Cuando en 1996 un grupo de mujeres hizo pública su voluntad de participar en el Alarde no como cantineras, la reacción mayoritaria fue contraria y violenta. Sobre los argumentos, primaron las descalificaciones personales, en especial las de contenido sexual e identitario: defender la igualdad era ser "de fuera" o estar "contra el Pueblo"; defender la discriminación suponía ser "del Pueblo", o, en caso de origen foráneo, "haberse integrado". Durante los primeros años, el nivel de ostracismo y violencia verbal, física, psicológica contra quienes defendían la igualdad fue enorme.
El Ayuntamiento, forzado por las sentencias, organizaba los alardes, pero con menos presupuesto, sin publicidad y con apoyo explícito a los actos discriminatorios. Los y las concejales igualitaristas fueron relegados en sus respectivos partidos. En 2001 y 2002, una compañía mixta, Oiasso, intentó sin éxito incorporarse al alarde de organización privada. Porque, ante la imposibilidad jurídica de que el alarde "de siempre", el municipal, fuera discriminatorio, la opción discriminatoria optó por organizarse siguiendo el modelo de la Tamborrada donostiarra, mediante sociedades privadas y con financiación propia.
En 2003, una sentencia decidió que la discriminación en el ámbito privado es legítima mientras exista la posibilidad de un acto municipal. Así, aun sin apoyo municipal, se reanudó la organización de un alarde público con subvenciones de la Diputación y Emakunde. Aunque la Ley Vasca de Igualdad de 2005 prohíbe el uso del espacio público para actos discriminatorios so capa de privados, incluso la propia existencia de asociaciones privadas no igualitarias, en la práctica no se cumple en el Bidasoa. La "solución de los dos alardes" ha disminuido pero no eliminado el nivel de violencia, y el conflicto continúa sin resolverse.
