En Euskal Herria el modelo de la inspección centralista se va a imponer, pues se entiende en la mentalidad de liberal del siglo XIX que esa función es eficaz para el desarrollo de las políticas públicas. No obstante, y debido a la vigencia de los fueros, las diputaciones de Gipuzkoa, Bizkaia y Álava protestaron por las previsibles consecuencias de la aplicación de la Ley Moyano de 1857 que suponía el establecimiento de un inspector por provincia. Los diputados vascos solicitaban que, ya que tenían que pagarlo, preferían uno para los tres territorios. Así se aceptó por parte del Ministerio en 1859, a través de un Real Decreto de reforma. No obstante, a partir de 1860 ya observamos inspecciones de las escuelas de los territorios por parte de un inspector diferente en cada una de ellas.
Estos inspectores entraron en servicio de forma inmediata, si nos atenemos a las visitas de inspección realizadas en 1859 y 1860 en Álava, en 1860 en Gipuzkoa y en Bizkaia en 1861. Hasta el sexenio revolucionario, las visitas efectuadas por los inspectores serán frecuentes: en 1862 (Álava y Gipuzkoa), 1866 (Álava, Gipuzkoa y Bizkaia), 1867 (Bizkaia) y 1868 (Bizkaia y Gipuzkoa). Entre 1869 y 1877 no se realizó ningún tipo de visitas a las escuelas, debido a las circunstancias de guerra civil por las que atravesaba el País en esa época. No hace falta recordar las dificultades de estas visitas de inspección por ejemplo en el territorio de Gipuzkoa, donde el inspector se trasladaba a caballo, para recorrer las escuelas de pueblos inaccesibles. La labor de la inspección no se ceñía únicamente a vigilar su situación, sino a posibilitar la introducción de métodos nuevos de enseñanza. Además recogía datos que favorecían la confección de una estadística sobre datos relativos al magisterio, material escolar, libros de texto, asistencia de alumnos, métodos de enseñanza, etc. Estos informes se remitían al Rectorado de Valladolid, para el caso de las Provincias Vascongadas, o al de Zaragoza para Navarra.