La visita pastoral a Guipúzcoa. La visita pastoral constituye una de las obligaciones más graves de los obispos. Tiene por objeto no sólo controlar la vida y costumbres de los clérigos y de los fieles, el estado de los lugares sagrados, las cuentas de las fábricas parroquiales y la administración del sacramento de la Confirmación, sino también estimular y animar a los eclesiásticos y a los seglares a la realización del mensaje cristiano. En la parte navarra de la diócesis la visita se desarrolló sin obstáculos. No sucedió lo mismo en Guipúzcoa y en la Valdonsella. En la primera, la visita más antigua conocida se remonta al año 1292. Ya hemos visto cómo la intervención del obispo Miguel Périz de Legaria encontró una acogida favorable. Después viene una laguna documental hasta el año 1524, en que el veneciano Juan Rena, vicario general del cardenal Cesarini, visitó el arciprestazgo de Guipúzcoa. En 1525 y 1526 se repitió la visita, no se sabe por quién. En 1527 Rainaldo de Cancellariis, obispo auxiliar, renovó la visita de Guipúzcoa con más fruto que en las tres últimas ocasiones. Pero los clérigos rehusaron hospedarle en sus casas y darle procuración en alimentos, si bien reconocieron que estaban obligados por la costumbre a pagarle 92 florines y un cuarto de florín. Las diferencias surgieron de nuevo más tarde. Para acabar con ellas de una vez para siempre, el obispo Alvaro Moscoso y el clero guipuzcoano convinieron en que, en adelante, el clero daría al obispo hasta 125 ducados, si el prelado practicase personalmente la visita y 96 si la hiciese por medio del vicario general. El obispo no podría exigir nada más, aunque cualquier clérigo podría ofrecerle caza o pesca por valor de dos reales, pero no pan, ni vino, ni carne, ni aves domésticas. Esto último no se cumplió. La visita que en 1554 ejecutó Moscoso a Guipúzcoa, se desarrolló dentro de los cauces normales. En cambio la de su delegado el licenciado Tomás Albizu, llamado también Lezáun, en 1560, levantó una oleada de quejas y denuncias, que movieron a su obispo a publicar dos edictos de residencia contra él. Las visitas posteriores hasta 1609 no presentaron novedad alguna. En esta última ocasión, el clero del arciprestazgo mayor pretendió estar en posesión de no ser visitado más que de tres en tres años. Es la primera vez que se oye tal afirmación, desmentida por los hechos. Basta recordar las visitas de 1524, 1525, 1526 y 1527, 1552, 1554, 1560 y 1563. Ante la intervención de la Diputación de Guipúzcoa, el obispo Antonio Venegas suspendió en 1611 la visita de un delegado suyo; pero dejó bien claro que el concilio de Trento no limitaba a los obispos el tiempo de la santa visita, sino que podían repetirla todas las veces que fuese necesario, y que ni el visitador ni sus ministros corrían a cuenta de las iglesias. El obispo visitó personalmente el arciprestazgo de Fuenterrabía. Tan pronto como se produjo la vacante por traslado de Venegas a Sigüenza, el cabildo designó sucesivamente como visitadores de Guipúzcoa al Dr. Martín de Argaiz y Antillón, chantre, y al Dr. Antonio Balanza, canónigo; pero, cuando iban a inspeccionar una iglesia, la encontraban cerrada, las llaves estaban escondidas y el clero parroquial se había escapado. Además se les requería notarialmente para que suspendieran la visita. El asunto se llevó a los tribunales. La sentencia de la Rota Romana no se pronunció hasta el 15 de abril de 1624, fecha en que el auditor Clemente Merlino declaró que el cabildo de la catedral de Pamplona en sede vacante podía visitar las personas y las iglesias sin esperar plazo alguno de visita a visita, no obstante la pretendida costumbre contraria, y confirmó la sentencia del vicario general del 12 de mayo de 1613 en cuanto estuviese conforme con ésta. El clero guipuzcoano apeló, pero la tercera sentencia vino a ratificar las dos anteriores. En Fuenterrabía se opusieron a la visita so pretexto de que jamás habían sido visitados por la catedral de Pamplona desde que el distrito fue agregado por Pío V a la sede iruñesa, ni tampoco antes por el cabildo de Bayona, sino únicamente por los obispos. Pero en esta ocasión la resistencia se mantuvo dentro del terreno estrictamente jurídico, respetuoso y correcto. Fray Prudencio de Sandoval emprendió la visita de Guipúzcoa en el otoño de 1614 y trató de repetirla en 1618; pero la Diputación de la Provincia se le plantó alegando tres argumentos: Que aún no habían transcurrido tres años desde la última visita; que, como en la anterior ocasión, traía consigo un excesivo número de criados y ministros, los cuales causaban grandes gastos a las iglesias y, por último, que ellos habían cobrado derechos excesivos y que ahora trataban de hacer lo mismo. Al año siguiente, en vista de otra queja de la Provincia, suspendió la visita del