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CCOO

La consolidación de Comisiones Obreras como la central sindical más importante en la transición (Ysas, 2008; Ibarra, 2003; Redero 2008) puede entenderse como el corolario de un lento pero inexorable proceso de configuración de un sindicalismo de nuevo cuño (Ruiz, 1993) a partir de las oportunidades que se abren a finales de la década de los 60 como consecuencia de la acción combinada de la movilización obrera, de una parte, y de la reconfiguración del modelo de relaciones laborales franquistas, de otra. Efectivamente, el proceso de transformaciones económicas, sociales y culturales que se produce en este periodo, unido a la mayoría de edad de una nueva generación de trabajadores nacidos tras la guerra civil, precipita una dinámica de movilización que sienta las bases para el resurgir del movimiento obrero.

A finales de los 50 se visualizan claramente los límites del rígido modelo intervencionista económico franquista, que se muestra disfuncional repecto a sus propios fines políticos (Redero, 1992). En consecuencia, el Régimen trata de superar la fase autártica anterior con la implantación de un Plan de Estabilización de la economía, cuyo objetivo es la industrialización del país. Algo, esto último, impensable sin una movilización de los excedentes laborales, fundamentalmente campesinos y mujeres, que tiene como consecuencia una segunda ola migratoria en Euskadi, con las consecuencias conocidas de hacinamiento de grandes masas trabajadoras en las periferias urbanas.

Para acometer este proyecto, se hacía necesaria una limitada desregulación del mercado de trabajo. De esta forma, la Ley de Convenios Colectivos de 1958 se convierte en la pieza maestra de una estrategia que buscaba la introducción de mecanismos de mercado y productividad en la fijación de los salarios. En paralelo, esta Ley pretendía normativizar la negociación a nivel de empresa en el marco de los Jurados, hasta entonces fuertemente controlados por la burocracia del sindicato vertical. De esta forma, sin romper el marco del modelo autoritario de relaciones laborales, se reconocía una mínima autonomía a los agentes sindicales con el objeto de aportar una salida negociada a nivel de empresa a los innumerables conflictos que para esas fechas estaban protagonizándose por toda la geografía española.

Efectivamente, las consecuencias del Plan de Estabilización son durísimas y se concretan en una serie de medidas de ajuste que generan una drástica reducción de los salarios y del empleo; germen de un profundo malestar que precipita un ciclo de movililización obrera sin precedentes. Previamente, en Euskadi, la relativa mejoría del nivel de vida de la década de los 50 sirve de estímulo para una escalada de movilizaciones que comienzan con la huelga de Euskalduna de 1953 y que se mantienen constantes hasta 1958. Tras esta temprana experiencia, que tiene un importante eco en Bizkaia y Gipuzkoa, asistimos en 1956 a un movimiento huelguístico que presenta como novedad el surgimiento de una primera comisión de obreros que representa ante las autoridades a las empresas en huelga. Pero la huelga de 1956 no solo es novedosa porque visualiza una primera lógica de autoorganización obrera, sino también porque su desarrollo prefigura el que será el modelo referencial para el ciclo de movilización posterior: la huelga se inicia en una gran empresa por motivos fundamentalmente salariales; se extiende con el pretexto de la solidaridad a otros sectores y empresas más pequeñas; se organiza a través de comisiones de trabajadores que representan a sus compañeros ante la empresa; como consecuencia de la represión y el desalojo de los trabajadores de las empresas se produce una coordinación temporal de las comisiones de fábricas a nivel provincial.

No obstante, el problema de ese modelo era su carácter extremadamente espontáneo y coyuntural, de forma que la tímida, pero eficaz coordinación obrera, languidecía tras la finalización de las huelgas. Como veremos a continuación, este modelo da paso pronto a una lógica más vertebrada que estabiliza la organización espontánea y sirve de atalaya para la posterior consolidación de Comisiones Obreras. Este proceso, nuevamente, puede explicarse tanto como consecuencia de la propia movilización obrera como por los cambios en la orientación represiva del régimen.

