A la hora de acercarnos al actual debate sobre la institucionalización vasca podemos diferenciar dos grandes ciclos de movilización.
Asistimos durante ese periodo a un ciclo movilizador que se asienta sobre varios elementos que modifican en varios aspectos el escenario reivindicativo de los dos pasados siglos (AHEDO, 2002).
En primer lugar, los actores unifican por primera vez en la historia una estrategia que integra en un único discurso las tres interpretaciones del territorio que hemos presentado, vertebradas en torno al aporte legitimador que posibilita la estrategia de desarrollo y gobernación. Así, en torno al concepto de "un país en marcha" (que indudablemente remite a las esperanzas depositadas con el proceso Pays Basque 2010 y con la redacción del Esquema de Ordenación) se estructura un discurso en el que la interpretación economicista (departamento = desarrollo) se integra con la culturalista (departamento como garante de la cultura y lenguas vascas) y la política (departamento como forma de acercar la política a la ciudadanía).
Este marco discursivo unificado posibilita que amplios sectores de la ciudadanía sintonicen con los sectores departamentalistas, asumiendo la reivindicación por estar de acuerdo con una u otra de las argumentaciones. De esta forma, se generan las condiciones para que se abra la estructura de oportunidad política a escala local, lo que unido al cierre nacional, incentiva a los actores para interactuar en un movimiento unitario. De esta forma, el ciclo movilizador de finales del siglo pasado posibilita no solo la confluencia discursiva, sino también estratégica. Así, el Llamamiento del 9 de Octubre es un movimiento social embrionario que explica el surgimiento posterior y las características de la plataforma Batera.
Discurso unitario, movimiento embrionario y difusión de oportunidades son los elementos que, perfectamente integrados, posibilitan que a finales de los 90 se logre la máxima expresión contenciosa convencional de los sectores que demandan la transformación del statu quo con la creación de un departamento Pays Basque. Así, en octubre de 1999 son más de 13.000 personas las que se manifiestan por la institucionalización vasca en la manifestación más numerosa en Iparralde desde el fin de la ocupación nazi. A pesar de todo, en el mismo momento en el que el colectivo alcanza el clímax movilizador, se desintegra como consecuencia de las diferencias internas, el inicio de un periodo electoral prolongado, la falta de respuesta de las autoridades y los cambios en la estructura de oportunidad política.
A pesar de que durante estos dos años la presencia pública de los colectivos departamentalistas es significativamente menor a la del periodo anterior, varios son los elementos que debemos destacar, en la medida en que prefiguran los contornos que asume el movimiento institucionalizador en el nuevo ciclo que se abre en 2003.
Por una parte, el movimiento departamentalista organizado en torno al Llamamiento del 9 de octubre, como hemos visto, centraba su estrategia en la acción convencional. Pero este grupo cede en 2000 el testigo a un nuevo colectivo, éste mucho más cercano a las filas abertzales, que inicia una acción contenciosa de carácter disruptivo. Así, entre 2000 y 2003, los Demo (Demokrazia Euskal Herriarentzat) despliegan sobre Iparralde todo el potencial de las acciones desobedientes, en un pulso a las autoridades en torno a dos demandas: la institucionalización del Pays Basque y la concreción de la estrategia lingüística diseñada en el Esquema de Ordenación. De esta forma, los desobedientes realizan decenas de acciones, algunas de ellas de gran espectacularidad, demostrando la capacidad de desafío, de generación de incertidumbre entre las autoridades y el potencial solidario que trasluce la intervención disruptiva. Durante tres años de actuación radical y no violenta, los desobedientes logran que la sociedad asimile niveles más altos de confrontación que los que se derivan de la simple movilización convencional. Así, paulatinamente, actores que hasta ese momento solo habían contemplado en su repertorio de acción las movilizaciones, manifestaciones, reuniones, comienzan tímidamente a asumir la posibilidad de radicalizar sus estrategias para doblegar la voluntad de las autoridades. Este es el caso, por ejemplo, del sindicato agrícola ELB, que pronto comienza a realizar ocupaciones de sedes, gozando a su vez del apoyo simbólico del líder anti-globalización y dirigente de Vía Campesina, José Bove (AHEDO, 2004).
