Como señala Jordana (1999) los mecanismos formales de representación de la democracia liberal se agotan, en principio, en los partidos y las instituciones, con lo que no se logra integrar el conjunto de opiniones e intereses de la sociedad. Este elemento permite (y obliga) a la experimentación de otras formas de intervención sobre el proceso político. En este sentido, las asociaciones de intereses recogen y recrean las percepciones de determinados segmentos de la sociedad, especializándose en la defensa de esas preferencias sobre determinados elementos de la vida social, cultural, económica; en definitiva, en la representación de los intereses.
Junto a este elemento, es necesario incorporar un segundo aspecto para acercarnos a los grupos de intereses: la legitimidad, que se obtiene de la gestión eficaz de la tensión surgida entre la capacidad que estos grupos tienen para ganarse la confianza de los potenciales representados, y la satisfacción de éstos últimos en la medida en que la asociación sea capaz de maximizar sus beneficios.
Finalmente, Jordana añade un tercer componente esencial en la caracterización de estos colectivos: la existencia de una dimensión de intervención sobre el proceso político.
Estos tres elementos pueden observarse en la definición que propone Jerez (1997: 295), según la cual el grupo de interés:
"es un actor del sistema social que, básicamente, desarrolla la función de la articulación de las aspiraciones de individuos o colectivos (representación) que, sin ellos, actuarían directamente sobre los poderes públicos (intervención) en las direcciones más dispares. Estos grupos contribuyen a proporcionar racionalidad, congruencia y viabilidad (legitimidad) a las demandas de cuantos comparten una determinada posición frente a otros sectores del sistema social."
En cualquier caso, hemos de diferenciar aquellos grupos que promueven de manera primordial o exclusiva valores, a los que cabría definir como Grupos de Promoción, de aquellos otros que persiguen de modo exclusivo o primordial bienes materiales, siendo estos los Grupos de Interés propiamente dichos. Los primeros inciden sobre el sistema social, entendido éste como subsistema económico; los primeros actúan sobre el sistema social en su dimensión cultural. Los representados en los segundos grupos son los afiliados del colectivo, mientras que en el primer caso, esta representación se amplía a sectores más extensos, incluso a la sociedad en general. De esta forma, se visualiza la borrosa frontera entre este tipo de actor colectivo y los movimientos sociales, haciendo difícil ubicar a determinados grupos en uno u otro entorno.
En este sentido, y en un intento por delimitar este cajón de sastre en el que podrían incluirse colectivos con una presencia cada vez mayor en la acción colectiva, como es el caso de las ONGs, se propone un concepto híbrido como el de Grupos de Interés Público (Von Beyme, 1986), para aquellos colectivos que asumen los rasgos que definen a los grupos de interés diferenciándolos de los otros dos tipos de actores colectivos, pero que se sitúan a medio camino entre los grupos de interés y los movimientos sociales en la dimensión de "los objetivos". En definitiva, el elemento diferenciador fundamental podría encontrarse en la existencia o no de una identidad de grupo (Ibarra & Letamendia, 1999).
Como hemos visto, estos colectivos actúan sobre el ámbito social (entendido como sub-sistema económico para los grupos de interés, o como sub-sistema cultural para los de promoción). Sin embargo, en ocasiones, este ámbito puede resultarles insuficiente para satisfacer sus intereses, con lo que se verán obligados a descender a la arena política para alcanzar el éxito en sus objetivos. Como señala Jerez (1997), éste es el elemento que permite diferenciar a los grupos de interés de los grupos de presión. En tanto en cuanto la asociación permanezca en el escenario social seguirá siendo considerada grupo de interés. Por el contrario, en el momento en que trate de incidir directamente sobre el entorno político pasará a ser considerado grupo de presión: esto es:
"la organización o colectivo de personas que ante todo busca influir en política o promover sus ideas dentro de un contexto económico y político determinado, incidiendo en el proceso de toma de decisiones mediante su actuación sobre los poderes ejecutivo, legislativo o judicial -bien directamente o a través de la opinión pública- para moldear la formulación de las políticas públicas o condicionar su implementación." (Jerez, 1997: 297).