arciprestazgo menor de Fuenterrabía, iniciada por un delegado suyo. A la muerte del obispo historiador, las autoridades civiles y militares de la ciudad de Fuenterrabía impidieron la visita del licenciado Miguel de Eraso, canónigo, recurriendo al empleo de la fuerza,los malos tratos y las amenazas. La Chancillería de Valladolid pronunció un fallo judicial muy duro contra el alcalde de la ciudad (1623). Entretanto llegó la revocación de la inhibición total (3 junio 1622), obtenida a instancia de la Provincia. El cabildo veía reconocido su derecho a la visita en toda la provincia de Guipúzcoa, perteneciente a la diócesis de Pamplona. No pasarán dos años sin que este derecho sea reconocido de una manera más explícita por la Rota, como ya queda expuesto. Pero los guipuzcoanos, derrotados en la vía judicial, triunfaron de momento en la vía política. Felipe III mandó, a instancias de los guipuzcoanos, que el cabildo en sede vacante no visitase los lugares de la Provincia hasta pasado un año y un día de la última visita (27 marzo 1625). Esta disposición estaba en abierta oposición a una solemne sentencia de la Rota y al concilio de Trento. Era vencer por una vía torcida, que en Roma podía sentar muy mal. El clero guipuzcoano, temeroso de que, después del cese del obispo fray José González, se produjese alguna vacancia más o menos larga, obtuvo por sorpresa un decreto de la Congregación del Concilio, que prohibía al cabildo visitar los lugares de la Provincia hasta pasados tres años de la última visita. Era una coladura, que fue rectificada declarando que el cabildo en sede vacante podía visitar las personas y los lugares de la Provincia al año de la última visita, sin esperar a la terminación del trienio. En 1633 el obispo Pedro Fernández Zorrilla procedió con mano dura en el castigo de los desórdenes que descubría en la visita pastoral de la Provincia, que eran mayores que en Navarra. Al menos desde principios del s. XVII se celebraba una visita anual del clero guipuzcoano, en Tolosa, enderezada a la renovación de las licencias ministeriales, que siempre discurrió sin tropiezos. No se puede decir otro tanto de la visita general. Los guipuzcoanos se las ingeniaban para eludirla. En 1645 alegaron ser costumbre antiquísima que los obispos practicasen personalmente la primera visita de su territorio. Semejante pretexto, jamás aducido hasta entonces, provocó un violento conflicto con el obispo Juan Queypo de Llano. Este pidió al rey que separase de su diócesis el territorio de Guipúzcoa y lo uniese a la de Calahorra o a cualquiera otra. El conflicto se resolvió mediante una solución de compromiso (4 junio 1646). Fuenterrabía se opuso de nuevo brusca y violentamente a la visita en sede vacante; pero el tribunal diocesano y el del nuncio mantuvieron al visitador en la cuasi posesión de visitar el arciprestazgo menor, pasado un año de la última visita ( 1647-51). Durante el pontificado de Francisco de Alarcón (1648-1657), las iglesias de San Sebastián fueron visitadas por delegados tres veces (1648, 1649 y 1655). En el último año el canónigo Gabriel Esparza inspeccionó todo el arciprestazgo mayor de Guipúzcoa. Al cesar Alarcón, el cabildo nombró visitador general del Obispado y del partido de Guipúzcoa al canónigo Martín de Monreal (23 enero 1658). Parecía que nada podría oponerse al cumplimiento de su comisión. Habían trascurrido más de dos años desde la última visita general. Pero la Diputación, movida por algunos clérigos, se empeñó en impedirla a toda costa. Monreal pasó por situaciones críticas. Temía cualquier desatino. Toda Guipúzcoa estaba alborotada. La Diputación recurrió a Valladolid y a Madrid y, en ambas instancias, salió derrotada. Sin embargo, las autoridades civiles, en algunos lugares, no en todos, no permitieron al visitador desempeñar su misión, cerrando las iglesias y profiriendo amenazas. Los eclesiásticos, fuera de algunas excepciones, agasajaron al visitador y se desmarcaron de la Diputación. Fray Pedro Roche ( 1670-1683) estuvo tres veces en la Provincia: una a confirmar, otra a visitar (1674) y la tercera a reconciliar la iglesia de Fuenterrabía. En la vacante, acaecida a su muerte, la Provincia cambió radicalmente de actitud. A la carta del cabildo (26 febr. 1683) anunciando el envío de un visitador guipuzcoano en la persona del canónigo licenciado Jerónimo Andrés y Escárroz, la Provincia manifestó su agradecimiento por la gran atención del cabildo. Quizá por ser guipuzcoano el visitador o por haber perdido todos los pleitos y no hallar fundamentos legales para una nueva resistencia, optó por poner al mal tiempo buena cara. El obispo Andrés José Murillo Velarde comenzó la visita pastoral de su diócesis por Guipúzcoa. Envió por delante una santa misión, que preparo los ánimos. Recorrió los arciprestazgos mayor y