumentos típicos: el de la perversidad: "cualquier cambio tendrá efectos no queridos o perversos"; el de la futilidad, "el cambio es inútil" , y el del peligro, , "el cambio pondrá en peligro lo ya conseguido". Hirschmann, A.O. (1991): Retóricas de la intransigencia. FCE. Mexico.

Según este argumento, no tiene sentido reivindicar la creación de nuevos Estados en un mundo globalizado. En lugar de los Estados se están constituyendo redes políticas complejas, por encima de ellos -en Europa, por ejemplo-, y por debajo, en las regiones y otras comunidades políticas menores. En un momento en el que los viejos Estados desaparecen poco sentido tendría reivindicar nuevas entidades estatales. Desde este punto de vista, los Estados ya no son Estados, son redes políticas complejas, sin centros de imputación claros, cada vez más transversales, más horizontales, globalizadas.23

No obstante, existen argumentos contrarios, basados principalmente en la fuerza de los hechos: ¿Están desapareciendo realmente los Estados? ¿Ha desaparecido la capacidad de decisión soberana en el seno de tales redes políticas? ¿Hasta qué punto está en crisis el concepto de soberanía y su contenido fáctico?

Aun aceptando que la soberanía, el Estado, la política pueden definirse desde un punto de vista reticular, las posiciones contrarias al actual statu quo, niegan que las redes políticas sean neutrales. En tales redes políticas, existen nodos o posiciones poderosas y débiles, pues lo que al fin y al cabo está en juego en las interacciones existentes entre las estructuras estatales y la acción política de los agentes, es el poder. El poder que mueve a la gente, el poder que permite cambiar la realidad.

La aportación de S.R. Clegg es muy ilustrativa en orden a conocer la conexión existente entre poder, estructura y acción política.24 Nos recuerda, precisamente, la profunda diferencia existente entre la visión de Hobbes y la de Maquiavelo:

El modelo de poder de Hobbes, se configura en la agencia absoluta. La influencia del poder se ubica en una cadena causal mecánica, lineal. El modelo hobbesiano responde claramente al paradigma de la modernidad: el poder es la negación de otro poder. En una perspectiva aparentemente contraria, pero inserta en el mismo paradigma de la modernidad, aunque en este caso lo que se absolutiza es la estructura, tendríamos el paradigma marxista. El concepto clásico de Estado proviene de esa tradición, y ese es el modelo que estaría, en todo caso, en crisis.

Sin embargo, el modelo de poder propuesto por Maquiavelo pudiera ser entendido como un precedente del paradigma posmoderno.25 Un paradigma que ha sido utilizado en todas las teorias contemporáneas que revisan las visiones clásicas: en el post-marxismo, -Jessop, Laclau & Mouffe-, por ejemplo-, o en el post-estructuralismo de Foucault o Derrida. Este modelo destaca la dimensión estratégica, práctica, localizada y contingente del poder.

Es un poder que no tiene quizás un centro claro para la acción política, pero que ubica a la organización, no a la acción individual, en una posición privilegiada. Es un poder que por encima del control fáctico sobre los cuerpos y las conciencias, subraya la relevancia de lo expresado, del discurso. Lejos de las perspectivas totalizadoras, pero sin menospreciar la importancia de las estructuras, es decir, la importancia del Estado.

La estructura estatal no lo condiciona todo, pero la acción de poder es algo que debe "ganarse", por lo que la organización estatal se convierte en el medio para la consecución de una acción política eficaz: las organizaciones, el Estado, fijan y estabilizan los circuitos de poder en la red.

Como afirma Clegg:

"El poder no se explica por los deseos de los sujetos [...] tampoco por la determinación de las estructuras. Al contrario, la mejor aproximación al fenómeno del poder es la que observa un conjunto de agentes organizados de forma más o menos compleja, enzarzados en una serie de juegos organizados de forma más o menos compleja."

Juegos de poder y resistencia que se producen en circuitos complejos, con nodos diversos. Juegos que se desarrollan conforme a reglas universales, pero con jugadas que sólo se configuran en contextos temporales y geográficos precisos, que, obviamente, quedan así condicionadas. En esta línea, el realismo crítico definirá el Estado desde esta perspectiva estratégica y relacional: Un espacio estratégico fijado y conformado por diversas capas estructurales, un lugar de encuentro cambiante para las estrategias políticas de los actores.

Este es el sentido de la definición que del Estado hace B. Jessop, continuador de la obra de Poulantzas26:

"El Estado como terreno estratégico, como la cristalización de estrategias políticas, como una forma política específica que ofrece privilegios estructurales a algunos tipos de estrategia política, pero no a otros."

El Estado, cristalización de estrategias pasadas, se ubicaría en la dialéctica compleja entre estructura y estrategia. Como producto histórico que es, estará más abierto a algunas estrategias, a las que favorecerá, mientras otras quedarán claramente dificultadas. Por ejemplo, El Estado español en su cristalización histórica, facilitará o dificultará unas estrategias políticas, económicas o culturales determinadas. Un hipotético Estado vasco, lógicamente, apoyaría o dificultaría otras estrategias distintas.