A la hora de realizar una aproximación teórica a estos colectivos, es necesario detenerse en los tipos posibles de grupos de presión (o interés). Así, podemos establecer una diferenciación en cinco modelos posibles (Jerez, 1997):
- Organizaciones de empresarios e inversores: se constituyen como uno de los grupos de presión más importantes en este sistema de economía de mercado, y aunque en un primer momento surgieron para tratar de influir en las decisiones políticas, en la actualidad, además de esta función, y como consecuencia de la presión sindical, se han visto impelidos a jugar el papel de interlocutores ante los sindicatos a la hora de fijar las relaciones laborales. En el caso vasco juega especial relevancia Confebask, pero también el Círculo de Empresarios Vascos
- Los sindicatos: Encontramos tres tipos ideales de estructura sindical en función de criterios ideológicos y de organización: (a) el modelos pluralista formado por asociaciones muy fragmentadas y con escasa disposición a una cooperación organizada y a la cogestión empresarial; (b) el modelo corporativo, integrado por sindicatos unitarios que desarrollan una predisposición a la cogestión en el plano empresarial y a la cooperación con los órganos institucionales; y (c) el modelo sindicalista, constituido por centrales organizativamente separadas y unidas por una ideología, que vienen rechazando cualquier intento de participación empresarial basada en el statu quo capitalista, a pesar de que en la práctica de las relaciones laborales se hayan mostrado bastante pragmáticos. El primero de los modelos sería el propio de la CAPV, dada la fortaleza de ELA y LAB, mientras que en Iparralde y Navarra predominan los dos segundos.
- Grupos profesionales y de trabajadores independientes: entre los cuales se pueden incluir las asociaciones de agricultores y ganaderos, profesiones liberales, burócratas, o el colectivo militar.
- Grupos al servicio de los intereses públicos: que bajo una denominación un tanto engañosa puede integrar asociaciones tanto de orientación preponderadamente materialista como asociaciones de orientación no materialista. Podríamos destacar por su importancia a las iglesias.
- Finalmente, algunas tipologías incluyen a las propias administraciones públicas cuando tratan de presionar ante otras instituciones. Este es el caso de algunas regiones ante instancias supra-estatales como la Unión Europea. De hecho, el marco europeo de acción colectiva que se había centrado hasta fechas recientes en los límites definidos por el Estado-nación se encuentra en un contexto de crisis derivado de un triple proceso de erosión de su soberanía: (a) desde arriba, viéndose obligado a ceder muchas de sus competencias a los órganos comunitarios, (b) desde abajo, ya que las unidades sub-estatales asumen cotas de poder como consecuencia de los procesos de descentralización, y (c) lateralmente, porque el Estado se ve afectado por sus límites en la legitimidad (Keating, 1996). En definitiva, nos encontramos ante un nuevo modelo de acción colectiva caracterizado por el alumbramiento un nuevo marco de relaciones intergubernamentales que se presentan en la actualidad a diferentes niveles (Europeo, Estatal, Regional y local), lo cual ha favorecido la salida al campo internacional de las regiones (Morata, 1999).
De esta forma, se observan diferentes vías de participación y representación de intereses por parte de las unidades sub-estatales en la Unión Europea: (a) las directas, Comité de las Regiones, Consejo de Ministros, Comisión Europea, van a depender, excepto en el primero de los casos, de la voluntad de las autoridades del centro; (b) las indirectas se refieren a la participación en la formación de la voluntad estatal; (c) más allá de estos mecanismos, se establecen otros de carácter informal centrados en el lobbying directo en los centros de decisión supranacionales; y finalmente (d) destaca la importancia de los mecanismos de cooperación interregionales, intra o inter-estatales (De Castro, 1994). Como es bien conocido, este deseo de presencia en Europa ha sido una constante demandada por los responsables de la CAPV a las autoridades estatales. De igual forma, el hecho de que la Secretaria de Acción Experior haya dependido directamente de Lehendakaritza, así como la importancia de sus iniciativas (coordinación de las Euskal Etxeak, Embajadas, etc...) demuestra el valor que a esta cuestión se le ha conferido hasta fechas recientes.
Por su parte, Valles (2000) establece otra tipología complementaria con la anterior: (a) los grupos de interés (o presión) económicos, (b) los que integran a determinados colectivos sociales en función de sus características de género, edad, residencia,..., (c) los grupos de interés que promueven determinadas causas de contenido cultural o ideológico en sentido amplio, y (d) los que persiguen ciertos objetivos políticos, pero sin aspirar a la elaboración de un proyecto global de gobierno.
Finalmente, los repertorios de actuación de estos colectivos son amplios, abarcando desde lo constitucional a lo inconstitucional, de lo legal a lo ilegal: (a) persuasión, (b) la presión electoral, (c) la presión mediática (d) la amenaza o intimidación, (e) el uso del poder económico, (f) el litigio judicial, (g) sabotaje en sus diversos grados, y (h) acción directa en su diversas facetas, convencional, disruptiva y/o violenta.