menor de la Provincia y gran parte de Navarra. El 23 de abril de 1727 salió de nuevo a la visita de Fuenterrabía y regresó a Pamplona el 24 de diciembre. Visitó 320 iglesias. En todos los lugares del recorrido predicó una misión en vascuence el Dr. Manuel Izquierdo, natural y beneficiado de Fuenterrabía, residente en San Sebastián. Desde el año 1698 no se practicó la visita en sede vacante por razones económicas. Los visitadores tenían más gastos que ingresos. El 7 de abril de 1729 el cabildo comunicó al clero y a la Diputación de la Provincia su decisión de enviar como visitador al canónigo Miguel Daóiz. La Diputación no objetó inconveniente alguno. El clero guipuzcoano pidió que se aplazase la salida del visitador hasta la congregación que iba a celebrar el 5 de mayo. En ella el clero acordó que el visitador se atuviese al decreto aprobado el 14 de mayo de 1704, en el que se ordenaba que a ningún visitador, designado por el obispo o el cabildo, se le hiciese gasto alguno ni ellos lo pudiesen admitir so pena de 500 ducados, a no ser hasta la cantidad de dos reales de frota, pescado o caza, ni tampoco se les pusiese casa de hospedaje. Pero, como los ejecutoriales que tenía el cabildo le permitían percibir la procuración conforme al Tridentino y así se había practicado siempre, encargó a Daóiz que exigiese el gasto suyo y el de su comitiva sin tolerar la menor novedad. Al parecer, el visitador no encontró obstáculos en su camino. Francisco Ignacio Añoa y Busto, en su visita a Guipúzcoa, logró la reconciliación de los eclesiásticos con las autoridades civiles de la Provincia en el asunto del ayuno de la víspera de la fiesta de San Ignacio, funerales, etc. Cuando el obispo Gaspar de Miranda y Argaiz estaba terminando la visita del valle de Baztán, dos personas de distinción de la provincia le invitaron a visitar Guipúzcoa antes que otras partes. El prelado accedió y el 7 de agosto de 1745 marchó para la Provincia. La entrada en San Sebastián fue triunfal. El padre Mendiburu predicó la misión más concurrida que se había visto. El 15 de mayo de 1746 el obispo se dirigió de nuevo a la Provincia para reanudar la visita. El clero guipuzcoano no tuvo tantas atenciones con los visitadores enviados por el mismo obispo. Entabló demanda contra Miguel de Echeverría por haber hospedado al licenciado Manuel de la Canal y a éste por haber aceptado el hospedaje quebrantando el decreto del 14 de mayo de 1704, e incurriendo en la multa de 500 ducados. El obispo avocó así la causa y falló manteniendo a los visitadores en la posesión de hospedarse con su comitiva en las casas de los eclesiásticos del arciprestazgo mayor, que se habían prestado a ello voluntariamente. El proceso recogía numerosas visitas a Guipúzcoa desde 1552 hasta 1755, que hemos pasado por alto. Canal motivó otros pleitos sobre el modo de recibir a los visitadores, exhibir los libros de acuerdos del clero y sobre buena crianza. Para la visita de Guipúzcoa, el obispo Juan Lorenzo de Irigoyen planificó 18 misiones en otros tantos distritos, a cargo sobre todo de los franciscanos de Zarauz (1771). Su sucesor Agustín de Lezo y Palomeque, como hijo de padres guipuzcoanos, no podía olvidarse de la Provincia. En efecto la visitó en 1781-1782, pero no se oye hablar de misiones populares. En cambio se oye hablar de visitadores regios para las iglesias de patronato real. En ellas los visitadores eclesiásticos no podían mezclarse en cuestiones temporales (censos, revisión de cuentas, reparación y conservación de templos...) y, antes de comenzar la visita, debían obtener permiso del rey. El obispo Esteban Antonio Aguado y Rojas visitó la parte de Guipúzcoa no visitada por Lezo. A causa de las circunstancias políticas, ni el obispo Veremundo Arias (1804-1815) ni su sucesor Joaquín Javier Uriz y Lasaga (1815-1829) visitaron la provincia de Guipúzcoa. Don Severo Andriani (1830-1861) puso sus ojos ante todo en las parroquias que llevaban más tiempo sin haber visto a su obispo. Entre ellas se hallaban las de Guipúzcoa. Aquí, sin embargo, algunos de sus antecesores se habían retraído o iban de mala gana a practicar la santa visita, debido a las trabas que encontraban en las parroquias sujetas a la protección soberana, que eran muchas. El Sr. Andriani prefirió recorrer todas, aun a sabiendas de que la visita pastoral no produciría todo el fruto que cabía esperar, de no mediar tales trabas. El resultado de este contacto personal, repetido varias veces, fue maravilloso. Se ganó el afecto de los guipuzcoanos y, a su vez, Guipúzcoa fue la parte predilecta de su diócesis. Por eso, cuando se decidió la erección de la diócesis de Vitoria, que había de abarcar las tres provincias vascongadas, la Diputación de Guipúzcoa puso como condición, que no se llevase a efecto mientras viviese don Severo Andriani.