Uno de los problemas al que se enfrentaba el Llamamiento del 9 de octubre era el que se sustentaba en el compromiso de ciertas personalidades de Iparralde, entre ellos muchos electos, sin que su posición supusiese un enfrentamiento directo con las formaciones en las que militaban. En este sentido, el que el secretario de los socialistas, Frantxua Maitia, trabajase en la plataforma, no era óbice para que su compañero, Jean Espilondo, manifestase una virulencia inusitada contra la demanda departamental. Lo mismo podría decirse de las posiciones respectivas de Inchauspé y Michèle Alliot Marie en el RPR, o de Beñat Gimenez y Lasserre en la UDF. En última instancia, el compromiso de los electos departamentalistas acababa cuando se lindaba peligrosamente con la lógica de partido. Por esta razón, no es casual que el declive del Llamamiento del 9 de octubre coincida con un periodo electoral en el que se debían elegir a los consejeros generales, las alcaldías, y los puestos de diputado de Iparralde.
Sin embargo, los goznes de esta lógica partidista revientan en las elecciones senatoriales de septiembre de 2001, en las que se presenta una lista pro-departamento en la que participan militantes de todas las formaciones, compitiendo con las candidaturas oficiales de sus propios partidos. Unos comicios -en los que vota solamente el cuerpo electivo, con una circunscripción departamental única-, que permiten realizar una doble constatación. Por una parte, a pesar de que el movimiento se hubiera replegado tácticamente en la dinamización de esta reivindicación durante más de medio año, la presentación de esta candidatura refleja que la voluntad de los electos de las diferentes formaciones se ha mantenido inmutable. De esta forma, aunque la lista pro-departamento no logra representación en la Cámara Baja francesa, los casi 200 cargos electos que la apoyaron la convierten en la más votada del Pays Basque. En segundo lugar, y más allá de los buenos resultados cosechados, la importancia de esta candidatura reside en el hecho de que todos sus componentes, a excepción de los abertzales, rompían la disciplina de partido al enfrentarse abiertamente con las candidaturas oficiales de su respectiva formación (PS, RPR, Verdes, y UDF). Lo que refleja, en última instancia, que los cargos electos priorizan la clave institucionalizadora sobre la partidista por primera vez en la historia de Iparralde.
A finales de 2001, e insuflados por el éxito de la lista pro-departamento, los representantes del "Llamamiento del 9 de octubre" inician una reflexión que se concreta en la constitución de un nuevo movimiento unitario, que esta vez supera la lógica de "plataforma de personalidades" o "de partidos", para constituirse sobre las claves clásicas movimentistas. En este sentido, la estrategia de la Asociación por el Departamento Pays Basque (ADPB), creada oficialmente en enero de 2002, pasa por la consolidación a) de un movimiento autónomo, b) con su propia organización interna, c) independiente del resto de colectivos y formaciones políticas, d) una estructuración en base a plataformas locales departamentalistas, y e) una estrategia centrada en dos reivindicaciones: creación de un departamento Pays Basque y oficialización del Euskera y del Gascón. Sobre esta base, la Asociación participa directamente en las presidenciales y legislativas de mayo y junio de ese año, tratando de lograr el posicionamiento de cada uno de los candidatos ante sus demandas. Finalmente, y a partir de los anteriores presupuestos, diseña una campaña de movilización de masas que debería visualizar la sensibilidad mayoritaria de la población en otoño de 2002. En cualquier caso, esta estrategia no se concreta porque la ADPB da paso pronto a un nuevo colectivo, éste más poderoso, denominado Batera.
De esta forma, el nuevo movimiento, que aglutina a los representantes más significativos de Iparralde, comienza a superar por medio de una estructuración más clásica las deficiencias del "Llamamiento del 9 de octubre", fundamentalmente centradas en la falta de una identidad interna fuerte. En este sentido, debe ser subrayado el hecho de que por primera vez se incorpore a la demanda institucional un vector que apenas había sido significativo durante el anterior ciclo movilizador: la reivindicación lingüística. De esta forma, al elemento administrativo, y fundamentalmente economicista que había guiado la estrategia del movimiento unitario hasta 1999, se añade con fuerza un nuevo eje identitario, que cada vez es asumido con más contundencia por la ciudadanía y los cargos electos, hasta el punto de que, como veremos, sea apoyado en 2003 por el Consejo de Electos.
En definitiva, el periodo que va de 2000 a 2002 sienta las bases para una nueva fase que se fundamenta a) en la asunción de estrategias más radicales, ligadas a la desobediencia civil, por parte de los sectores institucionalistas; en b) la superación de la lógica partidista, condición para la asunción del elemento anterior por parte de los electos de formaciones francesas, en c) la estructuración del movimiento como organización social convencional, más allá del modelo del Llamamiento del 9 de octubre, que estaba vertebrado por personalidades pero sin base social militante, y d) en la vinculación de la demanda institucional con otras reivindicaciones, siendo la primera de ellas la lingüística.