De una parte, el año 1962 es clave para entender la consolidación del nuevo modelo sindical. Así, en Euskadi, ya desde 1961 se visualiza un nuevo ciclo de movilización que se inicia con la huelga de Basconia, en la que se elige una amplia representación obrera; huelga a la que siguen las de la Naval, Babcok, Echevarría, CAF de Beasain... hasta que en abril de 1962 el conflicto se extiende a todo el sector metalúrgico de Bizkaia, trascendiendo el marco de la fábrica para visualizarse también en las ciudades (cuestión ésta que va a vincular al movimiento obrero con el incipiente movimiento vecinal, aumentando la visibilidad de la protesta, así como la solidaridad hacia los trabajadores, de acuerdo con Babiano, 1995). La respuesta del régimen es contundente y el 7 de mayo se decreta el Estado de Excepción. A pesar de todo, el resultado de estas huelgas insufla de energía a los trabajadores: por una parte, se acaba con la congelación de salarios y los obreros consiguen sustanciales mejoras; por otra parte, se produce un desbordamiento de las estructuras sindicales del régimen, de forma que en muchas fábricas son los trabajadores los que crean sus propios órganos de representación que negocian directamente con la empresa y la jerarquía del sindicato (Garmendia, 1996). En paralelo, este ciclo de movilización posibilita una unidad de acción entre trabajadores de diversas orientaciones, de forma que sindicalistas de centrales históricas se unen con otros colectivos de orientación cristiana (Babiano, 1995) o comunista en dinámicas asamblearias unitarias. Pero estas huelgas también tienen consecuencias sobre la propia política represiva del régimen.

Efectivamente, la consolidación de CCOO se entiende en parte como consecuencia de las oportunidades que genera la tímida apertura del régimen que precipita el anterior ciclo de movilización. Efectivamente, la Ley del 2 de diciembre de 1963 sustituye los tribunales y códigos militares como agentes de tutela del orden público por otros civiles. De igual forma, por esas fechas se suprime el Tribunal de la Masonería y el Comunismo y de deroga el artículo 2 del Decreto de Bandidaje y Terrorismo (Redero, 1992: 132). Este nuevo marco acompaña a la citada reforma de la Ley sobre Convenios Colectivos de 1958, la cual establece que los convenios de ámbito superior a la empresa sean regulados por una interlocución que se reservaba para el sindicato vertical, carente en consecuencia de la más mínima representatividad entre los trabajadores. Sin embargo, en los convenios de empresa se permite que la negociación quede en manos de los trabajadores, designados primero por los jurados de empresa, controlados éstos por el sindicato corporativo. Pero, a pesar de sus limitaciones, este nuevo marco genera una serie de oportunidades que los trabajadores no dejan de aprovechar. Como subraya Ysàs (2008: 177-178), de una parte, la negociación laboral situaba al Estado en segundo plano y permitía a los trabajadores presentar sus demandas a los empresarios o al sindicato vertical. De otra parte, la negociación del convenio ofrecía oportunidades para dinámicas de presión. Efectivamente, muchas de las huelgas posteriores a 1962 se dan en el marco de la negociación de los convenios colectivos. Finalmente, este nuevo marco favorece indirectamente a la organización obrera y estimula la instrumentalización de las oportunidades de la legalidad franquista, en particular en el maro de las elecciones sindicales.

Esta cuestión es clave, ya que la apuesta individual primero, y colectiva (de las Comisiones Obreras) después, por presentarse a las elecciones sindicales va a permitir que en muchos casos, por primera vez, verdaderos representantes legales de los trabajadores negocien con los empresarios, aunque bajo la vigilancia de las autoridades sindicales y laborales. De la misma forma, la mayor representatividad de estos enlaces a escala de empresa permite visualizar la subordinación de los representantes del sindicato único a los intereses del Estado y la patronal, deslegitimando ante la masa trabajadora la estructura corporativa. Finalmente, en el citado marco de mayor apertura del régimen, se extiende entre la clase trabajadora la consideración de la legitimidad para reunirse y discutir libremente sobre los asuntos que les afectan; algo que no detendrá el recrudecimiento represivo posterior. En definitiva, como resume Ysàs, para mediados de la década de los 60, "el intenso proceso industrializador, la política laboral franquista, el autoritarismo patronal, la experiencia acumulada en la acción colectiva y la propia concentración obrera en las periferias de las grandes ciudades (...) contribuyeron al asentamiento de una cultura comunitaria que contribuía decisivamente al impulso renovado del movimiento obrero" (2008: 178).

