Un elemento positivo y destacable en la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la CAPV es el papel desarrollado por el Ararteko. En 1985 el Parlamento Vasco aprobó la Ley 3/1985, por la que se crea y regula el Ararteko. Esta institución, cuyo antecedente remoto es el Ombudsman sueco, está prevista en el artículo 15 del Estatuto de Autonomía del País. Desde 1989 han sido cuatro las personas que han asumido este cargo, desarrollando sus funciones a cada uno de los periodos y necesidades surgidas. De todos ellos, el periodo comprendido desde 2004 hasta la actualidad, a cargo Iñigo Lamarka, es una etapa en que el Ararteko se ha caracterizado por la profundización en algunas líneas ya avanzadas en las anteriores etapas y la creación de nuevas iniciativas dirigidas a una mayor presencia del Ararteko en sus relaciones con la sociedad vasca, en especial de los colectivos más desfavorecidos y necesitados, por tanto, de una atención preferente.
Además de las labores propias de esta institución, que no exclusiva de la defensoría de los derechos de la infancia, hay que resaltar la publicación de una serie de obras en las cuales se aprecia la preocupación por este tema: Atención a la infancia y la adolescencia en situación de desprotección (1997); Intervención con menores infractores (1998); La respuesta a las necesidades educativas especiales en la CAPV (2001); Situación de los menores extranjeros no acompañados en la CAPV (2005); Convivencia y conflictos en los centros educativos (2006); La transmisión de valores a menores (2009) y El papel de las instituciones vascas respecto a los consumos de drogas de la adolescencia (2010). Se trata de una incesante tarea en las que la atención preferente se centra en los grupos vulnerables, aunque no únicamente, lo cual enfatiza la nueva concepción de los niños y niñas como sujetos de derecho, además de la debida protección.
En el programa de actuación previsto para 2010-2014 se señalan como líneas preferentes de actuación las siguientes: reorganización del Ararteko, para que la institución adquiera una mejor calidad y eficacia, la creación de una Oficina de la Infancia y Adolescencia, la modernización de los recursos y servicios, la promoción de los Derechos Humanos y la colaboración con las organizaciones sociales y ciudadanía. Con respecto al campo concreto de la infancia es de resaltar la nueva página Web con un apartado específico para la infancia: la isla de los derechos. Además se prevé la constitución de un consejo de la infancia y adolescencia y la difusión de la cultura de los derechos de la infancia entre los niños, niñas y adolescentes.
A la vista de todo lo dicho se pueden señalar unos cuantos aspectos que tienen que ver con la situación de la infancia y sus derechos en la actualidad. En primer lugar, el establecimiento de un marco legal que, excepto alguna modificación, finalmente ha logrado establecerse como referencia por parte de las instituciones tanto locales como forales. En segundo lugar, la existencia de planes integrales de atención a la infancia por parte de las Diputaciones y municipios. Hay que señalar, también, que muchos de estos servicios de atención se han privatizado dejándolos en manos de diversas instituciones y organizaciones. En cierta manera se trata de una privatización de un servicio público. En este sentido se aprecia un comportamiento reiterado de falta de coordinación entre las instituciones y la duplicación de muchos de los servicios que ofrecen. No obstante, hay que señalar que en el año 2010 se han conseguido algunos protocolos conjuntos que van a permitir agilizar la atención a la infancia en situaciones de riesgo y/o desamparo, y coordinar mejor los servicios de atención a la infancia.
Finalmente, hay que resaltar que el papel del Ararteko resulta relevante no solamente por cumplir las funciones como defensor de la ciudadanía, sino porque ha apostado por la defensa y protección de la infancia en situaciones de mayor vulnerabilidad. Una muestra de ello ha sido la realización de informes, visitas a centros, observaciones y recomendaciones realizados en este ámbito, poniendo de manifiesto a las instituciones aquellas situaciones de descoordinación o baja calidad del servicio público que prestan, a pesar de su buen funcionamiento en términos generales.