La aprobación de la Convención de 1989 supuso que la mayoría de Estados presentes en las naciones Unidas ratificasen su adhesión a la misma inmediatamente, de manera que en 1990 ya entró en vigor. España y Francia la ratificaron en 1990. A partir de ese momento, en el caso español, la mayoría de las Comunidades Autónomas, sobre todo en el último decenio, ha desarrollado su normativa adaptándola a la legislación del Estado, de acuerdo con la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor. Corresponde a los Estados español y francés remitir informes al Comité sobre la situación de la infancia en sus respectivos Estados.
Por lo que respecta a la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV), el marco todavía vigente es la Ley 3/2005 de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia. De esta ley se modificaron algunos artículos, sobre todo aquellos que hacían referencia al establecimiento de la defensoría del menor. Por lo que respecta a esta ley y su modificación, se puede señalar que esta figura sufrió diversos avatares, pudiendo afirmarse que desde su plasmación no ha tenido una funcionamiento efectivo. Esta ley fue promovida por el Gobierno Tripartido (PNV, Eusko Alkartasuna y Esker Batua), y fue modificada cuatro años después con el cambio de gobierno (Partido Socialista y apoyo parlamentario del Partido Popular).
El mayor fiasco de la ley 3/2005 fue la creación de dos instituciones que no han funcionado, una la figura del Defensor del menor, dependiente de la consejería de Vivienda y Asuntos Sociales y, otra, la creación del observatorio para la Infancia y la Adolescencia. Por lo que respecta a la primera, ya desde la promulgación de la ley entró en conflicto con el Ararteko (defensor del pueblo), que venía asumiendo competencias en el campo de la infancia. No obstante, el consejero encargado de dicho departamento insistió en su nombramiento a pesar de la oposición del Partido Socialista, Partido Popular y Aralar. El 8 de enero de 2010 desaparece esta figura, al publicarse la modificación de la ley de 2005, a propuesta del Partido Socialista. El Ararteko, en sus informes, siempre manifestó el conflicto de competencias que generó la existencia de esta figura. Por lo que respecta al Observatorio de la Infancia y la Adolescencia establecido por decreto 19/2007 se señala su régimen de organización y funcionamiento. El objetivo del mismo era estudiar, evaluar, colaborar y asesorar al departamento competente en materia de asuntos sociales. Un año más tarde, en una pregunta formulada por el Grupo Socialista, todavía de cuestionaba el funcionamiento del citado observatorio cuyas labores eran desconocidas.