Como hemos señalado, desde finales de la década de los 50 asistimos a la puntual aparición de comisiones de trabajadores en la mayoría de las empresas en conflicto. La lógica del momento es que esta comisión negocie directamente con la empresa, o bien, en aquellos casos en los que no es reconocida por la patronal, que ésta delegue en el Jurado, siendo éste el interlocutor oficial que negocia en nombre de la comisión. Ciertamente, a pesar de que la voluntad de estas primeras expresiones asamblearias es la de estabilizarse, lo cierto es que en la mayor parte de los casos, estas comisiones se diluyen tras el fin de los conflictos, aunque el núcleo más activo de los militantes obreros mantenga una mínima organización. Sin embargo, las circunstancias que siguen a la huelga de 1962 permiten un salto cualitativo que se concreta en la estabilización y difusión a escala provincial de estas lógicas de organización obrera. Así, como consecuencia del despido de varios de los trabajadores tras las citadas huelgas, nace la Comisión Obrera Provincial de Bizkaia (COPB) con el objetivo de gestionar ante las autoridades la vuelta al trabajo de los obreros represaliados (Garmendia, 1996; Ibarra, 1993). Concretamente, a partir de las CCOO de cada empresa se nombra una comisión de 12 trabajadores representativos de 48 empresas vizcaínas, que por razones de seguridad finalmente se reduce a 5 delegados: 4 de ellos provenientes de la HOAC y otro del PCE. Más tarde, en 1966, nace la Comisión Obrera provincial de Gipuzkoa (COPG), conformada en un encuentro en el que participan del militantes de ETA-Berri, dos del PCE y uno de las JOC (Ibarra, 1993).

A juicio de Ysás (2008), el modelo que comienza a estabilizarse en todo el Estado y, como hemos visto, en Euskadi también, puede caracterizarse a partir de varias premisas vinculadas con la definición de las CCOO como movimiento sociopolítico, unitario y democrático. Así, se rechaza una estrategia sindical constreñida al centro laboral, para plantearse la defensa de los intereses de los trabajadores desde lógicas mucho más amplias, vinculadas también con la democratización del Régimen. En paralelo, la apuesta unitaria pretendía hacer de este movimiento un paraguas que permitiera agrupar a todos los trabajadores, rechazando la división sindical de las centrales históricas. Se consideraba que la unidad obrera era una condición indispensable para una acción colectiva con mínimas posibilidades de éxito. Finalmente, la apuesta democrática se concretaba en la centralidad de las asamblea como instrumento de movilización y protección de la clase trabajadora.

Si bien su orientación movimentista y democrática es incuestionable, el caracter unitario de las CCOO pronto es cuestionado. De una parte, las centrales históricas se distancian rápidamente del movimiento asambleario que nace a finales de la década de los 50, que podía cuestionar su legitimidad histórica. De otra parte, el importante peso que el PCE tiene en el seno de estas organizaciones precipita ciertas desconfianzas que cristalizan en la salida de muchos independientes y de los activistas de USO de las CCOO de Bizkaia. En Gipuzkoa, de igual forma, la COPG sucumbe a las diferencias entre el PCE y ETA-Berri solo un año después de su nacimiento. Este contexto de divisón debilita el incipiente movimiento, a lo que se une el fin del ciclo aperturista del régimen que se concreta en una nueva lógica represiva que limita de forma extraordinaria la libertad de acción de estas estructuras, hasta que finalmente, en 1967, el Tribunal Supremo ilegaliza CCOO.

A pesar de todo, en 1967 se asiste en Euskadi a un repunte en la conflictividad laboral que tiene como epicentro a la huelga de Bandas. Así, la existencia de una coordinación a nivel provincial (COPB) se une a la importancia de un jurado combativo y consecuente con las reivindicaciones obreras, surgido a partir de la apuesta por participar en las elecciones sindicales de 1966. Estos elementos hacen que la huelga asuma unos contornos altamente conflictivos pudiendo considerarse éste el ejemplo del "enfrentamiento más duro sostenido por los trabajadores vascos en los años del franquismo" (Ibarra, 1993. 119). Este conflicto, que se salda con el despido de 32 trabajadores y el inicio de un periodo de represión sin parangón, a pesar de todo, visualiza la creciente importancia de formas de lucha que marcan al movimiento obrero en los años posteriores.