A pesar de los buenos resultados obtenidos por los sectores departamentalistas en las elecciones cantonales de 2001, las legislativas de 2002 suponen un jarro de agua fría para las aspiraciones institucionalistas. Mientras que dos de los tres diputados elegidos en 1997 apoyaban el departamento, ninguno de los de 2002 se mostraba favorable a la demandas; mientras que Jospin se había comprometido en 1995 a la creación de este organismo "si una mayoría de electos así lo demandaba", Chirac y Raffarin habían dejado claro su no rotundo a la institución vasca.
Sin embargo, el anuncio del Primer Ministro de la apertura de un nuevo proceso descentralizador a finales de 2002 abre nuevas oportunidades para los actores de Iparralde. De esta forma, tanto el Consejo de Electos como los sectores departamentalistas mueven ficha, modificando su estrategia sobre los aportes del periodo anterior (AHEDO, 2006).
1-. Efectivamente, la filosofía prevista por el ejecutivo de Raffarin se asentaba en la cesión de competencias a título de experimentación a determinadas colectividades territoriales. Para ello se establecía una metodología consultiva por medio de la celebración de encuentros entre los responsables gubernamentales y las elites de cada territorio. Por esta razón, en noviembre de 2002, el Consejo de Electos aprueba por unanimidad un documento a presentar en los Asises des Libertes Locales de Sailles-de Bearn. Este texto presenta una importancia determinante en la medida en que supone la primera vez que el órgano de representación electiva reconoce la existencia de una demanda institucional. Así, Lamassoure defiende ante varios ministros la necesidad de dar a conocer en Francia "una experiencia singular de gobernación local que se asienta sobre una personalidad política, cultural e identitaria diferenciada que precisa de reconocimiento".
De esta forma, los electos demandan de la administración respuesta a un debate que venía mediatizando durante décadas la vida local. Pero, más aún, el CEPB también asume una serie de reivindicaciones que venían siendo defendidas históricamente por los euskaltzales. Así, se solicita la creación de una Cámara de Agricultura propia, la oficialización del euskera, y la creación de una agrupación pública para la gestión de la educación superior.
2-. La asunción del debate institucional y de varias demandas de los sectores departamentalistas por parte de los electos de Iparralde insufla de ilusión a los sectores escisionistas, que se organizan en la plataforma Batera en torno a cuatro demandas: Departamento Pays Basque, Oficialización del Euskera, Cámara Agrícola y Universidad de pleno ejercicio (BATERA, 2002). De esta forma, Batera se apropia de las reivindicaciones del CEPB dotándolas de un contenido movilizador.
En cualquiera de los casos, la respuesta de la Administración es la esperada: se rechaza la creación de un departamento y se niega la modificación del artículo 2 de la Constitución para dar cabida a una política lingüística que posibilite la defensa del euskera. De esta forma, el Gobierno da la espalda a los cargos electos, y legitima la radicalización discursiva de Batera, que convoca para octubre de 2003 la que define como última movilización convencional.
Tras esta manifestación que congrega a 7.500 personas, y gracias a la nueva estructura organizativa que ya no se asienta tanto en personalidades concretas, sino en una potente base social, Batera inicia un proceso de reflexión sobre la línea estratégica a seguir en los próximos años. Así, la estrategia de los sectores departamentalistas se bifurca en dos: por una parte, Batera se encarga de la realización de una recogida de firmas que a partir de los cambios de 2002 podría posibilitar la realización de un referendum en el Departamento de Pirineos Atlánticos para su escisión. Actualmente (2009) Batera cuenta con 35000 de las 47000 firmas necesarias. En paralelo, ELB reembarca en la creación de la Euskal Herriko Laborantza Ganbara, que se pone en marcha a comienzos de 2004. En 2009 la Euskal Herriko Laborantza Ganbara ha ganado un juicio en el que se pedía que sus dirigentes fueran condenados por usurpación de nombre público.
De esta forma, se observa cómo el discurso de los actores va deslizándose paulatinamente del cómo garantizar el desarrollo de Iparralde (a través de fórmulas de gobernación que posibilitan la territorialización de las políticas públicas a escala local), al quién debe pilotarlas. Un debate sobre el reconocimiento político de Iparralde que, a comienzos del siglo XXI, trasciende las tradicionales líneas de fractura para ser asumido por los electos. Esta ampliación de las alianzas se une a una estructura organizativa más poderosa en los grupos departamentalistas (en cuyo origen se encuentra la superación de las lógicas partidistas que supone la creación de una lista escisionista en las senatoriales de 2000 -y a la apertura de nuevas estrategias más radicales y efectivas- siguiendo la lógica marcada por los Demo), garantizando la continuidad del debate y la movilización en torno al reconocimiento institucional de Iparralde.