1.- Tal y como apunta CHAUSSIER (1998), desde una primera perspectiva se identifica el territorio como sujeto de una cultura y de una afiliación étnica. Las propuestas de institucionalización de lo local en forma de Departamento Pays Basque se argumentan a partir de la constatación de la existencia de una personalidad propia sustentada (a) en base a los usos y costumbres de las antiguas provincias vascas y (b) en una unidad simbólica consagrada por una lengua propia: el euskera. La expresión política de esta interpretación territorial son los posicionamientos departamentalistas de los representantes vascos ante las Cortes Constituyentes en 1790, la propuesta presentada por Marc Legasse ante la Asamblea Nacional en 1945, y sobre todo el surgimiento de un movimiento nacionalista vasco organizado en 1963. El planteamiento, fundamentado sobre claves étnicas o identitarias, se asienta según el autor en una temporalidad que se orienta desde el pasado hacia un futuro que trata de recuperar una historia autónoma por medio de la reacomodación institucional que supone la creación de un Departamento.
Este sería el primer paso desde el que dar el definitivo salto a una organización de las relaciones de poder que se sustentarían en los pueblos y culturas naturales, y no en el marco actual de los Estados. En última instancia, esta interpretación del territorio como sujeto de una identidad propia nos remite al discurso nacionalista vasco, que reclama la construcción de una nación independiente constituida por las siete provincias vascas del norte y del sur de los Pirineos.
2.- La segunda visión territorial entiende el espacio local vasco como un actor de desarrollo económico. En base a esta interpretación, algunos agentes vinculan la creación de un departamento con la reordenación económica y la cohesión de Iparralde. Frente a la anterior interpretación, el espacio vasco no se delimita desde componentes étnicos, sino a partir de los límites de influencia del puerto de Baiona. De esta forma, la Cámara de Comercio e Industria, gracias a la dinámica desarrollada por la nueva burguesía modernizante, plantea en 1836 la creación de un nuevo departamento cuya temporalidad se sustenta, esta vez, en un futuro que remite al desarrollo industrial y tecnológico de un territorio cohesionado económicamente. Sobre esta base se recupera la reivindicación en la década de los setenta del siglo XX, que pasa a ser dinamizada por la sociedad civil con la Asociación a favor de un Nuevo Departamento (AND), y por parte del cuerpo electivo con la Asociación de Electos por un Departamento (AED) Pays Basque.
3.- La incapacidad de movilizar a la sociedad en torno a la reivindicación departamentalista provoca el deslizamiento de esta demanda desde el ámbito social al escenario político. Así, la Asociación de Electos convive, y en ocasiones retro-alimenta la tercera de las interpretaciones del territorio: agente político de un partido en expansión. El Partido Socialista utiliza la apuesta departamental como bandera que simboliza y visualiza en el ámbito local la nueva concepción de unas relaciones de poder entre el centro y la periferia que pretendería establecer a nivel nacional tras su ascenso al poder en la década de los ochenta. La reivindicación departamental se convierte en un importante recurso movilizador en el escenario vasco, de manera que los socialistas tratan de acercar a los sectores moderados del nacionalismo, por una parte, y a los representantes de la sociedad civil que apuestan por el departamento desde una perspectiva economicista, por otra. Sin embargo, paulatinamente, esta interpretación instrumental se transforma en otra más política que se concreta en la estrategia descentralizadora o desconcentradora fuertemente arraigada en la formación socialista.
4.- Sin embargo, es necesario detenerse en una cuarta interpretación que apunta CHAUSSIER (1998): la que define al País Vasco de Francia como "territorio objeto de gestión local". Según esta visión, Iparralde se define como marco sobre el que desarrollar una política pública que se sustenta en la concertación y el trabajo conjunto de los diferentes actores; es decir, en la gobernación del territorio. Se transforma así el paradigma anterior, de manera que el territorio deja de considerarse factor de desarrollo cultural o político-social, para pasar a interpretarse como punto de partida desde el que generar desarrollo local por medio de la planificación y cooperación entre actores, respondiendo por tanto a una lógica tecnocrática, prospectivistas y desarrollista. La temporalidad se establece en un escenario a corto plazo: el año 2010, considerado como fecha límite para la puesta en marcha de medidas que garanticen la existencia del territorio.
La lógica de esta cuarta interpretación del territorio se concreta en la década de los noventa, y sienta las bases para un nuevo modelo de desarrollo territorial que pretende regenerar el espacio local adaptándolo a la racionalidad económica, a las necesidades políticas, y a las obligaciones de la modernización. En definitiva, sobre la base de esta cuarta interpretación del territorio se concreta un proceso de regeneración local cuya concreción más evidente es la territorialización de las políticas públicas a escala vasca. Sin embargo, la inexistencia de reconocimiento territorial provoca una contradicción entre los intereses de las elites vascas y los de las del departamento o la región, imponiéndose estos últimos por el nulo carácter normativo de las estrategias locales. Esta paradoja permite entender la razón por la que desde el momento Iparralde transforma la búsqueda del territorio en una búsqueda de su reconocimiento.