Uno de los ejes centrales de este nuevo modelo es una perfecta combinación entre instrumentos legales e ilegales. Como hemos mencionado, la promulgación de la Ley de Convenios requería de una flexibilización en los mecanismos de representación obrera que es aprovechado por las CCOO. Así, aunque se boicotean las elecciones de 1963 (al condicionarse la participación con la readmisión de los despedidos), en 1966 los representantes de este incipiente movimiento sindical asumen una participación activa en las elecciones al objeto de copar parte de los cargos sindicales electivos. En consecuencia, se combinan estrategias asamblearias de toma de decisiones con la posibilidad de trasladar las reivindicaciones a los responsables empresariales gracias a la existencia de representantes legitimados por los obreros en forma de enlaces o jurados. Este modelo abierto, en paralelo, se fortalece con una estructura más clandestina encargada de la coordinación de las comisiones y de la preparación de acciones reivindicativas. Una dualidad de la estrategia legal e ilegal, a su vez, que se aplica en la propia táctica del movimiento, el cual se sirve de fórmulas reguladas de canalización de las demandas, así como de estrategias transgresoras de la legalidad que se concretan en un creciente número de huelgas, manifestaciones y paros de actividad. Finalmente, el nuevo movimiento obrero compatibiliza paulatinamente reivindicaciones estrictamente laborales con reivindicaciones de creciente naturaleza política. En este sentido, las movilizaciones solidarias sirven de punto de conexión entre lógicas conflictivas que tienen un origen estrictamente laboral, surgiendo en una determinada fábrica, para extenderse posteriormente a otros centros de trabajo en forma de paros solidarios, acabando finalmente en huelgas generales y movilizaciones en las calles en las que la demanda de democratización se hace cada vez más explícita. Una demanda de democratización que es constante a partir del Proceso de Burgos.

Como es lógico, el proceso de consolidación (que se concreta en 1978 con el Congreso Constituyente de las CCOO de Euskadi) de un movimiento que nace de un asamblearismo espontáneo, va a estar plagado de dificultades. Como no podía ser de otra forma, la posición en torno al conflicto nacional va a ser uno de los elementos que se sitúan en el centro del debate en esos tiempos. Efectivamente, como hemos visto, militantes de ETA van a estar en el reducido núcleo de activistas que articulan la primera coordinación de Comisiones de Gipuzkoa. Y si bien las diferencias entre esta organización y el PCE van explicar el corto recorrido de la COPG, lo cierto es que la radicalización represiva del régimen va a precipitar otras efímeras estrategias de unidad de acción entre familias del movimiento obrero que responden a sensibilidades nacionales diferenciadas. Asi, en noviembre de 1970, CCOO y ETA firman un manifiesto conjunto que sirve de acicate a la movilización social contra el proceso de Burgos. Sin embargo, a partir de este momento, la relación entre ambas organizaciones se reduce a la mínima expresión. En este sentido, se debe tener en cuenta que para mediados de los años 70, diversas organizaciones de la izquierda abertzale tratarán de articular su propia alternativa sindical.

Previamente, en 1967, la COPG había realizado una clara toma de posición en torno al tema nacional, en la que se compromete a la liberación del pueblo vasco. En paralelo, se definía a Euskadi como marco prioritario de lucha y se establecían precauciones para cualquier tipo de coordinación entre este organismo y los del resto del Estado, en el marco de un "riguroso régimen de confederalidad". Efectivamente, desde ciertos sectores nacionalistas presentes en las Comisiones Obreras, se rechaza la denominación de Comisión Obrera Nacional Española, órgano de coordinación estatal de las comisiones obreras, al considerar que esta denominación atenta con la naturaleza "multinacional de la sociedad ibérica" (CC.OO, 2008).

