La importancia de los cambios a los que se está enfrentando la humanidad, especialmente acelerados como consecuencia de los efectos de la globalización, han impulsado entre los teóricos un profundo debate el futuro de el papel que la política juega y jugará en los próximos tiempos (Vallespin, 2000).
En este contexto, uno de los elementos que se han visto sometidos a una profunda reflexión crítica sobre su devenir es precisamente el que ha sido el marco preferencial que ha dominado el desarrollo político desde hace siglos: el Estado.
Efectivamente, el Estado ha sido y es el marco estructural por excelencia en el que la política -gracias a la acción colectiva- deriva en procesos en función de cuyos contornos específicos se alcanza un resultado u otro. En consecuencia, a la hora de abordar los fenómenos políticos no solo hay que tener en cuenta la forma en que se concreta, sino sobre todo los procesos previos que se generan en un marco estructural concreto. La política, pues, se concreta en estructuras, procesos y resultados (Valles, 2000).
Tradicionalmente, el Estado ha sido la encarnación más obvia de la política entendida como estructura. Y su papel se ha visto asociado a una concepción clásica del poder entendida como un juego de suma cero, de carácter jerárquico, identificado con el concepto de gobierno (Maynz, 1999). Sin embargo, lecturas más actuales nos muestran las limitaciones de estas concepciones del poder que únicamente se asientan en una dimensión "sobre" (poder -léase gobierno- de unos "sobre" otros), mostrando aristas mas complejas de la realidad que vislumbran visiones alternativas del poder. Especialmente aquellas que se asientan en una concepción relacional, que entiende el poder también en términos de "poder para". Desde esta perspectiva, el poder está repartido por toda la sociedad, aunque, obviamente, no de la misma manera.
Ciertamente, en el fondo de estos debates se encuentra la necesidad de hacer frente a la perplejidad que genera una realidad cada vez más compleja, para la que las herramientas políticas clásicas ofrecen pocas soluciones eficaces. Ello obliga a repensar los conceptos políticos, dotándolos de mayor flexibilidad y dinamismo. Precisamente ésta es la cuestión que explica la emergencia de un nuevo término que sirve de apoyo al concepto clásico del gobierno: la gobernanza.
Siguiendo a Morata (2002), parece evidente que cada vez nos hayamos en un contexto más marcado por una complejidad que afecta a la realidad social, administrativa, técnica, de los mercados, los valores sociales e incluso los estilos de vida. En este contexto:
"las instituciones formales como el parlamento o el ejecutivo experimentan cada vez mayores dificultades para gestionar eficazmente dicha complejidad. Las instituciones democráticas parecen revestidas de las más altas responsabilidades decisorias. Sin embargo, su influencia y capacidad de dirección experimentan un deterioro creciente a causa de la falta de recursos y de competencias técnicas, pero también del incesante aumento de problemas que se acumulan en la agenda gubernamental, desde el aumento de paro o la marginación social a la mayor demanda de servicios, pasando por las nuevas tecnologías, la gestión de la sanidad o el medio ambiente" (Morata, 2002: 1)
... 6 años después de estas reflexiones, a buen seguro, podríamos añadir sin dificultades nuevos elementos a la lista: pandemias, cracks financieros, agotamiento ambiental...
Estos problemas movilizan a amplios sectores de la sociedad, en ocasiones con intereses contradictorios, lo que se traduce en demandas que no satisfacen plenamente, generando nuevas demandas (inputs) hacia el sistema político.
En este contexto, la evolución de las formas de gestión de lo publico nos muestran cómo actualmente asistimos a la que parece ser una redefinición de las funciones tradicionales del Estado. De un lado, parecería que:
"la asignación imperativa, la dirección jerárquica y el control de los procesos políticos están siendo sustituidos por nuevas formas de regulación basadas en la negociación y la coordinación, e incluso la autorregulación" (Ibíd).
Esta negociación, coordinación e incluso autorregulación a abierto el campo a los actores implicados, de forma que los responsables políticos tratan de movilizar en estas estrategias recursos previamente dispersos, e incluso enfrentados, entre otros actores públicos y privados. En este contexto:
"las fronteras entre lo público y lo privado tienden a difuminarse cada vez más dando lugar a múltiples arenas entrelazadas de negociación e intercambio en las que (...) las autoridades asumen un papel de empresarios políticos" (Ibíd.).