La cuestión agraria. El problema de la tierra en Miranda se deriva, como en tantos casos similares, de la venta de comunales durante la guerra antinapoleónica. Al despuntar la República, más de la mitad del término se halla en manos de cuatro propietarios: Felipe Modet (comprador de Carriquiri), Tadeo Albero, Victoriano Marco y los hermanos Echenique. Relata Jimeno Jurio (P. y H. n.° 107, 1978, p. 21) que vivía en Miranda por este tiempo un anarquista que había regresado de la Argentina, expulsado de Buenos Aires, según se decía. Fue sembrando sus doctrinas e inquietudes en el «Centro Obrero» y entre los jornaleros. Sus ideas sociales tenían mucho de revolucionarias, pero no llovía sobre secano. Miranda era un pueblo aquejado por serios problemas, impactado por la situación de pobreza de muchas familias, herido en la carne y en las vidas de los vecinos pobres. Nuestro personaje habló de las corralizas que habían sido adquiridas por medios ilícitos y debían volver a manos del municipio para que los vecinos pudieran disfrutarlas en común. La semilla fue produciendo fruto. Por su iniciativa fue redactada «una instancia, suscrita por la casi totalidad de los vecinos» que, presentada al Ayuntamiento, fue leída en sesión de 27 de mayo de 1931. El acta dice textualmente: que en el escrito, «después de hacer una minuciosa aclaración de los derechos que les asisten en las Corralizas de esta jurisdicción y que han sido anulados por los gozadores de los susodichos terrenos con la roturación de los mismos, teniendo en cuenta además que en la actualidad carecen de medios suficientes para el desenvolvimiento de la vida, solicitan el rescate de los referidos terrenos, pero, antes de acometer el asunto a los tribunales de Justicia, invitan a los corraliceros a que, mediante un arreglo amistoso, justo y sin perjuicio para nadie, queden consolidadas las aspiraciones de los suscribientes. «El Ayuntamiento, visto el noble intento de los firmantes y considerando muy acertada la proposición de los mismos, acuerda por unanimidad celebrar una entrevista con todos los corraliceros de esta localidad para tratar del asunto y, en su consecuencia, resolver lo que proceda en justicia». «Igualmente se acordó por unanimidad dar cuenta de esta pretensión al Excmo. Gobernador Civil de la provincia para que, si lo estima necesario, interceda en este importante y transcendental asunto y, con su acertado y reconocido criterio, pueda indicar la pauta que debe seguirse, a fin de evitar dilaciones y disgustos, en aras de la paz y del bienestar de todos» (A.M. Miranda: Actas, fol. 75v). El texto del acta revela los deseos del vecindario de una solución urgente, no por vía revolucionaria ni violenta, sino «mediante un arreglo amistoso, justo y sin perjuicio para nadie», dentro de las normas de la ética y la equidad. Pocos días después aparecía en cierto diario un escrito tendencioso. Tras dar el nombre del anarquista en cuestión y unas notas biográficas sobre sus actividades anarquistas, afirmaba que el Ayuntamiento había iniciado la investigación para tratar de recuperar los derechos que creía tener sobre las corralizas, y nombrado abogado asesor. Cuando las gestiones iban por buen camino, al «redentor» se le ocurrió redactar un escrito afirmando que «era indiscutible el derecho de retrotraer la posesión de la corraliza de Monte Alto», y consiguiendo que casi todos los vecinos lo firmaran. A los poquísimos que no lo suscribieron les declaró el boicot: criados, criadas, peones y pastores no acudieron al trabajo, e incluso llegaron a amenazar de muerte a varias personas. Los incidentes menudearon a lo largo de todo el período republicano. A finales de 1932 el Ayuntamiento estaba compuesto por: (6 concejales por nombramiento gubernativo al renunciar los anteriores), 3 republicanos, 3 republicanos radical-socialistas, 1 independiente, 1 tradicionalista y un liberal. Alcalde: José Alfaro.