En paralelo, la incorporación de militancia a las comisiones obreras -muchos de ellos provenientes de otras organizaciones como ETA VI, MCE, ORT, PTE o LCR, junto a sectores cristianos, y lógimamente, aquellos alineados con el PCE- tiene efectos contradictorios. De una parte, este reforzamiento militante explica un incremento de su actividad y presencia pública. Pero, de otra parte, este crecimiennto genera no pocos conflictos, máxime en un periodo de concreción de la estrategia a asumir ante el evidente deterioro del franquismo. En este contexto podemos entender la división que se produce a mediados de los 70. Así, de acuerdo con Ibarra (1993: 128) ya para 1973 la hegemonía del PCE estaba siendo cuestionada en Euskadi, de forma que la correlación interna de fuerzas refleja un equilibrio precario entre dos tendencias: de una parte un sector movimentista que apuesta por la flexibilidad organizativa y un protagonismo en los Jurados de empresa, dominado por el PC; de otra parte, un sector que apostaba por el fortalecimiento organizativo, y que mantenía una estrategia de mayor radicalismo, articulado en torno a la militancia proveniente de organizaciones de extrema izquierda.

Finalmente, ambas tendencias se escinden en 1974. De una parte, la Comisión Obrera Nacional de Euskadi (CONE) se conforma a partir de la COPB, parte de la COPG y nucleos militantes de Alava. Esta corriente, que es mayoritaria, defiende una concepción abierta de las CCOO, acorde con los planteamientos movimentistas del PC. Por su parte, el resto de formaciones, a excepción de LCR-ETA VI (que rechaza la conformación de un movimiento alternativo para no ahondar en la división), conforman la Coordinadora de Euskadi de Comisiones Obreras (CECO). Este grupo, que cuenta con una presencia muy importante en Navarra, apuesta por una estructura organizativa más potente, pero también más cerrada. De igual forma, rechazan la estrategia de participación en las elecciones sindicales. Como resume Ibarra (1993: 133) "teóricamente la posición de CONE era más movimentista y la de CECO más organicista. Sin embargo, en la práctica, las diferencias no eran tan notables (...) Quizá el principal punto de fricción estaba en la mayor o menor radicalidad con la que se enfocaban los conflictos, situándose normalmente la CECO en posiciones más extremistas". Como hemos comentado, en Navarra, la mayor parte de la militancia de CCOO se agrupa en torno a la CECO. Previamente, esta agrupación, que desde 1971 a 1974 rechaza coordinarse a nivel estatal, habría pedido su incorporación a la CONE; propuesta que habría sido rechazada por ésta organización que afirma que "Navarra no forma parte de Euskadi" (Iriarte, 1995: 182).

El 25 de abril de 1976 la CECO trata de celebrar su I Asamblea en Durango, con un orden del día orientado a la recuperación de la unidad de las CCOO. En este sentido, la presencia de 2.000 delegados estaría destinada a mostrar su fortaleza ante la Coordinadora Estatal, de la que estaba excluída como consecuencia de la influencia de la CECO. Finalmente, media hora después de su comienzo, la Asamblea es abortada por la presencia de la Guardia Civil. Por su parte, la CONE celebra el 17 de junio su I Asamblea, con la asistencia de 700 delegados, manifestándose partidarios de recuperar la unidad con la CECO. Finalmente, ese mismo mes ambas organizaciones firman una declaración común y se unifican constituyendo las Comisiones Obreras de Euskadi.

En 1976, tras la muerte de Franco, la Coordinadora Estatal de CCOO trata de celebrar una Asamblea General, que es prohibida por las autoridades. Poco después, el Gobierno permite la celebración del XXX Congreso de UGT, lo que precipita la decisión del CCOO de realizar su asamblea constituyente en la clandestinidad. En este I Congreso, tras un duro debate, se decide convertir el movimiento en una central sindical, lo que es rechazado por ciertos sectores que apuestan por un proceso constituyente desde los centros de trabajo. Finalmente, este sector, cercano a la ORT y al PTE abandonan CCOO y conforman sendos sindicatos que tendrán una fuerza relativa en Navarra.

