La Real Cédula de 1772. Pero llegó un tiempo en que el gobierno absoluto quiso regular de una manera estable y permanente el servicio militar y se mandó, mediante Real Cédula de 16-5-1772, que se observase en Navarra la ordenanza de reemplazos de aquella Real Cédula por considerarla contraria a los fueros y leyes de Navarra. A tal fin recurrió al poder central, pero éste hizo caso omiso. El expediente se pasó a los fiscales del Consejo de Castilla. Dichos fiscales, Campomanes y González de Mena, infirieron "con claridad que los navarros, por su mismo fuero y ley regia y fundamental, están obligados al servicio militar, y cuando el Rey los llamare; y aunque los caballeros e infanzones navarros gozan alguna exención, ésta es inaplicable a los demás, que deber ir cuando les fuere mandado". También expresaban los fiscales que ni la Real Cédula de 16 de mayo de 1772, ni la ordenanza de reemplazos de 3 de noviembre de 1770 "en nada ofenden a los fueros y leyes de aquel Reino -Navarra- y que en "cuanto a pedir gente en Navarra para el servicio de las tropas, lo hará V. M. en uso de su soberanía". En vista de lo expresado manifestaron los fiscales que se librara sobrecédula de la de 16 de mayo de 1772 para que el Consejo de Navarra despachara sobrecarta. El rey se conformó con el dictamen de los fiscales y despachó sobrecédula el 15 de febrero de 1773 que no fue sobrecarteada. Como ha estudiado Rodríguez Garraza (Tensiones..., 1974, 79 y s.), el Reino convocó Cortes, que se celebraron en 1780-1781, y cuyo tema de fondo fue el de las quintas. El procedimiento para parar el atropello central consistió en efectuar un importante donativo y otras ayudas pecuniarias a la Corona que se hallaba pasando un mal momento debido a la guerra con Inglaterra.