Es por eso que autores como el filósofo Rubert de Ventós tengan claro que: "salvo excepciones, es mejor un Estado mínimo que una autonomía máxima. [ya que] El Estado es la única organización política dotada de soberanía, y ello da una ventaja cualitativa al pueblo que se dota de él."

El segundo argumento de la futilidad, parte de la impotencia estatal.

23Precisamente, "la globalización significa los procesos en virtud de los cuales los Estados nacionales soberanos se entremezclan e imbrican mediante actores trasnacionales y sus respectivas probabilidades de poder, orientaciones, identidades y entramados varios." Beck, U. (1998): Qué es la globalización. Falacias del globalismo, respuestas a la globalización. Paidos. Barcelona.

24Desde la filosofía política, Clegg nos ofrece una fotografía rica y actual del poder: Clegg, S.R.(1989): Frameworks of Power. Sage Publications. London.

25Bauman, Z. (1987): Legislators and interpreters. Polity Press. Cambridge. Mientras Hobbes era el jurista del poder, Maquiavelo, se convertía en el intérprete externo del poder, un intérprete perseguido en ocasiones.

26La cita originaria procede de: Jessop, B. (1990): State theory. Putting Capitalist States in their place. Polity Press. Cambridge.

Aun gozando de un Estado propio, ¿en qué medida, por ejemplo, se fortalecería la nación vasca si debe garantizarse, en todo caso, la pluralidad?

Según este segundo argumento, si se deseara gozar de los instrumentos de la estatalizad para reforzar la nación vasca respetando la pluralidad identitaria interna, esos instrumentos serían inútiles. Y si no se respetara tal pluralidad, inaceptables. En la medida en que en la cultura democrática-liberal dominante no es defendible utilizar al Estado como agente de aculturación, como ocurrió a lo largo de todo el siglo XIX.

La argumentación contraria aduce que del mismo modo que el concepto de soberanía hoy vigente no es el de Bodino, el Estado-nación decimonónico ha dejado paso a un Estado contemporáneo cuya principal función es, precisamente, la gestión de la pluralidad cultural e identitaria interna. Por eso la pregunta que se plantea desde esta perspectiva es otra: con la finalidad de gestionar la pluralidad cultural conformada a lo largo de la historia a ambos lados del pirineo occidental (u oriental), ¿es más adecuado un nuevo Estado vasco (o catalán), o son instrumentos suficientemente eficaces los Estados vigentes, España y Francia? ¿Cuál es la estructura política más adecuada para asegurar un cierto equilibrio cultural en ese espacio territorial?

Rubert de Ventós -y Levi Strauss- nos recuerdan que el "deber ser" político y la topología se alían para responder a este tipo de preguntas. La respuesta en opinión de estos autores es que "lo (no demasiado) pequeño es hermoso". En una línea similar, el filósofo Ulises Moulines afirma que, si se trata de salvaguardar el valor intrínseco de la pluralidad del ser, la búsqueda de un Estado por parte del nacionalismo es perfectamente lógica. Pero no cualquier Estado: este defensor del nacionalismo internacionalista subraya que en los Estados-nación hegemónicos es difícil asegurar la supervivencia de las naciones pequeñas.27

Para que un Estado plurinacional sea exitoso, la relación entre las naciones internas debe ser lo más equilibrada posible. Desde este punto de vista, algunos autores defienden que un Estado vasco, por ejemplo, mantendría naturalmente un equilibrio mayor entre sus naciones y culturas internas que el que existe hoy en día en España o Francia respecto a las suyas. No en vano, en la cristalización histórica de ambos Estados el lugar de lo vasco ha sido irrelevante.

Las últimas reflexiones sobre el Estado convienen en afirmar su incombustibilidad: en el caos de los procesos globalizadores y especialmente en momentos de crisis es quizás uno de los pocos agentes que puede dar cierta seguridad a la ciudadanía.

Como afirma Rubert de Ventós28: "En un momento en el que en un mundo en red muchos de los elementos característicos del Estado moderno están en crisis, [no obstante] el Estado sigue manteniendo la legitimidad y el prestigio social que le conceden el monopolio de la fuerza y de la asistencia".

En la misma línea, subraya Hinsley: "la ligazón comunidad/Estado, establecida desde antiguo en las sociedades modernas, en vez de socavarse, se ha reforzado a causa de la creciente complejidad".

M. Castells, por su parte, recuerda que "el modelo de Estado-nación en el mundo globalizado es cada vez más impotente para controlar su presupuesto y su política monetaria, organizar su producción y el comercio, recabar impuestos y cumplir con sus obligaciones sociales, pero continúa teniendo capacidad regulatoria y control sobre sus súbditos". En efecto, la multilateralidad, la sociedad civil internacional, la delincuencia global, los grandes agentes que gestionan económicamente la globalización (FMI, etc.) y la demanda de las comunidades que desean defender su identidad con instrumentos estatales propios hacen que el Estado-nación se atrinchere y, paradójicamente, refuerce sus recursos de poder. El Estado no ha muerto.

27Ulises Moulines, C. (2008): Manifestu nazionalista, are separatista, esango nioke, estutuz gero. Txalaparta. Tafalla.

28De Ventós, R. (1994): Nacionalismos: el laberinto de la identidad. Espasa. Barcelona.

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