Con 17.417 afiliados en Euskadi, CCOO celebra en 1978 su I Congreso (tras un intento fallido en marzo de 1977). Este congreso viene marcado por los Pactos de la Moncloa, que son rechazados por una parte muy significativa de la militancia (concretamente casi 400 delegados rechazan la resolución de la dirección, que apoyaba esta firma, frente a 200 que la validan -CCOO, 1978-). Entre los ejes programáticos que se asumen en este encuentro está la definición de CCOO como sindicato de clase, concretado en su "decisión de contribuir a la supresión de este sistema y a la construcción del socialismo" (CCOO, 2008). A su vez, CCOO se declara defensora del derecho de autodeterminación del pueblo vasco y se afirma en el deseo de que Navarra se incorpore al marco institucional vasco. Más concretamente, en este congreso se define que el ámbito de actuación de las CCOO de Euskadi son las provincias de Bizkaia, Gipuzkoa, Alava y Navarra "por considerarse que los lazos políticos, culturales, lengua, etc, que unen al pueblo navarro y a la clase obrera navarra con Euskadi son de tanta entidad que nadie puede poner en duda" (CCOO, 1978: 35). Para evitar suspicacias, tras rechazar cualquier imposición a la población navarra, se apunta que esta decisión "marca la firme convicción de las CCOO de preparar las condiciones para un proceso democrático en el que el pueblo y los trabajadores de Navarra decidan libremente ser parte de la personalidad Nacional de Euskadi". No obstante, estas referencias son matizadas con el tiempo. Así, en 2004, Comisiones Obreras de Navarra limita su relación con la central vasca a una Comisión Interterritoral, configurándose como una organización más de la Confederación estatal. Previamente, en 1992, en el V Congreso celebrado en Bilbao, CCOO de Euskadi se reafirma en su defensa del autogobierno, a la par que defiende "el derecho del pueblo vasco a su autodeterminación y su derecho a ejercitarlo a través de los mecanismos establecidos en la Constitución para su reforma, y/o a través de aquellos que se desarrollen a través del Parlamento Vasco" (CCOO, 2008: 67; 2009: 84).

Junto con esta definición doctrinal, a partir de la transición y sobre todo con la consolidación de la democracia, CCOO asume paulatinamente una estrategia posibilita y pactista (Redero, 2008), aunque manteniendo una lógica más radical que UGT. Ejemplo de ello es la convocatoria en diciembre de 1979 de una huelga contra el Estatuto de los Trabajadores (celebrada en Euskadi junto con ELA). En 1982, esta central firma el Acuerdo Nacional de Empleo, decisión que es fuertemente cuestionada en tierras vascas. En ese periodo, un sector de la central se articula como corriente interna reflejando una división que se hace explícita en el IV Congreso y que se concreta en una bicefalia entre la Comisión Ejecutiva y el Consejo Confederal de Euskadi, que solo se solventa a partir de 1989. Tras la exitosa jornada de huelga del 14 de diciembre, CCOO bascula entre una primera unidad de acción con ELA y UGT, concretada en 1990 en una serie de acuerdos en torno a la negociación colectiva; otra estrategia la colaboración con ELA y LAB, que se explicita en 1991 en el acuerdo por la reindustrialización y el empleo o en 1995 en la firma del acuerdo vasco de formación continua. Sin embargo, a partir de mediados de los 90, CCOO se distancia de ELA y LAB como consecuencia de la radicalización del discurso soberanista de estas formaciones, manteniendo desde entonces una unidad de acción en solitario con UGT. Esta división del sindicalismo vasco se refleja en la celebración de jornadas de huelga diferenciadas a nivel estatal (secundadas por CCOO y UGT siguiendo la fecha marcada a nivel estatal) y a nivel vasco (promovidas por ELA, LAB y otras centrales minoritarias o sectoriales en días previos a la cita estatal). Una dinámica de división sindical que solo se quiebra con la convocatoria unitaria de una huelga por las 35 horas, celebrada el 21 de mayo de 1999. CCOO rechaza, no obstante, participar en el resto de huelgas convocadas por la mayoría sindical vasca a lo largo de la pasada década (como la celebrada el 21 de mayo de 2009), aunque secunda la convocatoria de paro convocada por ELA y LAB para el 29 de junio de 2010. Actualmente, CCOO Euskadi cuenta con 54.000 afiliados (CCOO, 2009) y 2.000 delegados que representan el 20% del total de la CAPV. Por su parte, CCOO de Navarra, que sumaba casi 17000 afiliados en 2009, cuenta en 2011 con 1.671 delegados, lo que supone un porcentaje de representatividad del 25,5%, por debajo de UGT que acapara el 29,47%..

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